148 IDEAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS^*
CERES – CDS/University of Swansea - DFID

1. JUSTIFICACION

Este documento presenta sugerencias, propuestas y recomendaciones destinadas a fortalecer y estimular procesos de integración y desarrollo social en Bolivia. Recoge las contribuciones de ciudadanos de diversas tendencias que, a través de artículos de prensa o de su participación individual en eventos de reflexión y debate organizados específicamente para tal fin, han demostrado preocupación por el acelerado debilitamiento de la cohesión social y compromiso con las formas democráticas de formación de autoridad, de resolución de controversias y de definición de objetivos comunes.

Ha sido elaborado en el marco del Programa de Desarrollo Social que ejecuta CERES con el apoyo del Centro para el Desarrollo Social de la Universidad de Swansea y el auspicio del Ministerio de Cooperación del Gobierno Británico.

Con esta actividad se ha buscado incorporar en la búsqueda de opciones de política pública y acción ciudadana para el desarrollo social a profesionales, intelectuales y dirigentes de organizaciones sociales que, por diversos motivos, no han estado activamente involucrados en el diseño y la aplicación de políticas públicas en el último período. Relativamente lejos tanto de los ámbitos gubernamentales como de los movimientos sociales y políticos que han ocupado la escena nacional en los últimos meses, estos ciudadanos han logrado en el mejor de los casos acceder a los espacios de opinión de los medios de comunicación pero sin posibilidades de llegar con su opinión o propuesta a los niveles decisionales.

En síntesis, este documento nace de la emergencia percibida durante la crisis social de Septiembre y, recogiendo iniciativas individuales, se ofrece como una fuente de propuestas e ideas constructivas y prácticas para autoridades, funcionarios, líderes de opinión y dirigentes sociales que compartan la convicción de que es necesario responder positivamente a la urgente demanda de integración y desarrollo social que se ha expresado con fuerza en los últimos meses.

Como el título del documento lo anticipa con precisión, no constituye un plan integrado sino un conjunto ordenado de sugerencias, muchas de las cuales pueden ser aplicadas de inmediato y de manera aislada pues no requieren de mayores trámites aunque sí exigen de voluntad y autoridad para ejecutarlas. Estas han sido puestas de relieve con letras en negrilla.

La orientación y el método que han guiado este esfuerzo se describen en los apartados siguientes, y las sugerencias, propuestas y recomendaciones se agrupan en la segunda sección del documento. La tercera sección presenta tres anexos. El primero de ellos permite a las entidades ejecutoras y organizaciones sociales que son destinatarias de las propuestas identificar todas aquellas que las involucran. El segundo anexo transcribe, sin modificación ni procesamiento, las matrices elaboradas en los talleres y las fichas de prensa. El tercer anexo lista los nombres de los participantes en este ejercicio propositivo y de los autores de artículos que fueron fichados. La referencia a su participación en alguna etapa del proyecto es solamente indicativa y no debe interpretarse de ninguna manera como compromiso de su parte ni con el método empleado ni con los resultados alcanzados.

1. INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL

Los acontecimientos de Septiembre pusieron en evidencia la gravedad de las crisis que, al coincidir, se reforzaron mutuamente creando una sensación de urgencia que fue interpretada de diversas maneras. Unos como la oportunidad para provocar con su activismo la emergencia de una situación nueva, deseándola alternativa y por tanto viable, pero sin tener para ello una visión de futuro. Y los otros como una amenaza frente a la cual no pudieron o temieron reaccionar. Entre el activismo y la perplejidad hay, sin embargo, un amplio espacio para la iniciativa, la creatividad y el pensamiento. Ese espacio no ha sido ocupado salvo por aislados esfuerzos individuales tanto más meritorios y necesarios cuanto más pasivas se han mostrado las instituciones y organizaciones democráticas.

En los análisis de la coyuntura se ha planteado la hipótesis de que se trata de una crisis de gestión y hay sin duda indicadores que la respaldan. Los problemas de gestión nacen con la conformación misma de este gobierno que surgió de un mandato electoral disperso y de una agregación no concertada de fuerzas. Como resultado de la última reforma constitucional, que redujo de 9 a 2 las posibilidades de negociación política del binomio presidencial, la concertación fue prácticamente sustituida por la adhesión, forzando una coalición grande, pesada y débil, con escaso compromiso y cohesión de las partes.

En los diversos análisis se han resaltado, como indicadores de la crisis de gestión, aspectos tales como la carencia de programa (salvo en tema coca), la manifiesta necesidad gubernamental de diferenciarse de la anterior administración, la intensidad y frecuencia de pugnas internas y falta de cohesión, reflejada en todos los niveles del gobierno: nacional, departamental, sectorial, municipal, etc., la creciente vulnerabilidad del gobierno frente a presiones externas e internas, su poca capacidad de gasto y ejecución presupuestaria (que llega a extremos en los casos de algunas Prefecturas).

Estos factores le impiden al gobierno anticiparse a la crisis económica que, si bien es provocada por la recesión en los mercados internacionales que reduce la demanda de nuestras exportaciones, encarece importaciones, aumenta las tasas de interés y disminuye liquidez internacional (aumentando el peso de la deuda), debió haber motivado ajustes para prevenir el choque y reducir los efectos del impacto externo.

Como indicadores de esta crisis se puede menciona la reducción del circulante, que refleja una fuerte contracción de la demanda (reducción de ventas e ingresos, desalentando nuevas inversiones), el aumento del desempleo, el crecimiento de la mora bancaria (pequeños deudores pero también empresas formales), la reducción de la inversión privada (por malas perspectivas), todo lo cual fue agravado por la reducción en la inversión pública (por mala gestión).

Los problemas económicos y de gestión tuvieron repercusión directa en el ámbito político, poniéndolo también en situación de crisis. Ella se manifiesta en la generalización de la desconfianza de la población en la capacidad de los partidos para administrar la crisis, poniendo en duda incluso el sistema de selección de los administradores (es decir, el sistema democrático).

Indicadores de la crisis política son la generalización del discurso antisistema, la expansión de muestras de simpatía por opciones caudillistas y autoritarias como las que representan el juez Costa Obregón y el Mallku Quispe (local) y el General Chavez (internacional), y la creciente verosimilitud (todos lo creen fácilmente) de toda denuncia de corrupción, manipulación y arbitrariedad en contra de las instituciones y en especial de los partidos. Sin embargo, la atención concentrada en los partidos impide observar lo que ocurre en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el primer caso no se ha definido todavía cuál es su papel en el sistema democrático y en los marcos de un Estado más abierto y menos intervencionista, y por eso las Fuerzas Armadas viven una suerte de crisis de identidad que restringe notablemente su capacidad de acción. En cuanto a la Policía lo que se observa es una falta absoluta de autoridad y control del poder civil que ha llevado a ese cuerpo a asumir actitudes cada vez más cerradas en un corporativismo gremial, restándole credibilidad a su función como fuerza de orden y seguridad.

Es evidente que las limitaciones personales e institucionales para investigar denuncias y sancionar culpables afectan la credibilidad de todo el sistema y erosionan la legitimidad de todas las instituciones establecidas (Partidos, Comités Cívicos, Sindicatos, Central Obrera, CSUTCB, Fiscales, Poder Judicial, Corte Electoral, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, etc.), pero no deja de ser paradójico que la democracia, al haber hecho más transparente la gestión y mejorado los sistemas de control social (hoy se detecta más fácilmente la corrupción que antes, pese a que antes se robaba igual o más), sea culpabilizada de lo que ayuda a detectar. Es una típica "reacción contra el mensajero" por parte de quienes no gustan el contenido del mensaje y que, con ello revelan peligrosas tendencias autoritarias.

