Lectura recomendada para la Cuarta Unidad: Estado y Sociedad: De las Reformas Borbónicas a la Revolución de Independencia 1765-1821. Temática 4.3 La Crisis del Colonialismo Trasatlántico y los Antecedentes de la Revolución de Independencia.

Esta importante obra, coordinada por Teresa Franco y Patricia Galeana de Valadés, presenta una panorámica de la historia nacional en la que se conjuntaron los esfuerzos de importantes investigadores. Su factura está realizada en una tipografía clara y con abundantes recursos gráficos, tanto de imágenes como de mapas y líneas del tiempo, en una agradable policromía. Dirigida al gran público, ofrece contenidos accesibles para los estudiantes del nivel. El Volúmen 5, estuvo a cargo de Guadalupe Jiménez Codinach, la autora citada.

Señala la autora, que si bien existía descontento y hostilidad en amplias capas de la población novohispana, sobre todo de los criollos que criticaban abiertamente las medidas y la política de la corte en Madrid, múltiples razones impulsaban un movimiento de autonomía e incluso independencia. Sin embargo, fue la invasión napoleónica de la Península Ibérica, lo que fermentó el estallido político social e inició el proceso emancipador novohispano; no fue la causa, pero sí la ocasión propicia.

No sólo en México, sino también en Venezuela, Nueva Granada, Chile, Río de la Plata y Chuquisaca y Lima, se suscitaron conspiraciones en 1808. La falta de un Rey, con la abdicación de Carlos IV y Fernando VII, originaron dos respuestas en México: la de los criollos, sobre todo los integrantes del Ayuntamiento de la Ciudad de México, y la de los españoles peninsulares. Los primeros argumentaban con base en las leyes de indias y en el derecho medieval español, que la Nueva España era un reino perteneciente a la Corona de Castilla por un acuerdo o pacto entre los conquistadores y el rey, por lo que no se trataba de una "colonia", y si los andaluces, al momento de la invasión napoleónica habían creado la Junta de Sevilla y los asturianos la de Asturias, ¿por qué los novohispanos no podían y debían hacer lo propio?; lo anterior sería un argumento legal y social, argumentado hasta 1815, en las sucesivas conspiraciones que se expresaron en juntas, cortes o congresos.

El 14 de julio de 1808, se supo en México que después de las renuncias del rey y su delfín, fue nombrado el duque de Berg, Joaquín Murat, cuñado de Napoleón Bonaparte, como lugarteniente del reino español y reconocido por el Consejo Real; lo anterior generó el rechazo y repudio ante una monarquía acéfala. El Ayuntamiento de México entregó a Iturrigaray, el Virrey, un documento en el que se afirmaba que residía la soberanía en el reino y con más particularidad en los tribunales y cuerpos públicos, quienes debían conservarla para devolverla al legítimo sucesor; se reconocía el derecho Borbón y se pedía a Iturrigaray que continuase provisionalmente encargado del gobierno mientras España continuara bajo dominio francés. El Virrey pasó el documento al Real Acuerdo, integrado por peninsulares, que lo rechazó debido a que sospecharon un movimiento independientista del Ayuntamiento en manos de los criollos.

La población novohispana se manifestó el 28 de julio en una reacción de apoyo a Fernando VII y el Virrey presionado por el Ayuntamiento convocó a una junta de todo el reino el 9 de agosto; Francisco Primo de Verdad, síndico del Ayuntamiento señaló que la soberanía regresaba al pueblo, a lo que el inquisidor decano, Bernardo Prado y Ovejero, calificó de herética la idea; los fiscales de la Audiencia impugnaron a Primo de Verdad, señalando que la Nueva España no era un reino independiente, por lo que pidieron obediencia a la Suprema Junta de Sevilla o cualquier otra, pero que fuera alguna autoridad peninsular.

Para el 1 de septiembre se enviaron convocatorias a provincia para que nombrasen representantes ante la junta que se verificaría, por lo que los europeos, que ya empezaban a armarse, decidieron dar un golpe de estado dirigido por un peninsular Gabriel de Yermo, rico hacendado de Cuernavaca, en contra de Iturrigaray; lo que sucedió el 15 de septiembre con su aprensión y el nombramiento de Pedro de Garibay como nuevo Virrey. Al día siguiente todos se enteraron, el movimiento había involucrado a 300 personas, mediante una proclama del real Acuerdo que señalaba que "...la necesidad no está sujeta a las leyes comunes. El pueblo se ha apoderado de la persona del excelentísimo Virrey, ha pedido imperiosamente su separación, por razones de utilidad y conveniencia general..." Este hecho marcó el tránsito de la legalidad a la vía de los hechos; los criollos argumentarían en adelante la ilegitimidad del gobierno establecido, que conduciría al grito de Dolores en 1810 "Muera el mal gobierno, viva Fernando VII".

Los peninsulares sabían que la creación de una junta o congreso preparaba la futura emancipación, como ocurriría en 1810 en Buenos Aires, Santa Fe y Caracas, en donde las juntas depusieron al virrey que las había convocado y se rehusaron a reconocer otra autoridad que no fuese el propio Fernando VII. Se retrasó con este golpe de estado la insurrección criolla, pero dio pauta para la demanda de la creación de congresos, además de que estaba claro que cualquier intento de independencia tendría que darse por medios violentos.