EL RECURSO EN LOS HECHOS.-
El Recurso de Protecci�n presentado ante la corte, relata en forma relevante los siguientes hechos que a juicio de los recurrentes establecen los atropellos por parte de la Municipalidad, en la persona del Alcalde de Hualp�n, a los derechos constitucionales que establece la Carta Fundamental de la Republica:
"Es del caso --dice el recurso--, que los recurrentes, nos vemos afectados en nuestras garant�as constitucionales m�s abajo individualizadas, al vulnerarse la autonom�a que nos otorgan la Ley y nuestros estatutos, para el libre ejercicio del derecho de asociaci�n consagrado en la Carta Constitucional, al neg�rsenos por parte de la recurrida el reconocimiento y las certificaciones y documentaci�n necesaria para el desarrollo de nuestras actividades vecinales". Agrega que por causa de esta misma ilegalidad, a la fecha "se nos ha hecho perder un proyecto de CONACE, para la prevenci�n de droga, que iba a beneficiar a cerca de 40 ni�os del sector; Se nos hizo perder otro proyecto para concretar la ampliaci�n de nuestra sede social; se nos tiene paralizado el funcionamiento de tres comit�s funcionales, con m�s de 80 pobladores que esperan concretar sus proyectos de reparaci�n de techumbres, fachada y construcci�n de rejas, y corremos el riesgo de perder la pavimentaci�n participativa en cuatro pasajes del sector, perjudicando con ello a 24 familias de de nuestra unidad vecinal". "Todo ello --agregan al margen del escrito--, sin contar que se sienten amenazados en cuanto a no recibir este a�o los juguetes que normalmente la Municipalidad entrega para los ni�os de la unidad vecinal con motivo de las pr�oximas fiestas de fin de a�o".
M�s adelante se relata en el texto del recurso, c�mo el ex presidente H�ctor Delgado fue primeramente sancionado con la supensi�n, conforme a Estatutos, y luego, con la "censura", conforme a la Ley, en ambas ocasiones por su p�blica negativa a entregar antecedentes relacionados con la inversi�n de alrededor de 16 millones de pesos que la junta de vecinos ha recibido por concepto de fondos fiscales, independientemente que en secreto haya rendido alg�n tipo de cuenta ante el Ministerio del Interior y/o Contralor�a.
Posteriormente el recurso aclara que Delgado se hallaba suspendido al momento de conocerse el fallo del TER que no dio lugar a una reclamaci�n interpuesta por un vecino socio en contra de su postulaci�n como candidato cuando ejerc�a en la ilegalidad, por lo que no hubo ni ha habido intenci�n de oponerse al cumplimiento del fallo, ya que Delgado ejerc�a como presidente cuando fue sancionado con la suspensi�n, por grave incumplimiento a sus obligaciones, a los acuerdos del directorio, de la asamblea, de los estatutos y a las disposiciones de la Ley.
Tambi�n hace notar el recurso que la posterior censura que lo ces� en el cargo, fue aprobada por la unanimidad de los socios que pudieron votar en la asamblea extraordinaria citada al efecto por hallarse con sus cuotas debidamente al d�a, conforme lo establece el Art. 13 de los estatutos, los que son de pleno conocimiento de Delgado..
Agrega en la parte expositiva, que con fecha 31 de julio fue solicitado un pronunciamiento al Tribunal Electoral Regional sobre la situaci�n planteada, ante el cual el TER resolvi� que �no le es dable emitir opiniones o informes, como el solicitado en la presentaci�n de autos��. Esto, por hallarse presuntamente pendiente de resoluci�n un recurso de reclamaci�n que habr�a presentado el propio H�ctor Delgado en contra de los cuatro dirigentes en ejercicio, pero del cual hasta la fecha de este despacho, no han sido notificados.
Y la gravedad de la omisi�n alcaldicia se deriva del grave da�o que causa a la junta de vecinos en no dar curso al reconocimiento qure ordena la Ley, ya que la resoluci�n final sobre un recurso eventualmente reci�n interpuesto ante el TER podr�a tardar varios meses, y los dirigentes que recurren estiman que sin perjuicio de ello, la Municipalidad de Hualp�n no tiene atribuciones y no puede mantener paralizada a la junta de vecinos, porque se tratar�a de �calificar� por su cuenta lo obrado conforme a la Ley 19.418 y a los estatutos, y sobre cuyas disposiciones el Alcalde est� obligado a proceder, en respeto a la autonom�a de la junta de vecinos. "Lo contrario es simplemente desobediencia a la Ley", sentencian.