Todo este conjunto de factores se sumó, sobrepuso y estalló en la crisis social con sus dos momentos de condensación conflictiva:

La guerra del agua, en abril, marcada por la desconfianza y la incertidumbre ante nuevos actores, que condujo a una reacción conservadora que logró reponer la situación donde estaba antes.

La sarat´auka de septiembre, cuando percibida la debilidad gubernamental, todos los sectores con agenda pendiente y los activistas esperanzados saltan sobre el débil para ganar algo, buscar revancha, expresar protesta, hacerse notar.

Finalmente, como ingrediente de esta crisis hay que recordar que el conflicto también funciona como mecanismo para proyectar problemas internos hacia afuera y resolver en terreno ajeno lo que no se pudo arreglar adentro. En casos como los de la movilización campesina parte de la tensión conflictiva obedeció a esta lógica.

Las interpretaciones de esta crisis oscilan entre dos extremos: la emitida por los actores del conflicto, con fuertes tonalidades mesiánicas y acusatorias ("la voz del pueblo es la voz de dios") y que permite agregar todo el conjunto de demandas; y la aceptación acrítica de este discurso y que pone de manifiesto, en el fondo, una conciencia culpable sobre los resabios de opresión colonial, discriminación étnica y con ellos explica la pobreza y la desigualdad social.

El predominio de estas dos versiones interpretativas, impide reconocer que en los últimos 50 años se han logrado avances muy importantes justamente en esos temas. Basta mencionar la reforma agraria, la continua revaloración de culturas nativas, la expansión de la educación, la creciente movilidad social, la urbanización, la expansión de los servicios públicos, la caída del analfabetismo, la mortalidad y la morbilidad, e incluso el crecimiento de la producción que, aunque muy lentamente, ha reducido la magnitud y la intensidad de la pobreza. No menos importantes son los avances en el reconocimiento y la predisposición de superar problemas relativos a discriminación de género y étnica, traducidos en nuevas normas e instituciones, así como el surgimiento de una conciencia y una legislación más sensibles al medio ambiente.

Hay que reconocer que la crisis también nace del hecho de que, en tiempos de cambio, las expectativas crecen más rápidamente que las oportunidades de satisfacerlas.

La explosión social obedece a la desaceleración del crecimiento económico, de las reformas y su aplicación (caso participación popular y descentralización), y de la institucionalización (ejemplo la demora en aprobar y aplicar ley de partidos, la reforma en la Aduana y en el funcionamiento de Superintendencias y entidades desconcentradas como el Servicio de Caminos).

A la incertidumbre de la gente (también típica de momentos de cambio) se sumó la falta de liderazgo en el gobierno: la principal señal de duda sobre el proceso de transformación democrática provino del propio gobierno, encargado de gestionar un Estado renovado, con las prácticas y criterios de un Estado que ya no existe más.

El problema más grave de este momento es que el Estado anterior pervive en mentalidades de algunos líderes políticos y sociales y de gran parte de la gente. Un elemento que pervive, por ejemplo, es la creencia en que el Estado es el principal productor del desarrollo.

Esa fue la lógica dominante desde los años 30 y aún subsiste. Ella exige que el Estado controle excedentes (minería y petróleos se nacionalizaron para eso) para asignarlos (distribuirlos) donde lo considera necesario. Esta lógica:

• Es inmovilizadora de la iniciativa privada (por competencia), y de la acción comunitaria (por compasión: "los pobres no pueden");
• Tiende al prebendalismo, creando relación perversa entre Estado y sociedad: "te doy si me apoyas, te apoyo si me das";
• Crea dependencias respecto del Estado, del que se espera la resolución de todos los problemas;
• Genera autoritarismo por la concentración de las decisiones económicas y políticas;
• Y genera desconfianza por la frecuente recurrencia a prácticas de cooptación y corrupción.

Este modelo de relación Estado-sociedad no solamente no generó desarrollo, sino que su pervivencia en la mentalidad de la gente impide generarlo ahora. Su estabilidad se basaba en bajas aspiraciones de la gente, escasa valoración del trabajo ("la riqueza viene de la naturaleza", no del trabajo) y alta "politización" (todo problema pasa por el Estado).

En ninguna parte del mundo el Estado fue generador del desarrollo, aunque sí jugó roles claves (distintos según el caso). Desarrollo es resultado de trabajo, productividad y esfuerzo creativo motivado por altas aspiraciones y consistente sentido de responsabilidad. Esto requiere en Bolivia un cambio cultural que implique, cuando menos, un nuevo sentido de ciudadanía (como responsabilidad y no sólo como derechos) y una nueva valoración del trabajo (como fuente de dignidad y riqueza, y no como castigo).

A los fines de este trabajo se entiende por integración social la situación de una sociedad definida por la disponibilidad de los individuos y grupos que la componen a coordinar y regular eficazmente sus acciones con las de los demás, resolviendo de manera pacífica sus conflictos. En ese sentido, integración social no se refiere a los sentidos de pertenencia o identidad que puedan establecer relaciones de cohesión o solidaridad entre los miembros de una sociedad, sino fundamentalmente al reconocimiento de que existe un bien común más allá del interés individual o grupal, a la tolerancia de los otros y la admisión de que es legítima su diferencia, y a la predisposición a ajustar sus comportamientos a normas, escritas o no, que no pueden ser modificadas unilateralmente y por voluntad propia. En esa perspectiva, el desarrollo social podría definirse precisamente como el proceso a través del cual una sociedad produce niveles superiores, más amplios y eficaces de integración social, de manera tal que la sociedad misma es percibida por sus partes como un espacio en el que es posible la realización de sus aspiraciones.

1. CONSULTA A EXPERTOS

La elaboración de este documento se basa en la consulta a expertos a través de dos métodos simultáneamente aplicados: el fichaje de prensa y los talleres propositivos.

El marco de reflexiones anteriormente expuesto orientó el diseño del proyecto y la acción de sus conductores, pero no fue necesariamente compartido ni discutido con los participantes de los talleres. A ellos se les pidió expresar sus propias reflexiones de diagnóstico acerca de la coyuntura nacional a través de sus propuestas y sugerencias. Los talleres y el mismo fichaje de prensa pueden ser considerados como métodos específicos de "consulta a expertos", que en cierto modo se aproximan al método Delphi en el hecho de que una vez procesada la infor mación de los talleres, el conjunto de propuestas y datos obtenidos en dichos eventos ha sido puesto en conocimiento de todos los participantes, quienes tuvieron por lo tanto la oportunidad de corregir, añadir o retirar sus contribuciones.

El fichaje de prensa recoge las propuestas y recomendaciones hechas de manera pública, a través de artículos publicados en la prensa diaria y semanal, por personas a título individual. Dos personas han trabajado revisando la prensa, identificando los artículos referidos a la situación nacional y extractando de ellos un resumen apretado de las propuestas y sugerencias de sus autores.

Los talleres propositivos han sido eventos dedicados a tratar un campo temático específico durante cuatro horas continuas empleando la mitad del tiempo tarjetas que identificaban meta, sugerencia y destinatario de la propuesta, y la segunda mitad la argumentación verbal, el diálogo y la crítica. Se han realizado ocho talleres, dos en Cochabamba, dos en Santa Cruz y cuatro en La Paz, y en todos se siguió el mismo procedimiento. De esta manera, los elementos del diagnóstico que cada uno tenía se expresaron en forma propositiva generando en todos los casos una lluvia de ideas cuya generosidad y riqueza se demuestra en el segundo anexo. En estos talleres las ideas fueron registradas directamente por los participantes en las tarjetas, e indirectamente por un relator que tomó notas en el mismo evento y contó además con el auxilio de grabaciones realizadas en los talleres. La relación de talleres y participantes se encuentra en el anexo C.

