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5.2 Crisis del Estado Interventor y Nuevo Modelo Político: Los Gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari 1982–1994 |
Gobierno de Carlos Salinas de Gortari
Política Exterior
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, México tuvo una intensa actividad en política exterior, en parte por las características propias del entorno mundial, pletórico en acontecimientos transcendentales durante el periodo en cuestión, y en parte por el interés del presidente de proyectar la imagen de México (y quizá la suya propia) al exterior, aprovechando la coyuntura internacional.
De manera más especifica, la actividad desplegada por el gobierno salinista en política exterior estaba estrechamente vinculada al proyecto económico, cuyos primeros pasos se habían dado en el sexenio anterior, al que Salinas se propuso dar continuidad. Los elementos de ese proyecto, como la apertura comercial, el saneamiento de las finanzas públicas, la privatización de empresas estatales y la desregulación, habrían de tener gran influencia sobre el rumbo de las relaciones de México con el exterior.
Así, la política exterior salinista pretendía llevar a la práctica la idea de que la inserción de México en el mercado internacional, unida a la captación de inversiones extranjeras, constituía el medio más adecuado para salir de la crísis y encaminarse luego hacia el desarrollo nacional. En consecuencia, fue necesario poner a la diplomacia mexicana al servicio del proyecto económico, para lo cual, una de las principales misiones de la cancillería consistió en efectuar labores de promoción que incrementaran la presencia de México en el extranjero, proyectando una imagen positiva.
Con referencia a la coyuntura internacional, destaca por su magnitud e importancia la caída del socialismo protagonizada por la ex Unión Soviética, cuyos efectos políticos inmediatos transformaron el panorama europeo y también, y de manera más significativa a nivel mundial, pusieron fin a la Guerra Fría y en consecuencia a la rivalidad bipolar este-oeste, dando paso a un nuevo tipo de relaciones internacionales en las que México habría de verse involucrado, dada su inmediata vecindad con Estados Unidos.
El fin de la bipolaridad contribuyó a la formación de un nuevo fenómeno geopolítico y económico sin precedentes, caracterizado por la existencia de una red de relaciones comerciales ya no entre naciones aisladas, sino entre regiones formadas por bloques de países colindantes, en el marco de una fuerte competencia global, de la cual se deriva el nombre de globalización.
Relaciones con América Latina
En el contexto de la integración latinoamericana, fueron de gran trascendencia las iniciativas propuestas por México para la celebración de la Cumbre Iberoamericana, la primera de cuyas reuniones tuvo lugar en julio de 1991 en la ciudad mexicana de Guadalajara. En ella participaron 21 jefes de gobierno y de estado de países latinoamericanos, y también de España y Portugal. Durante el sexenio salinista, México participó en tres reuniones más: la Segunda Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, España, en 1992; la tercera, en Bahía, Brasil; y la cuarta en Cartagena de Indias, Colombia, en 1994.
En esa última Cumbre, el presidente Salinas logró importantes avances en su propósito de promover el libre comercio en el continente, pues los acuerdos derivados de esa reunión coincidieron con el interés salinista por impulsar la integración comercial en la región. De manera general, en las conclusiones finales quedó consolidada a idea de que el modelo neoliberal constituía la única opción viable para que los países latinoamericanos se incorporaran a las nueva dinámica internacional. Estos éxitos de Salinas dieron motivo para que en la misma Cumbre fuera propuesto como candidato para dirigir la Organización Mundial de Comercio (OMC), que habría de sustituir al GATT en 1995.
En la cumbre de Tuxtla Gutiérrez, celebrada en esa ciudad en enero de 1991, con la participación de los presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala, se suscribieron un Acuerdo General de Cooperación y un Acuerdo de Complementación, orientados a lograra la plena liberalización de las relaciones comerciales entre México y la región centroamericana. Asimismo, se dio un gran impulso al Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, representando por el llamado Grupo de Río (fundado en 1986 por Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela), que en 1991 se amplió con la incorporación de Chile, Ecuador, Bolivia y Paraguay, y con la participación de un representante por la región Centroamericana y otro por los países de el Caribe. Con esta expansión, el Grupo de Río se ha consolidado como el principal órgano latinoamericano de diálogo político, capaz de orientar e influir en mecanismos formales de integración regional como la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Sistema Económico Latinoamericano (SELA). Además, gracias a su nueva estructura ampliada, el grupo se ha convertido en interlocutor privilegiado con grupos de países de otras regiones, principalmente con la Comunidad Europea, los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) y la Liga Árabe.
En 1993 se celebró en la ciudad de Caracas, Venezuela, una reunión entre el grupo de países conocido como Grupo de los TRES (G-3), integrado por Colombia, Venezuela y México, en la cual, aparte de establecer un acuerdo comercial entre estos países, que debería entrar en vigor en enero de 1994 se fijó como prioridad el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Centroamérica y el G-3 y la necesidad de apoyar el proceso de integración latinoamericana con base en la constitución de espacios ampliados de comercio e inversión.
