Casos de robo, extravío y fraude
Bancos recargan en usuarios riesgos de tarjetas de crédito
EE. UU. y Reino Unido limitan responsabilidad de usuarios a
¢30.000
Seguros le costaron ¢1.158 millones a los clientes en el
2007
Cuando usted paga en un restaurante o una gasolinera, la persona que se lleva su tarjeta tiene posibilidad de copiar los tres números de seguridad del dorso, el número de la tarjeta, la fecha de expiración y su nombre.
Con esos datos, la persona puede irse de compras en Internet y el que tiene que hacerle frente a los pagos es usted, pues el banco le va a recordar las cláusulas que usted aceptó al firmar el contrato.
Una de las que circula en el país es: “Podrán efectuarse transacciones vía telefónica, por correo u otros medios, en cuyo caso los documentos no han de contar necesariamente con la firma del tarjetahabiente, pero este reconoce (...) su obligación de pago, así como en los casos en que existan errores de impresión”.
Es decir, el banco ofrece un servicio que tiene riesgos, pero quien debe asumirlos es usted. Ello a pesar de que en otros países el riesgo no se distribuye así.
Mejor servicio. En Estados Unidos y el Reino Unido, en caso de robo o pérdida de la tarjeta, el máximo que el usuario debe pagar por cargos hechos antes de notificar al banco es $50 o £30 (cerca de ¢30.000), respectivamente.
Incluso, el Código Bancario británico establece que si alguien usa su número de tarjeta sin su permiso para una transacción en la que usted no tiene que estar presente, usted no paga nada.
También existen dispositivos de seguridad que aquí aún son poco comunes.
En algunos países de Europa se utiliza un POS (aparato electrónico en el que se pasa la tarjeta) inalámbrico, de forma que el mesero lo lleva a la mesa y usted no pierde control de la tarjeta ni por un segundo.
También son comunes las tarjetas “ chip and PIN ”, con las cuales en lugar de firmar el voucher se digita una clave en el aparato.
Roberto Sasso, presidente del Club de Investigación Tecnológica de Costa Rica, explicó que en los países donde se utiliza tal sistema el fraude prácticamente ha desaparecido.
Por la libre. Al trato que los bancos le dan al usuario costarricense se suma la ausencia de regulación y supervisión.
No solo no existen normas sobre los aspectos más importantes de las tarjetas de crédito, sino que tampoco hay ninguna institución a la cual acudir por ayuda para reclamar derechos financieros.
La Dirección de Apoyo al Consumidor, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), informó de que no interviene en disputas por robo, extravío o fraude.
“Son temas propios de la vía judicial”, indicó la Oficina de Prensa de la entidad. No obstante, muchos consumidores no tienen suficiente dinero para ejercer sus derechos por esa vía. Lo anterior pese a que las demandas podrían tener éxito.
Vía judicial. Jaime Barrantes, abogado experto en temas del consumidor, explicó que aún si un banco no tiene la culpa por un hecho que perjudica al usuario, sí es posible que tenga responsabilidad, según cada caso.
Ejemplo de ello es la sentencia de la Sala Tercera sobre el asalto del Banco Nacional, en Monteverde. En ella, los jueces citaron la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, según la cual “el productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio”.
Por su parte, la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) informó que la ley no le asigna ninguna potestad para regular la labor bancaria relacionada con las tarjetas de crédito.
Seguro caro. La única arma que le queda a los consumidores costarricenses en este momento es pagar un seguro mensual por cada tarjeta de crédito o débito que tengan.
Solo en el 2007, ese seguro le costó a los usuarios ¢1.158 millones. Hubo 635 reclamos, por los cuales el Instituto Nacional de Seguros pagó ¢211 millones.
El presidente de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), Mario Castillo, defendió el sistema actual, por considerar que “todo está cubierto por un seguro”.
Anunció que en el país ya se inició un proceso de sustitución de los POS (aparatos electrónicos para pasar la tarjeta), pero dijo que tomará tiempo porque se trata de muchas unidades.
Recomendó no perder de vista la tarjeta ni por un minuto. Es decir, levántese de la mesa y persiga al salonero por todo el restaurante, o bájese del carro y hágale guardia al empleado de la gasolinera.
FOTOS

Con aparatos más seguros nadie que no conozca su pin puede pasar su tarjeta. Foto de www.chipandpin.co.uk
Reglamento sobre tarjetas
MEIC solo consultó a banqueros
La única regulación nacional sobre tarjetas de crédito es un reglamento del Ministerio de Economía (MEIC) que no da ninguna seguridad en materia de robo, extravío o fraude, entre otras deficiencias.
Por ejemplo, habla de obligaciones de los comercios, pero no incluye una básica: la de pedir identificación a quien paga.
Para crear el reglamento, el MEIC solo consultó a los banqueros, según se observa en el expediente del reglamento. La Dirección de Apoyo al Consumidor dijo que se estudian cambios, pero que la norma “solventa en gran medida las necesidades del consumidor”.
Dos casos
Reloj de diamantes. A Ana Cecilia Quirós le sacaron la billetera del bolso mientras comía en un restaurante y ella se dio cuenta el día siguiente. Para entonces, los ladrones ya habían comprado un reloj de diamantes y otras cosas con su tarjeta.
Aunque explicó al banco la situación, ahí le dijeron: “Hemos podido verificar que la firma estampada allí (en los vouchers ) es la suya, por lo que se considera de nuestra parte que los cargos (...) deben ser cancelados por su persona”.
El banco no cambió de opinión ni cuando los ladrones fueron procesados, ni con un estudio grafoscópico del OIJ, que determinó que las firmas no eran de ella. El banco le recordó una cláusula del contrato, según la cual todo cargo es responsabilidad suya. En total, Quirós perdió más de ¢2 millones.
“Ayudantes”. Mientras la empresa donde trabaja Carla Quant se cambiaba de edificio, unos supuestos ayudantes entraron a la nueva oficina de ella y le robaron la billetera. Apenas se estaba dando cuenta del robo, cuando la llamaron de un banco para preguntarle sobre compras “grandes y seguidas” que se estaban haciendo con su tarjeta.
Los delincuentes compraron teléfonos celulares y otras cosas con firmas que ni siquiera se parecían a la de ella. Quant acudió a diferentes instancias pero nadie la ayudó en sus gestiones con los bancos. Dos años después, continúa haciendo pagos mensuales por una deuda de más de ¢2 millones, por transacciones que ella en ningún momento autorizó.
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