La sistematización que se presenta en este documento ha sido realizada por Roberto Laserna y Fernando Mayorga, quienes además elaboraron las listas de invitados y convocaron a los talleres, asumiendo por ello responsabilidad por todo este proyecto. Una vez armado el primer borrador, los responsables del proyecto nos reunimos en un noveno taller con un reducido equipo de análisis crítico que nos ayudó a mejorar la calidad y el contenido del documento.

El Consejo Consultivo del Programa de Desarrollo Social ofreció importantes sugerencias sobre la temática, los procedimientos y los invitados, y se espera que contribuya, con la cooperación de un grupo adicional de expertos en comunicación, a perfeccionar y mejorar este documento, en un décimo taller.

Tanto la realización de los talleres propositivos como la difusión del documento final han eludido la publicidad a fin de permitir que todos los participantes puedan expresarse con absoluta libertad y sin tomar en cuenta ninguna presión ni comprometer a sus instituciones u organizaciones. La inclusión de su nombre en la nómina del anexo C se hace con su autorización pero no debe entenderse como respaldo de ningún tipo a la totalidad de este documento.

1. RESULTADOS

Como se explica posteriormente, en todos los talleres se pidió a los participantes concentrar su reflexión propositiva en algunos campos temáticos, lo cual ha implicado que todo este esfuerzo tiene sesgos y omisiones. Por ejemplo, no se han tratado temas que ya han sido puestos en la agenda política por los movimientos sociales y políticos y que de alguna manera ya cuentan con la atención de las entidades gubernamentales y de los actores políticos. Tal el caso del tema de la coca y del Chapare, por ejemplo, o los problemas relacionados a la legislación sobre el agua, la tierra y el territorio. En ese sentido, todo este proceso de búsqueda y formulación de propuestas y sugerencias ha estado fundamentalmente orientado a llenar vacíos que en nuestra perspectiva son importantes de considerar.

Si, por otra parte, se comparan las propuestas consignadas en este informe con las planteadas en los talleres y a través de la prensa, que se acompañan en los anexos, se observará también que muchas de ellas no han sido incorporadas en esta lista. La decisión de incluir o no una determinada sugerencia, y la manera de formularla, no responde al grado de acuerdo o consenso que se hubiera presentado, pues en ninguno de los talleres se planteó siquiera la posibilidad de que los participantes concertaran o expresaran acuerdos. Y quienes seleccionamos las sugerencias tampoco lo hicimos en función de nuestro pleno acuerdo con las mismas, sino con el criterio de novedad o pertinencia. Fue suficiente que consideráramos que una idea podría ser útil de ser estudiada o debatida para que la incorporáramos en este listado. Y aunque hemos intentado integrar toda la variedad y riqueza de los aportes efectuados, es probable que la mayor parte de los participantes sienta que su contribución no ha sido aprovechada en su totalidad. Confiamos en que eso no los desanime de seguir pensando y planteando propuestas para el país.

En los apartados que siguen, dedicados a las cuatro áreas generales e que organizamos los talleres, hacemos explícitos y justificamos los sesgos temáticos antes de presentar una por una las ideas y sugerencias que surgieron en este proceso.

1. ÁREA ECONOMÍA

La hiperinflación, surgida de la explosión de expectativas con que renació la democracia y la crisis fiscal causada por el autoritarismo y la decadencia de la minería estatal, desencadenó una traumática e incontrolada redistribución de los ingresos creando un ambiente social que no solamente fue receptivo sino que demandó activamente la estabilidad macroeconómica. Desde 1985, la estabilidad ha sido el objetivo prioritario de la política económica, cuyos logros han sido medidos sobre todo a través de indicadores como la tasa de inflación, el déficit fiscal, los saldos en las balanzas de pagos y las reservas internacionales. Poco a poco se planteó el tema del crecimiento económico pero confiándose siempre en que lo fundamental era proporcionar a los inversionistas un clima estable, de baja incertidumbre y creciente seguridad jurídica, y abierto a las demandas, exigencias y oportunidades del mercado internacional. "Exportar o morir" fue la consigna planteada desde el gobierno en forma simultánea a las políticas de estabilización y ajuste fiscal.

Sin desconocer la relevancia de la estabilidad monetaria y la apertura internacional, en los talleres propositivos se planteó a los participantes el desafío de pensar con mayor énfasis en el mercado interno. Dos argumentos respaldan ese sesgo. En primer lugar, la constatación de que las desigualdades económicas siguen siendo muy profundas en el país y de que ellas implican que hay amplios sectores de la población que por sus bajos niveles de consumo no forman parte de un mercado interno que, por lo tanto, puede y debe expandirse y desarrollarse. En segundo lugar, porque ninguna estrategia exportadora puede sostenerse en el tiempo si no cuenta con una base sólida desde la cual proyectarse, y esa base es el mercado interno. De modo que el desarrollo del mercado interno es un imperativo de la integración social y una condición necesaria para asegurar la estabilidad y posibilitar el crecimiento económico en condiciones de apertura y globalización. Invitados a reflexionar sobre otras temáticas, los participantes enfatizaron fuertemente sus preocupaciones por los problemas de gestión, diseño y aplicación de políticas económicas.

La reflexión partió del acuerdo en que las políticas de promoción y dinamización del mercado interno no deberían reproducir antiguas prácticas de proteccionismo estatal que demostraron poca eficacia y crearon oportunidades artificiales y poco duraderas.

1. Mercado interno

1. Establecer como política nacional la obligatoriedad de que todos los programas de ayuda alimentaria y nutricional utilicen productos nacionales y solamente recurran a extranjeros cuando no existan posibilidades apropiadas de sustitución, evitando caer en un proteccionismo automático, permanente y sin condiciones para los proveedores.

2. Aceptar donaciones de alimentos y productos textiles únicamente en situaciones de catástrofe o emergencia oficialmente reconocida y declarada.

3. Aplicar a la importación de bienes usados o de segunda mano, especialmente si no se producen en el país, los mismos aranceles que se aplican a los bienes nuevos, basándose para ello en estimaciones de valor aplicado al peso y no a la facturación de origen.

4. Establecer mecanismos que den prioridad a la adquisición de productos y servicios nacionales cuando se utilicen recursos fiscales y de la cooperación internacional.

5. Crear mecanismos de registro para otorgar a los productores locales el derecho de utilizar un sello nacional "Hecho en Bolivia" para productos que tengan valor agregado nacional (insumos, diseño, ensamblado, etc.) en una proporción superior al 25% del valor final. La certificación y registro pueden estar a cargo de unidades públicas, privadas o combinadas, incluyendo a las universidades que cuenten con personal y recursos para realizar dichas evaluaciones.

6. Uno de tales mecanismos puede ser la asignación, en licitaciones, de puntajes especiales a productos con sello "Hecho en Bolivia" en licitaciones con recursos nacionales e internacionales.

7. Ejecutar una política de aprovechamiento de los recursos gasíferos promoviendo y respaldando el establecmiento de centrales termoeléctricas para la exportación de energía, y creando incentivos tributarios para impulsar la transformación de vehículos que utilizan diesel y gasolina a fin de que utilicen gas natural. Por ejemplo, reducir en un 50% el impuesto sobre vehículos a aquellos que utilicen gas natural durante los tres años siguientes a su adaptación.

