REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD YACAMBU

CONTADURÍA PÚBLICA

Heydi Cordero

 

SECTOR PETROLERO E INDUSTRIAL

 

Introducción

 

A partir de 1917, al dar inicio a la explotación petrolera, se abre un nuevo período en la historia venezolana en el cual se opera todo un conjunto de transformaciones significativas en los distintos aspectos de la sociedad, los cuales en la medida extrema han permitido "superar" el estancamiento característico de un país agropecuario.

Este fenómeno traerá consigo las inversiones extranjeras, motor fundamental de ese conjunto de cambios. Estas empresas inversionistas, al principio van a tener participación a nivel nacional en la explotación de hidrocarburos, luego en la mineral de hierro y posteriormente en la industria, el comercio, los transportes y en menor grado, la agricultura, ya que con la apertura de las vías de comunicación, los productos agrícolas aumentaron en el mercado interno fomentando el mayor consumo, constituyendo lo que hasta nuestros días es la economía nacional; si se puede llamar nacional, pues con el fenómeno de la globalización no sabemos que es nuestro y que no lo es.

Por ende en este trabajo se busca desarrollar de manera puntual el papel de la producción petrolera en la economía venezolana así como el rol de la industria manufacturera en la economía nacional.

 

 

Cabe destacar que en Venezuela, la primera concesión para explotar asfalto se otorgó en el año 1854, pocos meses después de promulgado el primer Código de Minas. Once años más tarde, en 1865, el Estado otorgó la primera concesión petrolera, que caducó antes de cumplir un año. Luego de constituirse la primera compañía comercial venezolana de petróleo, con el nombre de Petrolia del Táchira, en el año 1878, se dieron algunas concesiones en forma ocasional.

Sin embargo, Venezuela tuvo una economía precaria hasta la aparición del petróleo en la década de 1920, puesto que su comercio internacional comprendió la exportación de café, además de cacao y otros productos agrícolas, en cantidades muy modestas. Estos productos sufrieron los vaivenes de los precios internacionales, que indicaban la prosperidad o la ruina de la nación. Asimismo, las divisas obtenidas por las exportaciones permitieron importar manufacturas y alimentos, aunque en cantidades limitadas, correspondientes al valor de las exportaciones. Por tal razón, los productos importados estaban destinados a la pequeña población urbana del país, que en 1920 no superaba el 15 % de la población total.

El resto de las actividades económicas, cuyo destino no era la exportación, lo constituyó, básicamente, una débil agricultura comercial, destinada al consumo interno, que producía maíz, frutas, hortalizas y carne de ganado. Además, estaba ampliamente extendida la agricultura de subsistencia, representada por el conuco. La industria manufacturera fue muy precaria.

En ese sentido, a partir de 1907, cuando se comienza a establecer la industria petrolera, el desarrollo de dos gigantescos monopolios petroleros se fue dando, los cuales adoptaron los nombres de Standard Oil Company y Royal Dutch Shell.

Estos dos grandes consorcios petroleros internacionales comenzaron sus actividades en territorio venezolano de forma intensiva, compitiendo agresivamente por lograr las mejores negociaciones, en el marco de la nueva Ley de Minas. Esta ley otorgaba las concesiones por un período de cincuenta años, con el compromiso de que las compañías comenzaran a explotarlas dentro de los cuatro años siguientes al otorgamiento del título.

Las primeras concesiones otorgadas en el régimen de Cipriano Castro fueron cedidas a un número de venezolanos que luego las traspasaron a los consorcios petroleros internacionales. En 1907, debido a los conflictos del gobierno de Castro con las potencias europeas y con los Estados Unidos, el otorgamiento de estas concesiones fue temporalmente suspendido. Sin embargo, en 1908, con la llegada de Juan Vicente Gómez al poder, la entrega de concesiones a los monopolios petroleros internacionales se reinició de forma acelerada.

La industria petrolera venezolana inició formalmente sus actividades a nivel comercial a partir del año 1914, y desde ese momento pasó a ser la más importante del país, pues se constituyó como una fuente estratégica de energía, que le permitió abrirse campo en los mercados internacionales de exportación e inversión. De esa manera, apareció la figura de la concesión, que el Estado brinda a las compañías transnacionales para explorar y explotar el recurso.

La política petrolera de Gómez estuvo influenciada por diferentes aspectos. En primer lugar, se fueron asentando las bases de un negocio estable. En segundo lugar, intentó evitar la dependencia de una sola compañía o de un solo país. En tercer lugar, trató de obtener del fisco nacional cuanto fuera posible en cada momento, así como buscó atraer inversionistas y mantenerlos satisfechos. Por último, favoreció a sus allegados y amigos.

Pero fue a partir de la década de 1920 cuando el petróleo se convirtió en la mayor fuente de divisas del país y se impuso ante los renglones tradicionales de producción como lo fueron el café y el cacao en años anteriores.

Esto se debió a que luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, el interés de las compañías internacionales por el petróleo venezolano aumentó puesto que en el transcurso del conflicto, el hidrocarburo mostró todo su potencial como recurso energético.

