Emilio Pradilla Cobos
Universidad pública
Las universidades públicas, incluidas las federales ubicadas en la ciudad de México (UNAM, UAM, IPN, UPN), enfrentan una difícil situación financiera, producto de procesos originados en las políticas neoliberales de los últimos gobiernos priístas, y en la naturaleza del régimen político del partido de Estado. Desde hace años se producen continuos recortes al subsidio público, que se manifiestan en la reducción del salario real de los trabajadores universitarios y de los recursos para la investigación y la docencia; ellos llegaron a su extremo más grave en 1999.
Detrás de esta política están las propuestas del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de privatizar la universidad pública o, al menos, hacerla ''autofinanciable''. Como parte del abandono de su responsabilidad social, el gobierno mexicano aplica esta política trasnacional, factor determinante en la decisión de la rectoría de la UNAM de elevar, de golpe y en montos enormes, las cuotas de la educación media superior y superior que imparte. Aunque se exime del pago a los sectores más empobrecidos, pocos de cuyos hijos legan a la universidad, la medida agrava el elitismo, pues las nuevas cuotas son muy altas para la mayoría de los mexicanos y capitalinos, pero siguen siendo un subsidio no justificado para las capas de más altos ingresos, para las que son un regalo. No se establece una verdadera justicia distributiva.
Como parte del autoritarismo del régimen político, el manejo presupuestal de las universidades cae en manos de sus rectores y en una cúpula de altos funcionarios y está lleno de discrecionalidad; en nombre de la ''institucionalidad'' o usando facultades metalegales, se convierten en formalidad las deliberaciones sobre el tema en los órganos colegiados existentes. Así, es común el uso ineficiente y poco transparente de los recursos financieros y humanos de las universidades y la imposibilidad de las comunidades para exigir una estricta y oportuna rendición de cuentas.
La crisis financiera de la universidad pública no se resuelve con cuotas excluyentes y poco equitativas. La solución debe resultar de varias acciones simultáneas: la democratización, descentralización, transparencia y racionalización del manejo del presupuesto, combinadas con el establecimiento de regulaciones laborales consensadas que eliminen el ausentismo, el multichambismo y el incumplimiento de funciones por parte de los trabajadores universitarios, al tiempo que se reponen rápidamente sus salarios reales perdidos, y que el Estado cumpla su responsabilidad social y constitucional de impartir educación ''gratuita'' y obligatoria en todos los niveles (entrecomillamos gratuita porque se usan recursos que pagamos los mexicanos como impuestos para recibir a cambio educación y otros servicios). Es antisocial que se nos obligue a pagar la ineficiencia y, en ocasiones, corrupción de banqueros y constructores de carreteras, pero se niegue el derecho constitucional a la educación pública gratuita.
Las universidades públicas son patrimonio de los mexicanos y forman parte de la política nacional. Quienes violan su autonomía son los organismos multinacionales y los gobiernos que les imponen políticas privatizadoras y excluyentes. Todos los mexicanos, los políticos, los partidos que los representan y los encargados de legislar tienen derecho y obligación de fijar posiciones sobre un tema que nos incumbe como universitarios, egresados, padres de estudiantes o ciudadanos. Las decisiones no pueden ser reservadas --en nombre de una autonomía que no se defiende, pero se usa como pretexto cuando conviene-- a cúpulas autoritarias que anulan los pocos espacios de participación existentes en las universidades. Es democrático y oportuno que políticos y gobernantes opinen públicamente sobre el tema para que conozcamos su posición; no lo es que se tomen decisiones en las altas esferas y se apliquen sin debate o permitiendo sólo su caricatura.