8. Dinamizar el mercado de valores a fin de que un número creciente de empresas medianas y pequeñas puedan acceder a recursos financieros de costos más bajos que los bancarios. Esto implica otorgar respaldo efectivo al funcionamiento de la Bolsa de Valores y poner en marcha medidas complementarias.

9. Programas de "formalización" de las condiciones institucionales de las empresas que en muchos casos, por razones de costo o por dificultades de trámites, mantienen estrategias de evasión impositiva y clandestinidad de prácticas en temas como derechos de propiedad, patentes, etc.

10. Respaldar iniciativas que permitan otorgar asesoramiento y apoyo a empresas medianas para que puedan emitir acciones y colocarlas en la Bolsa captando recursos frescos para inversión.

11. Estimular el desarrollo de tecnologías apropiadas para realizar Evaluación de Riesgo a las empresas que lo deseen, certificando la calidad de la información contable y tributaria que las mismas presenten.

12. Intensificar el apoyo a las empresas para que puedan realizar y completar Fichas y Manifiestos Ambientales en cumplimiento de la Ley del Medio Ambiente.

13. Otorgar incentivos a las empresas para que se incorporen a sistemas de control y certificación de calidad con estandards internacionales (ISO 9000), y difundir las oportunidades ya existentes para ello así como las experiencias realizadas.

14. Estimular y respaldar la conformación de equipos técnicos que puedan otorgar "Sello verde" de calidad y pureza ambiental y biológica a productos nacionales, así como evaluar los que provienen del exterior con similar certificación.

15. Concertar con las Prefecturas, los Gobiernos Municipales y las empresas y gremios de transporte un Plan Nacional de Integración Vial y Ferroviaria, con especificación de roles y responsabilidades.

16. Estimular la demanda y fortalecer la educación mediante transferencias directas a familias pobres, por ejemplo, mediante subsidios a las madres que lleven a sus niños a la escuela cuando completen con éxito los cursos correspondientes (prestar atención a la iniciativa de El Alto).

17. Acelerar la puesta en marcha de programas destinados a identificar agentes productivos innovadores y a proporcionarles respaldo técnico, de información de mercados y de financiamiento concesional.

2. Gestión y políticas

18. Mejorar los sistemas de coordinación gubernamental, restableciendo líneas de autoridad y mando dentro del Gabinete Ministerial y también dentro de cada una de las reparticiones públicas en las que tiende a predominar la dispersión proveniente de la falta de unidad política entre los partidos de la coalición.

19. El fortalecimiento de las Prefecturas y de los Consejos Departamentales debe continuar a fin de profundizar el proceso de descentralización. En este sentido es recomendable que la Presidencia de la República desarrolle mecanismos de consulta con las regiones, a través de los Consejos Departamentales e incluso de las Brigadas Parlamentarias, de modo que la designación de Prefectos responda tanto a la confianza presidencial como a la de la propia región. Y en ese mismo sentido, los Prefectos deben recuperar autoridad ejecutiva sobre los Servicios Departamentales que se han convertido en mecanismos de reconcentración del poder de los Ministerios en las regiones.

20. Emitir señales políticas claras que demuestren disposición a cumplir y hacer cumplir las normas tributarias. En ese sentido, respaldar el cobro coactivo de impuestos a la familia Fernández y ampliar las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos a fin de que pueda investigar fortunas y exigir información de respaldo a funcionarios y autoridades de alto nivel que adquieren bienes suntuarios.

21. Definir el Ministerio de Asuntos Campesinos e Indígenas como un Ministerio de Desarrollo Rural con atribuciones para impulsar políticas intersectoriales en los ámbitos rurales y prestar apoyo a las Alcaldías pequeñas.

22. Retomar la idea de convertir a las embajadas más en promotoras económicas que en representaciones simbólicas, evitando la designación de personal diplomático por razones políticas o personales, y la renovación frecuente de cuadros diplomáticos.

23. En los diseños participativos de políticas públicas velar porque se incorporen no solamente los criterios de los posibles afectados por dichas políticas, sino también los criterios de quienes han sido y podrían continuar siendo excluidos. Por ejemplo, la legislación laboral debe tomar en cuenta los criterios de los trabajadores asalariados, pero también los criterios y necesidades de los desempleados y de los trabajadores de unidades informales. La legislación sbre manejo de recursos hídricos debe tomar en cuenta los criterios de los regantes y dueños de pozos, pero también los de quienes no tienen acceso al riego ni disponen de fuentes propias de agua.

24. Acelerar los procesos de profesionalización de la burocracia estatal de modo que el mérito y la experiencia garanticen la estabilidad de los funcionarios y, por lo tanto, de las reparticiones, los procedimientos y los trámites.

25. Convertir las negociaciones de presupuesto con las Universidades públicas en mecanismos que incentiven su vinculación a iniciativas productivas (adaptación y desarrollo de tecnologías de producción, gestión y evaluación).

26. Poner en funcionamiento el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y acelerar el proceso de aprobación de la Ley de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico.

27. Fortalecer las Superintendencias, sobre todo en su capacidad de control y supervisión sobre el desempeño de las empresas, la defensa del consumidor y la información al público.

28. Crear la Superintendencia de Empresas para que estimule, promueva y califique las certificaciones de riesgo, ambiental y de calidad de las empresas, promoviendo su vinculación con la Bolsa de Valores. En el corto plazo esta Superintendencia debería concentrar su atención en las empresas capitalizadas y privatizadas a fin de que se verifique el cumplimiento de ls aspectos contractuales que tienen que ver con la gestión empresarial.

29. Establecer Fondos de Garantía para respaldar la participación en la Bolsa de Valores de los ahorristas de largo plazo.

30. Es fundamental poner en marcha un Programa de Formalización de las unidades empresariales, productivas, comerciales y de servicios, para que se incorporen al universo tributario y puedan tener acceso a los servicios que otorgan las entidades públicas y privadas. En este sentido, es necesario simplificar trámites, permisos y patentes basados en Declaraciones Juradas que estimulen el comportamiento de buena fe de los agentes económicos. La vigencia de Declaraciones Juradas debe estar acompañada de nuevas normas que casiguen severamente el falso testimonio y el perjurio.

31. Otorgar a los Gobiernos Municipales atribuciones para modificar, dentro de rangos preestablecidos, los impuestos y las tasas municipales en su jurisdicción, a fin de que dichas instancias gubernamentales puedan utilizar los impuestos municipales como instrumentos de política fiscal para promover, incentivar o desalentar determinadas actividades económicas en sus áreas, lográndose de esta manera una vinculación más estrecha entre los ingresos municipales y la vida económica local.

32. Estimular y respaldar la conformación de Mancomunidades municipales de finalidades productivas, apoyándolas con servicios de asesoramiento, información, etc.

33. Fortalecer a los Gobiernos Municipales otorgándoles recursos para respaldar actividades de preinversión, diseño y seguimiento de proyectos de infraestructura y servicios productivos en sus áreas.

34. Revisar las normas del Código de Comercio a fin de incorporar mecanismos más efectivos de protección al consumidor, de regulación de prácticas monopólicas y oligopólicas, y de promoción de la competencia.

35. Estudiar la incorporación de la evasión tributaria como figura delictiva y sancionarla penalmente.

3. Políticas industriales y regulación

36. Diferenciar las normas de regulación financiera haciéndolas más flexibles para las entidades que atienden sectores de alto riesgo, a fin de que puedan bajar sus costos de operación y por tanto mejorar las condiciones en que prestan servicios financieros, en particular tasas de interés y plazos. La prioridad deben tenerla las entidades que atienden el sector agropecuario.

37. Autorizar y promover la creación de nuevos productos financieros (cartas de crédito "internas") para respaldar transacciones y compromisos de compra venta con bienes de producción local.

