Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

 

DOMICILIO

 

Integrantes:  Chávez Pérez Jorge

                     Mendoza Cuya Helmer

                    Quillay Buitrón Fiorella

                    Bobadin Moisés

 

Curso. Derecho Civil (Personas)

 

Ciclo: IV

 

Aula : 305

 

Sección: B

 

 

2005

 

 

EL DERECHO DE DOMICILIO

 

1.      EL DOMICILIO EN EL DERECHO ROMANO

Etimológicamente, el término “domicilio” se descompone en dos voces latinas: domus y colo, a causa de que domus colere significa habitar en una casa. El domicilio no estaba constituido solamente por la presencia del morador, sino que se imponía, además, la intención de residir, la cual se expresaba en el hecho de haber establecido en dicho lugar el centro de actividades del morador.

         “Inicialmente, se identificó al domicilio como casa-habitación, ero después se amplía este concepto, es decir, ya no se considera al domicilio como espacio donde habita el hombre permanentemente, sino se le agrega otra característica que es “el centro  de las relaciones jurídicas”.

         En la Ley de Adriano se considero que la residencia, si se prolongaba al menos 10 años, importaba domicilio, y los requisitos para que se configurara el domicilio, eran:

1. Plazo indicado
2. Que la residencia resulte habitual, no accidental.

 

Los elementos del domicilio en el Derecho Romano, fueron los siguientes:

-           Efectiva residencia en un lugar

-           Libre voluntad de permanecer en ella para morada y centros de negocios.

-           El ánimo de permanecer allí (este elemento fue incluido posteriormente).

 

Los romanos clasificaron el domicilio de la siguiente manera:

a.     Voluntario. Es aquel elegido por el ciudadano romano.

b.     Originario. El determinado por el origen del nacimiento de la persona.

c.      Necesario. Es el domicilio que se imponía en ciertos casos como: el del empleado público o el del soldado en donde servía, o el del desterrado en el lugar de su destierro.

Un tipo de domicilio legal. El cual estaba determinado en función del domicilio de otra persona, en el caso de relaciones existentes Inter. Partes. Tal situación se presentaba, por ejemplo, en el domicilio de una mujer casada, que era el del marido (domicilium matrimonii). La viuda conservaba ese domicilio mientras no constituyera otro.

 

2.      DEFINICIONES DE DOMICILIO

         Según EGACAL “El domicilio es el asiento jurídico de la persona, su sede legal, el territorio donde se encuentra para imputársele posiciones jurídicas, para atribuirles derechos y obligaciones. El Código Civil lo define como la residencia habitual de una persona”[1].

         Para Teresa Seijas Rengifo “El domicilio es el asiento legal de una persona; es el lugar donde está situado en Derecho, es el hogar del espacio donde se encuentran las personas para el efecto de la imputación de derechos y deberes; es el lugar de concentración de las personas naturales o jurídicas, individuales o colectivas; es el sitio en que se le considera presente a la persona para la confluencia de sus relaciones o vinculaciones jurídicas”[2].

         Al respecto Alberto Vásquez Ríos menciona “El domicilio es el asiento legal de una persona, el lugar donde está situado en derecho”[3].

         El domicilio  tiene por finalidad determinar la ubicación del sujeto en el espacio, para los efectos de ejercitar los derechos o de cumplir obligaciones que se le imputan. Como señala Cifuentes “el domicilio, por sus efectos, se identifica con la vida jurídica de la persona y la personaliza dándole condición de presencial puesto que legalmente responde a un aspecto de su modo de ser en el derecho en función de la relación jurídica”[4].

         Al respecto, Carbonnier lo define de la siguiente manera: “Es el medio de localización de una persona (...) contribuye a su individualización mediante la descripción del sujeto a determinada situación en el espacio”[5].

         Fernández Sessarego apunta que: “El domicilio es el asiento jurídico de la persona, su sede legal, el territorio donde se le encuentra para imputarle posiciones jurídicas, para atribuirle derechos o deberes”[6]. En efecto, si el sujeto de derecho es un centro de imputación de derechos y de deberes, dicho centro de imputación debe tener una ubicación en el espacio: esta es la noción de domicilio. Sin embargo, este concepto está tendiendo a desmaterializarse, prueba de ello son las direcciones electrónicas. Ello reviste particular importancia en lo que a notificaciones judiciales se refiere.

