Desde un principio, el gobierno encabezado por de la Madrid consideró el arreglo de la deuda externa como indispensable para restablecer la economía del país, por lo que impuso el criterio de cumplir a toda costa con los compromisos del FMI contenidos en la carta de intención firmada por el gobierno de López Portillo. Pero ese cumplimiento trajo como consecuencia inmediata algunos efectos negativos en diversos aspectos económicos y sociales; en primera instancia, se aumentó el déficit presupuestal del sector público y éste tuvo que recurrir al crédito interno, obligándose en consecuencia a dedicar gran parte del gasto al pago de intereses de la deuda interna.

Así pues, la deuda pública externa e interna absorbió los recursos del gobierno y lo imposibilitó para fomentar actividades económicas productivas, lo cual a su vez impactó de manera negativa en el nivel de vida de la población. Esa situación, presente desde 1982, se agravó en 1985 con la caída de los precios internacionales del petróleo, el crecimiento de la inflación la disminución de la producción industrial y las consecuencias sociales de lo sismos de septiembre de ese año.

Por lo tanto, desde los primeros momentos del sexenio se manifestó la inconformidad de algunos sectores de la población hacia las drásticas medidas de austeridad adoptadas por combatir la crísis, el gobierno de Miguel de la Madrid fue sometido a presiones internas provenientes de tres sectores sociopolíticos:

1. los movimientos obrero y campesino;
2. las organizaciones y partidos de izquierda, y
3. las organizaciones y partidos de derecha.