Por lo tanto, para la década de 1930, el debate acerca de cómo se podía incorporar la renta petrolera a la economía nacional fue iniciado por el ministro de Fomento, Gumersindo Torres, quien fue el promotor de la creación de la primera Ley de Hidrocarburos en el año 1920. Con este compendio de leyes se separaron los hidrocarburos del resto del sector minero; las regalías que debían pagar las compañías europeas se incrementaron al 10% y se creó la reserva nacional. Para Torres la renta no representó un esfuerzo efectivo, porque la economía del país no podía absorber este capital de la misma manera que ocurría en los países desarrollados. Entonces, el Estado sería el encargado de redistribuir los beneficios a partir del impulso de la economía y de la creación de una industria fabril.

Por ello se puede observar que la aparición de la renta petrolera alteró la realidad venezolana ya que su importancia fue tal que no solamente se evidenció en los considerables volúmenes de dinero percibidos por el país desde principios del siglo XX, sino en las estructuras políticas, económicas y sociales del país.

Esto se puede evidenciar debido a que durante el gobierno de López Contreras la recesión en la economía agrícola venezolana era bastante más palpable, y el petróleo poco a poco se estaba convirtiendo en el mayor ingreso de la nación. Alberto Adriani, ministro del gabinete de López Contreras, pensaba que era importante reinvertir el ingreso obtenido de la venta de este hidrocarburo en la reactivación del cultivo del café, del cacao y de otros rubros que históricamente caracterizaron la economía venezolana. Por eso, Adriani trabajó, entre otras cosas, para convertir el Banco Agrícola y Pecuario en una institución que protegiera la agricultura, especialmente lo concerniente al otorgamiento de créditos. De igual manera, propuso que el lucro que se obtenía del petróleo contribuyera a mejorar las condiciones de aquello en lo cual los venezolanos habían fundamentado sus ingresos durante cuatrocientos años: la agricultura.

En 1936 López Contreras ofreció al país una serie de medidas que apuntaron a su desarrollo y evolución en todos los ámbitos (políticos, económicos, sociales, educativos y militares), lo que se conoció como el Programa de Febrero de 1936.

Terminado el gobierno de López Contreras, asumió el poder el general Isaías Medina Angarita, quien decidió establecer algunos cambios en la relación entre el Estado venezolano y las industrias transnacionales del petróleo. De estos estudios surgió el anteproyecto de la Ley de Hidrocarburos, que estableció la política del fifty-fifty. Este hecho representó un gran paso en cuanto a la participación del país en las ganancias del sector petrolero.

Pero fue hasta en 1959 que se retomaron gran parte de las políticas económicas iniciadas entre 1945 y 1948. El Estado se convirtió en el gran promotor de la industrialización y la modernización de la agricultura, puesto que una de las políticas más relevantes fue la sustitución de importaciones, con lo que se pretendió que en el país se produjeran parte de las manufacturas y los productos agrícolas que hasta entonces se importaban.

El Estado tuvo también sus propias instituciones para canalizar los recursos petroleros hacia el fomento de la industria y la agricultura nacionales, tales como la Corporación Venezolana de Fomento, el Fondo de Crédito Industrial, Corpoindustria y el Banco Industrial. Además, gracias al decreto 512 de 1959, que promovió el lema «compre venezolano», las empresas nacionales tuvieron prioridad como proveedoras de bienes y servicios para el Estado.

Por otro lado, el Estado se reservó la propiedad de las empresas básicas: hierro, acero, aluminio, electricidad y petroquímica, ya que servían para fomentar una cadena de empresas privadas que utilizarían los insumos industriales ofrecidos por el Estado para transformarlos. Así, por ejemplo, gracias al hierro y al acero, puestos a disposición a precios bajos por la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), se pudieron desarrollar empresas privadas en el sector metalúrgico.

Gracias a esta combinación de medidas, el sector privado se desarrolló a la sombra de un Estado que lo protegió de la competencia internacional, le otorgó créditos con cómodas condiciones y le garantizó estabilidad económica. Dicha política de sustitución de importaciones estuvo vigente entre 1959 y 1989.

Por ello se dice que el petróleo no sólo sirvió para fomentar la economía sino que durante las décadas de 1960 y 1970, se llevaron a cabo políticas que masificaron la educación y la salud a escalas inéditas en la historia nacional. La masificación de la educación, en todos sus niveles, fue un canal de ascenso social de primer orden. También se realizaron grandes inversiones que llevaron electricidad y agua potable a casi todo el país. La construcción de autopistas y carreteras continuó hasta principios de la década de 1980.

En 1975, la industria del petróleo fue nacionalizada, hecho que determinó la tendencia hacia la dependencia de este rubro. Dependencia que aumentó las migraciones de los campos hacia las ciudades en búsqueda de mejores condiciones de vida, lo cual provocó que un mayor porcentaje de pobladores se establecieran en las principales urbes, lo que creó un caos de sobrepoblación, problema que persiste aún hoy en día.

Se puede decir que diversos aspectos económicos y legales influyeron en la consolidación de la industria petrolera en Venezuela; por ejemplo, la creación, en 1960, de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); la primera con carácter nacional y la segunda para la defensa de los precios internacionales del crudo. También influyó en ese proceso la promulgación, en 1971, de la Ley de Bienes Afectos a Reversión, la cual permitió que el estado venezolano tomara posesión de las instalaciones petroleras.