 

3.      CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO

         Se puede señalar las siguientes<:

a.     Toda relación jurídica exige una sede legal, porque no se puede concebir relaciones jurídicas, encaminadas a la adquisición, modificación o extinción de derechos que tengan efectos fuera de un lugar determinado.

b.     Beneficia la función del Derecho, otorgándole eficacia a los efectos que produce un acto jurídico.

c.      Para EGACAL “El domicilio es mutable, es decir, se puede cambiar de un lugar a otro”[7].

Consecuentemente, el domicilio sigue a la persona: En efecto, convenida, una obligación, el deudor debe cumplir la prestación en su domicilio, como regla general, y si éste cambia de domicilio se puede cumplir la prestación en el primer domicilio o en el nuevo, conforme a las normas de los Artículos 1238 y 1239 de nuestro actual Código Civil.

d.     No se puede concebir la existencia de una persona sin domicilio. Al igual que el nombre, es un atributo de la persona. Si no tiene un domicilio conocido, se le reputará el lugar donde sea habido.

e.     EGACAL expresa “El domicilio es una exigencia jurídica, ninguna persona puede carecer de él”[8].

f.       Es voluntario, depende de la voluntad de la persona su constitución, conservación y pérdida.

g.     Es inviolable, salvo mandato judicial o en los estados de excepción.

h.    Es único, sólo existe un domicilio real u ordinario, excepto una empresa que tiene varios establecimientos y sucursales o las personas que ejercen dos o más funciones públicas en distintos lugares.

 

4.      IMPORTANCIA DEL DOMICILIO

         La importancia práctica que tiene determinar el domicilio de las personas, se evidencia principalmente en la ley aplicable, en las notificaciones judiciales y en la competencia.

         Se debe distinguir el domicilio formal (dato técnico proporcionado por ley) del domicilio material (residencia habitual de la persona). Ello es importante, por cuanto si se hace referencia a la protección de la intimidad del domicilio, éste debe ser entendido en su aspecto material y no formal. Dentro de este contexto ya es posible comprender, con mayor exactitud, que el domicilio ha sido el ámbito por excelencia de la intimidad. Al protegerse históricamente el domicilio, indirectamente se protegía a la vida privada de las personas. Posteriormente, cuando la vida privada cobra desarrollo jurídico autónomo, el domicilio es considerado como uno de los recintos donde el ser humano desarrolla su vida privada.  No es el único, aún cuando el domicilio goza de protección autónoma. Por otro lado, la vida privada rebasa las paredes de la residencia o domicilio en general.

         En materia de ley aplicable, propia del Derecho Internacional Privado, el art. 2068 C.C. establece que: “El principio y fin de la persona natural se rige por la ley de su domicilio”, el art. 2069 C.C. que “la declaración de ausencia se rige por la ley del último domicilio del desaparecido”, el art. 2070 C.C. que “el estado y capacidad de la persona natural se rigen por la ley de su domicilio”, el 2071 C.C. que “la tutela y demás instituciones de protección del incapaz se rigen por la ley de su domicilio”, el art. 2084 C.C. que “la determinación de la filiación extramatrimonial, así como sus efectos y su imputación se rigen por la ley del domicilio común de ambos progenitores...”, el art. 2085 que “el reconocimiento del hijo se rige por la ley de su domicilio”, entre otros.

         Como se sabe, “el acto de la notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales” (art. 155 C.P.C.), y en caso que nos encontremos, dentro de un procedimiento, frente a personas inciertas o cuyo domicilio se ignore, cabe la notificación por edicto (art. 165 C.P.C.). Con la Ley n 27419 del 07.02.01, que ha modificado los arts. 163 y 164 C.P.C., se admite la notificación por correo electrónico. La importancia de ubicar el domicilio de una persona, a estos efectos, es vital, porque de no cumplirse con este requisito, podría declararse nulo un proceso.

         En materia de competencia, de acuerdo al art. 14 (primer párrafo) del C.P.C., “cuando se demanda a una persona natural, es competente el Juez del lugar de su domicilio, salvo disposición legal en contrario”: de ello se deriva que, al fijar las partes un domicilio determinado, determinarán con ello también la competencia.

