Cadena de Hortalizas de Antioquia
Acuerdo Competitividad Regional – Base legal
Organizaciones de cadena.
De acuerdo con la Ley 811 de 2003, se entiende por cadena el conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su comercialización final. Está conformada por todos los agentes - empresarios, gremios y organizaciones más representativas - que participan en la producción, transformación, comercialización y distribución de materias primas, insumos básicos, maquinaria y equipos, productos intermedios o finales, en los servicios y en la distribución, comercialización y colocación del producto final al consumidor.
Las organizaciones de cadenas debidamente inscritas y que en sus reglamentos prevean un mecanismo para solucionar los conflictos derivados de la aplicación de los acuerdos, se constituyen en cuerpos consultivos del Gobierno Nacional respecto a las orientaciones y medidas de política que les conciernen, a la vez que se constituyen en órganos de concertación permanente entre los distintos eslabones de las cadenas y entre estos y el Gobierno.
Solo una organización de cadena por producto o grupo de productos, como en el caso de las hortalizas, se puede inscribir ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dado que ya existe y está inscrita la Cadena de hortalizas a nivel nacional, la organización de zona o región productora de la misma cadena, para el caso específico de Antioquia, será comité de la organización nacional, con derecho a la representación en el seno de esta.
Acuerdo de competitividad.
La organización de cadena, es un espacio de diálogo y su misión surge de una libre decisión de sus integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad, después de un análisis del mercado y de su propia disposición para adecuarse a las necesidades de sus socios de cadena. Los integrantes de una organización de cadena ponen a disposición de esta sus organizaciones y sus estrategias, que en lugar de confrontarse se coordinan con el fin de obtener un mejor desempeño económico a su vez colectivo e individual, suscribiendo una serie de compromisos en lo que se denomina Acuerdo de competitividad.
De acuerdo con la citada Ley, los acuerdos establecidos deben contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos:
1. Mejora de la productividad y competitividad.
2. Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena.
3. Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena.
4. Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo.
5. Mejora de la información entre los agentes de la cadena.
6. Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena.
7. Manejo de recursos naturales y medio ambiente.
8. Formación de recursos humanos.
9. Investigación y desarrollo tecnológico.
La obligatoriedad de los acuerdos está subordinada a la adopción de sus disposiciones por parte de los miembros de la organización de la cadena, por decisión unánime. Los acuerdos que no involucren a todas las partes podrán ser adoptados siempre y cuando la parte no involucrada no se oponga de manera explícita a ello.
Financiación de las cadenas.
Los acuerdos de competitividad refrendados por el Gobierno, se incorporarán a las políticas y presupuestos gubernamentales, con el fin de adelantar las acciones acordadas como compromiso del sector público. De la misma manera, el Gobierno dará prioridad en el acceso a los incentivos establecidos a los miembros de las organizaciones de cadena inscritas.
Las organizaciones de cadena quedan habilitadas para recibir aportes de sus miembros, destinados a sufragar los costos de su funcionamiento. Los fondos parafiscales, que posean activos aptos para desarrollar las actividades necesarias para la realización del Acuerdo de Competitividad, o hayan desarrollado estudios o desarrollen actividades que generen información específica para los propósitos del mismo, podrán destinarlos a los fines de la Organización de Cadena. Así mismo, se faculta el uso de recursos de los Fondos Parafiscales para contribuir a cubrir los gastos de funcionamiento de las organizaciones de cadena.