También se modificaron otras leyes con el fin de mejorar la protección de los derechos humanos, como la de los derechos de las comunidades indígenas, la del Código Penal y la Ley de Procesos para garantizar la presencia de un abogado defensor y para invalidar confesiones que no hayan sido hechas frente a un Ministerio Publico. Respecto a las comunidades indígenas, se modifico el artículo 4° Constitucional, al que se añadió un primer párrafo donde se reconocía que la composición pluricultural de la nación está sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y que, por lo tanto, la ley deberá proteger y promover el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos, y formas especificas de organización social, además de garantizarles el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado.

Las tareas del IFE quedaban distribuidas en los niveles: federal, local y distrital con una intención descentralizadora, ya que las constancias de mayoría se realizaría en el nivel distrital para los diputados de mayoría relativa, en el local, para senadores, y en el federal para presidente y diputados de representación proporcional.

Las competencias y funciones del IFE se resumían en 2 aspectos:

En 1992 se acordó la expedición de una nueva credencial con fotografía para votar, a fin de regular la identificación de los ciudadanos inscritos en el padrón. En su IV informe de gobierno Salinas anunció la nueva reforma electoral puesta en rigor el año siguiente, por ello, en septiembre de 1993, se entró en una nueva fase de la reforma electoral, incluyendo éstas a los medios de comunicación, y la búsqueda de equilibrio entre las cámaras legislativas, ampliando la participación en el senado. Para ello en esa fecha se aprobaron reformas constitucionales a los artículos 41, 54, 56, 60 y 63.

Otra reforma importante en 1993, fue la situación jurídica del Distrito Federal.

Esta reforma consideraba la creación de órganos de gobierno específicos para esa zona y proponía un procedimiento que sujetaba el nombramiento del Jefe del Distrito Federal, hecho por el Presidente de la República, al grupo de candidatos electos en el Congreso y en la Asamblea de Representantes. Se proponía además la creación de consejos ciudadanos en el Distrito Federal, con facultades de gestoría y vigilancia.

Durante los años de la década de 1980, la Iglesia Católica empezó a mostrar una actitud más participativa en los asuntos de la sociedad civil e incluso en la vida política, aumentando la presión hacia el gobierno para que pusiera fin a la situación jurídica que la había mantenido al margen de la participación ciudadana.

La más importante de esta ley fue el reconocimiento tanto de la personalidad jurídica de todas las agrupaciones religiosas e iglesias, como de la ciudadanía para los ministros de culto, con la salvedad de que estos no podrían ejercer cargos públicos, pues quedaban facultados para votar pero no para ser votados. Sin embargo, se conservan los principios de libertad de culto, separación Estado-Iglesia y educación laica, además destaca la restauración de las relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano, reforzada por la visita oficial del Papa Juan Pablo II en 1993.

Como el reparto agrario había concluido y tomando en cuenta el rezago agropecuario ante el sector industrial, el gobierno salinista presento una iniciativa de reformas al artículo 27 Constitucional, aprobada y publicada en enero de 1992.

Los lineamientos eran los siguientes:

1. Dar certidumbre jurídica al campo para garantizar la impartición de justicia a través de tribunales federales agrarios dotados de plena autonomía para resolver, de manera expedita, los asuntos relativos a la tenencia de ejidos y comunidades, la controversia entre ellas y sus limitantes. El reformado artículo 27 otorga a los ejidatarios y comuneros la libertad para decidir sobre el destino de sus tierras, ya sea para asociarse en particulares o con el Estado a fin de obtener mayor productividad de esas tierras, incluso para enajenarla limpiamente si así lo desean.
2. Capitalizar el campo para reactivar la producción y establecer de manera sostenida su crecimiento con el fin de que atraiga y facilite las inversiones en proporción que el banco demanda. Para ello, se consideró necesario eliminar las prohibiciones a las sociedades mercantiles estableciendo los criterios generales que deberían satisfacer a efecto de invertir en el agro.
3. Proteger y fortalecer la vida ejidal y comunal, para lo cual se preserva la protección del Estado y aunque distinguiendo claramente entre las acciones de protección y promoción, que sí debe asumir, de aquellas que podrían suplantar la iniciativa y dignidad de los campesinos y de sus organizaciones, puesto que las decisiones requieren del apoyo del Estado y no de una actitud paternalista.