Carlos Martínez García
Rector atrincherado
La forma en que el rector Francisco Barnés de Castro empujó para que el Consejo Universitario aprobara las nuevas cuotas en la UNAM, es un ejemplo de autoritarismo que creíamos extirpado de la institución. Eso de anunciar la realización de la reunión del Consejo en su sede normal de Rectoría, para después cambiarla en secreto al Instituto Nacional de Cardiología, fue una triquiñuela propia de quien da la espalda a la comunidad universitaria que encabeza. Es lamentable que en un asunto tan importante, las autoridades de la universidad se hayan puesto a jugar escondidillas.
A diferencia de lo afirmado por el doctor Barnés, en el sentido de que en la comunidad universitaria se había dado un amplio diálogo acerca de su propuesta de modificar las cuotas, me parece que el debate sobre el significado de que la UNAM sea un organismo descentralizado del Estado y en consecuencia la educación que imparte deba ser gratuita se eludió con diatribas y descalificaciones hacia quienes señalaron el espíritu y la letra del artículo tercero constitucional. Tal vez el no poder demostrar que el artículo mencionado (en sus fracciones I, IV y V) establece lo que ellos quisieran, fue lo que llevó a los hermeneutas de la Rectoría a evitar a toda costa un intercambio de razones con estudiantes y académicos, que dijeron claramente que el tema debía discutirse a partir de la norma constitucional y no como un asunto de montos mayores o menores en las cuotas a pagar por los estudiantes.
El punto de lo que dice la Constitución, en lo tocante a la gratuidad de la educación impartida por el Estado, ha sido escamoteado por el rector, mal entendido por quienes de buena fe ven el aumento de cuotas como vía para allegar más recursos económicos a la universidad o de plano ignorado por críticas simplificadoras, que reducen todo a que los estudiantes opositores a las nuevas cuotas son insensibles a las necesidades de su universidad y rebeldes por naturaleza a cualquier propuesta que provenga de las autoridades. Incluso, se ha llegado al extremo de afirmar que los bajos sueldos percibidos por los académicos se deben a que la comunidad estudiantil no paga cuotas dignas de ese nombre. Una lógica de este tipo culpabiliza a las víctimas de una política gubernamental vigente desde hace poco más de quince años, consistente en castigar presupuestalmente a las universidades públicas del país.
El retroceso constante en las finanzas de la UNAM, y el deterioro que ello ha significado para las condiciones de enseñanza y estudios, se debe en mayor parte al recorte de fondos de una política económica que en los últimos tres sexenios ha sido diseñada para proteger a los especuladores financieros y depauperar a la mayoría de los mexicanos.
En lugar de contextualizar las causas de por qué la UNAM carece de los recursos económicos necesarios, el rector y sus huestes eligieron esconderse y aprobar, de una manera ominosa, las nuevas cuotas que violentan a la Constitución mexicana y ofenden y desprecian a los miles de estudiantes que han marchado para exigirle a las autoridades universitarias un diálogo auténtico sobre el tema. Las amenazas de sanciones del Jurídico de la universidad contra los estudiantes que dirigieron los paros de actividades en distintas dependencias de la casa de estudios, son desplantes policiacos que niegan el espíritu universitario. Y qué decir del mal intencionado jueguito de citar a los consejeros universitarios en distintos lugares para de ahí llevarlos al lugar mantenido en secreto hasta el último momento donde subrepticiamente se daría una sesión del Consejo Universitario, sólo comparable con aquella toma de posesión de Guillermo Soberón en un estacionamiento de Ciudad Universitaria, por no poder hacerlo en la Rectoría.
La cátedra del doctor Barnés de Castro, perpetrada en un recinto ajeno a la UNAM, es una muestra de la política del descontón. La antítesis de lo que se espera aprendan los estudiantes en sus años de asistir a la universidad nacional. Es muy preocupante que el rector haya optado por técnicas telequinésicas (movió el Consejo Universitario de su sede natural a otra, de una manera que cualquier mago le envidiaría) para lograr la aprobación de su propuesta, en lugar de seguir el lento pero más fructífero camino de discutir a fondo con su comunidad el futuro de la universidad.
El rector ha lanzado palabras duras contra los nutridos contingentes estudiantiles que cuestionan su plan, pero esa misma firmeza la deja de lado cuando de diagnosticar el papel gubernamental se trata. Dice el funcionario que ''el gobierno federal ha cumplido el encargo de la sociedad, al entregarle anualmente los recursos fiscales que requiere para su operación'' (Universidad responsable, sociedad solidaria, p. 2). Tan no ha cumplido, que por eso Barnés operó la aprobación de las nuevas cuotas atrincherado fuera de la UNAM.