Los años de 1984 y 1985 pueden establecerse como los detonantes de la primera onda expansiva de okupaciones a lo largo del triángulo formado por las ciudades de Madrid, Barcelona y Bilbao. El movimiento se expandió después rápidamente por el resto del Estado, aunque siempre tuvieron mayor publicidad aquellas okupaciones situadas en las grandes ciudades.

Entre 1991 y 1993 aparece un mínimo de 20 okupaciones reivindicadas públicamente a lo largo del Estado, ampliándose el triángulo de ciudades descrito a Pamplona, A Coruña, Ourense, Sevilla, Granada, Valencia y Alicante. Por otros medios sabemos también de experiencias en esos años en Vigo, Gran Canaria, Xixón, Burgos, Santiago de Compostela, Elche, Cáceres, etc. Se trata de okupaciones con muy distinta duración en cada caso, desde unas horas hasta varios años.

Dentro de ese número de okupaciones aparecen algunos CSOA muy destacados (como Minuesa, la Casa de la Paz, la Kasa de la Muntanya y los Gaztetxes de Bilbo y Gasteiz) que sirven de referencia cualitativa para las otras iniciativas más efímeras y más silenciosas. Se adquiere, así, la conciencia de que es posible permanecer durante varios años, tal como lo consiguieron las okupaciones más “simbólicas”.

Estas dos primeras etapas –segunda mitad de la década de los 80 y primera de la década de los 90- se enmarcan en un período paralelo de crecimiento económico especulativo, primero, y de crisis generalizada, después, que afecta especialmente a la juventud en cuestiones como el desempleo y la falta de vivienda. Al mismo tiempo, los procesos de rehabilitación de los centros históricos y la reestructuración de algunos barrios obreros donde se asentaban fábricas ahora desmanteladas, dejaron como resultado unos espacios, fantasmagóricos, socialmente marginados.

Pero más allá de estas generalidades y podemos apuntar otras circunstancias especialmente importantes para explicar el surgimiento y la expansión inicial del movimiento en estos primeros diez años. Para ello, cabe analizar lo que podríamos llamar "relaciones contextuales" del movimiento con las condiciones macro y micro de su entorno social y político, además de la ya considerada herencia histórica de movimientos sociales anteriores en todo el país y en Europa.

La primera de estas circunstancias es la situación jurídico-penal de la okupación y la actuación de los organismos del Estado. Desde 1870 la okupación no violenta de inmuebles no constituía un delito, y la legislación vigente desde 1973 hasta 1995 mantenía esa tipificación, considerando también que no sería delito cuando se ejerciese sin intimidación a las personas, lo que favoreció la expansión del movimiento, una vez ya iniciado.

Sin embargo, el gobierno socialista consiguió aprobar con unanimidad parlamentaria un nuevo Código Penal que entró en vigor en mayo de 1996 y que penalizaba duramente las actividades de los MS más importantes de la juventud en aquellos años: la insumisión al Servicio Militar Obligatorio –abolido en la actualidad- y la okupación.

A partir de entonces, como veremos en la tercer etapa, los conflictos derivados de la okupación pacífica de inmuebles dejan de tramitarse por la jurisdicción civil y pasan directamente a la penal, pudiendo comportar penas de prisión, aplicables también con carácter retroactivo. La situación jurídica anterior, pues, favorecía que se okupase sin más riesgos que la resolución judicial y con la obligatoriedad del desalojo y el pago de multas económicas pequeñas. También es cierto que por aquel entonces algunas okupaciones eran desalojadas ilegalmente, por orden directa de la Gobernación Civil y de la Policía, lo cual no era muy conocido públicamente si la okupación aún no había tenido tiempo de organizarse y de reunir un público afín

Los ayuntamientos, además, tenían una corta experiencia en el gobierno local democrático (desde 1979), por lo que las okupaciones se presentaban como iniciativas que los cogían por sorpresa y no había unanimidad de criterios a la hora de relacionarse con ellas. Este contexto está también marcado por la indefinida función de los ayuntamientos en materia de vivienda social ya que, teóricamente, es ésa una competencia, aunque no exclusiva, de las Comunidades Autónomas, pero que necesita de la calificación y cesión de terrenos municipales, la gestión local de solicitudes, etc.

En segundo lugar, el movimiento no nace de la nada. El movimiento ciudadano anterior reivindicaba mejoras en vivienda y en equipamientos públicos, pero también la autogestión vecinal de los centros sociales creados para la juventud, las mujeres, los ancianos, los centros culturales.Esa autogestión de los centros cívicos no siempre fue conseguida y muchos colectivos, como por ejemplo los jóvenes, rápidamente se sintieron excluidos de ellos, al convertirse aquellos equipamientos en espacios dirigidos jerárquicamente y muy vinculados a partidos políticos, una vez que se institucionaliza el movimiento vecinal.

