Archipiélago, No. 12/13, Año 2, mayo-agosto de 1997, México, pp. 16-23

El Tratado de Paz que hoy somete el Gobierno a la deliberación del Congreso, podría considerarse como una calamidad si sólo se atendiera a la pérdida del territorio que por él sufre la República; pero variará de aspecto enteramente si se considera lo que la nación había perdido por la guerra y que ahora recobra por la paz, y el peligro inminente en que se halla todavía la independencia y nacionalidad de México, y que no cesará hasta que el Tratado haya sido ratificado, previa la aprobación del Congreso.

Voy a exponer las más graves consideraciones que han hecho necesario el Tratado de Paz, y en seguida haré algunas observaciones generales sobre los puntos más importantes que en el mismo Tratado se han estipulado.

La guerra actual no podía haberse prolongado indefinidamente; más tarde o más temprano debía terminarse por uno de estos medios: o arrojando al invasor fuera del territorio nacional o cuando el mismo invasor hubiese ocupado militarmente toda la República, o ajustándose un tratado de paz entre las dos naciones beligerantes. El Gobierno creyó que ni le era posible arrojar a las huestes invasoras fuera de los límites de la República, ni se podía evitar la ocupación militar de todo el territorio, sino entrando en negociaciones de paz con los invasores. Supuesta la exactitud de estos principios, no quedaría que averiguar sino sólo esto: si el Gobierno se apresuró demasiado a entablar las negociaciones de paz; si no las prolongó todo el tiempo que le fue posible, con la expectativa de obtener algunas ventajas; y en fin, si disminuyó hasta donde pudo los sacrificios que la paz hizo necesarios...

…Para que este Gobierno hubiera podido intimar a un enemigo victorioso que evacuara el territorio nacional, a fin de que sus proposiciones de paz fuesen escuchadas, habría sido preciso que México contara con el apoyo de las más grandes potencias extranjeras. Después manifestaré que jamás ha debido tener ni aun esperanza de lograr semejante apoyo contra los Estados Unidos de América.

Durante las cuestiones que ha suscitado la guerra actual, no han faltado quienes digan y quienes pretendan sostener que la ocupación total de México por las fuerzas invasoras, y aun la conquista de todo el país era preferible a un tratado en el que México cediese una parte de su territorio para salvar su nacionalidad y asegurar su Independencia. Se puede pensar así en un momento de desesperación, se puede condenar así a una nación, con un rasgo de pluma, al exterminio y a la muerte; pero ni las naciones se suicidan, ni los hombres de Estado deben obrar jamás por despecho, ni los Gobiernos pueden olvidar que su primer deber es el de salvar a las naciones, y que jamás están autorizados para destruirlas, para sacrificarlas, ni al orgullo, ni a la vanidad, ni aún a la gloria. Su misión es eminentemente conservadora, es eminentemente filantrópica. Apoyados en la justicia, pueden y deben sostener una guerra mientras les es posible hacerla con honor y con probabilidades de buen éxito; pero cuando ya esa guerra no puede servir sino para exterminio y para deshonra de la misma nación que la sostiene, deben hacer el sacrificio muy grande a la verdad, del orgullo nacional ofendido; y deben por humanidad v por política poner término a las calamidades y desastres de que son víctimas los pueblos. Un sólo deber les queda entonces que llenar, el de salvar el honor de la nación, el de disminuir hasta donde sea posible los sacrificios que la paz exige, el de obtener una indemnización proporcionada a esos sacrificios, y el de asegurar, si no la perpetuidad, por lo menos la más grande duración posible del estado de paz entre las dos naciones que han combatido.

