Lectura recomendada para la Quinta Unidad: Estado y Sociedad en México. De la Construcción de la Nación al Triunfo del Liberalismo 1821-1876. 5.1 La construcción del estado y la sociedad en México: entre lo viejo y lo nuevo, 1821-1853

Esta importante obra, coordinada por Teresa Franco, presenta una panorámica de la historia nacional en la que se conjuntaron los esfuerzos de importantes investigadores. Su factura está realizada en una tipografía clara y con abundantes recursos gráficos, tanto de imágenes como de mapas y líneas del tiempo, en una agradable policromía. Dirigida al gran público, ofrece contenidos accesibles para los estudiantes del nivel. El Tomo 6 1821-1855 El Dilema de la Organización Nacional, estuvo a cargo de Tarcicio García Díaz, el autor citado.

Señala el autor, que la participación del pueblo mexicano en la vida política, quedó señalado en el bando que publicara el virrey marqués de Croix en 1767, al ser expulsados los jesuitas de los territorios hispánicos: ...pues de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir, en los altos asuntos del gobierno. Al independizarse de España, se ofrecían dos opciones como sistema político: la moderna monarquía constitucional europea y la república federal que experimentaban los Estados Unidos de Norteamérica; sin dejar de continuar existiendo las anacrónicas monarquías absolutistas y las repúblicas centralistas o moderadas.

La independencia se logró a partir de dos movimientos importantes: el insurgente dirigido por una clase media intelectual, que se inició como un motín popular en 1810 y tuvo sus mejores logros entre 1813 y 1814 con Morelos, para fragmentarse a partir de 1815 en guerrillas; otro movimiento apareció en 1821, dirigido por un sector del ejército y clero novohispano, que se manifestó con el Plan de Iguala y la bandera tricolor (religión, independencia y unión); ambos movimientos unieron fuerzas y consumaron la independencia en septiembre de 1821.

Como antecedente, el Congreso de Chilpancingo y la constitución republicana de Apatzingan, representaron el testimonio de la primera experiencia republicana en el país. El sistema encarnaba el camino directo para que las clases medias ascendieran al poder político y, dueñas de él, transformaran las estructuras sacioeconómicas de la nación; sus defensores, caudillos letrados y militares, fueron Fray Servando Teresa de Mier, Carlos María de Bustamante, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero.

El Plan de Iguala sirvió para unir los intereses más contradictorios del clero, ejército, comerciantes y terratenientes. Pronto se descubrió la inoperencia del Plan y de los Tratados de Córdoba, conformados con una parcialidad en favor del clero, el ejército y la clase acomodada, con lo que el sistema monárquico resultaba adecuado para mantener los intereses de los grupos privilegiados, y significaba la supervivencia de las estructuras coloniales. Sin embargo, para la monarquía el problema era la falta de un príncipe o monarca. Para los partidarios de la república el problema era mayor, pues el sistema del "gobierno del pueblo" no podía funcionar donde la inmensa mayoría de sus individuos carecía de los más elementales principios de la formación ciudadana, con lo que la república federal si bien se presentaba como un proyecto vital, dependía de muy diversos factores, el más directo era la educación del pueblo.

En términos generales y con pocas excepciones, la educación estaba en manos del clero, con lo que la lucha del Estado y de la Iglesia por el predominio de la educación era inevitable. Bajo la República Federal la tarea educativa se dejó en manos de los estados, pues el gobierno federal sólo tenía jurisdicción en el Distrito Federal y los territorios. En 1822 fue fundada la Compañía Lancasteriana, como una asociación cultural sin distinción de partidos políticos: un preceptor tenía bajo su tutela directa a diez alumnos, los que a su vez, asesorados y vigilados por su profesor, cada uno, transmitían lo aprendido a otro grupo de sus compañeros; de esta manera, la enseñanza de un preceptor alcanzaba a beneficiar hasta a 300 estudiantes. El sistema educativo de origen inglés, estaba inspirado en la producción industrial masiva. En la educación superior no se llevaron a cabo innovaciones tan radicales; el clero controlaba la enseñanza en las universidades, colegios y seminarios; a sus instalaciones acudían los hijos de familias acomodadas.

