Lectura recomendada para la Cuarta Unidad: De las Reformas Borbónicas a la Revolución de Independencia 1765-1821. 4.4 La Revolución de Independencia: 1810-1821.

En esta obra que comentamos, el autor integra una visión de la revolución de independencia de una manera integral y amena, que permite seguir y aprender un proceso de transformación política complejo y de larga duración. Forma parte este trabajo de una magna obra dedicada a la Historia de México que, producida por el COLMEX, ha contribuido a formar a múltiples estudiosos de nuestra historia. Es un trabajo excelente para el nivel de estudios y ofrece una panorámica muy completa para cualquier estudiante de la historia nacional.

Señala el autor que el sector económico de la colonia era el que exportaba a la metrópoli, que descansaba en la explotación minera y en el sector financiero y comercial, por lo que mantenerlo y reforzarlo, significó la política de la Corona; por su parte, estos mineros, comerciantes y la propia Iglesia, derivaban su suerte y riqueza en la situación de dependencia de Nueva España. Sin embargo, su auge en la segunda mitad del siglo XVIII, propició un crecimiento lento del sector de producción ligado al mercado interno, que no fue favorecido por la política colonial. La anterior inestabilidad, traza un marco para situar a los diferentes grupos que componían la elite social y política novohispana.

En lo político, los puestos militares y administrativos importantes y aún la carrera eclesiástica eran asignados a los peninsulares. Por otro lado, gran parte de la tierra estaba distribuida en ranchos y comunidades indígenas, con una economía de baja productividad y reducida prácticamente al autoconsumo. Existían unas cinco mil haciendas grandes que producían para un mercado nacional o al menos regional, con un proceso de concentración de tierras en manos de unos cuantos hacendados criollos. El capital financiero del que dependían estaba en manos de la Iglesia, cuya riqueza dependía de las rentas de sus propiedades, del diezmo, y su principal base económica que radicaba en capitales impuestos a censo redimible sobre propiedades de particulares; si su capital en propiedades llegaba a cinco millones de pesos, administraba por otro lado 45 millones por concepto de "capellanías" y "obras pías", que actuaban como bancos. Una fuente más residía en las hipotecas en propiedades rurales, derivadas de estas actuaciones financieras.

El comercio y los obrajes se habían desarrollado por el impulso de las reformas borbónicas, sin embargo, un gran obstáculo para su crecimiento lo representaban los monopolios de la Corona y el complejo sistema de tarifas aduanales y alcabalas. Era claro que existía un desajuste entre el crecimiento de estas áreas y la burocrática administración colonial. Al contrario del sector exportador, los terratenientes, el clero y los industriales, basaban su desarrollo económico en la ampliación del mercado interno, por lo que se oponían a las políticas metropolitanas. Para España no existía posibilidad de cambios, tres cuartas partes del total de sus ingresos provenía de las colonias. En 1804 se atentó contra los intereses económicos de la Iglesia, por decreto real se ordenaba la enajenación de todos los capitales de capellanías y obras pías y se exigía que se hicieran efectivas las hipotecas, enviándose el dinero recaudado a la metrópoli; con ello se ponía al borde de la ruina a los hacendados y a la agricultura novohispana, ya que estaban hipotecadas sus propiedades y dependían de la Iglesia para sus operaciones de crédito; para la Corona significó obtener de manera fácil 12 millones de pesos, la cuarta parte del capital atribuido a la Iglesia, con una cadena de remates de propiedades y la ruina para muchos hacendados. Sería hasta el 14 de enero de 1809, cuando cesaron los efectos de la Cédula.

Los que con mayor aportación pagaron los costos de estas políticas fueron los integrantes más pobres de la sociedad, que habían sufrido el expansionismo de las haciendas, generando un nutrido grupo de población desocupada que nutria el peonaje de los latifundios y era presa del incremento del precio de los alimentos, mientras sus salarios permanecían sin cambios; al mismo tiempo su estatus social los equiparaba con menores de edad al no poder firmar escrituras por propiedades mayores a cinco duros, ni vender libremente su trabajo. En las minas y obrajes la situación era ligeramente mejor, sin embargo para todos no existía ninguna reglamentación del trabajo, con lo que esta población era un excelente campo para desarrollar una revolución.