La Cámara verá, por lo que voy a exponer, hasta qué punto el Gobierno ha cumplido estos deberes. El primer cargo que se le ha hecho con respecto a los Tratados de Paz, es el de haberse apresurado a iniciar y a terminar las negociaciones. Los datos que presenta el expediente manifiestan lo contrario. EI Gobierno Provisional se estableció en Toluca e1 26 de septiembre del año anterior; la continuación de las negociaciones de paz fue iniciada. no por el Gobierno. sino por el Plenipotenciario de los Estados Unidos de América el 20 de octubre, según consta de la nota respectiva. Las conferencias sobre los Tratados comenzaron el 2 de enero, y el Tratado no se firmó hasta el 2 de febrero, es decir, más de cuatro meses después de la ocupación de México por el ejército invasor. Estos cuatro meses parecerá quizá nada para algunos que no examinan el fondo de las cosas; pero esos cuatro meses han sido siglos para un Gobierno, que durante ellos ha luchado con obstáculos y dificultades indecibles. Por otra parte, no estaba en el interés de la República el haber prolongado más las negociaciones, porque con ellas se prolongaban también los sufrimientos de las poblaciones invadidas. El medio de evitar esos sufrimientos, se dirá quizá, habría sido el de ajustar una tregua con el enemigo, a fin de que durante las negociaciones hubiese cesado todo género de hostilidad. y se hubiera aliviado la suerte de los pueblos.

Desgraciadamente la adopción de este medio, no dependía sólo de la voluntad del Gobierno, sino también del avenimiento del enemigo; y este avenimiento era inasequible, porque el General en Jefe del ejército invasor tenía instrucciones para no suspender ni sus hostilidades ni sus operaciones: porque estaba en la política del Gobierno americano hostigar a los pueblos invadidos, con todo género de vejaciones, hasta obligarlos a pedir la paz, o predisponerlos para ella fuertemente. Por varias notas del expediente, verá la Cámara que el Gobierno intentó celebrar un armisticio antes de que se entrase a las negociaciones de paz; pero muy pronto prescindió de su intento porque supo, a no dudarlo, que sería imposible obtener en aquellas circunstancias ninguna suspensión de hostilidades.

El gobierno no se apresuró, pues, a iniciar las negociaciones de paz, y prolongó estas negociaciones cuanto le fue posible en su situación, y cuanto lo permitían los intereses de los pueblos...

... Se inculpa al Gobierno de no haber puesto a la nación en una actitud respetable de defensa durante las negociaciones, para obtener de ellas mayores ventajas para México. Aun se le ha calumniado, diciendo que había disuelto el ejército para dejar a la nación inerme y sin defensa. Este es el cargo más injusto que pueda hacérsele, y al que debe contestar de preferencia.

El ejército de ventitantos mil hombres que se organizó en la ciudad de México para resistir al invasor, comenzó a dispersarse en cada una de las acciones que se dieron en las inmediaciones de aquella capital, y su desorganización se consumó en la villa de Guadalupe, cuando la misma capital fue abandonada. Sólo quedaron allí como restos de aquel ejército, dos divisiones de poca fuerza, de las que una marchó hacia Puebla a las órdenes del Gral. Santa-Anna, y la otra hacia esta ciudad al mando del Gral. José Joaquín de Herrera. Lo que haya pasado con respecto a esta última división, toda lo República lo sabe; porque han sido constantes los esfuerzos que ha hecho el Gobierno para mantenerla, vestirla y armarla a pesar de las urgencias y extremadas escaseces del Erario. Pero con respecto a la división que marchó a Puebla, se ha dicho aun por el mismo General Santa-Anna. que había sido disuelta a consecuencia de la orden que se le dio para que dejase el mando en jefe del ejército. Lo que realmente ha pasado en esto, consta por comunicaciones oficiales a las que voy a referirme, y cuyas copias podrán pasarse al Congreso si fuese necesario...

... Se ve por estos documentos que no fue el Gobierno el que disolvió o dispersó el Ejército de Oriente, y que cuando llegó a manos del General Santa-Anna la orden en que se le prevenía que dejase el mando, ya el ejército no existía, ya no había de él sino algunos restos que escaparon de la deserción y del desorden.

He insistido tanto sobre esto, primeramente por refutar una de las más calumniosas imputaciones que se han hecho al Gobierno; en segundo lugar, por desvanecer la idea que algunos han querido sostener, de que la guerra habría continuado con buen éxito, si no se hubiese quitado al General Santa-Anna el mando en jefe del ejército. He insistido, en fin, porque realmente la disolución, del Ejército de Oriente y la dispersión de sus restos, influyó demasiado en hacer difícil y casi imposible la continuación de la guerra. Después manifestaré cuántos otros motivos, á cual más poderoso, a cual más decisivo, concurrieron para hacer inevitable la celebración del Tratado de Paz que ahora se somete al examen y a la deliberación del Congreso.