El gobierno reformista de 1833 clausuró la universidad por considerarla perniciosa, inútil e irreformable. Se le sustituyó por siete establecimientos educativos de inspiración francesa, que en provincia se denominaron institutos de ciencias. A partir de este momento, la educación elemental y superior estuvieron estrechamente vinculadas a la vida política.

México nació a la vida independiente bajo el sistema político de monarquía constitucional con el nombre de Imperio Mexicano. Al consumarse la independencia el 27 de septiembre de 1821, se integró una Junta Provisional Gubernativa del Imperio, integrada por 38 personas notables (dignatarios eclesiásticos, jefes administrativos del pasado régimen, miembros de la aristocracia novohispana, destacados empresarios y representantes del ejército trigarante; ningún insurgente fue invitado a formar parte de ella), que habían sido seleccionadas por Iturbide y el último virrey O'Donojú, de acuerdo a los Tratados de Córdoba. Debían nombrar una Regencia como poder ejecutivo provisional, convocar y realizar elecciones de diputados para formar las Cortes o el Congreso del Imperio y ajustarse a la Constitución Española de 1812. Este proceso de organización política del Imperio duró del 28 de septiembre de 1821 al 19 de mayo de 1822.

En diciembre de 1821 se inició el proceso electoral para establecer el poder legislativo del Imperio. El 24 de febrero de 1822 el Congreso inauguró sus sesiones. El ambiente de desconcierto crecía con la falta de experiencia de los diputados, la muerte de O'Donoju, la fortificación del gobernador Dávila con las fuerzas expedicionarias españolas en Veracruz y luego en San Juan de Ulúa y la huida de numerosos españoles acaudalados, hacían crecer la duda de que el Imperio Mexicano contara con un príncipe español.

España confirmó las sospechas al rechazar los Tratados de Córdoba y una manifestación popular dirigida por el ejército impulsó el nombramiento de Agustín de Iturbide como Emperador. El Congreso, amagado por este motín, ratificó el nombramiento el 21 de mayo de 1822, con lo que se inició el primer gobierno de México; esto precipitó una alianza de españoles borbonistas y antiguos insurgentes para derrocar a Iturbide: unos para buscar la reconquista y los otros para establecer la república.

Con la oposición del Congreso, se desató la tensión entre los dos poderes y el Imperio denunció una conspiración y procedió a aprender al padre Mier, José Joaquín de Herrera, Francisco Sánchez de Tagle, Pablo Anaya, Francisco Fagoaga, Carlos María de Bustamante y otros diputados el 26 de agosto; para el 31 de octubre el golpe de estado se consumaba al disolver el Congreso el flamante emperador, que creó una Junta Nacional Instituyente. La respuesta la daría un joven brigadier Antonio López de Santa Anna, quien proclamaba la república e iniciaba una rebelión en Veracruz a la que se incorporaron de inmediato los insurgentes.

El 1 de febrero de 1823 se definieron los objetivos de la revuelta, en el Plan de Casa Mata, iniciándose lo que sería común en estas épocas, las alianzas coyunturales; el general Echávarri, enviado por el emperador para someter la rebelión, pactó con los sublevados Santa Anna y Guadalupe Victoria. Para el 19 de marzo, Iturbide enviaba su abdicación y el 11 de mayo abandonaba el país; triste papel del emperador que duró en el poder casi un año. El 31 de mayo se nombró un ejecutivo provisional tripartito: Pedro Celestino Negrete, español trigarante integrante de la masonería escocesa; Nicolás Bravo, insurgente respetado y también masón escocés y Guadalupe Victoria, otro dirigente insurgente y de orientación republicana; en la práctica, el gobierno estuvo en manos del ministro de Relaciones Lucas Alamán. Es de tomarse en cuenta que desde 1821 hasta 1853 funcionaron cuatro ministerios: Hacienda, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Guerra y el de Relaciones del Exterior y del Interior.