38. Utilización activa de sistema tributario para incentivar actividades que logren el derecho de utilizar el sello "Hecho en Bolivia", el Sello Verde, ISO 9000.

39. Otorgar incentivos tributarios y en su caso subvenciones a empresas que utilicen y adapten nuevas tecnologías que mejoren su productividad y competitividad.

40. Promover la noción de Municipio Productivo de modo que la gestión municipal preste atención a las iniciativas económicas de sus habitantes y respalde la articulación de dichos esfuerzos en cadenas productivas.

41. Avanzar hacia el establecimiento de un Pacto Nacional para el Desarrollo Rural sobre la base de las recomendaciones de los procesos de consulta de Jubileo 2000 y del Dialogo Nacional. En este marco, es fundamental destinar recursos de inversión poública para la ampliación de la cobertura de los servicios de energía eléctrica, acceso a la información y comunicaciones a centros poblados rurales de modo que dichos centros sean cada vez más atractivos para la población rural y favorezcan el nucleamiento poblacional.

42. En las áreas rurales debe concentrarse el esfuerzo en el establecimiento de programas y proyectos orientados al aprovechamiento de los recursos hídricos, invirtiendo en sistemas de captación y distribución de agua para riego, y en la difusión de tecnologías y formas de gestión que permitan un uso más adecuado de esos recursos.

43. Fortalecer a las unidades de la Superintendencia Forestal de modo que no solamente controlen el estricto cumplimiento de la legislación existente sobre la materia sino que promuevan la forestería como actividad productiva de largo plazo.

44. Promover el establecimiento de alianzas entre universidades y centros de investigación y empresas nacionales y extranjeras para la valoración económica de nuestros recursos biológicos.

2. ÁREA POLÍTICA

La legitimidad de la representación política y la eficiencia de la gestión pública están en entredicho, como nunca había acontecido en los últimos quince años. Esta impugnación ha llegado al extremo de plantear un cuestionamiento general al sistema de partidos como actor central de la democracia representativa y a la propia acción política como una función exclusiva de determinadas instituciones y agentes.

Una de las razones de esta situación de ilegitimidad y de ineficiencia tiene que ver con el excesivo énfasis en la gobernabilidad política, que de ser entendida como condición de la labor gubernamental pasó a constituirse en el principal objetivo del accionar partidista. La "democracia pactada" como modelo de conformación de mayorías parlamentarias cumplió su papel estabilizador pero, a pesar de las reformas en el sistema electoral y la implementación de la descentralización, no pudo reproducir –y menos ampliar- su credibilidad ni mejorar el manejo de los recursos públicos con criterio de equidad e integración. Peor aun, los partidos en tanto agentes exclusivos de la "democracia pactada" pasaron a constituirse en los únicos beneficiarios del modelo político ante los ojos de una población que establece una relación directa entre corrupción política –como causa- y crisis económica –como efecto.

1. Sistema electoral y partidos

TEMAS DE REPRESENTACION POLITICA

Es necesario encontrar un nuevo punto de equilibrio entre gobernabilidad y legitimidad mediante la adopción de una serie de medidas que modifiquen la relación entre los partidos políticos y la sociedad, relación que se sitúa en dos planos: la visión que tiene la sociedad acerca de la política y la función que desempeñan los políticos en la sociedad. Estas medidas deben adoptarse en una secuencia progresiva –tareas inmediatas, a mediano y a largo plazo- y considerando dos niveles: la opinión pública y el tejido institucional de la democracia representativa. El objetivo inicial es restituir la credibilidad en la labor de los partidos y la meta general es transformar la "democracia pactada" en un "pacto democrático" entre el sistema de partidos y la sociedad. El cumplimiento de la primera finalidad exige la emisión inmediata de "señales" claras e inequívocas de lucha contra la corrupción política y de respeto a las reglas de la democracia representativa por parte de lo partidos. El cumplimiento de la meta final presupone la adopción de una serie de progresivos ajustes institucionales, particularmente en el sistema electoral, para mejorar la calidad de la representación política, mediante un diálogo entre partidos y sociedad.

Las tareas inmediatas pretenden provocar una respuesta positiva en la ciudadanía a través de acciones de lucha contra la corrupción, que no precisan de ninguna modificación jurídica y dependen solamente de la decisión y voluntad de los actores involucrados. Su realización depende de un acuerdo entre las dirigencias partidistas que puede ser motivado mediante una campaña en los medios de comunicación. En este marco se sugiere a los partidos políticos realizar las siguientes acciones como señal de compromiso de lucha contra la corrupción:

45. Depuración de dirigentes y militantes con cargos de acusación de corrupción.

46. Suspensión de parlamentarios que tienen procesos en curso.

47. Rendición de cuentas del uso de fondos públicos por parte de todos los partidos.

48. Regulación de las dietas a los parlamentarios suplentes de modo que la justificación de las mismas sea explícita.

Estas medidas se deben complementar con decisiones que, aunque no parecen directamente ligadas al tema de la corrupción, son observadas por la opinión pública por su carácter arbitrario y dependen de decisiones congresales por simple mayoría y acuerdo entre los partidos políticos.

En el plano institucional, las tareas se dividen entre la profundización de la implementación de algunas disposiciones vigentes, entre las que se destaca la Ley de Partidos Políticos, y la modificación de algunas reglas, la mayoría vinculadas al sistema electoral.

TEMAS REFERIDOS A LOS PARTIDOS POLITICOS

49. Supervisión de los procesos electorales internos en los partidos por parte de la Corte Electoral.

50. Los partidos políticos deben ser legalmente corresponsables de los actos de sus militantes en el ejercicio de la función pública, cuando hayan accedido a ella con su respaldo. Esto implica que los daños al Estado deberían resarcirse con cargo al financiamiento público de los partidos, de modo que éstos se constituyan en parte acusatoria de los juicios a sus militantes para la recuperación de dichos recursos.

51. Sancionar a los partidos que no cumplen las normas establecidas en la Ley que rige su funcionamiento.

52. Realización de programas de capacitación a cuadros partidistas.

53. Informes periódicos de actividades internas a través de los medios de comunicación.

54. Seguimiento permanente a la tarea de los partidos mediante espacios específicos en los medios de comunicación, a cargo de especialistas y bajo coordinación de la CNE.

TEMAS DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN:

Una mayor transparencia e información acerca de la labor partidista debe complementarse con modificaciones en el sistema de representación política en aras de dotarle mayor legitimidad al sistema de partidos.

55. Elección directa de senadores en papeleta separada del binomio presidencial.

56. Afirmar el carácter nacional de los diputados plurinominales, estableciendo su elección por lista nacional.

57. Discutir la ampliación de opciones y mecanismos de participación y representación política mediante la incorporación de la figura de candidatos "independientes" en diputaciones uninominales.

58. Elección del Prefecto mediante procedimientos de consulta a los departamentos, por ejemplo, pidiendo a los Consejos Departamentales la presentación de ternas para que el Presidente designe.

59. Elección de Concejales uninominales por mayoría simple.

60. Separar la elección de los Concejales de la elección de Alcalde.

61. Elección directa de Alcalde por mayoría absoluta o por mayoría simple en caso de que el primero tenga una votación superior a la suma de los dos siguientes. En los otros casos elección en segunda vuelta con los dos candidatos más votados.

62. Una modalidad alternativa de dar curso a la participación de fuerzas locales es mediante la incorporación de partidos locales, para elecciones municipales o de diputados uninominales (Esto no implicaría modificar el art. 223 de la CPE, sino la Ley de Partidos, por lo tanto, puede implementarse en las elecciones de 2002 y 2005).