Desde que el Gobierno Provisional se instaló en Toluca, conoció que era imposible continuar la guerra. Después diré cuáles eran los motivos en que se fundaba esta persuasión. Aquel Gobierno se proponía no obstante, preparar las cosas de manera que la Administración que le sucediese, más duradera y más estable, pusiera a la nación en un estado de defensa tal, que aunque insuficiente para repeler la invasión, hiciese entender al enemigo que aun había vigor para resistirle, si la paz no se hacía por las pretensiones exageradas del Gobierno de Washington. El Gobierno instalado en Toluca era o debía suponerse demasiado pasajero par. arreglar por sí planes de campaña, para levantar y organizar ejércitos, para emprender operaciones militares y para hostilizar seriamente al invasor en sus ventajosas posiciones. Aquel Gobierno no debió haber durado sino algunos días, porque se creía muy próxima la reunión del Congreso. Esta reunión tan ansiosamente deseada en aquellas circunstancias, debía ser el principal objeto de las tareas y de la política del Gobierno. Así lo fue, y el Congreso llegó a reunirse, aunque desgraciadamente se disolvió muy pronto por falta de número de diputados que debían concurrir a sus sesiones. En una de ellas fui llamado para informar sobre las medidas que el Gobierno no había dictado con respecto a la guerra. Informé en orden a esto, entonces se hicieron inculpaciones a la Administración, las contesté, y el Congreso quedó satisfecho. supuesto que no hubo uno de los señores representantes que hubiese insistido en hacer cargos al Ministerio.

Luego que el Gobierno Provisional se instaló en Toluca, publicó su programa contenido en los manifiestos del Excmo. señor Presidente y en una Circular de este Ministerio. No había en estos documentos ni humillación ni orgullo, ni provocaciones al enemigo, ni cobardía por la indefensión en que el gobierno se hallaba con respecto a las fuerzas invasoras; no había ni ofrecimientos de paz ni amenazas de guerra. Todos los Gobiernos de los Estados aprobaron este programa; todos hallaron prudente y circunspecta la conducta del Gobierno. El Congreso como he dicho ya, aprobó esa misma conducta persuadido sin duda de que aquella administración colocada en las circunstancias en que se vio, no podía haber hecho más de lo que hizo.

Pero ni a ella, ni a los Gobiernos que le han sucedido fue dado realizar la idea de levantar fuerzas, organizarlas, armarlas y equiparlas, no ya para continuar la guerra, lo que habría sido imposible, sino para presentar a lo menos al invasor una actitud hostil que lo hiciese menos exagerado en sus injustas pretensiones. Todo esto requería cuantiosos fondos, y el Gobierno no ha podido adquirirlos por medio alguno. Se ha limitado, pues, a conservar a costa de muy grandes sacrificios los restos del ejército que aparecieron después de la ocupación militar de la ciudad de México. Aún por esto se le han hecho inculpaciones, porque hay hombres en nuestro país que claman por la guerra, pero que quieren que ésta se haga sin reorganizar ni aumentar el ejército.

He dicho que el Gobierno se persuadió desde un principio de la imposibilidad de continuar la guerra. Todo lo que ha pasado después de la ocupación de México por los invasores, no ha hecho más que confirmarle en aquella triste persuasión.