El problema era claro en torno a la república, sin embargo existirían serias diferencias, en cuanto a si debía ser federal o central. La controversia duró hasta el 31 de enero de 1824, en que se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación, y para el 4 de octubre se efectuaba el juramento de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Los argumentos en torno al federalismo resultaron de la gran extensión del territorio, que con problemas de comunicación limitaba la eficacia de un gobierno central, los intereses locales producto de las estructuras socioeconómicas de cada región, el temor a un poder despótico central, la natural inclinación al autogobierno y el éxito de la república norteamericana. Era claro que la Constitución de 1824 estaba inspirada en la de este país: una división en tres poderes, con un ejecutivo en manos de un presidente y vicepresidente, que gobernaría por cuatro años; un poder legislativo bicameral con diputados y senadores, con amplias facultades que limitaban el poder del ejecutivo; finalmente un poder judicial que descansaba en una Suprema Corte de Justicia con un complejo sistema de tribunales con la vigencia de fueros y privilegios.

Se estableció la libertad de imprenta, pero se mantuvo la intolerancia religiosa con la exclusividad de la Iglesia Católica; mientras que el territorio se dividía en 19 estados y 4 territorios; con los estados de: Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Texas, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; además de los territorios de Alta California, Baja California, Colima y Santa Fe de Nuevo México. El Distrito Federal fue creado el 18 de noviembre de 1924; el 24 de noviembre se declaró Tlaxcala como un territorio más; el 13 de octubre de 1830 se separó Sinaloa de Sonora, creándose el vigésimo estado de la unión. Por último, el 23 de mayo de 1835, se creó el estado de Aguascalientes.

La primera República Federal se mantuvo vigente de octubre de 1824 a octubre de 1835. De las tres administraciones que le correspondían, sólo llegó a su término constitucional la primera de Guadalupe Victoria, quien inició su mandato el 10 de octubre de 1824, teniendo como vicepresidente a Nicolás Bravo. La política de la época se manifestaba en las logias masónicas, la escocesa era de tendencia monarquista o centralista; durante el gobierno de Victoria lograron las carteras de Relaciones con Lucas Alamán y de Justicia y Negocios Eclesiásticos con Pablo de la Llave; el ministro de Hacienda José Ignacio Esteva y el de Guerra Manuel Gómez Pedraza y otros políticos como Miguel Ramos Arizpe y José María Alpuche, unidos con el primer embajador plenipotenciario de los norteamericanos Joel Poinsett, organizaron la logia yorkina, uniendo a los republicanos federalistas, con lo que se inició una lucha de logias en las elecciones del Congreso y las legislaturas estatales. El conflicto político creció hasta llegar a la rebelión armada de la logia escocesa con el levantamiento de Montaño en Otumba el 23 de diciembre de 1827, que pedía la destitución de los ministros yorkinos y la expulsión de Poinsett; el fracaso de la revuelta incrementó el poder federalista antes de las elecciones presidenciales, al mismo tiempo que con la expedición fracasada del español Barradas, que pretendía recuperar la colonia novohispana, se emitieron leyes para expulsar a los españoles del territorio nacional (1827,1829 y 1833).

Para finales de 1827 los yorkinos tenían la preponderancia política, sin embargo se dividieron: el grupo mayoritario y popular, enemigo radical de los españoles, realizó una campaña en favor de Guerrero; el otro sector, dirigido por intelectuales, brindó su apoyo a Manuel Gómez Pedraza, quien era más aceptado que el insurgente y logró el apoyo escocés, ganando las elecciones. Los partidarios de Guerrero pasaron de los alegatos a la rebelión armada dirigida por Santa Anna en Veracruz y por Lorenzo de Zavala en México, que impulsó a que el Congreso desconociera el triunfo de Gómez Pedraza y nombrara a Guerrero triunfador. La respuesta se dio con otra revuelta que obligó al Congreso a nombrar Presidente a Anastasio Bustamante, que terminaría enfrentando otra revuelta que dio el triunfo, ahora sí, a Gómez Pedraza por 3 meses que restaban para terminar el cuatrienio.

El gobierno de Guerrero fue de total descrédito, la rebelión de Zavala con el motín de la Acordada y el saqueo del Mercado del Parián atrás del zócalo, se acompañó de asesinatos políticos, que sumió al gobierno del insurgente en una grave crisis política y económica. El 24 de julio de 1829 desembarcó una armada española de 3,000 hombres al mando de Isidro Barradas cerca de Tampico; la rápida intervención de Santa Anna y de Mier y Terán sorprendió a los españoles, que tuvieron que rendirse el 10 de septiembre, con lo que se cancelaba para siempre la reconquista española, por lo que sólo quedaba esperar la muerte del soberano Fernando VII para establecer relaciones diplomáticas y comerciales. Guerrero al ser destituido buscó cobijo en los territorios costeros del Pacífico controlados por Juan Alvarez, mientras que Anastasio Bustamante organizaba su gobierno con integrantes de la clase alta.