         Es necesario realizar algunas aclaraciones:

a.     La residencia es el lugar donde la persona vive con su familia normalmente. Carbonnier, precisa que: “La residencia es el lugar en que vive una persona de modo estable y habitual”[9]. Por ello, “la residencia puede o no, según los casos ser un elemento constitutivo del domicilio; tal será su carácter cuando la ley determina el domicilio (concepto jurídico) de la persona atendiendo a su residencia (concepto material)”[10].

b.     La habitación, también llamada morada, es el lugar donde se encuentra la persona accidentalmente. Es de carácter temporal.

c.      El domicilio es un dato técnico determinado por ley. No debe confundirse este concepto jurídico de domicilio con el de casa-habitación (espacio físico donde efectivamente vive la persona). Ni mucho menos con el de dirección (que no es más que el nominativo o –si se quiere- el signo a través del cual se exterioriza el domicilio, la residencia o la habitación.

d.     El art. 1374 C.C. (siguiendo en la tradición al art. 1335 del C.C. italiano) hace mención a la “dirección” del destinatario (a efectos del perfeccionamiento de la oferta, su revocación, aceptación y cualquier otra declaración contractual). Sobre el particular, autorizada doctrina italiana ha precisado que “Se trata de una figura de caracteres elásticos y genéricos, que, en concreto podrá identificarse, según el caso, con la residencia o la morada, con el domicilio general o con un domicilio especial, pero que también puede ser otro lugar, en donde, por ejemplo, el destinatario de una declaración que no había provisto a una verdadera elección de domicilio, solicita, aun verbalmente, que le sea comunicada dicha declaración. En otros términos, la determinación de la dirección no se basa en criterios uniformes y objetivos, sino que se hace teniendo presente las circunstancias que rodean, caso por caso, a la declaración que ha de enviarse, o bien las indicaciones, aun verbales del destinatario de la misma. También el inc. 2 del art. 424 C.P.C. establece como requisito de admisibilidad de la demanda, fijar la “dirección domiciliaria del demandante”. Se debe insistir que la dirección o es más que una exteriorización del lugar donde se encuentra la persona.

 

 

 

 

5.      LA NATURALEZA JURÍDICA DEL DOMICILIO Y LA FIJACIÓN DEL MISMO

         Tradicionalmente, el domicilio siempre ha sido considerado como un derecho de la persona; pero, en realidad es un derecho si se parte de la función socio-jurídica del domicilio se llegará a decir que es la de ubicar el espacio al sujeto de derecho para la imputación de sus derechos y deberes. Señalamos unos ejemplos: si Pedro celebra un contrato de venta a plazos con Juan, ambos tienen que fijar su domicilio; si Juan demanda judicialmente a Pedro, también deberá fijarlo y Pedro, al contestar la demanda hará lo propio ¿se está ejerciendo un derecho o se está cumpliendo una carga? ¿Qué clase de derecho es el domicilio que si yo lo cambio, tengo que notificárselo a mi acreedor, bajo sanción de responsabilidad (art. 40 C.C.)?

         El problema surgió cuando  el concepto de domicilio se apartó del sentido romano de domus colere (comicilio=casa). Nadie negará que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio (art. 2.9 de la Constitución); pero acá, el concepto de domicilio coincide con el de vivienda. El sentido del concepto del domicilio empleado en los atrts. 19 al 41 C.C. es el de dato técnico, que se reduce a la ubicación en el espacio del sujeto a efectos de la imputación de sus derechos y deberes. Si se entiende esto dentro de los ejemplos propuestos, se verá que en ambas relaciones jurídicas (la primera, material y la segunda, procesal), si bien es cierto que el domicilio es el dato técnico, la fijación del mismo se configura jurídicamente como una carga.

         La carga debe ser entendida como una situación jurídica dependiente de un derecho. En efecto, es una particular situación en la cual el sujeto, para obtener un resultado favorable, está obligado a adecuar la propia conducta a específicas reglas jurídicas. La eventual violación de esto, no implica el sometimiento del sujeto a una sanción, sino solo a la exclusión de algunos beneficios.

         La carga se diferencia del deber por cuanto, mientras la primera es una situación jurídica secundaria o dependiente, la segunda es primaria o independiente. El incumplimiento del deber genera una intervención coactiva y sustitutiva del ordenamiento jurídico (indemnización), mientras que el incumplimiento de la carga, principalmente, la no producción de los efectos jurídicos de una situación de ventaja activa.