Sin ejércitos ni milicias, sin caudales y sin entusiasmo y decisión por parte de los pueblos para soportar grandes sacrificios, no se sabe cómo se pueda hacer la guerra. Pues bien, el Gobierno como diré después, no ha tenido ni podía tener a su disposición esos tres grandes elementos de fuerza y resistencia. En los Estados de la República no solamente no hay buena disposición, sino que ha habido una oposición constante a dar el contingente de hombres necesario para reemplazos del ejército. Hay más: las autoridades de los Estados se rehusan por lo común a aprehender a los desertores. Habrá o no razón para ello; esta es una cuestión de que el Gobierno prescindirá por ahora; pero se habla de los hechos, y esos hechos son incontestables. En el Ministerio de la Guerra hay multitud de documentos que prueban cuántos obstáculos se han puesto al Gobierno actual para hacer efectivo el contingente de sangre que la ley ha asignado a los Estados. Esta resistencia (que por otra parte prueba muy poca decisión de continuar la guerra), habría bastado por sí sola para hacer imposible la reorganización del ejército.

Por lo que hace a las milicias nacionales, el Congreso sabe muy bien que no han llegado a organizarse sino en pocos Estados y en muy corto número, absolutamente insuficiente para la guerra. Que este mal consista en falta de armas o de recursos o en que sean defectuosas las bases que se han dado para la organización de esas milicias, el hecho es que la Guardia Nacional no ha llegado a organizarse en la República y que ha faltado por lo mismo uno de los más grandes elementos con que se debe contar para que una guerra defensiva se sostenga por algún tiempo y con buen éxito.

Para hacer la guerra no basta tener un numeroso ejército, es necesario que este ejército sea disciplinado y aguerrido. Suponiendo, pues, que el Gobierno hubiese podido reorganizar todos los cuerpos que formaron el ejército de ventitantos mil hombres que combatió en las inmediaciones de México, ¿quién puede asegurar que este ejército no habría vuelto a dispersarse y a sufrir nuevos reveses, no por falta de valor, sino por no tener la organización y disciplina convenientes?…

…Todavía si el Gobierno hubiese podido reunir para continuar la guerra un ejército numeroso y bien disciplinado, se habría visto en la precisión de disolverlo por falta de recursos para sostenerlo. Cuando se instaló el Gobierno provisional, nuestros principales puertos habían sido ocupados, y el bloqueo se había extendido ya a casi todos los demás puertos que no estaban en poder del enemigo. Con la capital, había perdido también el Gobierno sus más cuantiosos recursos. Los Estados de Puebla y Veracruz habían sido invadidos; lo habían sido igualmente Nuevo León, Coahuila y una gran parte de Tamaulipas. La invasión se extendió muy pronto al Estado de México, uno de los más ricos y cuyas rentas son muy productivas…

…¿Cómo, pues, habría sostenido esos gastos si la guerra hubiera continuado? Habría sido preciso establecer un nuevo sistema de enormes contribuciones, cuyo gravamen habría recaído por precisión únicamente sobre los Estados aún no invadidos; pues los ya ocupados militarmente por el enemigo, no se habrían sometido jamás a pagar las exacciones que imponía el invasor, y a satisfacer las contribuciones exigidas por el Gobierno…

…El Gobierno que toma sobre sí la tremenda responsabilidad, algunas veces necesaria, de sostener una guerra defensiva que ha de prolongarse por mucho tiempo, debe contar con que todo sistema rentístico desaparece, todo orden y toda economía cesan, toda contabilidad se hace imposible, e ilusoria toda responsabilidad de los que manejan los caudales del erario; y que la hacienda toda desaparece en el desorden, en la corrupción y la anarquía, desde que la guerra va empeñándose y extendiendo hacia todas partes su influencia destructora. Tal Gobierno debe tener, pues, acopiado el dinero en sus arcas a millones, y hacinado por decirlo así, como se amontonan en nuestros graneros las semillas. Debe contar también con la más grande fidelidad y pureza de los que administren esos tesoros que por su cuantía presentan tan grandes tentaciones de malversación y peculado…

