¿Se está haciendo todo lo necesario para lograr un
despliegue potente de las PyMEs y para favorecer el nacimiento de una nueva
generación de "emprendedores"? Lisandro Barry, presidente de FOGABA,
reclama audacia y diseño de políticas públicas, tal como se hace en los países
más avanzados, con el objetivo claro de hacer pivotar el futuro desarrollo
económico sobre ese estratégico sector empresarial.
Qué tienen de común Apple
Computer y Zara? Ambas son empresas nacidas como PyMEs y en cuya puesta en
marcha influyeron decididamente los sistemas de apoyo industrial y financiero,
que en los Estados Unidos y en España forman parte de las políticas públicas
diseñadas especialmente para favorecer el nacimiento y consolidación de nuevos
emprendimientos.
En el caso de los Estados Unidos
—paradigma indiscutido del capitalismo— esa preocupación ha sido
institucionalizada y es "política de Estado" desde hace casi medio
siglo, a partir de la sanción de la "Small Business Act". Asimismo, la
presidencia de Clinton impulsó y obtuvo en 1996 una nueva ley para las pequeñas
empresas, en la que se establece la necesidad de bajar los costos de
transacción que implican las regulaciones estatales y se instituye el ombudsman
para las pequeñas empresas.
En España, además de contar con
un sistema articulado (regional-nacional) de garantías para las PyMEs, se
aprobó recientemente una legislación integral para estimular y fortalecer
jurídicamente a las instituciones de capital riesgo.
¿Y por casa?
Por el contrario, cuando se
observan las políticas económicas de nuestro país en los últimos años, las
"reformas estructurales promercado" no le han otorgado el mismo lugar
a este tipo de estrategias. Incluso en la política económica del actual
Gobierno, contrasta el énfasis otorgado a la visión macroeconómica, que se
apoya casi exclusivamente en un supremo esfuerzo fiscal supuestamente generador
de un mágico círculo virtuoso, respecto al empleado en la sanción de la Ley
MiPyMe. Aun a pesar del amplio consenso que sobre el tema existía desde la
campaña electoral del 99.
En otros términos, aunque la
necesidad de apoyo a las PyMEs forma parte habitual del discurso político, en
los hechos se ha tomado una actitud negligente respecto del proceso de
desarrollo de "nuevos emprendedores", lo que significa desdeñar un
factor esencial al desarrollo del capitalismo.
Resulta, entonces, necesario y
urgente revertir la visión y valoración que tiene la política económica en
curso, terminando con la morosidad y tibieza en esta materia. Si queremos
mejorar la competitividad, el empleo y la distribución del ingreso, hay que
librar una batalla por la "empresarialidad", que comprometa
fuertemente al Estado nacional, las provincias y al sector privado.
Aunque dichos objetivos no
siempre son compatibles entre sí, es en la capacidad de una sociedad para crear
empresas o para que los emprendedores de un país puedan desplegar sus
capacidades creadoras de valor, donde se puede generar una articulación
positiva entre ellos. El sector de PyMEs es en este sentido no sólo el
verdadero "semillero" del capital nacional y el sector con mayor
potencialidad en la creación de empleo, sino también el que puede generar un
fuerte efectos fiscal positivo en relación a los recursos a emplear en su
promoción. En cambio, como se puede comprobar en la profunda y prolongada
recesión con deflación que padecemos, la vulnerabilidad de las PyMEs
—acrecentada además por numerosas normativas fiscales, financieras y
administrativas irracionales— acentúa los efectos depresivos del ciclo económico.
En este sentido y más allá de la
ley recientemente aprobada, resulta notorio el lugar secundario que la
secretaría del área ocupa en el Ministerio de Economía. Sepultada por los
problemas coyunturales y cuestiones macroeconómicas que conforman las
preocupaciones esenciales de éste, resultaría conveniente que dependa de la
Presidencia de la Nación, para relanzarla, darle autonomía y, fundamentalmente,
la vigencia y atención diaria que se requiere hoy.
La estrategia deberá desplegarse a través de tres tipos de políticas fundamentales, simultáneas y coordinadas:
a) Facilitar la movilidad de los factores productivos y el incremento de la productividad en este sector, incentivando la reconversión y la asociatividad empresarial, la reducción de los costos de financiamiento, así como los nuevos emprendimientos. Ello requiere, además de poner en funcionamiento los mecanismos previstos en la Ley MiPyMe, abordar las siguientes medidas:
1) estimular rápidamente la generación de fondos de garantías provinciales y regionales
2) generar un marco legal apropiado a la creación de entidades de capital de riesgo
3) redefinir y flexibilizar los regímenes informativos del BCRA relacionados con los requerimientos a las PyMEs y adecuar el sistema en encajes para el financiamiento al sector
4) acelerar la instauración de dispositivos que mejoren la cadena de pagos e involucren a las grandes empresas (factura de crédito obligatoria, sistemas de garantías para proveedores-clientes, etc.)
5) desarrollar
un acuerdo con grandes empresas argentinas para que los subsidios de tasas de
interés puedan ser canalizados también a través de las mismas, a sus clientes
PyMEs.
b) Reducir sustancialmente los
costos de transacción del sector, tanto desde el punto de vista impositivo como
de las regulaciones que la afectan con especial énfasis en facilitar la
creación de nuevas empresas. Así, deberá promoverse: 1) un acuerdo federal para
la eliminación, reducción y/o de impuestos distorsivos y para la simplificación
de trámites y el acceso a la información y capacitación, etc.; 2) un acuerdo
con el sistema financiero para la expansión de los servicios bancarios y
reducción de comisiones, sustentado en reglas simplificadas del BCRA; y 3) la
incorporación, como pauta de política pública, que toda medida económica que
afecte directa o indirectamente a PyMEs, tenga su capítulo correspondiente para
tratarla en forma singular. Tal como sucede en los principales países, no puede
haber sistemas impositivos, leyes laborales, regulaciones financieras, etcétera
que no posean unaf uerte diferenciación a favor de este sector.
c) Articular estos esfuerzos con
programas de transformación productiva regional, que incluyan la relación con
el exterior, tanto en términos comerciales como de atracción-localización de
inversiones. Esto significa el desarrollo a nivel local de estas políticas, en
donde la Nación debe impulsar el proceso, jugando un papel de coordinación
indispensable, replicando y difundiendo las mismas en los niveles provinciales
y municipales.
Como se deduce de esta propuesta
y tal como funcionan en los principales países desarrollados, existe un inmenso
campo para las políticas públicas que, en su núcleo fundamental y pivotando
sobre las PyMEs, están más allá de los avatares macroeconómicos y/o regímenes
cambiarios. Relacionar el problema de la inversión y su localización con las
políticas pro PyMEs no es arbitrario sino que se copertenecen naturalmente.
Por lo tanto, en momentos en que no parece haber demasiadas iniciativas para revertir un cuadro de situación económica preocupante, crear un ámbito en el más alto nivel de conducción política destinado a poner en marcha de manera contundente políticas para la movilización de recursos productivos, que se extiendan e involucren a todas las provincias y municipios, resultaría la señal de que por fin y al menos en esta materia se pasa de las palabras a los hechos.