         Es por ello que Juan Espinoza Espinoza entiende que el domicilio no es un derecho, sino un dato técnico determinado por ley y la fijación del domicilio no es más que una carga para el correcto ejercicio de las situaciones jurídicas (suscripción de un contrato, interposición de una demanda). Si no se cumple con esta carga, será imposible que la situación jurídica (material o procesal) surta sus efectos. Merece particular atención el art. 40 C.C. que establece (aparte de la penal) la responsabilidad civil por el hecho de no notificarse al acreedor el cambio de domicilio. Si bien es cierto que todo sujeto tiene derecho a cambiar de domicilio (domicilio entendido como vivienda), éste deberá notificar ello a efectos que la relación jurídica patrimonial entre acreedor y deudor pueda continuar sin complicaciones y produzca sus consecuencias. Si no se llega a cumplir este deber, impuesto por ley, de notificar el cambio de domicilio, surgirán las responsabilidades establecidas en dicho numeral. Con ello es valida que, la regla general del incumplimiento de la carga es la de la no producción de los efectos jurídicos de la situación de ventaja y en el supuesto del artículo bajo comentario, se impone una obligación legal que, de no cumplirla, genera responsabilidad civil y penal.

 

6.      CLASIFICACIÓN DEL DOMICILIO

6.1           Domicilio General

Es para el ejercicio de todos los derechos en general, en contraposición al especial. Por ello se sostiene que abarca la generalidad de los derechos y obligaciones; puede haber domicilios especiales que concurran, pero sí el núcleo común indiferenciado de las obligaciones que no tengan un domicilio previsto para su cumplimiento en particular. Este tipo de domicilio tiene las siguientes características:

-           Necesidad, no cabe la posibilidad jurídica de una persona sin domicilio general.

-           Unicidad, tampoco cabe la posibilidad de pluralidad de domicilios generales, se entiende, simultáneamente. Sin embargo, como veremos más adelante, esta no es una característica absoluta, por cuanto, el ordenamiento jurídico admite excepciones.

 

El domicilio general, a su vez, puede ser de dos especies:

a.     Legal. Según Alberto Vásquez Ríos “Es el que destina la ley en relación al estado civil de la persona, de su condición o del cargo que desempeñe”[11]. Es el que fija la ley en función de presunciones basadas en el estado civil de la persona, su condición, o en el cargo que desempeña. Es el caso del art. 37 C.C., el cual establece que “Los incapaces tienen por domicilio el de sus representantes legales” o el del art. 41 C.C. “A la persona que no tiene residencia habitual se le considera domiciliada en el lugar donde se encuentre”.

Cuando el art. 36 C.C. in fine establece que el domicilio conyugal (en defecto del acuerdo de los cónyuges) es “el último que compartieron” está fijando un tipo de domicilio legal.

b.     Real. Para Teresa “También denominado voluntario, es elegido libremente por las personas para establecerse habitualmente en él”[12]. Es el que tiene vigencia cuando no se presenta alguno de los casos donde opere la presunción legal. Es el que se tiene regulado en el art. 33 C.C. (“residencia habitual de la persona en un lugar”). El domicilio matrimonial, es un tipo de domicilio real, opr cuanto, como lo indica el art. 36 C.C. “es aquel en el cual los cónyuges viven de consumo”.

Dentro del sistema nacional, para que se constituya el domicilio real, solo basta el elemento objetivo de residir efectivamente en un lugar determinado y no se requiere del elemento subjetivo del animus manendi (intención de permanecer).

El domicilio real es el lugar donde se reside con el propósito de establecer en éste, bien sea por una declaración expresa, unida a la residencia habitual, o por la presunción de tal propósito cuando se reside por un tiempo determinado, establecido previamente por ley.