En marzo de 1808 los franceses invadieron España, derrocaron a la monarquía y el ministro Godoy firmó un tratado por el que puso en manos de Napoleón todas las posesiones hispanas. La respuesta popular fue la insurrección y la formación de juntas de ciudadanos para defender a la nación. En América el virrey y la Real Audiencia eran los representantes legítimos de la Corona, pero ante la ausencia del rey surge la pregunta ¿en quién recae la soberanía?. Se dan dos respuestas: una de la Real Audiencia, apoyada por los funcionarios y comerciantes europeos, que señala que la sociedad debe quedar fija, sin cambios, hasta que un heredero de la casa real recupere el trono; la otra encabezada por el Ayuntamiento de México, dirigida por dos letrados criollos Francisco Primo de Verdad y Francisco de Azcárate y un terrateniente criollo Jacobo de Villaurrutia, plantean al virrey el convocar a una junta de ciudadanos, que gobierne durante la ausencia del gobierno de Fernando VII. Esto significa que la soberanía le ha sido entregada al rey por la nación, que es en donde reside la soberanía, fundamentados en el derecho medieval español. La idea incluye la convocatoria a un congreso que gobernará en ausencia del monarca.

El 15 de septiembre de 1815, un grupo de conspiradores, dirigidos por un hacendado peninsular Gabriel de Yermo, da un golpe de estado y será la Real Audiencia quien dirija los destinos de la colonia sin monarca, con lo que se obligará a radicalizar la actitud de los criollos. Otros movimientos son descubiertos y perseguidos sus dirigentes: en 1809 un oficial criollo Julián de Castillejos, quien demandaba al virrey el integrar una junta a nombre de Fernando VII, señalando que la soberanía reside en los pueblos; otra de ellas es la conjura de Valladolid, encabezada por el capitán José María García Obeso y José Mariano Michelena, que incluía a otros oficiales criollos e integrantes del bajo clero, que demandaban la creación de un congreso.

En 1810 llegan noticias de la creación de las juntas de Caracas, Buenos Aires, Santa Fe y Quito, constituidas con las mismas ideas que el movimiento de 1808. En Querétaro un grupo de criollos encabezados por Hidalgo, Allende y Aldama, tenían un plan para formar una junta "compuesta de regidores, abogados, eclesiásticos y demás clases, con algunos españoles rancios", en una dirección a través de cabildos. Al descubrirse la conspiración, Hidalgo hace un llamado a las armas desde la villa de Dolores el 15 de septiembre, tomando el camino de San Miguel con una multitud cada vez mayor de indios, mestizos y unos cuantos criollos; en San Miguel se le une Allende con un grupo de soldados y la rebelión cunde por todo el Bajío. Toman Celaya y se dirigen a Guanajuato con una multitud de 20,000 personas que asaltan la ciudad y degüellan a los europeos, saqueando todo a su paso. Continúan a Valladolid y luego a México, enfrentando a los realistas en el Monte de las Cruces y derrotándolos. Mientras tanto, desde San Luis Potosí se organiza una milicia realista comandada por Félix María Calleja.

Para buscar una mejor reorganización y enfrentar a Calleja, Hidalgo abandonó el camino a México y se dirigió a Valladolid, mientras que Allende avanzó a Guanajuato. En Guadalajara, un ranchero de nombre José Antonio "el amo" Torres ocupa la ciudad, con lo que Hidalgo se traslada ahí; estas insurrecciones surgen espontáneamente en otras poblaciones como San Luis Potosí y Zacatecas, mientras que un cura rural José María Morelos inicia el levantamiento en la costa del Pacífico. Nadie obedece a un plan, se trata de una insurrección popular con destacamentos guerrilleros que actúan por su cuenta. Hidalgo desde Guadalajara se imagina un congreso con representantes de todas las ciudades y villas, denuncia la explotación, elimina las "castas" y declara abolida la esclavitud, y anuncia guardar la soberanía para Fernando VII. El movimiento ha rebasado todos los límites, el discurso es para un pueblo soberano sin distinción de estamentos o clases, con lo que no esta de acuerdo Allende.

La situación se polariza y mientras el norte apoya la insurrección, Calleja recupera Guanajuato y ataca Guadalajara, en donde en Puente de Calderón es derrotado el ejército de Hidalgo y se inicia la retirada hacia el norte; Hidalgo y Allende son capturados en Coahuila y juzgados y ejecutados en Chihuahua. En Zitácuaro se establece una Suprema Junta Gubernativa de América, bajo la dirección de Ignacio López Rayón, y Morelos continua la rebelión; en 1811 ocupa Chilpancingo y Tixtla, y siguiendo por Taxco y Tehuacán toma Cuautla, que es sitiado por Calleja; Morelos rompe el sitio, mientras desde la Ciudad de México Joaquín Fernández de Lizardi y en Londres Fray Servando Teresa de Mier escriben sobre el movimiento, iniciando una larga campaña revolucionaria.