Otro avance en la industria del petróleo fue la creación de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), en 1975, la cual fue fundada con miras a convertirse en la casa matriz de la nueva industria petrolera nacionalizada a partir del 1 de enero de 1976. La corporación se estructuró por medio de una ley especial en la que, con gran visión, los legisladores de entonces redactaron disposiciones que la habrían de proteger de las flaquezas y fallas seculares de las empresas estatales. Entre ellas figuraba el mandato de operar como unidad de negocios, evitando la participación directa en programas de índole social. Otras disposiciones de importancia crucial garantizaron condiciones a los trabajadores que aseguraran su continuidad en la empresa. Hasta 1999, todos los gobiernos nacionales brindaron gran apoyo a PDVSA y respetaron las leyes que la regían. Ello permitió que la empresa se consolidara, y mantuviera su autonomía operacional y financiera y condujera sus planes con visión de largo plazo.

Esta casa matriz coordinó hasta 1997 las operaciones de sus 14 empresas filiales, las cuales, a lo largo de los años, fueron reducidas sólo a tres: Lagoven, Maraven y Corpoven. Posteriormente, en 1997, estas empresas filiales fueron disueltas para dar paso a la creación y adquisición de otras grandes empresas funcionales, cuya finalidad era duplicar la capacidad de refinación en el país, así como también la colocación de la mitad del crudo exportado.

El Estado, a través de PDVSA, ejecuta políticas de reforma para estimular el desarrollo de los factores productivos nacionales. Entre ellas, el plan de negocios 2000-2009, que busca maximizar el proceso de exploración a fin de compensar el agotamiento de las reservas de petróleo liviano y mediano a través de la producción de crudo pesado y extrapesado en la faja petrolífera del Orinoco, y que tiene previsto reinvertir las ganancias derivadas de la renta petrolera en bienes socioeducativos para la población.

Por otra parte, las nuevas realidades petroleras de Venezuela comienzan cuando una vez Chávez asumió la presidencia, se fueron moderando las acciones de la empresa en el ámbito petrolero. A manera de ejemplo se pueden citar sus palabras en el primer año de gobierno, durante la puesta en marcha de Petrozuata, el primero de los proyectos integrados de la Faja del Orinoco. Dijo: "Proyectos como éste nos hacen sentir orgullosos de ser venezolanos", pasando por alto de manera conveniente que esa ceremonia coronaba la visión y los esfuerzos de cinco años de la administración anterior, a la cual tanto había criticado.  Sin embargo, dentro de PDVSA se comenzó a sentir la intervención sectaria del mandatario recién llegado. Al tradicional puñado de designaciones directivas de otras administraciones, se sumaron despidos de grupos importantes de la gerencia y se comenzaron a sentir presiones y amenazas políticas en los niveles gerenciales y técnicos. Sin entrar en detalles del proceso subsiguiente, PDVSA despidió a 18 000 trabajadores, se fue convirtiendo en un apéndice político del gobierno nacional y cayó rápidamente en las malas prácticas que han caracterizado secularmente a las empresas estatales de los países en desarrollo.

Actualmente, la llamada "nueva PDVSA" no es más una empresa grande y con abundantes reservas, pero mediocre e ineficiente. Vale la pena señalar que la nómina actual contiene mucha más gente que la que tenía en 1999. A pesar de haber criticado ácidamente los planes de expansión de PDVSA heredados de la administración anterior, desde hace seis años el actual gobierno ha anunciado repetidamente planes de expansión similares, los cuales se posponen por un año cada año. Se plantea un aumento sostenido de la producción para alcanzar 5.5 millones de barriles diarios en los próximos seis años, apoyado en inversiones de 60000 millones de dólares, de los cuales 25000 millones provendrían del sector privado. También se ha venido anunciando y posponiendo la construcción de cuatro refinerías en territorio venezolano, más varias en otros países, y la construcción de múltiples gasoductos, además del inmensamente rezagado proyecto de exportación de gas natural licuado. Existe una gran brecha entre lo que se pregona y lo que se hace. Tal vez el indicador más importante es la capacidad de producción petrolera, la cual era de 3.5 millones de barriles diarios en febrero 1999, cuando asumió el poder el actual gobierno, mientras que hoy en día es de 2.5 millones de barriles diarios. Pero la disminución de 1.0 millones de barriles diarios no expresa por sí sola la magnitud del colapso, pues las empresas privadas producen 1.0 millones de barriles diarios. Eso quiere decir que PDVSA produce 1.5 millones, o sea que su capacidad ha mermado en 2.0 millones de barriles diarios.