 

6.2           Domicilio Especial

Es el impuesto por los mismos particulares por ciertos casos. Por ello se sostiene que como verdadero atributo de la persona, debe tenerse en cuenta el domicilio general. El especial, en cambio, no tiene sus alcances ni cumple una función identificada con la personalidad, pues tenerlo depende de la voluntad de aquélla. El domicilio especial no es único, ni necesario; pero sí mudable. Dentro del domicilio especial se encuentran:

 

 

 

a.     El domicilio procesal o ad litem

Que equivocadamente se le identifica con el domicilio legal. Es el que fijan las partes en el proceso. Como sostiene Rivera, “es el que toda persona está obligada a constituir al tomar intervención en un proceso judicial, y que debe hallarse dentro del radio del juzgado”[13].

b.     El domicilio negocial

Es el que se fija para la ejecución de actos y negocios jurídicos. Este es el caso del art. 34 C.C., el cual establece que: “Se puede designar domicilio especial para la ejecución de actos jurídicos. Esta designación solo implica sometimiento a la competencia territorial correspondiente, salvo pacto distinto”.

Para Juan Espinoza Espinoza también es domicilio especial el del funcionario público (según el art. 38 C.C., es “el lugar donde ejercen sus funciones”). Por consiguiente la subclasificación de domicilio real y legal, también es válida en el domicilio especial.

 

         Es necesario mencionar que actualmente existe un grupo de códigos que apuntan hacia la concepción de un domicilio único, como el caso de los Códigos francés, italiano, suizo y en nuestro ordenamiento jurídico desde el Código Civil de 1984 y otro grupo que admite la pluralidad de domicilios, como el BGB (Código Civil alemán), el cual, en su inc. 2 del art. 7, admite, que “el domicilio puede existir simultáneamente en varios lugares”, el art. 71 del Código Civil brasileño, aprobado por Ley Nº 10.406, del 10.01.02, entre otros.

 

 

 

7.      TRATAMIENTO DEL DOMICILIO EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO

         En la doctrina se distinguen dos teorías que explican la esencia del domicilio.

 

7.1           Teoría Objetiva

Para EGACAL “Por el elemento objetivo, la persona fija su residencia en un lugar determinado”[14].

         La teoría objetiva se caracteriza por el hecho material de residir habitualmente en un determinado lugar; este elemento objetivo es susceptible de prueba directa.

 

7.2           Teoría Subjetiva

Al respecto EGACAL manifiesta “según el elemento subjetivo debe existir el deseo o animus de residir en determinado lugar, esto se manifiesta de manera expresa o para la efectiva residencia”[15].

La teoría subjetiva se caracteriza por la intención de permanecer (animus manendi), habitar, residir en un determinado lugar. Es decir, se llega a la definición del domicilio  a través de la espiritualización del concepto, fundándose en la intención de residir (animus conmorandi) obtenido, en un principio, a través de la fijeza de la morada. Dicho elemento subjetivo no se puede apreciar mediante pruebas, pero sí es posible acreditarlo a través de presunciones. Para quienes suscriben esta posición, el domicilio tiene dos elementos: uno objetivo (que es la residencia) y otro subjetivo (que es el ánimo definitivo) o como prefiere un sector de la doctrina argentina: corpus y animus.

         El animus, entendido como la intención o deseo de realizar un fin, se clasifica en:

-           Animus real. Cuando se manifiesta de un modo indubitable, claro y explícito.

-           Animus presunto. Cuando se deduce de ciertos hechos que lo hacen suponer.

 

Nuestro cuerpo de leyes asume la teoría objetiva del domicilio, en contraposición con la teoría subjetiva, dentro de la cual, es necesario, para la constitución del domicilio, aparte del hecho físico de residir en un lugar determinado, expresar la voluntad de ello. Dicha posición era asumida por el derogado Código Civil peruano de 1936. Confirma la teoría objetiva, seguida por el actual Código Civil, el art. 39 C.C., el cual establece que “el cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia habitual a otro lugar”.

Actualmente y en virtud del art. 33 sólo basta residir real y habitualmente en un lugar determinado, para que se constituya el domicilio. Si existe duda para que se configure la nota de habitualidad, se ha de aplicar el art. 41, que a la letra dice:

“ A la persona que no tiene residencia habitual se le considera domiciliada en el lugar donde se encuentre”.

Otra situación que se debe considerar, dentro del tratamiento legislativo del domicilio, es aquella relativa a la pluralidad, o no, de domicilios. En el antiguo Derecho Romano la pluralidad de domicilios estaba aceptada; pero en realidad se presentaba en casos muy raros. En oposición a la pluralidad de domicilios, también había personas que no tenían domicilio, presentándose los casos en que una persona abandona su domicilio, emprendiendo un viaje y estableciéndose con posterioridad. Aquí, en el tiempo intermedio entre el abandono y la constitución del otro, la persona no tenía domicilio.