Las consecuencias de la posguerra fría, en particular, la extinción de la Unión Soviética agravó la simulación interna de Cuba y sus relaciones comerciales externas. El gobierno de Estados Unidos tomó diversas medidas para reforzar él embargo económico impuesto desde los años sesenta, como la de prohibir la llegada, a puertos estadounidenses, de buques que hubieran realizado recientemente actividades comerciales con Cuba. Además, en octubre de 1992 el presidente Bush promulgó una ley "para promover una transición pacifica hacia la democracia en Cuba" –conocida también como Ley Torricelli-, La cual avalaba la aplicación de sanciones a aquellos países que prestaran asistencia económica a Cuba. El objetivo declarado de esa ley –dada a conocer en vísperas de elecciones presidenciales en las que Bush contendía como candidato–, consistía en lograr un cambio político en Cuba a través del endurecimiento del embargo económico, no obstante que con ello se vulneraba el principio de la libertad de comercio, consagrado por el derecho internacional y por el GATT.
En respuesta, México presentó su rechazo a la Ley Torricelli, recordando que las empresas constituidas al amparo de leyes mexicanas se rigen exclusivamente por éstas, independientemente del origen de capital social. En el ámbito de la comunidad internacional, el gobierno mexicano sostuvo que "la decisión de un Estado para establecer vínculos comerciales con otro es expresión plena de su soberanía, y por ende, no está subordinada a la voluntad de terceros Estados
".Participación de México en Foros Internacionales
Participación de México en el GATT. Desde su ingreso al GATT en 1985, México participó en las negociaciones de la Ronda de Uruguay, cuyo éxito era considerado indispensable para impulsar el comercio mundial de bienes y servicios, y cuyos acuerdos ser concluyeron en diciembre de 1988. Más tarde, en 1990, se celebró en Puerto Vallarta, México, una Reunión Informal de Ministros del GATT, tercera en la que participaba el país en calidad de miembro. Ahí se discutió la creación de una organización internacional que sustituyera al GATT, la cual habría de constituirse bajo el nombre de Organización Mundial de Comercio (OMC) o World Trade Organization (WTO), como se le conoce en idioma Inglés. La OMC iniciaría sus funciones el 1° de enero de 1995.
Ingreso de México a la OCDE. El interés del gobierno salinsta por el ingreso de México a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) se insertaba en la orientación internacional de su política económica, en el contexto de la globalización. Dicha organización había sido creada en 1960 como un foro de consulta y coordinación entre los gobiernos de los países miembros, con la finalidad de expandir la economía y el empleo, así como promover el bienestar económico y social de sus habitantes.
En abril de 1991, el gobierno mexicano expresó su deseo de adherirse a este foro internacional, y dos años más tarde, en 1993, fue admitido como país miembro. Los negociadores de la adhesión de México a la OCDE esperaban que el país obtuviera los siguientes beneficios:
Relaciones con Europa
El gobierno salinista consideró necesario promover la diversificación de las relaciones exteriores, con los objetivos primordiales de equilibrar el gran peso que tiene Estados Unidos en la posición internacional de México y de abrir nuevas posibilidades al desarrollo socioeconómico del país. Por ello, durante su administración hubo esfuerzos para fortalecer y ampliar los contactos con Europa, de manera que pudiera lograrse una mayor presencia de México en esa zona, en momentos en que los países europeos experimentaban grandes e importantes transformaciones político–económicas.
Sin embargo; es necesario aclarar que la relación de México con los países europeos debió realizarse en base a las circunstancias por la que atravesaba cada una de esas naciones. Así, en el caso de los países industrializados –integrantes de la Comunidad Europea (CE) y de la Asociación Europea de Libre Cambio–, el gobierno mexicano buscó formar vínculos en calidad de socio comercial, a fin de tener un mayor y más estable acceso a los mercados de esos países, aprovechando la coyuntura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
México y la Organización de Cooperación Económica Asía–Pacífico
En años recientes, la Cuenca del Océano Pacífico se ha convertido en el espacio geográfico de mayor dinamismo económico mundial, y es el escenario de grandes transformaciones tecnológicas. Por ello, y debido a la ubicación de su territorio, era necesario para México vincularse al proceso de regionalización operado en esa zona, cuya importancia se acrecienta por el hecho de pertenecer a ella dos potencias hegemónicas en la economía mundial: Estados Unidos y Japón. Consciente de esa necesidad, el gobierno salinista realizó una serie de acciones especificas para incorporar a México en los organismos internacionales de la Cuenca del Pacífico y, al cabo de cinco años, logró convertirse de un lejano observador en un participante activo en el proceso de consolidación e integración de esta importante región.
RAFAEL A. CARRILLO AGUILAR