Al final, nadie quedó satisfecho ni la oposición, ni el gobierno, ni un alto porcentaje de los votantes. El desencuentro de las expectativas ciudadanas con los lentísimos tiempos del proceso, la insuficiencia de las vías legales para dar curso a las protestas y la manipulación gubernamental del proceso, pusieron de manifiesto una zona delicada y critica de la vida política del país: la falta de instituciones adecuadas para dar sitio a la nueva presencia ciudadana en las urnas y la necesidad de una reforma política capaz de ajustar esas instituciones a la nueva realidad.

Las elecciones de julio hicieron evidente, aún para los observadores fríos y tradicionales, que México debía de entrar al camino que conduce a la instauración de un régimen de partidos sólido, con elecciones competidas.

Pero sus leyes en la materia seguían privilegiando la estructura de un partido de estado, casi único. Los hábitos políticos de aquel dominio, como se ha dicho, estaban a su vez en creciente desencuentro con las expectativas de una ciudadanía emergente fruto de la modernización social y económica vivída por el país en el último cuarto de siglo.

Las elecciones de julio, tuvieron efectos políticos directos en otros ámbitos.

Primero, reformaron de hecho al presidencialismo mexicano, cortándole facultades y creándole contrapesos. Le quitaron, por lo tanto, la facultad de emprender reformas constitucionales sin ausencia de la oposición, al configurar una cámara de diputados en la que el PRI tuvo 260 de 500 escaños. Ya que las reformas constitucionales requieren la aprobación de dos terceras partes del Congreso –unos 332 diputados– en adelante el presidente debería mantener cohesionados todos los votos y convencer a más de 70 miembros de la oposición para lograr el éxito de alguna propuesta.

Segundo, equilibraron las relaciones del poder ejecutivo con el legislativo, volviendo a éste una instancia capáz de oponerse y hasta de derrotar las iniciativas presidenciales. La precaria mayoría priísta en el congreso podía en adelante ganar pero no avasallar, imponerse pero no aplastar.

En tercer lugar, las elecciones de julio regionalizaron y fragmentaron territorialmente el poder del régimen. Le arrebataron la mayoría en el Distrito Federal, vengando así un agravio ciudadano mayor –la inexistencia de elecciones para configurar el gobierno de la ciudad más importante del país-. También perdió el régimen la segunda ciudad de la república –Guadalajara, ganada por el PAN-, hubo triunfos de la oposición en estados que eran del dominio tradicional priísta –Morelos, Michoacán y Guerrero-, y la república en su conjunto apareció de pronto como un mapa de intensa competencia y equilibrio electoral.

De acuerdo con las cifras oficiales de la elección de 1988, en los años siguientes bastaría un pequeño aumento del ánimo desfavorable al gobierno –equivalente al 10 % del electorado: 19 millones de votos– para emparejar la votación nacional del PRI con la de la segunda fuerza del país.