La Participaci�n Ciudadana ha sido la gran apuesta del Gobierno de Michelle Bachelet. Pero en contra de los ideales presidenciales, y casi olvidadas frente a las grandes irregularidades que copan las primeras planas, al interior de la sociedad civil, en organizaciones tan b�sicas de la poblaci�n, como son las juntas de vecinos, no todo funciona como parece ni como debiera: Existe la usurpaci�n del poder, que perjudica brutalmente los leg�timos anhelos de atenci�n equitativa de la poblaci�n a quienes este flagelo afecta.
Lo que ocurre es alarmante, porque adem�s de la falta de voluntad para resolver, existen vac�os legales, o a lo menos una gran debilidad en la Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, que permite la violaci�n flagrante de disposiciones que est�n all� justamente porque el legislador quiso evitar abusos y arbitrariedades por parte de dirigentes inescrupulosos.
Pero m�s alarmante a�n, es que tales violaciones parecen ser ignoradas por las propias autoridades, permitiendo �a sabiendas o no�, que ellas subsistan junto a las numerosas irregularidades subsecuentes que surgen como cadena una tras otra, hasta convertirse finalmente en abierta corrupci�n. Y la corrupci�n se combate con voluntad y con respeto irrestricto a las leyes y normas establecidas, pero en cada rinc�n del pa�s, en la regi�n, en la comuna, o el vecindario...
Tal es el caso �a modo de ejemplo�, de la facilidad con la que estos dirigentes cesados, ilegales, o no constituidos como la Ley manda, pueden tramitar fondos p�blicos, dineros fiscales, a trav�s de proyectos como el fondo de desarrollo social �presidente de la rep�blica� u otros, con cuyos recursos adem�s logran la �captura de votos�, o el respaldo de �socios cautivos�, a la hora de renovar un directorio o de impedir el mecanismo de censura que la ley dispone.
Sin ir m�s lejos, aqu� en Hualp�n, dirigentes ya cesados en sus cargos por imperio expreso de la Ley 19.418 (Art. 24 letra a), usurpan el poder frente a la inercia de las autoridades comunales y frente a la indiferencia de otras que, pudiendo contribuir a que ello no ocurra, no hacen nada, y por el contrario, contin�an trabajando con los ilegales, intentando legitimar sus actuaciones que caen fuera de la Ley, con pleno conocimiento de los hechos.
Estando cesados lograron que la Municipalidad les otorgara un certificado de vigencia, aun sin actualizar la composici�n del directorio tras la oportuna renuncia de uno de sus miembros, certificado que habr�an obtenido adem�s para ser presentado nada menos que al �Fondo Social Presidente de la Rep�blica�, seg�n reza el propio documento, y suma...
Esto ocurre en la Junta de Vecinos 44-C �Jos� Miguel Carrera�, que pertenece a la Uni�n Comunal �Integraci�n y Desarrollo� cuyo presidente, seg�n el sitio web de la Municipalidad de Hualp�n, es adem�s concejal de la comuna, y quien, sin perjuicio del debido conocimiento de las normas en raz�n de su cargo, y al igual que el resto de los concejales recibi� la informaci�n del caso. Es m�s: la Comisi�n Electoral en funciones inform� a la Asamblea que este personero declin� la petici�n de servir como �mediador� entre esa Comisi�n y los dirigentes salientes.
�Qui�n le pone el cascabel al gato?
Ocurre que la Ley es inadecuada, al dejar la soluci�n de sus problemas internos en las juntas de vecinos, a la propia Asamblea, por la v�a de la �censura�, despu�s de la cual el dirigente censurado cesa en su cargo conforme al Art. 24 letra d). El sistema es inadecuado, porque los dirigentes ilegales se las arreglan para mantener debilitada y diezmada o atomizada a la asamblea, gobernando s�lo con un peque�o grupo de adeptos �socios cautivos�, e impidiendo la fuerza que la Asamblea necesita para censurar. Y aunque finalmente lo lograran los vecinos afectados, nadie garantiza que los ilegales cumplan con el mandato de la Ley, como ocurre en el caso que aqu� se denuncia, haciendo para ellos que la ley sea s�lo �letra muerta�.
�Cu�ntas organizaciones con personer�a jur�dica tienen su estructura directiva viciada?, y �cu�ntas de ellas tramitarn la obtenci�n de fondos fiscales?
La Municipalidad, es la �nica autoridad que puede ejercer control sobre las juntas de vecinos y organizaciones sociales, y para ello, s�lo le basta hacer cumplir las normas y numerosas disposiciones contenidas en la Ley. Porque a pesar de su autonom�a, las juntas de vecinos deben informar oportuna pero verazmente acerca de su estructura al organismo municipal, bajo apercibimiento de no ser atendidas..
