HHB – En realidad este proceso está mal encarado desde el primer momento porque el punto de vista que se ha tomado —sea el abaratamiento del costo para las empresas, sea el abaratamiento del costo para el Banco de Seguros— ambos son concepciones mezquinas del problema. El problema fundamental en los accidentes de trabajo es la seguridad y salud de los trabajadores —sostén de sus grupos familiares—; la recuperación; la rehabilitación y, sobre todo, la prevención de los accidentes. Incluso, desde el punto de vista económico, el accidente de trabajo tiene un costo muy elevado; es mucho más costoso que haya accidentes de trabajo que el ahorro que se puede hacer con la omisión de las medidas de prevención. Todas las soluciones deberían conducir a un criterio social del accidente de trabajo y comprender su significación social, humana, económica, y las necesidades que todas las sociedades tienen de prevenirlos y luchar contra las causas que los provocan.

Entonces, la idea de privatizar esta clase de seguros es simplemente una herejía. Es una concepción que está fuera del límite razonable que deberíamos exigir a una decisión de este tipo. Porque el accidente de trabajo no puede convertirse en un objeto de especulación económica como obviamente tiene que hacer una empresa privada de seguros. Si los seguros nuestros todavía no son ideales, de todos modos —en manos de un ente público como el BSE— no va privar la idea de la ganancia sobre la prevención y la seguridad. De modo que para encarar bien el problema hay que empezar por otro lado, por lo que es mejor para los individuos y la sociedad, lo que es preventivo.

La experiencia mundial muestra que las compañías de seguros privados tuvieron que ser abandonadas donde existieron. Pensemos en la lógica: el seguro de accidentes de trabajo no es un seguro redituable, en principio, si realmente queremos rehabilitar al trabajador y si queremos prevenir los accidentes. En el sistema actual, los que idearon el BSE —muy inteligentemente— lo pensaron como una entidad con cierto sentido social. No se olviden que en el BSE estuvieron incluso las pensiones a la vejez. Es decir, no fue concebido como un ente comercial, sino como una sustitución de estos entes, donde la sociedad fuera la beneficiaria de los seguros lucrativos, que compensaban por los seguros no lucrativos. Porque el privado ¿qué va a querer? Un seguro que le dé ganancias.

MM – Una explotación absolutamente lucrativa.

HHB – La industria de la construcción no le va a dar ganancias, de modo que ese seguro no lo va a querer, se lo va a querer dejar al BSE.

MM- Lo mismo pasa con los rurales.

HHB – Sí. Entonces, ¿qué va a querer el privado? Operar allí donde no hay accidentes o donde hay muy pocos. Bueno, estamos haciendo un chiste. Esto no lo podemos tomar como una propuesta seria. Como tampoco puede tomarse en serio que el banco piense en disminuir sus costos en materia de accidentes de trabajo. Pienso que para eso, lo que tendría que hacer —y lamentablemente no lo hace en la proporción que debiera— es el recupero de los casos en los cuales el banco, de acuerdo con la ley, sirve las prestaciones a los siniestrados que no están asegurados y que después tendría que recuperar cobrándoselo al empresario que no estuvo asegurado. Eso, lamentablemente —de acuerdo a los datos que yo tengo— no se hace en la proporción necesaria ni se llega hasta los últimos extremos que sería deseable para que el seguro no resultara, como suele resultar, un seguro deficitario. No siempre lo es: hay años que sí y otros que no. De todas maneras, la cartera del BSE tiene la ventaja de estar inserta entre otros seguros que son redituables y compensan los déficits de la cartera de accidentes de trabajo. Eso desde el punto de vista teórico.