Finalmente, conviene mencionar que esta información es bien conocida en el ámbito petrolero internacional, aunque las autoridades venezolanas pregonan que el país produce 3.3 millones de barriles diarios. Aunque los altos precios petroleros de los cinco años pasados han dado a Venezuela inmensos ingresos por exportaciones, la situación fiscal no es holgada, mientras el gasto sigue en aumento. El resultado ha sido un gran aumento de la deuda pública y varios retiros de las reservas internacionales del Banco Central. Una cuantiosa parte de los gastos fiscales corresponde a una multitud de programas sociales agrupados en buena medida dentro de las llamadas "misiones", y al abundante financiamiento brindado a docenas de países en América Latina y el Caribe, ya sea directamente o mediante entregas de petróleo, todo lo cual genera inmensas presiones económicas al gobierno nacional. Esa situación ha encontrado una conveniente confluencia con el discurso político-populista, para adelantar una campaña de presiones a las petroleras privadas que operan en el país, destinada a cambiar los términos de los contratos vigentes. Aunque el pretexto público fue el de rescatar la "soberanía vulnerada", la "migración" forzada de los convenios operativos a asociaciones con PDVSA permitió a la empresa nacional limpiar las considerables deudas acumuladas por retrasos en los pagos, lograr que las socias paguen por gastos e inversiones y, en definitiva, reducir las presiones financieras sobre PDVSA. El nuevo contrato establece el compromiso de cubrir mensualmente las necesidades financieras en las proporciones de participación. En ese sentido, se sabe oficiosamente que durante el tiempo transcurrido, que ya pasa de un año, PDVSA no ha pagado por sus compromisos y la deuda suma varios miles de millones de dólares. En los proyectos de la Faja del Orinoco, la regalía se aumentó hace algunos meses hasta 16.67%, poniendo fin a los convenios firmados durante la implantación de la apertura. Conviene destacar que los elevados precios petroleros aumentaron los ingresos de los proyectos mucho más rápido de lo que se anticipaba. En consecuencia, ese cambio era direccionalmente consistente con los contratos, aunque no así el carácter unilateral y contencioso con el que se abordó. En meses recientes, en la misma tónica de los convenios operativos se han anunciado cambios en los términos de las asociaciones estratégicas de la Faja del Orinoco. El gobierno nacional eligió el 1 de mayo para "el rescate de la soberanía nacional" en la Faja. El cambio de fondo sería un aumento de la participación de PDVSA en los cuatro proyectos para llevarlo a 60%, reduciendo así la participación de los socios. Eso implicaría que PDVSA tendría que pagar a los socios el incremento de su participación accionaria, que podría estar en el orden de 4000 a 6000 millones de dólares. Esas cifras se sumarían a las obligaciones atrasadas en los ex convenios operativos. También se ha anunciado que PDVSA tomará control de todas las operaciones de los mencionados proyectos, las cuales además de los campos, oleoductos y terminales, incluyen las complejas plantas de mejoramiento. PDVSA apenas puede operar sus propias áreas, así es que mal podría hacerse cargo de los proyectos integrados de la Faja. Eso hace presumir que los socios continuarán a cargo de las operaciones, al igual que lo ocurrido con los convenios operativos, a pesar del ruido efectista que difunden las fuentes oficiales. En cuanto a proyectos nuevos la lista es muy corta. La asignación de un par de áreas en la Plataforma Deltana, la asignación de un pequeño campo de gas, Yucal-Placer, la reciente asignación de varios bloques para exploración en la parte occidental del Golfo de Venezuela, y la asignación (a dedo) de varias áreas para evaluación técnica en la Faja, éstas últimas de dudosa justificación técnica.
En cuanto a la agenda petrolera internacional se puede ver que en el plano internacional la brecha entre los anuncios y las realidades es más evidente, comenzando por la relación petrolera con Estados Unidos. Desde los primeros tiempos de su gobierno, Chávez ha venido anunciando que suspenderá los suministros petroleros a Estados Unidos. A menudo, los anuncios van acompañados de la amenaza de desviarlos hacia China. Después de ocho años, el volumen tradicional de 1.3-1.4 millones de barriles diarios sigue fluyendo ininterrumpidamente hacia el norte. La explicación es sencilla: el gobierno estadounidense no es propietario de refinerías, terminales ni oleoductos y sólo en contadas ocasiones compra petróleo. El volumen de petróleo exportado por Venezuela a Estados Unidos es el resultado de docenas de contratos con clientes, vigentes durante muchos años, además de los volúmenes enviados a Citgo. Cabe destacar que ese mercado no sólo es el más atractivo, sino que la mayoría de los crudos venezolanos son ácidos y pesados y tienen allí sus nichos refinadores. Sin un plan coordinado de largo plazo, resultaría imposible desviar el petróleo venezolano hacia China, pues la primitiva y obsoleta red de refinación de ese país no podría recibirlo. Cuando Chávez ataca a Colombia y Perú por sus sendos tratados de comercio con Estados Unidos, pasa por alto de manera muy conveniente que Venezuela tiene el tratado comercial más grande de la región con Estados Unidos, con la excepción de México. El año pasado se exportó petróleo a Estados Unidos por 38000 millones de dólares, los cuales se sumaron a los 10000 millones de importaciones desde Estados Unidos. En cuanto a otras latitudes, se han firmado docenas de cartas de intención con muchos países, entre ellos China, Rusia, Argentina, Brasil e Irán, pero hasta ahora todo permanece en el tintero. Tal vez el anuncio que mejor expresa la estrategia efectista-política del gobierno venezolano en materia petrolera sea el del gasoducto del sur. Se trataría de una tubería de más de 10000 kilómetros para transportar gas natural de Venezuela a Argentina, cruzando Brasil. Un proyecto "para la integración de los pueblos suramericanos". Pero, en realidad, se trata de un proyecto muy costoso sin justificación económica posible, para transportar un gas que no existe a mercados que tampoco existen. Venezuela no dispone de las reservas de gas libre requeridas (unos 52 billones de pies cúbicos) y los sistemas de distribución en el sur son ineficientes y regulados. Los únicos proyectos internacionales que se han adelantado con éxito son los convenios destinados a vender petróleo a precio reducido y con condiciones de financiamiento blando a países de la región. La excepción es el proyecto del gasoducto que transportará gas de la Guajira Colombiana hacia el occidente de Venezuela, cuya construcción se encuentra ya muy avanzada.