…Por desgracia la postración a que ha llegado la República, a consecuencia de las disensiones y guerras civiles que la han agitado por tanto tiempo, ha impedido que en esta vez el entusiasmo patriótico se generalice en todas las clases de la sociedad, y se desarrolle en toda su fuerza. En vano escritores elocuentes y bien intencionados han procurado despertar y enardecer el espíritu público adormecido, el entusiasmo no se ha exaltado sino por momentos; el pueblo, pobre y plagado de miserias, el pueblo para el que hasta aquí no ha habido porvenir, se ha manifestado casi por todas partes muy poco conmovido por la invasión, y solamente en la capital de la República y en uno que otro punto se ha mostrado valiente y esforzado, y ha vertido la sangre por la patria. Las altas clases de la sociedad apenas han hecho uno que otro esfuerzo extraordinario para coadyuvar a la defensa nacional. y una de esas clases, el comercio (en lo general), ha hallado en la invasión lo que hace tiempo había esperado en vano de nuestras leyes: la libertad en sus giros y la disminución de sus gravámenes. Solamente la clase media, la más ilustrada en la República, ha comprendido toda la importancia de la guerra actual, y ha hecho grandes esfuerzos por sostenerla; pero la clase media es todavía, por desgracia, poco numerosa para influir decisivamente en la República...

... Se ha hablado mucho de que la nación debía levantarse en masa a hacer la guerra, y se le ha excitado a armarse con palos y puñales, con hondas y con piedras, para resistir a una invasión que había arrollado ya nuestros ejércitos. A decir verdad, no se comprende lo que sea esa guerra de masas sin disciplina ni organización que podrían instantáneamente hacer un grande esfuerzo; pero que indefectiblemente serían dispersos por ejércitos disciplinados y organizados, con todos los medios de poder que ha perfeccionado la ciencia de la guerra.

Estas consideraciones habrían bastado por sí solas para convencer al Gobierno de la imposibilidad de hacer la guerra; pero este convencimiento se ha afirmado más cuando el Gobierno ha fijado su atención en el estado político interior de la República. Cuando el invasor ocupó la capital, quedando disuelto por algunos días el Gobierno nacional, la mayor parte de los Estados aún no invadidos hicieron una especie de declaración de que reasumían su soberanía, y a consecuencia de esta declaración ocuparon o intervinieron las rentas nacionales, y dictaron leyes y decretos enteramente contrarios a la Constitución Federal y leyes generales. Restablecido a pocos días el Gobierno General, las autoridades supremas de los Estados lo reconocieron, es cierto, y le protestaron su obediencia. No obstante, el Gobierno General ha tenido que luchar con miles de dificultades y que sostener cuestiones muy empeñadas para hacerse obedecer en muchos puntos por algunos de los Gobiernos de los Estados. Con pocas excepciones, todos han puesto obstáculos más o menos fuertes a la acción del Gobierno General y al desarrollo constitucional de sus atribuciones. Ideas exageradas y muy falsas sobre la independencia de los Estados en su régimen interior, han prevalecido, por desgracia, y se ha creído adquirir opinión de gran federalista considerando al Gobierno como el enemigo común, y atacándolo sin motivo, sin causas. y algunas veces sin pretexto...

... En fin. se han trastornado enteramente en muchos Estados las nociones y principios del sistema federal; se han relajado los vínculos de la unión, y aun en medio de los peligros de la guerra exterior, apenas ha sido posible reprimir en ellos ese espíritu de escisión y de absoluta independencia que aparece sin cesar no en los Estados mismos, sitio en muchos de sus gobernantes y principales funcionarios. El Gobierno General. usando unas veces de prudencia y disimulo, y otras veces con energía, ha procurado reprimir ese espíritu de escisión que habría tomado un espantoso desarrollo si la guerra de invasión hubiera continuado...

... Pero hay a más de eso en el seno de la República elementos de anarquía y de desorden, que es necesario combatir; hay partidos políticos bastante enardecidos que degenerarían en facciones, si el Gobierno fuerte y respetable por el restablecimiento de la paz no se reviste de energía para obligarlos a no sostener sus principios y opiniones políticas, sino por los medios que la ley ha establecido. Esos partidos son los que han producido en algunos Estados la perturbación del orden constitucional. y han suscitado cuestiones que distraen a la nación del principal objeto que debería ocupar su atención en las presentes circunstancias. Uno de esos partidos aspira a realizar en el país reformas radicales, prontas y rápidas, y a desarrollar en toda su plenitud el principio democrático, cualquiera que sea actualmente la ilustración y civilización del pueblo. Considerando este programa como una opinión política, el Gobierno debe respetarlo mientras no se intente por él realizar las grandes reformas por vías de hecho, y no por los medios de discusión y deliberación que la ley ha establecido.