63. Conformar una comisión interinstitucional (Partidos, Comisión Parlamentaria de Reforma del Estado y CNE) para discutir y formalizar estas propuestas.

La idea es que los partidos con presencia nacional mejoren su desempeño electoral y democraticen la selección de sus candidatos debido a la competencia que implicaría la presencia de candidatos sin partido o de partidos locales/regionales. Aparte de que una ampliación de mecanismos de participación daría curso a las demandas de mayor participación social que no deben circunscribirse al control de la gestión pública.

TEMAS DEL DESEMPEÑO PARLAMENTARIO, en el corto plazo:

64. Intensificar y publicitar las audiencias públicas de las comisiones camarales.

65. Acelerar la consideración y aprobación de la Ley Orgánica del Congreso Nacional (actualmente en el Senado) para delimitar las funciones de cada cámara y definir competencias del Presidente del Congreso.

66. Fortalecer brigadas parlamentarias incorporándolas a los espacios de diálogo y concertación con la sociedad civil, a nivel departamental y nacional.

OTROS TEMAS DE REFORMA POLITICA, que exigen un tratamiento jurídico y modificaciones en reglamentos, leyes y en la CPE.

67. Limitar la inmunidad parlamentaria (art. 52 de la CPE), introduciendo mecanismos complementarios a la suspensión por decisión de dos tercios de la Cámara correspondiente. Por ejemplo, la suspensión provisional cuando se dicten sentencias judiciales en primera instancia, así como en casos en que se dicten resoluciones acusatorias de la Contraloría, la Aduana y el Servicio de Impuestos, y la suspensión definitiva o pérdida de mandato cuando se dicten sentencias en última instancia. Esto debe implicar que no se suspenden los juicios o procesos en contra de funcionarios elegidos que se hubieran iniciado antes o durante su mandato.

68. Establecer la iniciativa ciudadana en la gestión legislativa, definiendo normas que incluyan recolección de firmas, plazo para la consideración camaral (por la Comisión de Poderes y Peticiones), y consulta plebiscitaria si dicho plazo no se cumple.

69. Incorporación de la revocatoria de mandato de concejales y diputados uninominales, definiendo normas que incluyan recolección de firmas, instancias de revisión de la demanda y consulta plebiscitaria a la ciudadanía de la jurisdicción.

70. Prohibición a funcionarios elegidos mediante voto a ejercer otros cargos públicos, y en caso contrario, pérdida de mandato (Art. 49 de la CPE). Esto debe incluir a rectores y catedráticos universitarios (Art. 50 de la CPE).

71. En caso de vacío en la representación uninominal (por abandono o renuncia de titular y del suplente), convocar a nueva elección.

72. Eliminar la postulación simultánea a dos cargos (diputado y senador), excepto en el caso de los candidatos a la Presidencia (que también podrán postular como diputados).

73. Incorporar la posibilidad de que se aprueben leyes por vía plebiscitaria cuando las propuestas cuenten con el respaldo de por lo menos el 40% de los miembros del Congreso.

74. Conformar una comisión interinstitucional (Partidos, Comisión Parlamentaria de Reforma del Estado y CNE) para considerar estos temas y promover su discusión pública.

SECUENCIA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL: El procedimiento para encarar la reforma constitucional debe adecuarse al Art. 230 y la Ley de Necesidad de Reforma debe aprobarse antes de agosto de 2001 y las reformas introducidas deben ser aprobadas en los primeros meses del período constitucional que se inicia en agosto del 2002, para que su implementación sea progresiva. Esto significa que las elecciones municipales del 2005 se encuadrarían a estas nuevas disposiciones.

75. Una tarea complementaria es la conformación de una Defensoría (o Comisión de Defensa) de la Democracia que, aparte de su tareas vinculadas a la difusión y defensa de valores democráticos, serviría para evaluar y fiscalizar la tarea de los partidos y de los medios de comunicación, entendidos como los principales agentes de la democracia, desde una postura "societal civilista", con un carácter más "moral" que jurídico y con una función más investigativa y deliberativa que de ejecución.

2. Autoridad y gestión pública

La legitimidad de la representación política está vinculada a la eficiencia en la gestión pública porque la democracia es valorada también por sus resultados y porque la corrupción en el ejercicio de cargos públicos genera un descrédito general de la labor política. Aunque los diagnósticos y propuestas al respecto están vinculadas a la "forma" de acceso a cargos electivos, no consideramos aquí este aspecto que está más bien vinculado a los problemas de representación y legitimidad.

Llama la atención el hecho de que la mayoría de las lecturas tienden a privilegiar una lectura micro (gestión municipal) o una lectura macro (gobierno central), dejando de lado la importancia del nivel intermedio (regional departamental y la labor de las prefecturas y los consejos departamentales), lo que está denotando el carácter incompleto de la descentralización. Por otra parte, un elemento novedoso de la crisis actual es la pérdida del principio de autoridad de los poderes públicos y la fragilidad en el cumplimiento de las normas por parte de funcionarios públicos y de la ciudadanía en general. Este último aspecto denota la débil internalización de una cultura cívica tanto en el aparato estatal como en la sociedad, sin embargo, los déficits de ciudadanía son abordados en otro apartado.

Para restablecer el principio de autoridad hay que dar señales que restituyan la confianza en la función pública. Esto exige adoptar decisiones de combate contra la corrupción administrativa, en el corto plazo y modificaciones en los sistemas administrativos, en el mediano plazo.

76. Restituir confianza en la autoridad mediante sanción a casos de impunidad en corrupción y violación de derechos humanos.

77. Aumentar drásticamente las multas y penalidades de tránsito a fin de que tengan efectos disuasivos sobre los transgresores y ayuden a prevenir infracciones y delitos. Un semáforo que no es respetado erosiona profundamente el principio de autoridad y estimula comportamientos anómicos en la población.

78. Fortalecer la independencia del ministerio Público (fiscalías) para la investigación de delitos, estimulando y respaldando su actuación de oficio.

79. Modificar la Ley Orgánica de la Policía, ejecutando una reforma profunda de la Policía Nacional que unifique el mando sobre todos los organismos de seguridad ciudadana (incluidos los "privados") pero promoviendo su descentralización operativa a fin de que responda con mayor eficiencia y rapidez a las diferenciadas necesidades y demandas de la población.

80. Modernizar y democratizar el rol de las Fuerzas Armadas, mediante una modificación de su Ley Orgánica.

81. A tiempo de debatir y aprobar nuevas normas (leyes, decretos, resoluciones y ordenanzas) evaluar los posibles impactos secundarios de su aplicación, así como considerar la factibilidad misma de su aplicación. Esta práctica podría reducir los riesgos de erosionar la autoridad de los poderes públicos que proviene del hecho de que muchas de sus disposiciones no se cumplen.

Mejorar la gestión pública, asegurando continuidad institucional para la ejecución de programas y presupuestos en los distintos niveles de gestión. Esto implica:

82. Acelerar los procesos de institucionalización que fortalezcan y de independencia a la Aduana, el Servicio de Impuestos, el Instituto Nacional de Estadística.

83. Institucionalización del acceso y permanencia en los cargos administrativos y técnicos a nivel gubernamental y municipal.

84. Establecer la dedicación absoluta en la función pública.

85. Bilingüismo en las oficinas públicas, particularmente en el ámbito municipal.

86. Transparencia y racionalización de los sueldos de funcionarios públicos.

87. Institucionalizar y publicitar la rendición de cuentas de autoridades y funcionarios.

88. Institucionalizar mecanismos de deliberación y consulta sobre políticas públicas (basados en las experiencias de los Diálogos Nacionales) en distintos niveles (municipal, departamental y nacional).

