Pablo Gómez

Universidad pública

¿Quién debe sostener a la universidad pública? Una de las respuestas a esta pregunta pretende demostrar que la educación superior a cargo del Estado no es tan pública, sino que el estudiantado debe pagar una parte, ya que es imposible que pague todo. La idea de fondo de este planteamiento es que, a partir del bachillerato, el Estado no debería hacerse cargo de la enseñanza.

Además de injusto e inconstitucional, este planteamiento es inviable.

Es injusto debido a que los mayores subsidios que actualmente reciben las universidades públicas del país (incluido el IPN) provienen de los profesores e investigadores, así como de los estudiantes. ¿Cómo opera este subsidio? Una parte del costo educativo se cubre con los bajos salarios del personal académico y, otra más, con la falta de servicios para los estudiantes. Así, más de la mitad del gasto educativo no se realiza, sino que se lo ahorra el Estado.

Las cuotas a los estudiantes son inconstitucionales, pues el artículo 3º de la Carta Magna dice que toda la educación que imparta el Estado será gratuita; la UNAM es una institución del Estado, según la ley que le da sustento. A pesar de la reforma salinas-zedillista de la Constitución, en la que solamente obliga al Estado a "impartir" educación preescolar, primaria y secundaria, y admite que también "promoverá y atenderá" la educación superior, la fracción IV del artículo 3º sigue sosteniendo la gratuidad. Nadie podría demostrar que la UNAM no es un organismo estatal, por más que la ley le otorgue la capacidad de autogobernarse.

Pero la propuesta de las cuotas es también inviable como medio para financiar la Universidad. Por más que los estudiantes paguen colegiaturas, en las condiciones económicas actuales de las familias, este aporte será mínimo y no resolverá ningún problema, ni siquiera sería equivalente a los recientes recortes presupuestales.

Quienes proponen las cuotas en realidad están pensando en el futuro, es decir, en cobrar más con el tiempo, de tal manera que los estudiantes vayan aportando mayores colegiaturas y los pobres no ingresen a la universidad, sino se busquen otro tipo de educación más barata, tan barata como la fuerza de trabajo de sus padres y de ellos mismos.

El Estado mexicano ha fracasado en el plano educativo, pero eso no significa que las colegiaturas sean la solución. El fracaso de la educación mexicana se debe al predominio de la idea de que la educación puede ser barata, es decir, costar menos de lo que debiera. Esto ha promovido profesores pobres y sobrecargados de trabajo, así como medios educativos escasos. Las áreas menos pobres del sistema educativo son las mejores en rendimientos y muestran que la educación y la investigación de alta calidad cuestan y son necesarias para la sociedad.

El establecimiento de colegiaturas, aun con la exención ya planteada, tiende a ocultar el verdadero problema, pues el Estado no asume su responsabilidad: recoger de la sociedad en su conjunto los fondos necesarios para garantizar el desarrollo del sistema educativo de tal manera que el país pueda progresar apoyándose en la educación de su niñez y juventud. La concurrencia económica internacional de México será negativa en la medida en que la educación se rezague. Lo que debería plantearse es el pago a los estudiantes de educación superior para garantizar el éxito en sus estudios.

Es falsa, reaccionaria y perniciosa la idea de que a la universidad deben ingresar solamente unos pocos, los más capacitados y dotados en todos los sentidos, y que la enseñanza superior debe ser elitista para garantizar una educación de calidad. Es un prejuicio sostener que cantidad y calidad se excluyen. La sociedad debe ser capaz de brindar educación a un número cada vez mayor de personas, incluso adultos, no solamente para elevar la capacidad productiva del trabajo social, sino también para hacer participar a todos en los más diversos procesos culturales: mejorar la vida de la gente.

La tesis de que pague el que tenga es también falsa, pues para eso están los impuestos. El sistema fiscal mexicano debe obtener más de los más ricos, entre otras cosas, para pagar la educación de todos: los ricos y los pobres. El mecanismo redistributivo del Estado es infinitamente superior a aquellos métodos de cobro-subsidio localizado, como el que se está proponiendo.

Lo que plantea el rector Barnés es que los estudiantes encubran con sus cuotas la ineptitud del Estado, pero lo que busca en el fondo es retomar, una vez más, la ideología reaccionaria de la educación superior elitista, la cual ha estado siempre presente en confrontación con la concepción popular que ha inspirado grandes luchas y transformaciones universitarias en México.