Asimismo, la industria petrolera debe lidiar con el llamado Peak Oil, el cual  es hoy”, el punto de inflexión de producción de petróleo ya que se ha alcanzado el tope de productividad y en adelante los volúmenes extraídos se reducirán cada vez más. Ello, unido a la creciente demanda de países emergentes, como China e India, hace que el precio del petróleo suba inconteniblemente. Si bien un componente especulativo también lleva el precio hacia arriba, no es lo determinante.

 

Conclusiones

 

Uno de los más visibles efectos de la industria petrolera fue la cantidad de ingresos que el país empezó a recibir del exterior por la exportación de crudo. Este país, escasamente productivo, con una población mal alimentada y analfabeta, se encontró de pronto con la capacidad de importarlo todo. Las divisas que reportaba la exportación de petróleo superaron rápidamente las que se obtenían por el café y el cacao. Además, con una diferencia fundamental: en la Venezuela anterior al petróleo, el grueso de la población trabajaba en actividades agrícolas, algunas de ellas destinadas a la exportación. Es decir, el país era pobre porque pobre era su economía y escasa su productividad.

Con el petróleo, el vínculo entre trabajo y bienestar se rompió. Los venezolanos mejoraron rápidamente su calidad de vida sin que hubiera cambiado en su esencia la vieja y atrasada economía agrícola. El país comenzó a vivir de un ingreso que no era producto de su trabajo: la renta petrolera, la cual se entiende como el paso que dio el país de tener una economía agrícola a una economía dependiente de la explotación y venta del petróleo.

Por ende, la economía, es y seguirá siendo, el elemento que transformará la vida de todo hombre. En el caso de Venezuela, las concepciones económicas han estado siempre sujetas a la tierra. Primero con la agro exportación cuya base era la tierra y segundo la exportación petrolera, proveniente del subsuelo. Todo lo surgido, a raíz de la economía petrolera venezolana a partir del siglo XX, para bien o para mal, ésta es la realidad, que las cosas han podido ser mejor, nadie lo pone en duda. Venezuela al iniciarse el siglo XXI, si algo es prioritario, sin duda es evitar todos los errores cometidos, desde el siglo XX, que al parecer es el siglo más nefasto en la historia de Venezuela.

 

 


La industrialización en Venezuela

 

Introducción

 

El sector industrial es factor fundamental en el proceso de desarrollo de un país, su  función de productor de bienes y servicios finales, intermedios y de capital, su capacidad de creación de empleo y fuente de ahorro y generación de divisas le otorgan un papel clave en el ciclo de crecimiento económico. Venezuela como cualquier otro país cuenta con un importante sector industrial productor de bienes y servicios. El presente trabajo tiene como objetivo analizar el desempeño de la industria manufacturera venezolana desde sus inicios hasta nuestros días.

 

Tradicionalmente se ha considerado que la industria en Venezuela, salvo la petrolera, ha jugado, en la economía nacional, un rol notablemente menor que el comercio y la agricultura. El papel preponderante del Estado y del petróleo ha relegado a segundo plano el análisis y estudio específico del desarrollo del sector industrial manufacturero nacional. Apenas en 1950, con notable retraso, comienzan a realizarse y publicarse estudios estadísticos relacionados con la industria manufacturera venezolana de manera consecuente. A esto se le agrega la reducida recopilación de datos comparables, la falta de información sobre las actividades industriales, además de la heterogeneidad de los indicadores que manejan los diversos autores que han tratado el tema, por lo que hasta ahora existen muy pocos trabajos de investigación que muestren una evaluación minuciosa del proceso industrial venezolano, más allá de simples enumeraciones. Sin embargo, es posible rastrear, hasta la primera mitad del siglo XIX, los orígenes de la industria en Venezuela.

Todo comienza a mediados del siglo XIX, mientras los países europeos y Estados Unidos atravesaban el auge de la segunda Revolución Industrial, Venezuela presenciaba el incipiente surgimiento de las primeras industrias y de la infraestructura necesaria para su desarrollo. Como en otros países latinoamericanos, la industria en Venezuela se dirige en sus inicios hacia las manufacturas de consumo corriente: textiles, cueros, alimentos y bebidas. Y si bien existían anteriormente algunas otras actividades que podrían incluirse en este análisis, como algunas fábricas de jabón, de velas, curtidurías o de calzado, la verdad es que no superaban el nivel artesanal.