Desde el punto de vista jurídico, esto no es posible, porque la Constitución ha declarado que los accidentes están dentro del sistema de los seguros sociales, y los seguros privados no tienen nada que ver. En segundo lugar, el país tiene convenios internacionales sobre accidentes de trabajo. Y allí, reiteradamente, se presenta la idea de que el seguro de accidentes no puede estar en manos privadas, sino que tiene que estar en entes públicos. Puede estar en organizaciones privadas, pero con representación de los interesados y sin fines de lucro. Evidentemente, entonces, hay muchas vallas jurídicas que impiden que este seguro pueda ser privatizado. Privatizar crearía una verdadera catástrofe, como está pasando en Argentina y en otros países.

MM- ¿Qué dicen los convenios que Uruguay firmó en el marco internacional?

HHB – El Convenio Internacional sobre Accidentes de Trabajo de la OIT establece expresamente que la administración del seguro tiene que hacerse por una persona pública, o por una organización privada sin fines de lucro, en la que haya participación de los sectores interesados. Eso no tiene nada que ver con la actividad privada.

MM- ¿Los seguros sociales pertenecen también a la categoría de Derechos Humanos?

HHB- Desde luego. El artículo 62 de la Constitución hace expresa mención de los seguros sociales dentro del sistema general de previsión del país y menciona expresamente los accidentes. No hay duda de que el Artículo 62 lo comprende; pero además, no hay duda de que el derecho a la seguridad social es un derecho humano fundamental y está reconocido por la Declaración de Filadelfia y por la Declaración Universal de DDHH, por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por el Protocolo de San Salvador. Evidentemente nadie puede dudar de que la seguridad social es un derecho humano fundamental, y dentro de la seguridad social están los accidentes de trabajo. La prevención y reparación del accidente es un cometido específico de la seguridad social.

MM- De modo que en un marco de absoluta competencia entre privados va a decaer inmediatamente el servicio...

HHB- Estamos fuera de lo que las normas internacionales y de lo que nuestra propia Constitución establecen. En el Artículo 62 y en el 72 —cuando se refieren a los derechos inherentes a la persona humana— no hay duda de que se está incluyendo todo lo relacionado con las declaraciones internacionales sobre DDHH.

MM – Por un lado usted dice que se podrían reducir costos, pero caería notablemente el servicio que prestaría el sector a la cobertura...

HHB - No, no. Además, no creo que se puedan reducir costos; se pueden hacer trampas. Es decir, hacer seguros baratos y que después no se cubran las exigencias de la ley. Y como no va ser posible una vigilancia tan estricta, se estaría desvirtuando la protección del trabajador. No creo que sea un seguro en el que se pueda ahorrar. Hay que gastar más en la prevención, en prestaciones, en servicios médicos, sanitarios, etc. Incluso se puede reformar la ley, por ejemplo, como la disposición que regía antes para los subcontratistas, que si no cumplían quedaban obligados los contratistas principales (cosa que se suprimió y que es muy grave). La pensión mínima no se puede tomar en base al salario mínimo nacional, una cifra inexistente en la realidad de los hechos. Y las prestaciones sobre la base de dos tercios del salario mínimo nacional; parecen un chiste. Esto tendría que cambiar para que el trabajador recuperara la protección ante uno de los riesgos más grandes para la sociedad. Es incomprensible que se siga pensando hoy en privatizar accidentes de trabajo, con cualquiera de los fines que yo le decía. Abaratar el costo social sobre la base de abaratar los seguros, es algo que no va a suceder, porque éstos no se van a abaratar, además. Al contrario, se vuelven más caros, porque las compañías de seguros van a tener gastos importantes en publicidad, como lo señalan todos los especialistas en el tema. Las compañías de seguros tienen además que ganar, y si buscamos seguros para ganar estaríamos creando otras consecuencias. Con el BSE, dentro de todo, las cosas han marchado bastante bien y los conflictos son relativamente limitados, pero en manos de las empresas privadas —con los esfuerzos que hacen para negar la condición de accidentes de trabajo y la vinculación laboral, con tal de no pagar — vamos a tener muchísimos más juicios. Eso también lo ha señalado la doctrina internacional sobre estos asuntos.