NO HAY VACANTES
Para el gobierno no hay duda cuando de dar cifras se trata: el nivel de ocupación alcanza una marca histórica, afirma. Es una forma, sesgada, de ver la realidad. En cuatro años sólo fueron creadas 132 mil 188 plazas formales, una cantidad ínfima si se toma en cuenta que la demanda anual es de más de un millón. La evidencia documental indica el fracaso del actual modelo para crear empleo, así persiste la subocupación y la precariedad laboral.
Víctor M. Godínez
Los más altos responsables políticos del gobierno no tienen dudas. De las profusas declaraciones que hicieron en el primer trimestre de 2005 con respecto al estado de la economía, deben rescatarse para el análisis las del presidente Vicente Fox en San Luis Potosí el pasado 1° de marzo. "El país dijo en el estilo oratorio que le es propio tiene en marcha un proyecto económico que sí está funcionando." Entre las evidencias citadas para sustentar tan categórica afirmación señaló que al cierre de la primera semana de febrero el empleo formal "rebasa ya los 12 millones 550 mil trabajadores, la cifra más alta de la historia". Dijo también y no es la primera vez que lo señala que México tiene la tasa de desempleo más baja del mundo occidental, pues la registrada en enero (4.1 por ciento) no sólo era menor a la de América Latina, sino a las de Estados Unidos y Europa.
Cuando las cuentas del empleo se hacen de manera
apresurada y es evidente que el gobierno tiene urgencia de mostrar
que su estrategia económica y social "sí está funcionando" se corre
doble riesgo: contar cuentos y creer en ellos. Las cifras y afirmaciones
en San Luis Potosí no son falsas, pero tampoco conducen a las conclusiones
tan optimistas, tan contundentes, acaso hasta alegres que sacan el
Presidente y sus secretarios de Estado.
Las cifras del empleo formal se refieren a los registros de trabajadores asegurados en el IMSS. El número alcanzado en la primera semana de febrero es el más elevado que se haya observado hasta ahora en el mismo periodo de años anteriores, pero no en la "historia" (son numerosos los cortes quincenales de otros meses, en otros años, en que este registro muestra un mayor número de empleos). Pero lo más importante es que aquella cifra no tiene nada de espectacular, pues sólo es uno por ciento mayor con respecto al número de trabajadores registrados en el IMSS en la primera quincena de febrero de 2001, cuando el gobierno de Vicente Fox apenas tenía sesenta días de haber tomado el poder. Una interpretación más mesurada y objetiva llevaría a reconocer que en el lapso transcurrido entre ambas fechas, es decir, en lo que va del actual periodo de gobierno, el panorama del empleo formal en México sufrió un fuerte deterioro: en febrero de 2005 el IMSS sólo registra 132 mil 188 trabajadores formales más que cuatro años antes.
El número de trabajadores registrados en el IMSS se refiere a la principal vertiente del empleo en México, la del trabajo subordinado y remunerado que gravita en torno al sector privado formal. Es cierto que no es posible inferir que una disminución de este registro estadístico signifique de manera automática un incremento proporcional del desempleo abierto. Sin embargo, ante el estancamiento de la principal fuente de generación de empleos remunerativos en el país es inevitable preguntarse qué pasó con los millones de personas que se sumaron a la población en edad de trabajar (PET) desde 2001.
La PET se compone de dos grandes contingentes: la población económicamente activa (PEA) o fuerza de trabajo, y la población que no es económicamente activa (PNEA). El estancamiento del empleo formal remunerativo ocasionó que durante estos años se engrosara relativamente el contingente de la PNEA, al inhibir la búsqueda de trabajo de una porción significativa de personas que en otras condiciones habrían ingresado al mercado laboral. En cambio, la gran mayoría de quienes durante estos años se añadieron a la PEA debieron desarrollar una serie de estrategias de supervivencia cuyas vertientes principales son dos: el subempleo (que incluye una alta proporción de autoempleo) y la emigración a Estados Unidos.