89. Divulgación exhaustiva de la Ley SAFCO y su adecuación a las características de gestión en los niveles municipales.

90. Ejecución inmediata de los presupuestos municipales y prefecturales y colocación en páginas web de información actualizada sobre ejecución presupuestaria de los gobiernos prefecturales y municipales.

91. Fortalecimiento de los Comités de Vigilancia en tareas de control social y reconocimiento del derecho que tienen las organizaciones sociales y territoriales de base a elegir de forma autónoma a sus representantes a dichos Comités.

92. Institucionalizar y publicitar las audiencias públicas de los Concejos Municipales.

93. Formación de comités de ciudadanos como órganos de apoyo y asesoramiento a las Superintendencias en temas de servicios públicos.

3. ÁREA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

Existe un evidente déficit de cultura cívica que debilita la vigencia de la ciudadanía. Este hecho no solamente exacerba las desigualdades y la discriminación en la sociedad sino que configura un entorno que dificulta la institucionalización del aparato estatal y estimula el participacionismo en términos corporativos, evitando, al mismo tiempo la consolidación de una esfera pública de deliberación de las decisiones políticas con base en el bien común. Una manifestación de esta debilidad en la conciencia cívica es el énfasis puesto en los derechos y no en los deberes ciudadanos y refleja la pervivencia de una visión estatista de lo público, donde el ciudadano es un actor pasivo que se siente vulnerado en sus derechos y excluido del sistema de derechos. La formación de una cultura cívica es un largo proceso que se enlaza con la educación y apuesta a las futuras generaciones, sin embargo, es evidente que la señal más importante para propiciarla debe provenir del poder judicial, cuya independencia respecto a la política y al mercado es prácticamente nula. Un reforzamiento del valor de la justicia y del imperio de la ley solamente es posible si se encara un proceso pedagógico sostenido de formación ciudadana que debe ser reforzado con una irradiación de comportamientos ejemplares por parte de la élites de la sociedad. Por eso, en esta área los frutos y las tareas son a mediano y largo plazo, pero su comienzo resulta una tarea urgente. En este punto, resalta la necesidad y las dificultades para establecer mecanismos de regulación a la tarea de los medios de comunicación y su influencia en la formación de la opinión pública, debido a su articulación a intereses partidistas y empresariales.

En cuanto a la participación ciudadana se ha puesto énfasis en el "control social" en menoscabo de la responsabilidad compartida de los ciudadanos y su adecuación a a las normas constitucionales. Existen los canales y los mecanismos de participación social pero es preciso que se ejerzan sus atribuciones desde una lógica ciudadana y no corporativo-sindical. Para propiciar esta tarea es indispensable que las instituciones públicas brinden informacion completa sobre su desempeño de tal manera que lo estatal sea considerado un bien público. Es preciso restablecer la confianza en las instituciones formales para restituir el principio de autoridad, en este empeño, la lucha contra la corrupción en el ámbito público y privado debe tener ejemplos demostrativos de vigencia de las leyes y no de intereses personales o grupales.

 

1. Cultura de responsabilidad ciudadana

94. Educación en derechos y deberes ciudadanos a través de su incorporación a la currícula escolar y universitaria.

95. Irradiación de valores democráticos a través de los medios de comunicación.

96. Creación de una Defensoría (o comisión de defensa) de la Democracia sin vínculo con el aparato estatal para la realización de programas y proyectos de formación, de investigación y de difusión.

97. Promover una conciencia tributaria mediante acciones coactivas para el pago de impuestos a los defraudadores e investigación de fortunas de personajes públicos.

98. Afirmar el valor del trabajo creativo mediante premios a emprendimientos creativos

99. Fortalecer la institución del Defensor del Pueblo con grupos de investigación y consulta.

100. Evaluación y reforzamiento de la incorporación de la interculturalidad y la equidad de género en las políticas públicas y en los distintos ámbitos de la sociedad civil (Ong, iglesia, medios).

101. Promover mecanismos de autoregulación en los medios de comunicación, exigiéndoles la aprobación y divulgación de códigos de ética para la labor periodística.

102. Diagnóstico cuantitativo y cualitativo sobre la presencia y participación de mujeres en los distintos niveles.

103. Divulgación de la Ley de Partidos (derechos y deberes de los militantes).

104. Sancionar los abusos policiales a las trabajadoras sexuales y otros grupos vulnerables.

105. Evaluar y promover la aplicación efectiva de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar.

106. Intensificar los procesos de capacitación a jueces, fiscales, médicos y forenses.

107. Restitución de los Servicios Legales Integrales.

108. Capacitar a los miembros de las OTBs en valores democráticos y responsabilidades ciudadanas.

109. Promover formas de recreación de la vida barrial en las ciudades.

110. Agilizar la aprobación de la abolición del servicio militar obligatorio o su combinación con servicio social comunitario (en tratamiento en la Comisión Derechos Humanos de Diputados).

2. Participación

El objetivo central debiera estar orientado a institucionalizar espacios de deliberación entre sociedad civil y Estado, tarea que complementa los esfuerzos pedagógicos en formación de conciencia ciudadana. Es preciso modificar paulatinamente la concepción corporativista de la acción social desplegando labores de creación o fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de otra índole: consumo, medio ambiente, cultura, derechos de minorías.

111. Información efectiva de los órganos públicos y audiencia públicas a pedido de ciudadanos.

112. Propiciar mayor participación política mediante divulgación de programas y campañas de reclutamiento por parte de los partidos políticos.

113. Crear una "plataforma" sobre democracia en la sociedad civil para promover información, educación ciudadana y visión de futuro.

4. ÁREA EDUCACIÓN Y CULTURA

La experiencia cotidiana ha ido demostrando a los bolivianos, y en especial a los habitantes urbanos, la creciente importancia que tiene la educación. Para los individuos y las familias se ha hecho cada vez más evidente que los grados y niveles de educación determinan en gran medida las oportunidades de empleo, los niveles de ingreso y las opciones de participación de sus miembros. La educación no es solamente un mecanismo de movilidad y ascenso social, de socialización y recreación de lazos, sino cada vez más un espacio para la adquisición de un stock productivo cuya utilidad y necesidad aumentan a medida que se expande la economía informacional y elementos de la sociedad del conocimiento penetran también nuestra sociedad.

No es de extrañar, por ello, que la reforma educativa se haya convertido ya en una política de Estado y aunque su aplicación es lenta y llena de dificultades, hay un consenso básico en la necesidad de su realización. La paradoja está en que ese consenso no se expresa todavía como un apoyo activo, como un compromiso efectivo de todos los que dicen apoyarla. Es la pasividad del consenso la que permite que grupos reducidos y francamente minoritarios hayan tenido bastante éxito en poner trabas a la reforma, resistiendo su aplicación en muchos temas importantes.

En contraste con la creciente relevancia de la reforma del sistema escolar, hay un verdadero abandono de otras áreas no menos importantes para enfrentar los desafíos del desarrollo en la era de la información. Una de ellas es la formación profesional y técnica, en la que el mayor esfuerzo nacional se disuelve y dilapida en el sistema de universidades públicas que poco a poco se están convirtiendo en guettos institucionales que si bien cumplen varias funciones sociales, lo hacen en desmedro de su rol principal de formación de las élites profesionales, técnicas y científicas. A su vez, las universidades privadas intentan llenar ese vacío pero respondiendo prioritariamente a las señales del mercado que, como sabemos, ponen de relieve la ganancia de corto plazo. La autonomía y el co-gobierno, instituídas patra defender a la universidad de las amenazas del poder oligárquico, han terminado por aislarla de su propia sociedad que cada vez le exige y espera menos de ella a pesar de que por inercia (y debilidad) le asigna proporciones elevadas de recursos. Por eso en los talleres pedimos a los participantes dedicar parte de su creatividad propositiva a pensar en la universidad pública boliviana.

