EL SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA EXPLICA LOS PRESUPUESTOS

El Presupuesto de 1999 sigue dentro de la política general del Gobierno de sostenibilidad y de rigor presupuestario, «que es la consecuencia directa de nuestro compromiso de estar en el ámbito de la moneda única de Europa». A pesar de las estrecheces que impone la convergencia europea, el secretario de Estado de la Defensa, Pedro Morenés Eulate, afirma en esta entrevista que en los próximos años habrá recursos suficientes para continuar el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. «La profesionalización es objetivo político de primera magnitud de este Gobierno —recuerda—, pero también lo es la modernización que tiene que ir pareja a ese proceso». Bajo esta premisa, marcada en la Directiva de Defensa Nacional, la Secretaría de Estado de la Defensa ha elaborado las cuentas del Departamento para el próximo año.

—¿Cuáles son las grandes líneas que orientan este Presupuesto de Defensa?

—Por vía ordinaria, el Presupuesto incide más en la profesionalización que en la modernización. El capítulo uno —gastos de personal— se incrementa notablemente sobre el año pasado con 24.000 millones de pesetas que irán a financiar los 17.500 nuevos soldados profesionales netos que habrá el año que viene. El capítulo seis —inversiones reales— por vía de crédito ordinario tiene un crecimiento cero. Lo que hemos arbitrado es un sistema de financiación extraordinaria con los recursos que se obtengan de la enajenación de inmuebles. Tratamos que esa financiación supla el déficit del capítulo sexto. Es prematuro adelantar la cifra que se pueda conseguir este año mediante esta vía de financiación, pero pensamos que podría aportar entre 10.000 y 15.000 millones de pesetas.

El capítulo dos —bienes corrientes y servicios—, esencial en el tema militar, se incrementa en un punto más que en el resto del Estado, donde crece un 1,8 por 100, que se corresponde con la inflación. Ese punto más de crecimiento nos viene muy bien porque va a permitir mejorar la operatividad de las Fuerzas Armadas. Se asigna a tres conceptos fundamentales: la movilidad, el vestuario y la publicidad para el reclutamiento de los nuevos soldados profesionales. El capítulo cuatro —transferencias corrientes— financia la participación plena de España en la OTAN y también crece sobre el año anterior.

—¿Cuál es el balance de la vía de financiación que se ha abierto en los últimos años a través del Ministerio de Industria para sufragar la compra de carros de combate Leopardo 2E, las fragatas F-100 y los aviones EF-2000?

—Cuando llegamos al Gobierno existían unos compromisos de España, fundamentalmente el avión y el carro de combate, que no tenían financiación para poder seguir adelante, y mucho menos en el escenario de rigor presupuestario de Maastricht. Los Ministerios de Defensa, de Industria y de Economía y Hacienda se reunieron para establecer la vía de entrada de la industria española en unas determinadas tecnologías que nos permitiesen acceder a tiempo a dichos programas. Es importante señalar que Industria no participa en programas de defensa, sino que potencia a las empresas para que accedan a tecnologías que les permitan en su momento construir y desarrollar sistemas de defensa y otros que se beneficien de dichas tecnologías y que puedan ser útiles para la vida civil. Además se facilita que esas industrias estén en condiciones de integrarse en lo que va a ser el conglomerado de defensa de Europa. Por cierto, llamarlo de defensa ya es limitarlo, porque son industrias claramente duales, es decir, que tienen sectores civiles y sectores militares. Por tanto, es incorrecto decir que el Ministerio de Industria está financiando programas de defensa: el Ministerio de Industria está potenciando a sus empresas, en este caso empresas de defensa, pero que también tienen otros mercados.

—¿Ese dinero que financia Industria lo tiene que devolver Defensa en el futuro?

—Defensa no tiene que devolver ningún dinero, sino pagar el precio de los programas que contrate y de los bienes que se le entreguen. Es lo normal en el tráfico mercantil en el mundo y está empezando a ser normal también en los programas de defensa. Por ejemplo, en el caso del FLA, el futuro avión de transporte europeo, las empresas saben que no será financiado durante el proceso de desarrollo por los Gobiernos, sino que lo que harán los Gobiernos será recibir los aviones y pagarlos en el momento de la recepción.

