Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Capítulo III, Art. 47 de la Constitución Española.

Nota para el lector: Las siguientes líneas, así como los otros tres puntos que tratan el tema de las ocupaciones, son una reformulación de un trabajo previo de Miguel Martínez López, sociólogo y doctor en ciencias políticas de la Universidad de Vigo.

El movimiento por las okupaciones ha significado una aleccionadora prueba de relativa liberación de espacios urbanos, donde mucha gente se ha socializado lejos de individualizarse más y donde se han autogestionado numerosos aspectos de la vida cotidiana detrayéndolos de la asfixiante mercantilización dominante en nuestro entorno.

Las versiones parciales y simplificadoras que provienen de los medios de comunicación, de las autoridades políticas, policiales e incluso de la izquierda social más tradicional y conformista con los medios institucionalizados de protesta que existen, han intentado, en un primer momento, despolitizar sus acciones, y más recientemente, las autoridades políticas y policiales han intentado asociarlas a la figura del enemigo interno español en la etapa de la democracia: el independentismo.

Los medios de comunicación, y sobre todo la prensa, han jugado un papel fundamental en la construcción de la imaginería ocupa que gran parte de la sociedad ha hecho suya. En los primeros años del movimiento los desalojos no provocaban excesivos “disturbios públicos” en la calle, por lo que la imagen de los okupas era vista con cierta benevolencia, excepto por la prensa más conservadora.

Si lo comparamos con el movimiento de insumisión, éste fue mucho más atacado por la prensa hegemónica en las primeras acciones de desobediencia colectiva que llevó a cabo –a partir de 1986- de lo que era vilipendiado el movimiento okupa en sus comienzos. La prensa dio un cambio drástico de valoración a la insumisión –hoy ya desaparecida de la escena mediática-, pasando a ser más favorable con ésta mientras que el movimiento okupa también experimentó un cambio drástico en su tratamiento mediático, pero precisamente en sentido contrario: cada vez más criticado y considerado como próximo al vandalismo urbano.

Esto último ocurrió, sobre todo, a partir de 1996 –con la aprobación del nuevo código penal-, cuando los desalojos, la represión y las protestas con disturbios en la calle se incrementaron. Además, la prensa tendió a fijarse más en ocupaciones concretas o en el prototipo de okupa –individuo marginal y violento, según la descripción más general- en lugar de valorar al conjunto del movimiento y su causa.

Sin embargo, el movimiento okupa, sobre todo en cuanto se manifiesta en edificaciones urbanas y en la autogestión de Centros Sociales Okupados Autogestionados (CSOA), ofrece un excelente ejemplo de diversidad y radicalismo en las formas de participación urbana existentes en las tres últimas décadas del siglo XX.

Se trata de un caso específico de movimiento social urbano (MSU), con la particularidad de ser uno de los que más relaciones mantiene con otros movimientos sociales y uno de los que más atraen a sectores juveniles de la población, si lo comparamos con otros MSU tradicionales (el asociacionismo vecinal, principalmente) Pero también es uno de los que más promueven y practican la autogestión de la vida cotidiana y del espacio público como valor de uso. Este movimiento tiene diferentes historias y pone de relieve distintas dimensiones centrales en cada país y metrópolis, si bien, en el contexto del Estado español, pueden apreciarse unas pautas comunes y unos vínculos específicos con el reciente pasado de luchas sociales.

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