Frente a esto, el Código Civil peruano adopta, en línea de principio la teoría del domicilio único, descartando la teoría del domicilio plural, dentro de la cual, se considera domiciliada a la persona en varios lugares, habitual y simultáneamente. Sin embargo, el art. 35 de este cuerpo de leyes establece lo siguiente:

“A la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se le considera domiciliada en cualquiera de ellos”.

Este artículo, que reproduce textualmente el art. 32 del Código Civil brasileño de 1916 (que se encuentra dentro del grupo de legislaciones que regula el domicilio plural), se aparta de la regla general establecida en el art. 33 C.C. Por otro lado, la primera parte del art. 38 sanciona lo siguiente:

“Los funcionarios públicos están domiciliados en el lugar donde ejercen sus funciones, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el art. 33.

Curiosamente, este último no es un caso de domicilio plural, como el del num. 35. En este artículo se acepta la existencia del domicilio único, al lado del cual pueden haber uno o más domicilios especiales y no residenciales. Esto se encuentra en plena concordancia con el art. 33 del Código Civil peruano.

La segunda parte del num. 38 expresa que:

“El domicilio de las personas que residen temporalmente en el extranjero, en ejercicio de funciones del Estado o por otras causas, es el último que hayan tenido en el territorio nacional”.

Al aludir este artículo al factor temporalidad, nos indica la idea de brevedad en el tiempo, en lo referente a la permanencia del funcionario en el extranjero. Caso contrario, se configuraría la y habitualidad y, con ella la constitución del domicilio en el extranjero y no en el “territorio nacional”.

El art. 36, establece que:

“El domicilio conyugal es aquel en el cual los cónyuges viven de consumo o, en su defecto, el último que compartieron”.

Este articulo, tiene que ser interpretado sistemáticamente con el art. 40, el cual prescribe que:

“El deudor deberá comunicar al acreedor el cambio de domicilio señalado para el cumplimiento de la prestación obligacional, dentro de los treinta (30) días de ocurrido el hecho, bajo responsabilidad civil y/o penal a que hubiere lugar.

El deudor y los terceros ajenos a la relación obligacional con el acreedor, están facultados para oponer a éste el cambio de su domicilio.

La oportunidad al cambio de domicilio se efectuará mediante comunicación indubitable”.

Si los cónyuges se separan de hecho, no pueden perjudicar los derechos de terceros. En todo caso, deberán darles a conocer el cambio de domicilio. Caso contrario, asumirían los costos de su decisión.

El “principio de unidad puede llevar a consecuencias disvaliosas. De allí que muchos autores modernos y algunas legislaciones –como la alemana y la brasileña- se han inclinado por el sistema de pluralidad, en tanto la vida diaria enseña que el asiento de las actividades comerciales y familiares se presenta en la práctica disociado o diversificado, de suerte que el sistema de unidad se encuentra reñido con la realidad social. Nuestro Código Civil ha asumido una posición mixta. Así se tiene tres opciones para ubicar a los sujetos de derecho en el espacio:

a.      Si tiene una residencia habitual, se le aplica el criterio del domicilio único (art. 33 C.C.), que es el que continuaría siendo la regla general de nuestro sistema.

b.      Si tiene varias residencias (u ocupaciones) habituales, se le aplica el criterio del domicilio plural (art. 35 C.C.).

c.       Si no tiene residencia habitual, se le considera domiciliado en el lugar en que se le encuentre (art. 41 C.C.).

 

Las exigencias sociales cambian y las instituciones jurídicas deben adecuarse a ello. Es absurdo insistir, con un dogmatismo miope, en la unicidad del domicilio, cuando una persona se encuentra en el supuesto b.  Las relaciones jurídicas de los sujetos de derecho se configuran en distintos puntos en el espacio, más aún si tenemos en cuenta la contratación electrónica: las partes tienen el derecho de fijar el domicilio (especial) que deseen. Si una persona tiene diversas residencias habituales y realiza determinados negocios jurídicos con terceros, ésta quedará obligada en el domicilio que fije (sea general o especial). Los derechos de los terceros están protegidos con ello.

Puede haber una persona con un domicilio general y varios domicilios especiales, así como otra (si sus actividades han dado lugar a ello) con varios domicilios (dentro de los cuales no hay relación género a especie). En ambos supuestos hay una pluralidad real de domicilios.