 Sin embargo, para finales del siglo XIX Venezuela contaba ya con una: fábrica de papel (1843), una refinería de azúcar (1859), una fábrica de pólvora (1860), una tenería (1981), molinos para el procesamiento de granos (1861), una fábrica de clavos (1873), una de chocolates (1861) y una fábrica de cigarrillos fundada en 1875 (El Cojo) que pronto tendría sucursales en Ciudad Bolívar, Valencia y Maracaibo.

La industria textil, que usualmente es de las primeras en los procesos industriales, comienza su producción a nivel fabril en 1858, con la entrada en funcionamiento del primer telar mecanizado en Venezuela, ubicado en las afueras de Caracas.

Toda la maquinaria utilizada por estas empresas era importada, desde los Estados Unidos y Europa fundamentalmente, situación que se mantendrá hasta los inicios del siglo siguiente. Es necesario señalar también, que el impulso para la industrialización de los países latinoamericanos en general, que se da en esta época, está determinado en gran parte por la inversión de capital extranjero proveniente mayormente de los Estados Unidos, que buscaba, entre otras cosas, asegurar mercados y socios comerciales con la finalidad de colocar y comercializar sus productos manufacturados.

El trazado de las vías férreas no obedeció a una política de integración del territorio, sino a un intento por vincular algunos de los principales centros de producción agrícola o minera al puerto de exportación más cercano. A inicios del siglo XX mientras en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, ésta influencia estadounidense se deja sentir con mayor fuerza, en Venezuela se establecen lentamente los cimientos de una infraestructura que se podría llamar moderna. La construcción de vías de comunicación ya estaba en marcha para este período y para finales del mandato de Juan Vicente Gómez (1936), Venezuela contaba con una red medianamente eficiente de transporte y comunicaciones. Por su parte el desarrollo de vías ferrocarrileras nunca alcanzó la importancia que tuvo en otros países de América Latina, funcionando básicamente como enlace con otras rutas comerciales o para el transporte de mercancía hacia la costa.

Durante los primeros veinte años del siglo XX se ven aparecer fábricas de mayor envergadura y se presencia el crecimiento de las ya existentes. Esto es posible gracias al mediano desarrollo de la infraestructura de transporte y servicio básicos de agua y gas. En este período se crean: la Fábrica Nacional de Fósforos (1904), la Fábrica Nacional de Cementos (1907), la Fábrica Nacional de Vidrio (1905), la Fábrica Nacional de Cigarrillos (1907), la Compañía Industrial de Manzanares (1921). Además de algunas fábricas cerveceras, plantas productoras de textiles y una planta de carne congelada ubicada en Puerto Cabello (1907), de propiedad inglesa.

Para 1915, según estadísticas publicadas en el Anuario Estadístico de Venezuela, se había invertido en el sector industrial manufacturero unos cincuenta y cinco millones de bolívares, en comparación con los ciento cuatro millones invertidos en ganado, los ciento setenta millones en transporte, doscientos doce millones en agricultura y trescientos dos millones en el comercio. Y si bien es cierto que estas cifras distan de ser exactas, pueden dar una idea del desequilibrio que se presenta entre el sector productor de manufacturas y el de comercio, lo que indica, entre otras cosas, la magnitud de las importaciones de productos manufacturados.

Los años siguientes, en Venezuela, están marcados por el transito de una economía cafetalera a una petrolera. En la década de los años treinta se deja sentir el influjo de la explotación petrolera en la estructura económica venezolana y el bolívar sufre una revaluación. Esto aumentó el costo de la producción y abarató el precio de las importaciones, lo que traerá como consecuencia la concentración de las firmas comerciales en la importación de bienes de consumo fundamentalmente.

A partir de 1936 se introdujeron importantes cambios económicos al conformarse un nuevo perfil de la acción estatal. La creación en 1937 del Banco Industrial de Venezuela favoreció el impulso de las manufacturas, aunque dirigido en su mayor parte al financiamiento de pequeñas empresas.

A través del Plan Trienal (1938-1941) se esbozaron los lineamientos del primer programa económico puesto en práctica en Venezuela, además de constituir el punto de partida de la aplicación concreta de políticas sociales, principalmente en las áreas de educación y salud.

Con base en la nueva concepción en torno al papel del Estado, el Plan Trienal ofrecía una propuesta de modernización económica mediante el fomento de la producción agrícola e industrial, objetivo que debía evolucionar en estrecha relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de las “masas” y su educación.

Durante la Segunda Guerra Mundial, a consecuencia de la restricción de las importaciones y de la limitada oferta mundial de artículos manufacturados, se hizo perceptible la presencia de condiciones favorables para promover la industria. Paralelamente a la ampliación de las plantas fabriles ya existentes, fueron creadas numerosas empresas pertenecientes a rubros no explotados hasta esos años. A pesar de las dificultades derivadas de la escasez de maquinarias e insumos, el proceso de industrialización se extendió durante los años de la contienda mundial, gracias al aporte de créditos por parte del Estado y al incremento de las inversiones privadas.

Por entonces, se abrió una intensa discusión en torno a los alcances de la intervención económica del Estado y a la exigencia de implantar medidas de carácter proteccionista. En este contexto, se comenzaron a trazar políticas orientadas al fomento del sector industrial, conceptuado como el eslabón fundamental en la estrategia de modernización de la estructura productiva.