La administración de Bustamante mejoró el estado financiero de la nación, recuperando el crédito exterior; entre sus acciones se cuenta con un proyecto para el desarrollo industrial. Uno de sus éxitos más importantes consistió en lograr la designación papal de obispos vacantes; por otro lado, continuó con las venganzas políticas que culminarían con el fusilamiento de Guerrero, lo que ocasionaría una fuerte oposición pidiendo varios estados la renuncia de los ministros Alamán, Facio y Mangino; con su renuencia, se demandó el regreso de Manuel Gómez Pedraza para hacerse cargo del gobierno.

Con tal estado de cosas, Santa Anna encabezó un nuevo golpe de estado, que terminó con los convenios de Zavaleta el 23 de diciembre de 1832, con lo que Gómez Pedraza regresó a gobernar por tres meses. Con el nuevo presidente los yorkinos controlaron la política nacional y en las nuevas elecciones resultaron vencedores Santa Anna y Valentín Gómez Farías, como Presidente y Vicepresidente.

Gómez Farías encabezaría el nuevo gobierno el 1 de abril de 1833, ante una solicitud de licencia del general quien no deseaba verse involucrado en las reformas del partido del progreso. Para el 26 de mayo se presentó la sublevación del coronel Ignacio Escalada, que fue sofocada debido al prestigio y poder moral del vicepresidente, quien elaboró una lista de personas no gratas, 50 personas encabezadas por Anastasio Bustamante, quienes fueron desterradas sin causa alguna; se señaló que igual suerte se aplicaría a las personas que estuvieran en el mismo caso, por lo que la gente apodó la medida como la "ley del caso". Era claro que la ilegalidad campeaba en ambos bandos políticos.

En su gobierno, Gómez Farías se enfrentaría con un gabinete de ministros impuestos por Santa Anna, de los cuales únicamente Andrés Quintana Roo le daría apoyo. Para desarrollar las reformas que consideró necesarias, integró un equipo con José María Luis Mora, Agustín Buenrostro, Manuel Eduardo de Gorostiza, José Rodríguez Puebla y otros. La reforma afectaría a la Iglesia, Quintana Roo envió una circular a los estados recomendando la separación de los negocios eclesiásticos de los del Estado; le siguieron decretos sobre la no coacción en el cobro del diezmo, y del cumplimiento de los votos religiosos. Sin embargo lo que más afectó fue el restablecimiento del Patronato Eclesiástico, atributo del Estado desde época colonial, que ahora era nacional, depositándose en el Congreso, al mismo tiempo que el Estado tomaba a su cargo la educación pública, con la creación de la Dirección de Instrucción Pública, con lo que se suprimió la universidad y se le sustituyó por siete establecimientos de estudios superiores. Más aún, para salvar de la bancarrota al erario público, se comenzaron a subastar las propiedades del clero, al mismo tiempo que se integraba una comisión para estudiar los proyectos del doctor Mora y de Lorenzo de Zavala para activar la desamortización de los bienes de manos muertas.

El ejército también vio afectados sus intereses, con medidas encaminadas a terminar con el fuero militar y el incremento de milicias cívicas en los estados, que buscaban terminar con su injerencia y poder políticos. Santa Anna consideró adecuado el momento para intervenir y aprovechando un plan antirreformista proclamado en Cuernavaca el 24 de abril de 1834, regresó a la capital para hacerse cargo del ejecutivo, suspendió las leyes reformistas en espera de que un nuevo Congreso lo decidiera. Gómez Farías y colaboradores abandonaron el gobierno ante la escalada conservadora y centralista.