Los cientos de miles que se fueron a Estados Unidos redujeron con su ausencia las presiones del mercado laboral y las tensiones sociales y políticas asociadas con un cuadro de falta de oportunidades y marginación, como el que prevalece en México. Junto con otros cientos de miles que les precedieron en esta opción extrema, quienes emigraron en el curso de los últimos cuatro años contribuyen con las remesas que envían a sus familias a sostener la estabilidad financiera de un modelo de desarrollo que los excluyó. También aportan una "contribución estadística", pues al no estar incluidos en las estadísticas del empleo y el subempleo que recaban las respectivas encuestas oficiales, los políticos y las autoridades laborales tienen mejores cuentas que contarse a ellos mismos y a la opinión pública sobre las realidades del mercado de trabajo en México.
El destino laboral de la gran masa que se queda en el país salvo los pocos privilegiados que logran insertarse en la economía formal es la incorporación a cualquiera de las variedades que ofrece una miríada de ocupaciones cuyo denominador común es, por regla general, la precariedad, niveles de productividad muy por debajo del promedio e ingresos inestables y menores al mínimo legal establecido. Es el mundo de la informalidad asociado a la pobreza, para cuyos integrantes el desempleo es imposible por una razón elemental: ser desempleado tiene un significado muy diferente en México que en los países industrializados, donde esta categoría laboral tiene una connotación de transitoriedad y siempre va acompañada de una serie de prestaciones sociales, y de manera muy especial del seguro de desempleo.
Ser desempleado es un lujo que muy pocas personas pueden darse en entornos como el nuestro, en el que las redes institucionales de seguridad son precarias y de alcance muy restringido. La mayoría de los que se quedan sin empleo sale definitivamente del mercado formal de trabajo, y quienes nunca tienen acceso a él, que constituyen el mayor porcentaje de los nuevos integrantes de la PEA, como ya se apuntó, deben desarrollar diversas estrategias de supervivencia, es decir, deben encontrar una ocupación que les genere un ingreso. Este es el origen de la ampliación incontenible de la llamada economía informal (que no hay que confundir, por cierto, con la economía ilegal: la de los contrabandistas y narcotraficantes). Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares arrojan evidencias suficientes para sostener que éste es el único ámbito de la economía en el que la ocupación crece de manera sostenida y dinámica. ¿Es este hecho el que celebran las autoridades?
Sólo que se consideren como equivalentes las estructuras del mercado de trabajo de México por un lado y las de Estados Unidos y la Unión Europea por el otro, se puede pretender comparar las respectivas tasas de desempleo y con ello sugerir así sea de manera implícita que la situación económica y social del país es relativamente mejor y hasta más promisoria. En los países industrializados la tasa de desempleo es un indicador muy representativo del estado que guarda el mercado de trabajo, en tanto que en México es sólo un reflejo parcial de una realidad muy diferente. Aquí el problema de fondo del mercado de trabajo no es el desempleo abierto, sino el subempleo de la fuerza laboral, fenómeno cuya evolución coyuntural continúa sin ser captada en toda su amplitud por los diversos dispositivos estadísticos disponibles.
La situación del empleo en México está muy lejos de ser promisoria. En los últimos cuatro años el empleo de mejor calidad sufrió un duro golpe, otro después de los que ya había recibido en diversos momentos desde los años 80. Los datos más recientes de las encuestas sectoriales levantadas por el INEGI dejan ver que será ya muy difícil para este gobierno heredar un saldo positivo en este terreno, y que su legado será uno de los peores del último medio siglo. El personal ocupado total en el sector manufacturero disminuyó 4.4 por ciento en 2001, 5.1 en 2002, 3.8 en 2003 y 2.4 en 2004. El de la industria maquiladora de exportación se redujo en 7.1, 10.7 y 0.8 por ciento entre 2001 y 2003, creciendo 4.7 por ciento en 2004 (de 1995 a 2000 creció a un promedio anual de 14 por ciento). El volumen del empleo proporcionado por las empresas constructoras en 2004 era 21 por ciento más bajo que en 2000. El índice del personal ocupado de los establecimientos comerciales acumuló entre 2002 y 2004 una contracción de 3.6 por ciento en el comercio al mayoreo y de 5 por ciento en el comercio al menudeo. Será casi imposible revertir estas tendencias en los próximos dos años.
Si se toma como referencia el número de empleados registrados en el IMSS en 2000, la ganancia al cierre de 2004 sólo era de 11 mil 137 plazas, un incremento de menos de uno por ciento en cuatro años. Dado que el empleo del sector público no registró en este lapso variaciones sustantivas (en algunas áreas incluso se contrajo), y debido a que las fuentes de empleo formal privado que no registra el IMSS son hasta cierto punto marginales, es imposible calificar esta evolución como muestra del pretendido carácter exitoso del proyecto económico del gobierno.