Pero para el proceso de desarrollo el cambio cultural es quizás más importante que el sistema escolarizado de transmisión de información y conocimientos. En verdad, los mayores obstáculos al desarrollo son de carácter cultural. De otro modo no se explicaría que sociedades dotadas de similares recursos, tanto en abundancia como en escasez, alcancen sin embargo resultados tan disímiles como los que se observan a nivel mundial en estos momentos. La cultura es fundamental para la integración social, no solamente porque da sentidos de identidad y dota de significados a la accion social, sino y sobre todo porque establece sistemas compartidos de valores prácticos y éticos que explican y orientan las relaciones sociales y la relación entre la sociedad (y los que la componen) con la naturaleza (sus recursos, limitaciones y potencialidades). En Bolivia no solamente no tenemos políticas culturales, sino que ni siquiera reconocemos la importancia "educativa" de los procesos políticos ni de los comportamientos de las élites, sean éstas económicas, intelectuales, políticas o sociales. Quienes participan de los procesos de toma de decisiones, de diseño y aplicación de políticas,y desempeñan roles públicos no parecen haber tomado conciencia de que sus actos son señales, mensajes pedagógicos, que contribuyen decisivamente a definir lo que es o no aceptable, bueno, tolerable. Cuando se reconoce una crisis de valores éticos se alude ciertamente al conjunto de la sociedad pero con mayor énfasis a sus capas dirigentes que tienen la responsabilidad primordial en la (trans)formación cultural.

En los talleres prospectivos dedicados a educación y cultura pusimos de relieve estos aspectos convocando a los participantes a enfatizar sus recomendaciones y sugerencias en torno a las temáticas propuestas aún a riesgo de no contar con tiempo suficiente para considerar otras.

1. Aspectos de cultura

114. Establecer una Mesa Nacional de Diálogo Intercultural para la concertación sobre políticas de promoción cultural y de protección del patrimonio nacional.

115. Organizar festivales culturales en zonas de alta tensión social (El Alto, Chapare, Achacachi) con participación de grupos musicales, de danzantes y plásticos de todo el país, que incluyan tanto formas artísticas locales como universales.

116. Conformar un Consejo Nacional de las Culturas para respaldar y coordinar la labor de las instituciones culturales públicas y privadas, y proporcionarles recursos de contrapartida que les permitan, a su vez, movilizar recursos adicionales para la actividad cultural y la promoción del diálogo intercultural.

117. Asignar una proporción permanente del presupuesto nacional a este rubro a través del Consejo Nacional de las Culturas.

118. Difundir la experiencia de "Huayna Tambo" en El Alto, patrocinando visitas a dicho centro cultural de grupos de jóvenes de otras ciudades, barrios, provincias y regiones.

119. Establecer un fondo de apoyo a iniciativas culturales juveniles para otorgarles soporte en la fase inicial de establecimiento de centros culturales autónomos en barrios y provincias (recursos que les permitan contar con un local, contratar profesores o directores artísticos, organizar eventos, etc.). Los Municipios pueden tener un activo rol en el desarrollo de esta política.

120. Vincular la tradición mural plástica con los "graffiteros" juveniles creando talleres para expresión plástica mural en sitios públicos, y estimulando la participación de los vecinos en la decisión estético-política de mantenerlos o sustituirlos.

121. Reforzar y estimular el uso cotidiano, público y oficial, de otras lenguas nacionales. Ejemplo, conferencias de prensa y mensajes del Presidente y los Ministros con traducción simultánea al quechua y/o al aymara.

122. Emitir continuamente señales que demuestren el reconocimiento y la valoración de la labor creativa de escritores, pintores, músicos y demás cultores del arte, mediante la emisión de estampillas, nominación de calles y plazas, citas y referencias valorativas de sus contribuciones al desarrollo cultural del país, y difusión de sus obras. La nominación de calles, plazas y parques puede también contribuir a resaltar valores específicos: Plaza de la Solidaridad, Avenida de la Concertación, Parque de la Paz, etc.

123. Formalizar y valorar las redes de comercialización de productos étnicos, de modo que los productores puedan mejorar su participación en la formación de los precios y se protejan los patrimonios culturales nativos.

124. Establecer canales transparentes de comunicación entre las empresas capitalizadas, las Administradoras de Fondos de Pensiones y la población a fin de afirmar una conciencia de propiedad colectiva sobre los recursos administrados por esas entidades que nos permita evaluar su desempeño, reconocer como colectivos sus logros empresariales, y ejercer un control social sobre el destino de esos recursos. Esto requiere de una activa política informativa por parte de las empresas y muy en particular de las AFPs.

125. Fortalecer la perspectiva del consumidor y del Estado en la práctica habitual de las Superintendencias.

126. Establecer programas de formación y difusión de una cultura ciudadana, especialmente en las ciudades y destinados a grupos de vecinos, clubes de madres y migrantes. Dichos programas deben ofrecer información sobre normas y reglas de uso de calles, servicios municipales, sistemas de registro y patentes, tributación, trámites, formación y roles de los poderes públicos, etc.

127. Particularmente necesarios son centros de recepción migratoria en las ciudades que a tiempo de ofrecer alojamiento temporal a migrantes les ofrezcan cursos e información sobre instituciones, normas, derechos y deberes ciudadanos y manejo del castellano.

 

2. Sistema universitario

128. Difundir de manera más amplia y continua información confiable sobre el uso de los recursos públicos y el desempeño académico de las universidades, a fin de motivar el interés de los ciudadanos en la problemática universitaria.

129. Vincular más estrechamente la labor de las universidades con el sistema educativo formal, comprometiéndolas en programas de formación y mejoramiento docente. Un mecanismo inmediato podría ser exigir el funcionamiento de centros de formación y actualización docente que ofrezcan cursos intensivos durante las vacaciones.

130. Identificación y difusión de proyectos exitosos y eficaces que demuestren las posibilidades de un aporte científico y tecnológico de las universidades y fomenten su replicación.

131. Debe promoverse, desde la sociedad civil, una reflexión amplia y profunda sobre las formas corporativas de control de las universidades públicas en que ha caído la autonomía y el co-gobierno docente estudiantil, a fin de redefinir ambos elementos de acuerdo a los principios que guiaron su implantación.

132. Romper el aislamiento de las universidades públicas estableciendo mecanismos de participación de instituciones de la sociedad civil en su conducción, ya sea integrando representantes de la sociedad en sus órganos de gobierno o, aún mejor, incorporando a los colegios profesionales en los procedimientos de evaluación y acreditación que se están creando.

133. Impulsar la reforma de la universidad pública de modo que su acción capacitadora y formadora se enfoque al desarrollo del país, la competitividad y la productividad, acercándola a las organizaciones sociales, a los gobiernos municipales y a las iniciativas empresariales.

134. Establecer mecanismos transparentes de selección de alumnos a fin de reducir el ritmo de masificación en las universidades públicas.

135. Poner en funcionamiento el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para apoyar iniciativas de investigación existentes en empresas y organizaciones no gubernamentales, y promover su vinculación con las que se realizan en las universidades.

136. Respaldar la investigación científica y tecnológica asignando una proporción definida del presupuesto fiscal para su distribución a través del Conacyt.

3. Sistema educativo formal

Fecha: Viernes 10 de noviembre del 2000