El nuevo Congreso instalado el 4 de enero de 1835, de mayoría de integrantes conservadores y federalistas moderados se declaró Constituyente en un golpe de estado parlamentario, que dio lugar a las Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana, conocidas como las Siete Leyes, que fueron entregadas el 30 de diciembre de 1835. En un golpe total, se cambió 180 grados la política nacional: los estados se convertían en departamentos desapareciendo las constituciones y legislaturas locales hacia el peor centralismo; los gobernadores y la administración financiera quedaban sujetos al Gobierno central en la Ciudad de México, en donde al mismo tiempo desaparecía el Distrito Federal; el territorio quedaba dividido en 24 departamentos, con las californias integradas en un departamento, Nuevo México, Texas y Aguascalientes adquirieron la categoría de departamentos, mientras que Tlaxcala y Colima se agregaban respectivamente a los departamentos de México y Michoacán, mientras que Chiapas ganaba el territorio del Soconusco.

Este triste sueño de revivir la administración colonial sin ser colonia, tenía su mejor expresión en el Supremo Poder Conservador, que se integraba con 5 personas con reconocida experiencia política, ya que para integrarlo se requería haber desempeñado los más altos puestos del gobierno: presidente, vicepresidente, senador, diputado o ministro; desaparecía la vicepresidencia y se incrementaban los períodos de gobierno a ocho años; se mantenía el sistema bicameral en el legislativo y, por supuesto, se restituía el poder eclesiástico al mantenerse la intolerancia religiosa y los fueros del clero y el ejército; sin embargo, se incorporaban las garantías individuales al Derecho Constitucional. Anastasio Bustamante dirigiría este nuevo gobierno el 19 de abril de 1837, que terminaría el 6 de octubre de 1841.

Lo más significativo de su administración consistió de una gran actividad militar, para combatir las continuas insurrecciones federalistas y los intentos separatistas, en Yucatán en 1839 y de la llamada "República de Río Grande" en el noreste en 1843; que eran expresiones diferentes de lo mismo, un rechazo a las Siete Leyes. A lo anterior se adicionan los conflictos contra los imperios, ante la separación de Texas y la llamada "Guerra de los Pasteles" contra el intervencionismo francés.

La administración de Bustamante terminó con una nueva insurrección centralista que exigía una reforma constitucional; el movimiento golpista se inició en Guadalajara en agosto de 1841, por Mariano Paredes y Arrillaga, que fue secundado por Santa Anna desde Veracruz, y por Gabriel Valencia en la Ciudad de México; los tres llegaron a acuerdos firmando las Bases de Tacubaya, que planteaba el nombramiento de un presidente provisional que gobernaría con poderes extraordinarios, eufemismo para designar un dictador, que debía convocar a un nuevo Congreso Constituyente; el nombramiento recayó en Santa Anna, quien nunca rindió cuentas al nuevo Congreso y, después del 12 de junio de 1843, sin sujetarse a la segunda Constitución centralista las Bases de Organización Política de la República Mexicana. Sin tener ningún límite, ni siquiera de sus antiguos aliados conservadores, Santa Anna incrementó los impuestos y se dedicó a realizar obras públicas y de ornato, como la ampliación de la plaza de la Constitución, llamada "zócalo", la construcción de la Plaza del Mercado del Volador, que incluía una columna con la efigie del dictador y un nuevo teatro que llevaría su nombre.

Su gobierno terminó con un nuevo golpe de estado, encabezado por el general Paredes en Guadalajara; su caída generó un enorme festejo o motín, con la destrucción de su estatua y la profanación de su pierna, que había perdido en su "gloriosa" defensa de Veracruz ante los franceses y que el mismo había enterrado con gran pompa y circunstancia cuando tenía el poder. El clero celebró un solemne Te Deum y misa en la Basílica de Guadalupe el 26 de enero de 1844, al que asistió el gobierno.

José Joaquín de Herrera gobernó del 6 de diciembre de 1844 al 30 de diciembre de 1845, con una administración que buscó la moderación y que fracasó ante el extremismo que vivía la nación; como prueba de ello, baste señalar que el ejército que se había formado en San Luis Potosí para lanzar una expedición al norte en contra de la invasión norteamericana que ya llegaba hasta Saltillo, fue utilizado por el siempre inquieto general Paredes para dar un golpe de estado, gobernando del 4 de enero al 27 de julio de 1846.

