Sergio Ponce de León

Las cuotas y nuestro futuro

Un pueblo ignorante es un instrumento

ciego de su propia destrucción (Simón Bolívar)

En medio de la polvareda levantada por la pamplonada de los precandidatos presidenciales y del proyecto del Ejecutivo de desnacionalizar la industria eléctrica, el rector Francisco Barnés ha soltado la recurrente idea de incrementar las cuotas en la UNAM. Su propuesta, dice, tiene la característica de ser impostergable y la considera un mecanismo para evitar que los estudiantes "pobres" se queden afuera.

Para quien esto escribe, médico egresado y profesor de la UNAM, tal propuesta es inaceptable, y para fundamentar esta postura quiero ofrecer la perspectiva que me permite el laborar en una institución del sector salud, que cuenta con un mecanismo de "asegurar" que a nadie le falte la atención médica por razones económicas.

Primero profundizaré en la experiencia del sector salud sobre los cobros de servicios, de acuerdo con una clasificación socioeconómica; es decir, que el que más tiene, pague más, y el que tiene menos, pague menos. Esto se conoce como "proporcionalidad". En la práctica surgen varios problemas: las instituciones de salud reciben sus fondos según el arbitrio de la Secretaría de Hacienda. Para dicha decisión, siempre restrictiva, esta inapelable instancia del Ejecutivo exige que la institución obtenga una cierta proporción de fondos conocidos como "recursos propios", derivados del cobro de "cuotas de recuperación", asignadas a los servicios otorgados. Como siempre crece la necesidad de ser más austeros dentro de la austeridad prexistente, siempre surge la presión por incrementar tales recursos y la parte proporcional que otorga el Estado es cada vez menor. Esto se logra elevando los precios, o mejor, clasificando más adecuadamente a los usuarios, lo que casi siempre es al alza y, excepcionalmente, a la baja.

Segundo, el mecanismo de asignación de las clasificaciones es peculiar: tiene dos actores, el clasificado, a quien le queda claro que mientras más ingresos declare más le van a cobrar, lo que parece más una prueba de inteligencia que un instrumento para promover la equidad. Cuando es el caso, le es difícil demostrar que es pobre: no hay comprobantes de ingresos que lo acrediten como tal: no hay recibos de renta, luz, teléfono o demás servicios. En la atarjea en la que vive o en la vecindad que comparte con otros muchos, no hay esos documentos. Esto, además del autoagravio a su dignidad personal que implica hacer esa declaración. El asumirse como desposeído en la sociedad actual implica, automáticamente, hacerse merecedor de nada, si acaso de limosna.

El otro actor del proceso clasificatorio es el trabajador social, un profesional que indaga la realidad a través de lo que le deja ver su contraparte. Por ello, con frecuencia asume que el evaluado es un defraudador hasta no demostrar lo contrario, y basa su juicio en elementos tan objetivos como la ropa, accesorios o colonia de residencia. Frecuentemente las autoridades institucionales lo presionan porque "está clasificando demasiado bajo" a los pacientes. Así, tiende a clasificar alto y que el afectado se inconforme si le resulta oneroso. Entonces se le hará una visita domiciliaria en busca de elementos más objetivos. Si no se inconforma y abandona su asistencia, allá él, es su salud.

En conclusión, me parece que el proceso de clasificación en pos de la proporcionalidad para el pago de servicios es una entelequia teórica y en la práctica es un acto que no se cumple con justicia y atenta contra la dignidad de las personas. ¿Es algo parecido lo que se busca en el incremento "equitativo" de las cuotas de la UNAM?

Por otra parte, como profesor universitario recibo un magro salario y me inconformo por ello. Pero no creo que sea a través de cobrarle una cuota más alta a los alumnos como deberé obtener un ingreso satisfactorio. Es el Estado el que debe pagar a profesores e investigadores un salario justo. Para ello está su facultad de regir la economía. ¿Cómo se atreve a decidir que el pueblo cargue con la enorme deuda del Fobaproa o el rescate carretero, para ayudar a banqueros, inversionistas y defraudadores, y no asume la responsabilidad de proporcionar la educación superior, gratuita para alumnos y tranquilizante para los docentes e investigadores, insumos indispensables para sacar a esta nación del atolladero? No encuentro coherencia en este esquema de prioridades. Sólo con una gran miopía o con una enorme mala fe puede uno entender este rompecabezas.

Se argumenta que hay muchos alumnos "ricos" en la UNAM, pues muchos llegan en coche y, por lo tanto, podrían pagar cuotas más altas. Esto puede interpretarse en forma diferente: es una ventaja que en la UNAM se mezclen, como en un crisol, estudiantes de todos los estratos e interactúen como iguales que son. En esa amalgama todos se enriquecen y gozan de los mismos derechos y obligaciones. Si no pagan los ricos, no importa, suficiente hacen con aportar sus puntos de vista y actitudes al integrarse a la comunidad universitaria. Igualmente, si no pagan los pobres, no importa. Es una retribución mínima que se merecen como víctimas de un sistema corrupto y explotador.

Muchos de quienes tomarán la decisión sobre el incremento de cuotas en el Consejo Universitario han sido beneficiarios de la casi gratuidad de la UNAM. El resto lo han sido indirectamente. Por ese hecho son quienes son y están en donde están. Deberán meditar este punto cuidadosamente al votar.

La sociedad civil no puede aceptar el incremento de las cuotas. Más bien, debe demandar su abolición, no sólo en la UNAM, sino en todas las universidades estatales. Sólo así podremos salvarnos de la sentencia bolivariana, que inaugura esta nota.