En el supuesto de un crecimiento económico de 4 por ciento en 2005 y de 5.4 en 2006, el empleo formal privado podría observar incrementos absolutos de 543 mil y 669 mil puestos de trabajo respectivamente. Sumando la variación al cierre de 2004, lo anterior reportaría una creación total de un millón 212 mil 500 empleos en todo el sexenio. En otras palabras, a condición de que la economía crezca en el bienio final de la presidencia de Vicente Fox alrededor de las tasas indicadas, entre 2000 y 2006 únicamente se habrá generado un volumen de empleo formal suficiente para atender los requerimientos de trabajo de un solo año.
Aunque el problema de una insuficiente generación de empleos remunerativos es general y abarca a toda la economía, son tres los sectores de actividad en que se manifiesta de manera más drástica: las industrias extractivas, la construcción y la industria de transformación. Mientras en las dos primeras el nivel de empleo se estancó desde 2000, en la industria de transformación se destruyeron poco más de 674 mil puestos de trabajo entre ese año y 2004. El nivel del empleo alcanzado a finales de 2000 en este sector económico (4 millones 399 mil puestos en números redondos) no podrá ser restablecido al final del actual gobierno. En un escenario de crecimiento del PIB de la industria de transformación de 5.2 y 6.1 por ciento en 2005 y 2006, respectivamente, que es el que resulta compatible con el crecimiento general supuesto anteriormente, el volumen del empleo total del sector mostraría variaciones positivas de 2.6 y 4.8 por ciento, con lo cual subsistiría un faltante de casi 394 mil puestos de trabajo industrial respecto de 2000.
La distribución regional del problema tampoco es homogénea. Las pérdidas de empleo formal registradas entre 2000 y 2004 se concentraron en 11 de las 32 entidades federativas. En orden descendente de importancia en cuanto al monto absoluto de dichas pérdidas, se trata de los estados de Chihuahua, Distrito Federal, Coahuila, Puebla, México, Durango, Baja California, Tamaulipas, Sonora, Tlaxcala e Hidalgo. Como puede advertirse, todas son entidades del centro y del norte del país, que es el espacio geográfico de implantación del complejo exportador constituido al amparo de la estrategia económica en vigor desde finales de los años 80, de cuya continuidad y profundización el actual gobierno es el garante. La crisis del modelo productivo asociado a esa estrategia tiene manifestaciones locales cuya magnitud difiere de un estado a otro, aunque en el caso de entidades como Chihuahua, Durango, Puebla, Coahuila y Tlaxcala se traduce en contracciones del empleo formal que a finales de 2004 implicaban la desaparición de porciones que fluctuaban entre 14 y 6.5 por ciento de los puestos de trabajo registrados en el IMSS en 2000.
México enfrenta un problema estructural muy serio de empleo productivo y, por tanto, remunerativo de su población. La discrepancia entre el crecimiento de la economía y el de la PEA no es nuevo, pero se agravó en los últimos dos decenios y aún más en el transcurso del gobierno actual. Tal discrepancia es la fuente del desempleo y la emigración de masas que padecemos, con sus inevitables secuelas: pobreza, miseria y desesperanza que ninguna refinación estadística (como el uso del concepto de ocupación en lugar del de empleo) puede ya disimular.
Rindámonos ante la evidencia: la persistencia de este problema indica el fracaso de nuestro actual modelo de organización socioeconómica, al tiempo que señala incapacidad e impotencia de sus clases dirigentes para enfrentarlo, entenderlo, analizarlo y resolverlo.
No hay una ley de hierro de la economía que impida diseñar y aplicar políticas innovadoras para enfrentar con eficacia este gran problema nacional. El fracaso político y social que significa no ser capaces de incorporar productivamente a segmentos crecientes de la población está en el origen de la violencia y la inseguridad que reina en las ciudades. Necesitamos transitar hacia un régimen de política económica cuya prioridad sea el crecimiento con generación de empleos formales. Ello requiere abandonar el conformismo intelectual que desde hace mucho preside el proceso de formulación de la política de desarrollo. No es exacto que una política activa de empleo sea incompatible con la estabilidad macroeconómica y financiera, y es una falacia pretender que esta última pueda construirse marginando a un volumen creciente de la población §