Los políticos no cesaban de tratar de obtener sus objetivos, aún a costa de la nación invadida por una potencia extranjera; Paredes, de acuerdo con su Plan de San Luis Potosí, convocó a elecciones, para integrar un nuevo Congreso Nacional Extraordinario, que debería estar integrado por la representación de los propietarios, comerciantes, industriales, mineros, magistrados, letrados, clero, ejército y burocracia, esto es la "gente bien". Por supuesto que fue imposible lograr los propósitos, que fracasaron ante una nueva insurrección, ahora del general Mariano Salas que se levantó en armas en la Ciudad de México con el aval de Valentín Gómez Farías, quien reclamaba la convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente, de acuerdo a la Constitución de 1824. En plena guerra con los Estados Unidos de Norteamérica, se daba término a la República Central, y los federalistas tomaban nuevamente el rumbo de la nación.

La segunda República Federalista se inició con la presidencia provisional del general Salas, quien entregó el poder el 24 de diciembre de 1846 a Santa Anna y Gómez Farías, dedicándose el primero a combatir a los norteamericanos y el segundo a la administración, quien nuevamente afectó los intereses eclesiásticos para recaudar fondos necesarios por la guerra; esto motivó que los conservadores y moderados suprimieran la vicepresidencia y Gómez Farías, mediante este golpe de estado parlamentario, salió del gobierno. La administración era un caos: la invasión norteamericana de 1846 a 1848, la guerra de castas en Yucatán y la insurrección indígena en la Sierra Gorda imposibilitó un gobierno federal; Santa Anna terminó huyendo hacia Veracruz y luego del país ante la derrota frente a los norteamericanos.

La firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites con los Estados Unidos, permitió que los poderes de la Federación regresaran a la Ciudad de México, bajo la dirección de José Joaquín de Herrera, que enfrentó invasiones de apaches y comanches en el norte, insurrecciones indígenas en Yucatán y Sierra Gorda y logró terminar su cuatrienio completo, entregando el poder a su sucesor el general Mariano Arista, quien no pudo lograr el equilibrio necesario y se enfrentó a un Congreso que le negó los recursos necesarios para sufragar los gastos de la administración; a su renuncia le sucedieron varios generales en un panorama desolador de profunda inestabilidad. Alamán integró un proyecto de reorganización nacional y después de negociar con Santa Anna, se proclamó el Plan del Hospicio en Guadalajara el 22 de octubre de 1852, que demandaba la realización de un nuevo Congreso Constituyente y el regreso del general, quien procedente de Colombia se apresuró a regresar el 1 de abril de 1853, con el beneplácito de los conservadores y los moderados; tomó el poder el 20 de abril y el 23 se aprobaban las Bases para la Administración de la República Mexicana, el proyecto de Alamán, que operaría hasta la promulgación de una nueva Constitución.

Desde su inicio esta administración fue de mal en peor, el 2 de junio y el 11 de septiembre fallecieron el ministro de Relaciones, Lucas Alamán, y el de Guerra José María Tornel, mientras que renunciaba el de Hacienda, Antonio Haro y Tamariz el 5 de agosto; con lo que Santa Anna procedía a tomar el control total del país. Para julio, los estados pasaron a ser departamentos, mientras que al año siguiente todavía no se convocaba al Congreso, cuando el general integraba un ejército de 90 mil hombres y una eficiente policía secreta, inaugurando un gobierno paramilitar: la libertad de imprenta fue acallada y se persiguieron a los opositores; para diciembre de 1854, mediante un plebiscito se erigía el dictador como "su alteza serenísima". En este contexto dictatorial, se estrenaba el Himno Nacional el 16 de septiembre de 1854.

El 1 de marzo de 1854, en la costa del Pacífico, se lanzaba el Plan de Ayutla que desconocía a Santa Anna y se anunciaba la designación de un presidente provisional y la convocatoria a la tan socorrida integración de un nuevo Congreso Constituyente; lo novedoso es que se hablara de que se debería establecer un gobierno democrático popular, que era una imposición a la soberanía de una Asamblea Soberana que todavía ni siquiera se había integrado. El general Ignacio Comonfort enmendó el plan en Acapulco y a partir de enero de 1855, la revolución cundió por Michoacán y Jalisco, unificando a toda la oposición contra Santa Anna, quien renunció desde Perote el 12 de agosto de ese año.