Los presupuestos de defensa en Occidente cayeron de una manera importante después de la desaparición del Telón de Acero, en algunos casos hasta el 40/45 por 100. España no fue una excepción. En 1988 nuestro Presupuesto de Defensa fue de 1,36 billones, lo que suponía una participación en el PIB notabilísima. El Presupuesto del año 1999 es de 0,93 billones, lo que supone un importante decremento sobre aquella cantidad. Esa es la situación de la acción conjunta del Gobierno español en temas que afectan a la investigación y desarrollo, al tejido industrial y a la posibilidad de que, en su día, Defensa acceda a determinados programas. La ventaja que obtiene Defensa es que los programas se ponen en marcha a tiempo y, por lo tanto, no habrá una obsolescencia de esos sistemas de armas una vez que se entreguen, cosa que hubiera pasado de no haberse propiciado este sistema conjunto para abordar un proyecto industrial y de defensa.

—El coste de la plena profesionalización se ha evaluado en 1,25 billones de pesetas para el año 2003. ¿No le inquieta que la evolución de la economía nacional e internacional, en gran parte imprevisible, pueda obstaculizar esta inversión?

—La economía mundial pasa por una situación de crisis que hay que matizar, porque, a pesar de la globalidad, afecta más a una parte del mundo que a otra. Afecta de manera importantísima en el Lejano Oriente y en Sudamérica. Europa, y en concreto España, ha hecho muy bien sus deberes y por lo tanto la manera en que la crisis nos afecta no es dramática.

Por otro lado, el Presupuesto de Defensa español es bajo comparado con los de otros países aliados europeos. No hay más que examinar las estadísticas anuales que emite la OTAN para comprobar que España, en relación con el PIB y en términos OTAN, es el país que dedica menos recursos, vía presupuesto, a la defensa. En el año 2003 la situación será la misma. Es decir, con el 1,3 del PIB del año 2003 aún estaremos en la línea baja de los países OTAN. Por lo tanto, pretender sumar sólo para la defensa los programas que tienen a la vez un sentido industrial, de investigación y desarrollo y de defensa, acusando al Gobierno de una especie de interés militarista, no obedece a la realidad. La realidad del Presupuesto de Defensa español es que tiene que consolidarse en las cifras que he dicho, no sólo para mantener una defensa operativa, profesional y moderna, sino, fundamentalmente, para cumplir los compromisos con nuestros socios. España ha elegido estar en la cabeza del mundo, y para estar ahí hay que pagar un precio: de organización en el trabajo, de solidaridad internacional y para atender a los compromisos internacionales. Competir cuesta, sobre todo, si se quiere estar arriba. Si no se quiere estar arriba, no se compite. Éste no es un mensaje militarista, sino de puro sentido común.

—¿Cuáles serán los principales efectos ecoónmicos que producirá la entrada en vigor de la Ley de Régimen del Personal de las FAS?

—La cuantificación exacta deberemos hacerla una vez que tengamos muy perfilada la Ley en el Parlamento, pero va a tener un impacto que se asumirá por el Presupuesto de Defensa. Si queremos dar un salto cualitativo en el concepto de defensa pasando a un ejército profesional, un ejército moderno y plenamente operativo, tendremos que dotar mejor a nuestros hombres y equipararlos con otros servidores del Estado que en estos momentos están en una mejor situación. Eso tendrá un coste que se hará vía presupuestaria. Al establecer unas necesidades presupuestarias, la Ley deberá llevar aparejado el crédito que corresponda. Éste se dará por vía extraordinaria para incorporarlo al año siguiente a los créditos ordinarios.

—Un 58 por 100 del Presupuesto se destina a gastos de personal y un 42 por 100 a gastos de material, muy lejos de la relación de 50/50 que recomienda el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado. ¿Cree que será posible alcanzar este equilibrio en los próximos años?