La decadencia y reformismo del sindicalismo mayoritario también hizo que parte de la juventud interesada en las luchas de la clase obrera optara por sindicatos ahora minoritarios (como los anarquistas) y por actividades políticas de izquierda totalmente al margen de los sindicatos y de los partidos políticos) Para llevar a delante esas actividades no se dispone de los recursos ni de los sindicatos ni de las ONGs afines a ellos, excepto la colaboración de algunos Ateneos Libertarios. Por ello la okupación se presenta como un medio esencial para disponer de espacios propios dentro de un sector político antagonista amplio, en el que se unen fuerzas y códigos culturales

En tercer lugar, unas okupaciones invitan a otras, y el movimiento okupa se alía con otros movimientos afines. Los medios de comunicación alternativos contribuyen a que las primeras experiencias, sobre todo las más duraderas, tengan una amplia difusión. Las propias ocupas procuran darse a conocer con ruedas de prensa y publicitando en la calle sus actividades. Las manifestaciones de protesta consiguen agrupar, ante todo, a las personas vinculadas a las diversas okupaciones que existen en una misma ciudad y son fácilmente la semilla de nuevos activistas para las siguientes okupas.

Aunque el protagonismo de esa década (entre mediados de los 80 y mediados de los 90) en cuanto a los MS de la juventud lo ostentaba el movimiento de insumisión, las okupas son espacios relativamente permanentes donde realizar charlas, debates y asambleas de los colectivos de ese movimiento, por lo que ambos se retroalimentan mutuamente. Además, una gran mayoría de los okupas masculinos se declaran insumisos y se hizo frecuente que en los desalojos de las primeras okupaciones fueran detenidos y retenidos más por estar en busca y captura por insumisión que por okupar.

También los CSOA se convirtieron en espacios donde otros colectivos –artísticos, feministas, de comunicación alternativa, etc.- se reunían y hacían fiestas para financiarse, con lo cual ampliaban sus redes de apoyo, de simpatizantes y de colaboradores con MS afines. Se conseguía así una legitimación no sólo por derecho –según los fines y medios defendidos con las ocupaciones-, sino también de hecho –compartiendo el uso de los espacios reapropiados socialmente-. Los conciertos, en particular, y los grupos de música surgidos en el circuito de CSOA, son también el principal nexo del movimiento con amplios sectores de la juventud de los barrios obreros y con un mundo artístico y contracultural.

La tercera etapa que podríamos llamar de maduración, entre 1995 hasta la actualidad, se podría caracterizar por el aumento de la criminalización y de los riesgos de represión, pero también por el incremento de la respuesta okupa organizada, viviéndose la mayor expansión y crecimiento cuantitativo y cualitativo. Entre los años 1996 y 1999 se sucede una auténtica efervescencia de okupaciones y desalojos, ahora con numerosas detenciones, juicios públicos y amplias manifestaciones en las calles. Sólo en Cataluña, entre 1996 y 1998 se han contabilizado más de 100 desalojos, a menudo ejecutados con una desbordante violencia policial. Ciudades como Terrassa, en las que el movimiento okupa se había ido organizando progresivamente de forma más efectiva, vivieron de forma especialmente dura la onda represiva: se produjeron unos 10 desalojos en el mismo periodo de tiempo y más de 40 personas fueron detenidas

El ritmo trepidante de enfrentamientos empieza a provocar a la prensa a hablar de un movimiento social al mismo tiempo que rebajan el sentido político de ese concepto, considerándolo participado por tribus urbanas. En todo caso, según la imagen pública construida por los mass media, ya no existen únicamente okupaciones puntuales en una u otra ciudad, sino una tela de araña de iniciativas y grupos okupas. Se trata del resurgir de la okupación en las grandes ciudades: hasta unas 200 okupaciones y más de 2000 activistas, según la estimación “a la baja” del periódico El País, en 1997.

El momento más simbólico de esta etapa está marcado por los siete meses de okupación del Cine Princesa en pleno centro de Barcelona, y por el desalojo de éste. Con lo que se demuestra que los dirigentes socialistas en los ayuntamientos donde gobernaban fueron igual de implacables que las autoridades conservadoras en la represión del movimiento.

¿Fue entonces la nueva ola de okupaciones resultado de una reacción ante la criminalización? Esa interpretación sugeriría que el sistema político institucional y los mecanismos mediadores que usan las autoridades son las únicas relaciones contextuales importantes que favorecerían la continuidad del movimiento. Sin embargo, es lógico pensar que el resto de dimensiones contextuales señaladas en las dos fases iniciales, seguían presentes también después de 1995. Además, las experiencias anteriores de okupación se difundieron por todo el Estado gracias, entre otras razones, al crecimiento de nuevos medios de comunicación alternativos, a la nueva atención que los mismos medios alternativos y la prensa hegemónica también empezaron a prestarles.

Por último, no se puede olvidar el constante intercambio de personas que van visitando las distintas experiencias de una ciudad a otra, divulgando y aprendiendo de las experiencias ya iniciadas. Se reproducían así fórmulas de reflexión organizativa ya practicadas en otros países europeos y se reconocía la necesidad de una información orientadora e incitadora a la acción, imprescindible de cualquier poder popular.

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