Los acuerdos sociales pueden
ser el corazón de una estrategia exitosa de desarrollo económico. William
Roche, de la Universidad de Dublin, analiza la experiencia de Irlanda y el uso
concreto de ese tipo de negociación, que permitió pasar de una situación de
crisis y desocupación a fines de los 80 a ser una de las economías más
dinámicas de la Europa de hoy.
William Roche.
Irlanda, que a fines de la década
del 80, se encontraba virtualmente en bancarrota, con una ascendente deuda
pública, una pesada y creciente carga impositiva, un elevado índice de
desempleo y emigración, diez años después, se había convertido en una de las
economías más dinámicas del mundo. Desde 1993, la economía crece a una tasa
promedio anual del 9%. Este crecimiento récord no tiene precedente en la Europa
de postguerra y cuenta con pocos paralelos a nivel internacional fuera del
Sudeste Asiático. Con una tasa de empleo que crece anualmente al 5 por ciento,
el desempleo ha pasado del 15 por ciento en 1992 hasta casi alcanzar el pleno
empleo. La relación deuda/PBI del país ha caído de un 163 por ciento en 1990 a
un 39 por ciento en el año 2000, y de entre los 15 estados miembros de la Unión
Europea solamente Luxemburgo tiene, en la actualidad, una relación PBI/ deuda
menor que Irlanda.
Podemos atribuir este cambio
extraordinario en el destino económico de Irlanda a una serie de factores. Uno
de estos factores —que ha recibido mucha atención dentro de Irlanda y un
creciente interés a nivel internacional— es el modelo de acuerdo social a
través del cual los empleadores, sindicatos, la comunidad agrícola y los
gobiernos han trabajado para llegar a consensuar los parámetros centrales de
las políticas fiscal, económica, social e industrial. Asimismo se articuló una
visión de la sociedad irlandesa, que incluye un marco ''europeo'' de seguridad
social, servicios públicos y sociales de amplia cobertura y que implica un
compromiso con la equidad y la inclusión social.
El acuerdo social fue el
instrumento a través del cual se regularon y moderaron los aumentos salariales
y se mejoró la competitividad. Gracias a este proceso se logró controlar el
gasto público con un costo industrial o social limitado.
En 1987 los empleadores, los
sindicatos y el estado recurrieron al acuerdo social con el fin de manejar la
seria crisis económica del momento, y, posteriormente, diseñar el rumbo hacia
la recuperación y el desarrollo económicos. Esto llevó a que las partes
involucradas negociaran la creación de cinco programas tripartitos de una
duración de tres años. Todos estos programas incluyen acuerdos con respecto a
aumentos de salarios en la economía en general y establecen los parámetros para
la reforma impositiva, política fiscal, económica y social. Mediante estos
programas y su re-negociación, los empleadores, sindicatos, grupos agrícolas y
recientemente los grupos voluntarios y comunitarios (los llamados ''pilares
sociales''), se han convertido en elementos centrales para la dirigencia
económica y social de Irlanda.
Los programas nacionales y las
prioridades fijadas por sus creadores han sufrido diversas modificaciones desde
1987. En términos generales, los primeros dos programas estuvieron dirigidos a
controlar una grave crisis económica. Los dos programas siguientes se
concentraron en diseñar un rumbo hacia la recuperación y prosperidad económicas
en un contexto más amplio caracterizado por una integración económica europea
más acelerada y la unión monetaria. Los dos más recientes fueron negociados e
implementados dentro de un contexto de crecimiento económico excepcional y un
mercado laboral ajustado. El objetivo de los dos últimos programas ha sido
extender el alcance del acuerdo social a fin de abarcar la cooperación entre la
dirección empresaria y los sindicatos a nivel de las empresas y lugares de
trabajo, el denominado acuerdo sobre el lugar de trabajo, para modernizar la
manera en que se administran y brindan los servicios públicos y reorientar la
capacitación y entrenamiento de habilidades al traer estas áreas más
directamente bajo el ámbito de un control conjunto entre empleador y sindicato.
Asimismo, el modelo de acuerdo
social y las características económicas con las que se lo ha asociado han sido
el centro de diversas críticas. La porción del PBI que representa a las
utilidades aumentó considerablemente desde 1987 y la de los salarios ha
disminuido, lo que contribuye a una percepción de una disparidad significativa
entre capital y mano de obra en los beneficios resultantes del acuerdo. En
1987, Irlanda se caracterizaba por un alto nivel de desigualdad o dispersión en
las ganancias. Desde esta fecha la desigualdad respecto de las ganancias ha
aumentado significativamente y el bajo nivel de los salarios continúa siendo un
problema para una porción significativa de la fuerza laboral.
Irlanda depende en gran medida de
las inversiones directas extranjeras, especialmente de los Estados Unidos —en
total alrededor del 47% de todos los empleos del sector industrial se concentra
en las compañías multinacionales— y esta inversión está altamente concentrada
en sectores como hardware y software, productos farmacéuticos y cuidados
personales (''healthcare'') La economía entonces parece ser especialmente
vulnerable a los shocks económicos en estos sectores y a las caídas en el rendimiento
de la economía de los Estados Unidos.
El progreso en materia de
participación en la organización del trabajo ha sido lento. Si bien los
negocios autóctonos reflejan un buen rendimiento desde los años 90, los niveles
de innovación y las prácticas de dirección empresarial modernas se encuentran sustancialmente
atrasadas con respecto a las corporaciones multinacionales. La prosperidad y un
mercado laboral ajustado, junto con los movimientos de precios internacionales,
han llevado a un aumento en la inflación en los últimos años. En 2001, la Unión
Europea sancionó formalmente a Irlanda por una sucesión de presupuestos
expansionistas que contenían recortes impositivos y mayor gasto. Una serie de
incidentes de corrupción que involucraron a políticos de jerarquía y
empresarios —si bien ninguno relacionado con el acuerdo social— ha sacudido el
sistema político, amenazando con dañar la reputación internacional de Irlanda.
Posiblemente el principal
interrogante que surge en estos momentos es si el acuerdo social sobrevivirá en
una economía con características radicalmente diferentes de las existentes
cuando comenzó el proceso a fines de la década del 80. La presión sobre las
normas que rigen los salarios a nivel nacional en el sector privado está
ampliamente difundida y es especialmente intensa en el sector público. El
conflicto industrial registró un incremento, especialmente en el sector público
y en los servicios públicos.
La durabilidad del modelo
irlandés de acuerdo social parece un interrogante importante en el contexto de
la unión monetaria Europea. Dado que Irlanda es actualmente parte de la moneda
común con la mayoría de los estados miembros de la UE, ya no se pueden utilizar
las políticas de tipo de cambio y de tasa de interés para preservar la
competitividad. Esto incrementa la importancia del mercado laboral y de los
regímenes de relaciones industriales en el sostenimiento y desarrollo de
ventajas competitivas justamente en un momento en que el modelo de acuerdo
social enfrenta su mayor desafío al ajustarse a las nuevas presiones.
El profesor Roche es decano de Investigación de la Escuela de Negocios para Graduados Smurfit de la Universidad de Dublin