Esta situación llevó a una crisis del sector industrial y agricultor que se mantendrá hasta el estallido de la segunda Guerra Mundial, cuando naturalmente se imponen grandes restricciones a la importación.  

A partir de 1939 Venezuela, junto con el resto de Latinoamérica, queda librada en gran medida a sus propias fuerzas. Así, comienza un crecimiento de la embrionaria actividad industrial venezolana y las fábricas incrementan su producción y expansión. Se crearon, entonces, fábricas procesadoras de alimentos, fábricas destinadas a la fundición, de productos farmacéuticos, de cauchos y mecánica. Es importante señalar que hasta este momento, el Estado no se había dedicado al diseño de una política consecuente con fines de coordinar los esfuerzos, tanto públicos como privados, hechos hasta entonces para lograr la evolución del sector industrial manufacturero nacional.

En 1946 fue creada la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), organismo destinado a otorgar financiamiento a las iniciativas privadas que pudieran contribuir al desarrollo de la producción interna tanto agrícola como industrial. Mientras se incrementaban las exportaciones petroleras, la economía experimentó un acelerado ritmo de crecimiento que se tradujo en la expansión de las inversiones privadas y públicas, así como también en la introducción de capitales extranjeros en agricultura y minería.

En 1948, se observó la intensificación de la acción del Estado en materia económica, tendencia que se había iniciado, como ya lo señalamos, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y prosiguió luego en los años de la posguerra. Precisamente, en la década de los cincuenta se puso en práctica el Nuevo Ideal Nacional, denominación que recibió la doctrina del régimen perezjimenista, que propiciaba el “reacondicionamiento gradual” del territorio nacional “en todos sus aspectos físicos, para hacerlo más apto a la civilización contemporánea”.  A partir de un esquema desarrollista y bajo un sistema político autoritario, se promovió la creación de sistemas de vialidad, infraestructura de uso agrícola, industrias básicas, electrificación, transporte y telecomunicaciones, obras turísticas, planes de vivienda, edificaciones escolares y unidades hospitalarias.

En el Nuevo Ideal Nacional se atribuía gran relevancia al desarrollo de la industrialización, que sería impulsada tanto por el sector privado como por el público. El Estado asumió la dirección de la petroquímica, siderurgia, teléfonos, electricidad y diversos servicios. También se proyectaron planes para incentivar la agroindustria, concretamente en los casos del maíz, arroz y azúcar, a fin de garantizar el abastecimiento de los principales productos de consumo interno.

A fin de acelerar el crecimiento manufacturero, el Ministerio de Fomento creó en 1955 la Dirección de Planificación Industrial y Comercial para coordinar “el desenvolvimiento económico industrial y comercial, con la producción agrícola, pecuaria y minera”. La protección debía estar orientada al apoyo de las industrias de “mayor consumo de materias primas nacionales” o de productos “esenciales y de primera necesidad”.

El efecto dinamizador del conjunto de políticas aplicadas en esa década tuvo resultados alentadores en breve tiempo. Mientras el incremento del PIB fue de 9,3% entre 1950 y 1957, a la industria manufacturera le correspondió un crecimiento de 11,3%.

En 1958, tras la caída del régimen perezjimenista, fue creada la Oficina Central de Coordinación y Planificación (Cordiplan), organismo que tenía como objetivo trazar los lineamientos de las políticas económicas para cada período presidencial. En el Plan Cuatrienal (1960-1964) se formuló de manera precisa el concepto de desarrollo económico que habría de materializarse mediante el impulso de la industrialización y modernización de la agricultura, todo ello bajo la acción promotora del Estado. Con relación a las manufacturas se propuso la aplicación de medidas de protección arancelaria y el otorgamiento de créditos al sector privado. Por su parte, el progreso de la productividad agrícola habría de lograrse mediante la asistencia técnica y financiera, paralelamente a la eliminación del latifundio, aspiración que formaba parte de la Ley de Reforma Agraria dictada en 1960. Además, se evaluaba que la industria contaba con algunos factores favorables: la existencia de un mercado interno que podría ampliarse progresivamente, la disponibilidad de capitales nacionales y extranjeros y de abundantes fuentes de energía. Sin embargo, era indispensable superar algunos obstáculos, tales como: la  fuerte competencia de los productos extranjeros, la falta de un eficiente sistema de transporte, la escasez de mano de obra calificada y la inadecuada organización de gran número de empresas.

Entre 1965 y 1969, la desaceleración del ritmo de desarrollo industrial obedecía a las limitaciones del mercado interno, tanto por su reducido tamaño como por la desigual distribución del ingreso. Por otra parte, el proteccionismo, herramienta primordial para la etapa de despegue, se había convertido en un factor que, a mediano plazo, estaba frenando las posibilidades de expansión del sector, ante la ausencia de incentivos para multiplicar las inversiones y elevar la competitividad.

Cordiplan elaboró en 1966 la II Encuesta Industrial, en cuyos resultados se aprecia que la capacidad utilizada promedio de la industria fabril resultó ser de sólo el 60%. En las ramas tradicionales ese aprovechamiento estaba restringido al 58% y en las intermedias llegaba al 67%. Las industrias mecánicas registraron una utilización de la capacidad instalada del 48%.