Morelos sigue incendiando el sur, después de Cuautla, se dirige a Tehuacán y en una serie de campañas ocupa Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla, que unido a otras fuerzas guerrilleras que operaban en la Huasteca, el actual Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y Michoacán, mantenían un dominio sobre la mayor parte del territorio para 1813.

En Cádiz se había jurado el 18 de marzo de 1812 la nueva constitución española, con amplios poderes a las cortes, reduciendo el papel del ejecutivo y proclamando la soberanía popular y establecía la paridad representativa de las colonias en las cortes; fue promulgada en México por el virrey Venegas el 30 de septiembre y nunca se aplicó. El 15 de septiembre de 1913, por una convocatoria de Morelos, se reunió en Chilpancingo el Congreso con representación de los territorios liberados, en la figura de integrantes letrados provenientes de las capas medias de la población y que tenía como propósito el integrar una Constitución. Una primera acción fue la promulgar la independencia, el rechazó a la monarquía y el establecimiento de la república. Se procedió a redactar una constitución, que sería aprobada en Apatzingan al año siguiente e integrar un gobierno que sustituyera a la Junta de Zitácuaro, nombrando a Morelos como encargado del poder ejecutivo. La Constitución estableció un gobierno representativo, con separación en tres poderes, los derechos del ciudadano y la libertad de expresión.

En España en 1814 en marzo, Fernando VII regresa al trono y declara abolida la Constitución de Cádiz y disuelve a las Cortes, en la Ciudad de México, el virrey Calleja suprime la Constitución que nunca se aplicó.

El Congreso entró en conflicto con los caudillos populares, mientras Morelos intenta infructuosamente tomar Valladolid, iniciándose una serie de derrotas sucesivas, mientras el Congreso decide tomar las riendas de la revolución y mantiene a Morelos dependiendo de sus resoluciones; así las cosas, al tratar Morelos de proteger al Congreso es capturado y fusilado en San Cristobal Ecatepec en 1815. Nicolás Bravo toma el mando del ejército, pero es desconocido por el Congreso, que continua obstaculizando las operaciones militares, hasta que el general Mier y Terán lo disuelve y con ello se atomiza la revuelta, multiplicándose y fraccionándose los caudillos, pero sin ofrecer ya una real amenaza al virreinato. Es tal la sensación de triunfo europeo, que el virrey Calleja regresa a España y deja el poder en manos de Juan Ruíz de Apodaca, ya que considera restaurado el orden. Para 1817, el panorama es de desastre, únicamente sobreviven las bandas al mando de Osorno y de Guadalupe Victoria que operan en Veracruz, y las de Guerrero que mantienen la revuelta en las montañas sureñas.

En 1820 se inicia en España la revolución liberal, y para julio, Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de Cádiz; el gobierno recayó en una Junta que procedió a convocar a las Cortes, que emitió varios decretos de corte liberal, entre los que destacaban los que atacaban el poder temporal de la Iglesia. En América, el virrey Apodaca y la Real Audiencia se vieron obligados a jurar la Constitución de Cádiz. Los peninsulares tomaron acción y se reunieron en la Iglesia de la Profesa de México, con el objetivo de rechazar la Constitución; en noviembre un oficial criollo es nombrado jefe del ejército que debería acabar con la insurrección de Guerrero. El jefe realista, Agustín de Iturbide, redacta un plan en Iguala en el que declara la independencia, la exclusividad de la religión católica, un gobierno de tipo monárquico en la figura de Fernando VII, y mientras tanto, designar una Junta de Regencia que asumiría el poder y entregaría el reino y redactaría una constitución.

El Plan de Iguala unificó a toda la oligarquía criolla, en torno de "tres garantías", la independencia, la religión y el mantenimiento del orden social. El ejército se le une y logra el apoyo de Guerrero. El 3 de agosto de 1821, desembarca en Veracruz el nuevo Jefe Político de la Nueva España designado por las cortes españolas, quien entra en negociaciones con Iturbide en Córdoba, y ambos firman un Tratado, en donde se acepta el Plan de Iguala. Iturbide entra a la Ciudad de México el 27 de septiembre, con lo que se consuma la independencia.