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Se
refiere al enriquecimiento (legal o ilegal,
lícito o ilícito) de una persona que
incrementa injustamente su patrimonio, como
es el caso muy común de los
funcionarios y
gobernantes mexicanos. Éstos, para no verse
descubiertos o involucrados en acusaciones
de enriquecimiento ilícito, utilizan o
manipulan a su antojo las leyes
establecidas. De esta manera evitan el
riesgo de ser sancionados o perseguidos por
la justicia humana.
Son numerosos los casos en que diputados,
senadores, síndicos y regidores, se
autorizan a sí mismos aumentos de sueldo,
seguros, bonos y prestaciones, muy
superiores a los de cualquier otra actividad
o profesión. Es a todas luces inmoral e
injusto enriquecerse de esta manera aún
cuando las leyes lo permitan. Hay que
recordar que "no todo lo legal es moral, y
no todo lo moral es legal". Por ejemplo, el
aborto es a todas luces algo inmoral, sin
embargo es legal en muchos países.
Cuando el enriquecimiento se lleva a cabo en
el ámbito político representa una burla y
una grave ofensa a la sociedad. En otros
aspectos, como el moral y religioso, el
enriquecimiento injusto es una falta grave
al séptimo mandamiento (no hurtarás) y al
décimo (no codiciarás los bienes ajenos).
El origen de la teoría del enriquecimiento
injusto se remonta también al Derecho
Romano, según un texto del Digesto atribuido
a Sexto Pomponio que establecía: "Jure
naturae aequum est. nemi nem cum alterius
detrimentum et injuria fieri locupletiorem",
que significa: “por la ley de la naturaleza
no es correcto que nadie se enriquezca
injustamente a expensas de otro”. Esta
máxima ya contenía los elementos claves de
la responsabilidad que surge del
enriquecimiento que son: enriquecimiento,
que sea injustificado (asignarse altos
sueldos, recibir sobornos, etc.) y que se
haya producido a expensas de otro (sociedad
o pueblo). |