Del seno de ese partido. y con reprobación del mismo, salieron poco ha algunos hombres que aspiraban a realizar la anexión de México a los Estado Unidos de América. Esos hombres formaron, pues, un nuevo partido anti-nacional que en el Distrito Federal, prevalidos de las calamidades de la invasión, se avocaron el poder político, apoyaron descaradamente las miras del invasor, extendieron más allá del mismo Distrito su funesta influencia, y amagaban llevar su propaganda por toda la República, cuando el Gobierno, cansado ya de luchar con tantos obstáculos que debilitaban su poder, tomó la resolución de que sus comisionados terminaran el Tratado de Paz que estaban discutiendo.

Por grande que fuese la convicción del Gobierno sobre la necesidad de hacer ese tratado, consultó antes, como debía ser, la opinión pública; y a fin de que ella se expresase con la mayor franqueza y sinceridad, dejó a la imprenta en absoluta libertad para emitir y sostener todas las opiniones, sin excepción. El Gobierno cree no equivocarse al decir que la opinión nacional ha calificado de necesaria la paz: que ha considerado los sacrificios que ella exige como una grande calamidad; pero necesaria para evitar otras calamidades más grandes todavía. Y si no fuera esta la verdadera expresión de la opinión nacional; si esa opinión se hubiese decidido por continuar la guerra, ¿qué apoyo habría hallado para subsistir en la presente crisis un Gobierno que entraba en negociaciones de paz, y que no tenía ni bayonetas para sofocar el espíritu público, ni propensión a ejercer esa, tiranía, ni caudales que prodigiar para seducir, ni empleos que repartir para formarse una clientela, ni en fin, tantos otros medios de corrupción, que algunas veces han empleado los Gobiernos? ¿Qué talento, ni qué tacto político habría bastado para sostener en la borrasca que hemos pasado, a un Gobierno sin fuerza ni recursos, que se hubiese propuesto atacar y contrariar la opinión y el esfuerzo de los pueblos? El deber de obsequiar la opinión ha sido, pues, otra de las causas que decidieron al Gobierno a terminar el Tratado de Paz que ahora somete a la decisión suprema del Congreso...

... Con respecto a la cesión de territorio, los que opinan que en ninguna circunstancia debía haberse cedido parte alguna del territorio nacional. por pequeña que fuese, sin duda han pretendido que la guerra fuese interminable, porque suscita a la contienda por el interés de los Estados Unidos de adquirir nuevos terrenos, y para sostener la agregación de Texas a aquellos Estados, agregación consumada ya aunque de hecho, de una manera irrevocable, es claro que jamás habría habido transacción entre las dos naciones beligerantes, si México se hubiese obstinado en no ceder ni aun el territorio de Texas.

Se ha puesto en duda la facultad que tuviese el Gobierno para ceder o enajenar de cualquier modo una parte del territorio nacional. La Constitución ni le concede ni le niega expresamente esa facultad; pero autoriza al Gobierno para celebrar tratados de paz, y casi no hay uno de esos tratados en que no sea necesario que se ceda un territorio por una de las partes. A más de esto, el Gobierno no puede ratificar los tratados que ha celebrado, sino previa la aprobación del Congreso. Esta aprobación, es, pues, la que va a sancionar la cesión de territorio que la paz ha hecho necesaria

... En nuestro país, cuyo Gobierno, aunque popular, es representativo; la nación, al tratarse de ceder una parte de su territorio, no puede expresar sobre esto su voluntad, sino por medio de sus representantes. Y aunque la Representación Nacional, la suprema autoridad del país, no tiene en todas materias una autoridad absoluta o discrecional, en orden a la aprobación de los tratados, su autoridad es amplia e ilimitada, pues que la Constitución se la concede sin limitación alguna para aprobar los tratados que hayan sido celebrados por el Gobierno. Eran demasiado sabios y previsores los mexicanos que sancionaron la Constitución Federal, para dejar de conocer que la autorización concedida al Gobierno para celebrar tratados de paz, y al Congreso para aprobarlos, se entendía desde luego, hasta poder enajenar una parte del territorio, pues sabían muy bien que sin esa enajenación rara vez un tratado de paz llega a ajustarse.

