Numerosos son los ejemplos que nos dejaron los esc�ndalos en Chiledeportes, al utilizar como destinatarios de dineros fiscales a organizaciones sociales de fachada, o simplemente inexistentes por mal constituidas.
Otros ejemplos pueden hallarse en la utilizaci�n de organizaciones sociales como receptoras de platas fiscales para fines cuya inversi�n la autoridad no verifica en terreno, permitiendo que los objetivos reales sean burlados, como es el caso de algunos recursos del fondo social Presidente de la Rep�blica.
En este �ltimo caso, el Fondo entrega sus recursos a trav�s de determinadas oficinas parlamentarias, cuyos operadores son los encargados se tramitar la aprobaci�n de proyectos en favor de dirigentes inescrupulosos, enquistados en organizaciones sociales cuyas bases han sido debilitadas al extremo de impedir el normal funcionamiento de sus organismos de control, para no dejar al descubierto el destino �ltimo y real de los dineros, rendidos incluso ante la Contralor�a, con facturas de proveedores tambi�n inescrupulosos, que no reflejan la realidad de la inversi�n realizada.
Y todo este andamiaje se repite entre organizaciones sociales de todos los tama�os y de toda naturaleza, que por el s�lo hecho de tener una personer�a jur�dica, reciben recursos fiscales, incluso con intervenci�n directa de municipalidades, adem�s de la de parlamentarios, de modo que los dineros puedan convertirse finalmente en votos, o vayan a parar impunemente al bolsillo de funcionarios...
Ello ocurre en parte debido a los vac�os legales que no establecen sanciones de peso frente al incumplimiento evidente y flagrante de normas que el legislador puso justamente para evitar abusos y el "apernamiento" por parte de dirigentes inescrupulosos, que se fortalecen adem�s gracias a la desidia a veces calculada de las autoridades municipales, administrativas y hasta judiciales que son las encargadas de regular el funcionamiento de las organizaciones sociales.
Algunos de estos vac�os est�n en la propia Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y Dem�s Organizaciones Comunitarias:
Por una parte, la Ley no sanciona el incumplimiento de la disposici�n expresa contenida en la letra a) del Art. 24� de ese cuerpo legal, que ordena la cesaci�n del cargo al dirigente que ha cumplido el per�odo para el cual fue elegido. El propio Tribunal Electoral de la Octava Regi�n, dict� recientemente su fallo rechazando la reclamaci�n presentada en contra de dirigentes que, ejerciendo ilegalmente tras ser cesado por la Ley, se postularon como candidatos y resultaron elegidos --uno como titular y dos como suplentes--, apropi�ndose de y manipulando los registros de socios, en una comunidad atomizada, disgregada, tras diez a�os de... �dictadura?
Por otra parte, las autoridades municipales, amparadas en la opini�n de "expertos", se permiten en ocasiones desconocer gravemente las disposiciones estatutarias que tienen por objeto complementar a la Ley en todo lo que �sta no diga. Y pese a su legalidad, tras ser aprobados por la propia municipalidad, se oponen, por ejemplo, a que un presidente de junta de vecinos pueda ser temporalmente "sancionado" por sus malas pr�cticas o conducta gravemente re�ida con las disposiciones legales o de los estatutos; se oponen tambi�n al ejercicio leg�timo de un vicepresidente, rest�ndole validez al articulado de esta verdadera ley interna que dice --como en todos los estatutos tipois de todas las organizaciones--, que es atribuci�n del vicepresidente "en caso de ausencia o imposibilidad del presidente, subrogarle en el cargo, con las mismas atribuciones y obligaciones de �ste".Ese planteamiento, adem�s de ser una aberraci�n jur�dica, atenta contra la verdadera filosof�a de la "autonom�a", cuando las organizaciones quieren y se rebelan para "limpiarse" por dentro.
A todo esto se suma el secretismo o resguardo de altos funcionarios que tienen a su cargo, por ejemplo, el control sobre los fondos fiscales presidente de la rep�blica, los que se niegan a
entregar informaci�n que permita verificar en terreno la ejecuci�n o inversi�n de los dineros recibidos. �Es que temen que se descubran nuevos esc�ndalos?
Por �ltimo, y aparentemente para no hacerse problemas, la autoridad muchas veces estimula o permite la proliferaci�n de organizaciones con personer�a jur�dica, desatendiendo las normas regulatorias, como es el caso de las uniones comunales, para cuya existencia deben contar con organizaciones bases --como las juntas de vecinos--, que hayan previamente acordado su incorporaci�n a ellas en asamblea extraodinaria de socios, conforme a disposici�n expresa de la Ley. Una organizaci�n mal constituida, tambi�n es terreno f�rtil para la corrupci�n.
Todo parece estar coordinado para impedir la transparencia; para seguir disfrutando de los abusos que permite el caos; para presionar o perseguir a quienes se atreven a dar voces de alerta, neg�ndoles su leg�tima participaci�n ciudadana, o la sana ayuda que requieren y que se deriva de ella, a veces, hasta con amenazas y amedrentamiento.
Es necesario que los legisladores honestos se unan ya, sin distingo de tiendas o tendencias, para preocuparse de estas organizaciones que lejos, son el mejor fundamento de la verdadera democracia.