—Sí. Creo que es posible. Desde hace años, precisamente por la caída de los Presupuestos de Defensa, lo que disminuye son los gastos de material, ya que el coste del capítulo uno es fijo y el número de personas a las que atiende no disminuye. En 1999 la proporción es todavía mayor. Es decir, casi todo el recurso ordinario del Presupuesto de Defensa lo destinamos a financiar el capítulo uno. Pero también es verdad que en 1999 vamos a destinar recursos extraordinarios al capítulo seis. Por lo tanto, esa separación existente entre el 58/42 se acercará más. Lógicamente, con unos crecimientos de presupuesto como los que estamos teniendo, la situación 50/50 se alcanzará al final del proceso de la profesionalización. Sobre todo, en el momento en que se entreguen a la defensa los equipos, materiales y sistemas de armas que mencionaba antes.

—¿Quiere decir que habrá recursos para la modernización del armamento y material?

—Habrá dinero suficiente. Es voluntad del presidente del Gobierno, y así lo establece la Directiva de Defensa Nacional, que la profesionalización y la modernización de las Fuerzas Armadas sean dos procesos paralelos. En realidad, son el mismo proceso. Las razones son obvias: un ejército profesional no puede estar infradotado, porque sería un ejército inútil, y también sería caro mantener profesionales capaces de manejar complejos sistemas de armas como los de hoy en día y no darles esas armas. Por otro lado, no se pueden proporcionar determinados sistemas de armas a personas que tienen unos períodos de instrucción tan cortos como los actuales.

«El gran adelanto de 1999 es la posibilidad de vender infraestructura para comprar armamento y material»

—Como indicaba usted al comienzo de la entrevista, la enajenación de inmuebles y terrenos es una de las vías previstas para obtener recursos. ¿Se va a tomar alguna medida para impulsar este sistema de financiación?

—Desde hace tiempo venimos estudiando la posibilidad de mejorar la gestión de la infraestructura de la defensa. Nos hemos asesorado externamente y hemos visto que debíamos potenciar la acción gestora de la Gerencia de Infraestructura. ¿Cómo? De dos maneras: una, mejorando su capacidad de generar ingresos mediante una libertad de pactos de la propia Gerencia a la hora de desarrollar una actividad mercantil para poner inmuebles a la venta. Y, otra, la posibilidad de contribuir a las necesidades del Ministerio de Defensa no sólo con infraestructura, sino también con armamento y material. El gran adelanto de 1999 es la posibilidad de vender infraestructura para comprar armamento y material y ponerlo directamente a disposición del Ministerio. Durante 1997 y 1998 llegábamos a esta situación mediante generación de créditos, pero hemos comprobado que esa vía no es lo suficientemente ágil. El Ministerio de Economía y Hacienda también lo ha entendido así, y hemos desarrollado este procedimiento, que va a permitir una financiación sustancial de las necesidades de armamento y material.

—¿En qué situación se encuentra la anunciada Ley de Financiación de las Fuerzas Armadas?

—Tenemos elaborado un proyecto. Queremos una ley realista que nos permita abordar el futuro una vez que lo tengamos asentado. Es decir, hoy por hoy, la fuerza política del proceso de profesionalización y de modernización es lo suficientemente importante como para no tratar de protegerlo dos o tres veces. Sería mucho más importante que, una vez asentado este proceso, estableciéramos para el futuro un sistema de programación de la defensa que afectara no sólo al Objetivo de Fuerza Conjunto, sino, muy particularmente, al soporte financiero de ese proyecto. Por ahora, lo importante es tener un plan director de armamento y material, un plan director de infraestructuras y un plan claro del esquema total de la profesionalización y, cuando sepamos todo eso, entonces asegurar ese proyecto con una determinada ley. Ahora mismo, una ley de dotaciones sólo serviría para estar sujetos a sus previsiones, cuando podríamos necesitar más recursos, o para incumplirla, en el caso de que luego no fuesen necesarios tantos. Una ley de este tipo no debe asegurar un período específico como el que estamos viviendo, sino una estabilidad de futuro para las Fuerzas Armadas, para la defensa de España.