 

8.      CERTIFICACIÓN DOMICILIARIA

         El D.S. Nº 015-98-PCM, del 25.04.98, que aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), establece en su art. 4, que cualquier persona puede solicitar certificaciones de las inscripciones efectuadas, de los títulos archivados que las sustentan, así como de los Archivos Personales, salvo el caso de la información reservada. Por el D.S. Nº 022-99-PCM del 11.06.99, se excluye (del ámbito de la información reservada) al domicilio, estableciéndose los siguientes criterios:

a.     Todas las personas están en la obligación de registrar su “dirección domiciliaria”, así como sus cambios en el RENIEC mediante declaración jurada en la que aparezca su firma y huella dactilar, quedando ello acreditado en el nuevo documento de identidad (art. 2).

b.     La certificación del domicilio de las personas, expedida por el RENIEC surte plenos efectos jurídicos, salvo el derecho del acreedor al cual no se le ha comunicado dicho cambio, de acuerdo al art. 40 C.C. (art. 3).

c.      A efectos procesales, se considerará bien notificados a los deudores demandados judicialmente cuando las notificaciones se entreguen en la dirección que figura en el certificado expedido por el RENIEC (art. 4).

d.     El plazo de vigencia de estos certificados para la finalidad señalada en el punto anterior es de 6 meses (art. 5).

 

9.      CAMBIO DE DOMICILIO

         El Artículo 40 del Código Civil modificado por la Ley 27723 del 14 de mayo del 2004 referente a la oposición del cambio de domicilio, dice: “El deudor deberá comunicar al acreedor el cambio de domicilio señalado para el cumplimiento de la prestación obligacional, dentro de los treinta días de ocurrido el hecho bajo responsabilidad civil y/o penal a que hubiere lugar.

         El deudor y los terceros ajenos a la relación obligacional con el acreedor, están facultados para oponer a éste el cambio de su domicilio.

La oportunidad del cambio de domicilio se efectuará mediante comunicación indubitable.

Esta Ley tiene concordancia con los Artículos 1238 y 1239 del Código Civil. Uno de los principios del pago es establecer el lugar del pago y en esa línea la regla general, salvo pacto distinto, el lugar del pago debe ser el domicilio del deudor, de tal manera que si el deudor cambiara de domicilio convenido para el cumplimiento de la prestación, debe comunicar a su acreedor dentro de los treinta días de ocurrido el hecho. En la vía civil podría conllevar este cambio súbito de domicilio a que el acreedor interponga una medida cautelar para proteger su patrimonio aunque la obligación no se hubiera vencido para evitar que se consuma un daño patrimonial en perjuicio del acreedor.

El Artículo 1239 del Código Civil, menciona, que el acreedor puede exigir el pago en el primer domicilio en cuyo supuesto si el bien estuviera ocupado por otra persona puede oponer al acreedor el cambio de domicilio del deudor, estando facultado en ese supuesto el acreedor a exigir el pago en el nuevo domicilio del deudor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

         El presente trabajo lleva por título “El Derecho de Domicilio”, que viene a ser el asiento jurídico de la persona.

         En el contenido del trabajo se verá que el Domicilio es el lugar que la ley constituye como asiento de las personas para la producción de determinados efectos jurídicos. La noción de domicilio es una imposición de la buena organización social, porque ésta necesita ubicar a las personas que integran la convivencia general, a fin de poder exigir de ellos el comportamiento adecuado. Con este fin se relaciona necesariamente a toda persona con un lugar en el cual se le reputa presente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Así, el domicilio contribuye a la eficacia de las relaciones jurídicas.

         Los puntos a estudiar en el presente trabajo son: el Domicilio en el Derecho Romano; la Definición de Domicilio; las Características de Domicilio; la Importancia del Domicilio; la Naturaleza Jurídica del Domicilio; y la Fijación del Mismo; la Clasificación del Domicilio, donde se verá el Domicilio General, y el Domicilio Especial; el Tratamiento del Domicilio en el Código Civil Peruano, donde se tratará la Teoría Objetiva y la Teoría Subjetiva, asimismo como el Código Civil estipula o determina el domicilio en sus diversos aspectos; la Certificación Domiciliaria; y, el Cambio de Domicilio.