El punto principal a favor del TLC es la supuesta complementaridad. México se especializaría en aquellas ramas funcionales para Estados Unidos y no para el desarrollo del país. La mayor ventaja competitiva de nuestro país es el bajo costo salarial. Las altas esferas del poder apostaron por ésta al corto plazo. Lamentablemente se ha venido convirtiendo en la única rama competitiva; la inversión extranjera ha dejado de ser seducida por la baratura de la mano de obra.

Las consecuencias inmediatas fueron el desplazamiento en importancia del mercado interno por el externo. No podría ser tan malo, pero está altamente concentrado en Estados Unidos (más de 80%) a pesar de contar con 10 tratados comerciales. La centralización también se manifiesta en el tipo de productos vendidos. El país se ha convertido en blanco de IED que maquila y exporta. Las políticas del gobierno adoptadas en este sentido, como la de importaciones temporales, PITEX, ALTEX y otras han favorecido a tal comportamiento. Directamente influye en la falta de autonomía del país y en dependencia a capitales especulativos por los desajustes en balanzas comerciales. La conclusión de este razonamiento no es difícil: las grandes empresas aprovechan las ventajas, al grado de dejar inmersa nuestra economía en las condiciones dictadas por ellas mismas.

El proceso de internacionalización y complementariedad, mencionado anteriormente, entre México y Estados Unidos es avanzado y bien complejo. La diferente dotación de recursos productivos y los diferentes niveles de productividad entre las dos economías ha provocado especialización marcadamente desigual. Estados Unidos vende productos de alta tecnología, México se dedica a recursos naturales y ensamble intensivo en mano de obra. Así, los pacto regionales son el camino por el cual los países que controlan el desarrollo del comercio operan para llevar a cabo las transformaciones productivas sin perjuicio negativo para los grandes sectores de su aparato productivo. Los procesos de integración económica general diferentes resultados si los países en cuestión son más o menos homogéneos o si son diferentes. Las disparidades estructurales atentan contra la estructura productiva. El TLC no puede dar la posibilidad de ser más competitivos en todos los productos, únicamente nos condenaría a la especialización de ciertos productos poco sofisticados.

Queda demostrado entonces que el tratado comercial en Norteamérica tiene la finalidad de utilizar a nuestro país como proveedor de mano de obra barata, materias primas y como campo para inversiones y exportaciones. La primero que salta a la vista es la liberalización comercial tan anunciada por Norteamérica aunque en realidad se trate de un economía extremadamente cerrada. Por otro lado, existen profundas diferencias entre las economías integrantes del TLC, desigualdades que terminaran por inclinar la balanza del lado estadounidense. Estados Unidos genera 88% de la demanda total del bloque, es por ello que la dependencia es tan marcada. Lo anterior indica que no existe complementariedad entre los países, lo que hay es aprovechamiento de las características más desfavorables de nuestra economía.

A últimas fechas, el PIB ha alcanzado tasas de crecimiento mayores a los periodos inmediatos precedentes. La respuesta está en el crecimiento del comercio exterior, producto de la firma del tan mencionado tratado. Lamentablemente las importaciones crecieron con mayor dinamismo que las exportaciones. Parte de la estrategia de apertura fue mantener el tipo de cambio estable, a pesar de los desajustes en cuenta corriente y la disparidad de la producción entre México y Estados Unidos. Las principales debilidades del modelo estudiado hasta ahora son la evidente dependencia al exterior y se hace más vulnerable aún cuando no se cuentan con los mecanismos capacitados para neutralizar los efectos negativos exógenos, lo que más se aproxima a ello es aplicar políticas fiscales y monetarias restrictivas. La consecuencia inmediata es la caída del ingreso per capita.

¿A qué nos ha llevado todo esto? A un proceso de modificación económica estructural que lleva implícitas profundas reformas sociales, todas ellas son crudas y se implementan de manera tajante, siguiendo las instrucciones de organismos financieros internacionales. Los cortes a rubros vitales como lucha contra la pobreza, inversión pública, o educación son recurrentes y casi siempre disfrazados. A pesar que existen Secretarías y comisiones de desarrollo social, programas y muchos otros instrumentos, no han sido suficientes para paliar los estragos de le liberalización a ultranza a la que hemos sido sometidos. Los gobiernos latinoamericanos y la banca de desarrollo internacional ha sido un observador pasivo, aunque hayan sido creados en nuestro país elementos como el Programa Nacional de Solidaridad o Pronasol, surgido como uno de los proyectos más acabados en América Latina para combatir la pobreza.

En el fondo fue mera propaganda política. A 8 años de su creación hubo 2.6 millones de nuevos indigentes, más de la mitad del país vivía ya en la pobreza. El Banco Mundial promovió fervientemente la formación de Fondos y planes similares en el continente. Lo lamentable del caso es que por una lado se implementan políticas de corte "social" y por el otro se obliga a cumplir metas macroeconómicas que lastiman a la sociedad en general; se tiene entonces un efecto bien neutralizado. Los organismos internacionales obligan a reducir el papel del Estado, a dar prioridad a políticas monetarias y a abrir las economías.

Ernesto Zedillo afirmaba en los informes presidenciales que a pesar de haber vivido la peor crisis económica de la historia, el país recuperaba el crecimiento y los problemas estructurales habían sido superados. El modelo de apertura de Salinas tuvo importantes fallas, corregidas el país iría por buen camino. Todo basado en disciplina fiscal y monetaria. A pesar de los discursos optimistas, la pobreza y la migración son indicadores de la demagogia y mentiras políticas.

El caso de nuestro país parece burla. En 1982 se impidió la quiebra masiva de empresas , en 1995 se detuvo la caída de los bancos. En ambos casos mediante la conversión a deuda pública. La opción más acertada hubiera sido expandir el gasto público y garantizar créditos. Sería un error soslayar las presiones de organismos internacionales para lograr tales acciones.

A 8 años de la entrada en vigor del Tratado comercial y a 16 años de la entrada al GATT (hoy OMC) parece claro que la apertura no ha sido la solución, ha sido un estigma en la sociedad mexicana. Los indicadores de pobreza son más altos, las importaciones han crecido en mayor proporción a las exportaciones y el PIB ha sufrido las más bajas tasas de crecimiento en la historia. ¿Porqué entonces se insistió en el modelo de apertura? Es una pregunta concreta, clara pero de difícil respuesta. Al parecer todo se originó por presiones de deuda y sobre todo por compromisos adquiridos a cargo de financiamiento inmediato. Los desajustes en la cuenta pública obligaron a reducir el gasto, a necesitar capital privado y a recurrir a la inversión extranjera. La forma más rápida de conseguir todo y de aceptar las condiciones impuestas fue legalizar y acentuar las relaciones económicas con Estados Unidos. La aparente competivividad por baratura en mano de obra fue el justificante y la promesa fue el desarrollo equilibrado entre los tres países.