n Horacio Labastida n
Gobierno, universidad y cuotas
La propuesta del rector Francisco Barnés de Castro al Consejo Universitario, no para elevar cuotas de inscripción según entiendo y sí para dar valor real en moneda de hoy al que tenían antes, afectadas por las incesantes devaluaciones que sufre nuestro peso, ha suscitado grandes preocupaciones en nuestra Casa de Estudios. Creo conocer al actual rector; sé de su devoción a los altos valores de libertad, justicia y verdad que guían a la humanidad. Formado en el seno de una familia española y republicana, es en su ánimo, natural el amor que profesa al derecho inmarcesible del hombre a la dignidad y grandeza de la vida; en su cuna aprendió a protestar contra la opresión que imponen los malvados sobre los débiles; y estoy convencido de que por estos motivos nunca atropellaría los anhelos de quienes buscan salir de su pobreza o de su abandono. Como alumno del Colegio Madrid, fue siempre respetado por su rectitud y saber; desde sus primeros años escolares ansiosamente buscó adueñarse de una ciencia comprometida con el bien. Cuando tomó posesión de la rectoría me precipité a felicitarlo porque al fin llegaba al lugar apropiado a su personalidad; abandonó su posición en Pemex para sumar sus esfuerzos al mejoramiento de la academia mexicana. Si el Espíritu habla en el Claustro de Ciudad Universitaria, como lo aseguró Vasconcelos, estoy cierto de que el actual rector no escatima nada para lograr que esa voz sea escuchada claramente por los mexicanos.
Es falso que la propuesta del rector tenga el propósito de privatizar a la universidad; nunca jamás tal idea ha surgido en su conciencia ni mucho menos la de convertir a la universidad fundada por Justo Sierra en una congregación elitista. Hondas semillas familiares y arraigadas convicciones hacen de Barnés de Castro un hombre radicalmente opuesto a cualquier medida o institución que angoste o extinga el pleno goce de los derechos humanos, sin distinción alguna, y por esto su conducta significa un profundo compromiso con el bien de México y los mexicanos.
La pobreza o los proyectos privatizadores de la universidad son una responsabilidad directa de nuestros gobiernos, insensibles a las demandas o necesidades más entrañables de la patria. La autonomía universitaria fue arrancada del aparato gubernamental por la valentía y decisión de la ilustre generación estudiantil de 1929. Jamás se ha querido separar a la universidad del Estado, pues esto implicaría el absurdo de establecer un pequeño Estado dentro del Estado; por el contrario, la autonomía no supone una institución marginal al Estado, aunque sí separada de las influencias ideológicas del gobierno y los titulares de sus órganos, y en consecuencia la universidad aparece en el escenario público como una institución del Estado, descentralizada y sujeta únicamente a sus propias instancias académicas. Cumple así, la universidad, con una función del Estado en lo que hace a la educación científica y humanista, y el acatar tal función obliga al Estado a proporcionarle los recursos materiales que le son indispensables, justificándose de esta manera la gratitud de la educación universitaria que, por lo demás, es una constante en la historia; así fue en nuestra ilustración cuando Gómez Farías y el eminente doctor Mora intentaron sustituir la virreinal universidad pontificia con una escuela popular y científica, sin costo alguno para los discípulos, y esta actitud se repitió al fundarse en la época de Juárez la Escuela Nacional Preparatoria, o en 1910, la Universidad de México, y en 1921, cuando José Vasconcelos asumió la rectoría y fundó la Secretaría de Educación, así como durante la gesta autonomista de 1929 y en los principios de 1993, al promulgarse los párrafos IV y VII del vigente artículo 3º constitucional. Porque así lo registran los sentimientos de la nación, las generaciones forjadoras de la educación superior y las leyes supremas del país, la universidad es gratuita porque es una institución del Estado y autónoma del gobierno, consideraciones que sin duda serán evaluadas por el Consejo Universitario al analizar la propuesta del rector; si de algún modo tal propuesta afecta la gratuidad de la educación que proporciona la UNAM , será desechada por mandamiento constitucional. El Consejo tiene la palabra, y sin duda el rector subordinará su autoridad a lo que resuelva, no sólo por razones de jerarquía sino muy principalmente por la nobleza que inspira sus actos. Pero debe quedar muy claro: pedir a los alumnos una cuota, sea de centavos o miles de pesos, a cambio de educación universitaria, es contrario a la historia de México y a la Carta Magna.
Por último, la pobreza financiera de la universidad es resultado de la irresponsabilidad del gobierno del país, y de ninguna manera de la comunidad universitaria o de sus autoridades.