El estancamiento de la evolución industrial fue atribuido a la persistencia de un modelo económico sujeto todavía a la utilización de la renta petrolera para financiar la inversión, a lo que se agregaba el deterioro crónico de los términos de intercambio.

La situación económica venezolana cambió de manera significativa a partir del boom petrolero de 1973 que posibilitó un incremento extraordinario de los ingresos fiscales.

Algunas ramas, con mayor capacidad para crear empleo, presentaron signos sumamente desalentadores, como es el caso de las fábricas textiles y de prendas de vestir que, entre 1977 y 1979, sufrieron una caída de 5,7% y 3%, respectivamente. Este fenómeno se explica por las importaciones indiscriminadas, dada la apreciación de la moneda venezolana y su elevada capacidad de compra en el exterior. Incluso, las industrias básicas de hierro y acero cayeron en 3.1% en los años mencionados, las cuales eran reputadas como uno de los puntales del programa de desarrollo.

Para mayo de 1989, se estableció la normativa para la nueva política comercial de Venezuela, en la que se contemplaba la reforma gradual del arancel de aduanas. De acuerdo a tales disposiciones, se eliminarían los impuestos específicos y se fijarían aranceles que irían disminuyendo en los años sucesivos. Asimismo, se planteó con insistencia la aplicación de un programa de “reconversión” de las industrias para adaptarlas a las nuevas condiciones de la globalización de los mercados.

La situación de la industria no presentó síntomas de mejoría en los años posteriores. El control de cambios establecido entre 1994 y 1995 significó un duro golpe para las manufacturas que no pudieron resistir la competencia de las importaciones y el ascenso constante de los costos de producción. Por otra parte, las altas tasas de interés dificultaron el acceso a las fuentes de financiamiento, lo que generó la contracción de las inversiones. Todo ello estaba enmarcado, como agravante, en un clima inflacionario que afectaba profundamente a la industria, tanto por el aumento de los costos como por la disminución de la demanda. Como resultado de estas tendencias se exteriorizó, entre 1994 y 2000, una profunda crisis del sector industrial.

La crisis industrial se caracterizó por la desaparición de gran número de pequeñas y medianas empresas que no estaban dotadas de tecnologías adecuadas para afrontar la competencia. La liberalización económica golpeó de manera contundente a la débil industria venezolana, con evidentes repercusiones negativas en el proceso de formación de capital y la capacidad de producción.

Humberto García Larralde (2001) afirma que el desempeño de la actividad manufacturera en la década de los noventa presentaba claros signos de crisis con bajos niveles de inversión y “creciente obsolescencia en equipos”, factores que atentaban contra la pretendida competitividad del sector, al tiempo que se registraba un extraordinario incremento de las importaciones en el contexto de las políticas de apertura comercial y la consiguiente elevación de la competencia externa, a lo que se unían la sobrevaluación de la moneda y la disminución de la productividad.

 

Conclusiones

 

Desde su etapa inicial, el desenvolvimiento de la industria venezolana ha estado asociado a la acción promotora del Estado. Esta tendencia adquirió mayor fuerza a partir de los años cincuenta con el reforzamiento del papel empresarial del Estado. El gasto público se convirtió así en el motor de la economía, a la vez que la producción manufacturera llegó a tener una estrecha dependencia de la capacidad expansiva de dicho gasto. Mientras la industria estuvo orientada hacia el mercado interno, aunque limitado en tamaño y capacidad de consumo, logró crecer y alcanzar cierto desarrollo.

Al modificarse las condiciones económicas internacionales, en el marco del proceso de globalización, ese sector no tuvo capacidad de adaptación frente a los nuevos requerimientos del mercado exterior, debido a su baja productividad, lo que generó la desaparición de gran número de empresas y la caída de la inversión privada.

El impacto de la liberalización económica fue demoledor para la industria venezolana, la cual había nacido y crecido al calor de la protección estatal. Paralelamente, las medidas de ajuste generaron una disminución de la capacidad adquisitiva y del consumo que se reflejó en la caída del producto industrial y en una elevada capacidad ociosa.

La problemática del sector industrial constituye motivo de honda preocupación por su estrecha vinculación con la creación de empleo y con la posibilidad de diversificar la estructura productiva y la generación de una economía menos dependiente de la renta petrolera. Asimismo, dicha actividad ha aportado a lo largo de muchas décadas una experiencia enriquecedora en materia de avances tecnológicos, formación de recursos humanos e incorporación de conceptos asociados a la idea de “sembrar el petróleo”.

La recuperación de la industria venezolana implica la adopción de cambios estructurales en el contexto de un modelo de desarrollo económico sostenible en el tiempo, para lo cual se requiere redefinir el rol del Estado en la economía. En tal sentido, es fundamental el incremento de las inversiones, la elevación de la productividad, el logro de niveles aceptables de integración entre las distintas ramas industriales, la articulación de las acciones de los organismos públicos y la adopción de estrategias que, por un lado, superen las limitaciones del tradicional modelo sustitutivo y, por otro, tomen en cuenta las nuevas condiciones del mercado internacional.

 

 

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