La ofensiva que ha lanzado en 1999 Ernesto Zedillo en nombre del FMI para privatizar las industrias eléctrica y petrolera, acelerar el aniquilamiento de los pueblos indios, y destruir el proyecto histórico de la Universidad Nacional pretende responder a las exigencias del exterior, pero en el fondo no es más que un esfuerzo desesperado de quienes gobiernan el país por obtener el apoyo de Washington a fin de enquistarse seis años más en el poder.

1. Los intereses privados de la que ha sido llamada la generación más corrupta y antinacional que haya gobernado a México (y de la que Salinas y Zedillo son sólo dos ejemplos) pretenden prevalecer sobre los derechos de la nación, de las comunidades y de los mexicanos, de ahí que se estén intensificando los movimientos de resistencia en todo el país enrareciéndose el clima político de finales de sexenio.

2. El más reciente frente que ha abierto Ernesto Zedillo en el ámbito social, al tratar de establecer cuotas ilegales en la UNAM, con el fin de acelerar su proceso de privatización, está teniendo una resistencia no esperada por los burócratas universitarios. Los estudiantes, que han iniciado grandes movilizaciones y fueron al paro el 11 de marzo, saben que lo que se busca es que la educación superior sea cada vez más elitista, que los principios de libertad de cátedra y de investigación se subordinen a los intereses del mercado y que la universidad deje de ser un espacio plural y libre de la sociedad para ponerse al servicio de las trasnacionales y del gobierno. Aunque a nadie se oculta que la medida tiene la intención de destruir el proyecto histórico de la Universidad Nacional, a muchos ha sorprendido sin embargo la violencia con la que las autoridades universitarias están aplicando esta consigna.

3. La actitud irracional de los burócratas universitarios se podría explicar por sus ambiciones políticas, pero no se puede justificar de ninguna manera. Quienes ocupan cargos administrativos en una universidad están obligados a anteponer la mesura y la ponderación a los arrebatos, deben de hacer prevalecer el espíritu de diálogo a sus afanes de imposición, tienen la obligación de dirigirse a la comunidad estudiantil con un espíritu fraternal y no como policías represivos; y no ha sido éste el caso de la administración que encabeza el rector Barnés.

4. El hecho de que los actuales funcionarios de la UNAM hayan abandonado los valores universitarios que deberían caracterizarlos optando por la descalificación, la invectiva y la amenaza, les quita toda autoridad, y es por lo mismo preocupante en extremo.

5. ¿Puede la comunidad universitaria respetar a quienes desvían el presupuesto de la institución para pagar a grupos porriles con el fin de amedrentar a los estudiantes, o que hacen gastos millonarios en desplegados de autopropaganda donde convocan a la violencia a sabiendas de que no tienen de su lado ni la razón ni el derecho?

6. ¿Por qué no se refrescan la memoria las autoridades universitarias y revisan la documentación del Congreso General Universitario de 1990 -la más legítima instancia universitaria jamás reunida- y se recuerdan que su propuesta de elevar las cuotas de inscripción y colegiatura fue rechazada en ese entonces por ese órgano legislativo cuyas decisiones se comprometió a asumir el Consejo Universitario?

7. La UNAM no puede ser sin duda el patrimonio de unos cuantos y ahora es el momento de discutir todo lo que está pasando. Los estudiantes han acusado a varias autoridades de graves ilícitos, y es indudable que debe procederse a investigarlas y a destituirlas de comprobarse estos señalamientos. Los directores de algunas facultades y varios funcionarios del sector central han sido señalados de financiar y organizar grupos de choque y, de ser esto cierto, debería procesárseles penalmente. Otras autoridades han sido a su vez señaladas por amenazar nada menos que a integrantes del Consejo Universitario, que es la instancia legislativa de la UNAM, lo que es de una extrema gravedad.

8. No debe olvidarse, sin embargo, que la tentativa de acentuar la privatización de la UNAM no es un elemento secundario en el escenario de la sucesión. Es cierto que De la Madrid la inició, Salinas la profundizó y Zedillo sólo la ha continuado (aunque de manera insuficiente, según ideólogos del neoliberalismo, que son quienes mandan en la SEP), pero el hecho de que el gobierno insista en tales políticas al iniciarse este quinto año tiene un significado adicional. Zedillo y sus asesores creen que al infligirle una derrota al movimiento estudiantil tendrían un mayor control social ante la sucesión y un margen mayor para la imposición.

9. La mejor defensa de la UNAM como una universidad pública al servicio de la nación, la están haciendo hoy en día los estudiantes frente a estas autoridades con intereses políticos que, por ambición o por inconsciencia, buscan su destrucción. El paro no es, como pretenden los iracundos burócratas universitarios, un acto ilegal sino un legítimo derecho de una comunidad agraviada, que sabe que las mejores conquistas en defensa de la universidad se han logrado en movilizaciones estudiantiles, en paros y en huelgas, como en 1929, en 1968 o en 1996.

10. La resistencia social es la misma en todos los rincones del país. En su afán por obtener el aval del gobierno de Clinton para el fraude electoral que, según múltiples indicios, pretenden instrumentar para el 2000, Zedillo y los salinistas están llevando a México a un escenario de confrontación y de violencia que no desean los mexicanos.