El Gobierno de S.M. el rey de Prusia, por medio de su representación en la República, ha manifestado también un vivo interés por ver a nuestro país libre de las calamidades de la guerra...

... Con respecto a la indemnización, ella parecerá mezquina si se considera como si fuese el precio del territorio cedido; pero no es sino una pequeña y muy pequeña compensación de las calamidades que México ha sufrido por la guerra. No se ha vendido una parte del nacional por quince ni por veinte millones de pesos a que equivale la indemnización, sino que cediendo esa parte del territorio, se recobra con la paz cuanto la nación había perdido por el mal éxito de la guerra; se recobra con la paz cuanto la nación había perdido por el mal éxito de la guerra; se recobran nuestros puertos, nuestras ciudades, nuestras fortalezas, nuestra artillería y un inmenso material de guerra; se recobra y redime la capital de la nación que ha sido víctima de tantas calamidades, y cuya población ha hecho tan grandes sacrificios en defensa de toda la República...

... Solamente me resta que hablar de observaciones que se hacen contra el Tratado, considerando cuál será el porvenir de nuestro país, el día en que libres ya de los peligros de la invasión, los partidos se levantan a disputar entre sí su prepotencia. Sólo Dios conoce el porvenir; pero si es dado al hombre preverlo vagamente, se puede asegurar con bastante probabilidad que ese porvenir no será tan funesto y desastroso como ahora se supone. La lección que hemos recibido es dura y dolorosa, como todas las pruebas a que Dios somete al hombre para hacerle conocer sus extravíos. Los partidos, escarmentados con lo pasado, continuarán discutiendo por medios políticos y legales sus opuestas pretensiones; pero es de esperar que ni ellos quieran ni la nación tolere ya, que las cuestiones se decidan por las vías de hecho. Hay a más de esto en favor de la consolidación de las instituciones, la circunstancia de que el partido monarquista ha desaparecido, y lo que es más importante todavía, ha desaparecido no sofocado ni oprimido por la fuerza, sino por el convencimiento que produce la evidencia de los hechos.…

..Pero en lo que no cabe duda es, en que los males de la guerra, si se prolonga, no solamente son inevitables, sino de incalculable trascendencia. La nación, para sostener esa guerra, no puede contar con la más leve cooperación de algunas potencias extranjeras. Las Repúblicas hispano-americanas, nuestras hermanas, no pueden hacer sino votos muy ardientes por la prosperidad de nuestra patria. En Europa las grandes potencias van a concentrarse en sí mismas, o a agitarse en las convulsiones de una revolución, de un cambio político tan radical, como jamás lo habían visto los siglos. México quedaría, pues, reducido a sus propios recursos, y entregado a la voracidad y a la injusticia de un enemigo poderoso. En lo interior, el Gobierno que haga la guerra va a luchar con la anarquía que se desatará desde el momento que el mismo Gobierno se haga débil, va a luchar con el desorden y con la dilapidación de sus rentas; va a combatir con ese espíritu de escisión, con esas pretensiones exageradas de independencia, que por todas partes disputan al Gobierno su poder, su autoridad y sus recursos...

... El Gobierno ha creído necesario esforzar las reflexiones en que se apoya esta exposición, porque son muy nobles y generosos los sentimientos que pueden instigarnos a continuar la guerra: porque para resistir a esos sentimientos es necesario que la razón se fortifique, y que por un esfuerzo de previsión y del más elevado patriotismo, nos hagamos superiores a los efectos y a las instigaciones del momento.

Fuente: Peña y Reyes, Antonio de la, Algunos documentos sobre el Tratado de Guadalupe y la situación de México durante la Invasión Americana, México, Ed. Porrúa, Colección del Archivo Histórico Diplomático Mexicano No 31, 1971, pp. 168-192.

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