Introducción

Los Tributos forman parte de la economía del país, ya que los mismos son prestaciones de dinero que el Estado exige en virtud de una ley, con el propósito de cubrir los gastos públicos o los gastos que realiza el Gobierno a través de inversiones públicas, por lo que aumento en el mismo producirá un incremento en el nivel de renta nacional y en caso de una reducción tendrá un efecto contrario. Permitiendo la participación de los impuestos, tasas y contribuciones especiales, que no son más que la esencia de la clasificación de los tributos, así como los caracteres, la unidad tributaria, la presión y la evasión fiscal. El objetivo de este trabajo es conocer acerca de los impuestos, los sistemas tributarios

Derecho Financiero, Fiscal y Tributario.

•            Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, artículos 316 y 317 contentivos de los principios que rigen la materia y la disposición transitoria quinta, que ordena la creación del Código Orgánico Tributario y su contenido. Comenzó a regir a partir del 20 de diciembre de 1999. No estableció vacatio legis.

•            Código Orgánico Tributario, para establecer su ámbito de aplicación material, es necesario que esbocemos el artículo 1  el cual señala:

“Las disposiciones de este Código Orgánico son aplicables a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de esos tributos. …”

Lo cual nos indica que su ámbito de aplicación es total sobre los tributos nacionales y para fijar el ámbito de aplicación espacial, nos remitimos al artículo 11 del Código Orgánico Tributario, que señala que las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial sometido a la potestad del órgano competente para crearlas. En el caso de las leyes tributarias nacionales, estás podrán gravar hechos ocurridos total o parcialmente fuera del territorio nacional, cuando el contribuyente tenga nacionalidad venezolana, esté residenciado o domiciliado en Venezuela, o posea establecimiento o base fija en el país. Todo esto evitando la doble tributación internacional. Es decir que existe un alcance extraterritorial de la ley tributaria Venezolana.

“… Para los tributos aduaneros el Código Orgánico Tributario se aplicará en lo atinente a los medios de extinción de las obligaciones, a los recursos administrativos y judiciales, a la determinación de intereses y en lo relativo a las normas para la administración de tales tributos que se indican en este Código; para los demás efectos se aplicará con carácter supletorio. …”

 

                Esta es una excepción que por sus características especiales, lo atinente a aduanas se regirá por la Ley de Aduanas, con salvedad a las excepciones que define el artículo 1 párrafo segundo. El resto de las leyes nacionales no pueden alegar autonomía, toda la ley tributaria debe respetar lo que señala el Código Orgánico Tributario, ya que por ser una Ley Orgánica se encuentra por encima del resto de las leyes como desarrollo de principios constitucionales.

“… Las normas de este Código se aplicarán en forma supletoria a los tributos de los estados, municipios y demás entes de la división  político territorial. El poder tributario de los estados y municipios para la creación, modificación, supresión o recaudación de los tributos que la Constitución y las leyes le atribuyan, incluyendo el establecimiento de exenciones, exoneraciones, beneficios y demás incentivos fiscales, será ejercido por dichos entes dentro del marco de la competencia y autonomía que le son otorgadas, de conformidad con la Constitución y las leyes dictadas en su ejecución. …”

                El Código establece de manera enfática el respeto al principio de la autonomía municipal, tal y como lo contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 168, 178 y 180; y de tal manera el legislador estableció que el Código se aplicará de forma supletoria a los municipios, o lo que es mejor, solamente será aplicable cuando en esa materia no existan normas locales.  Se trata no de una norma que se trata de imponer sobre el municipio sino por el contrario de una norma que persigue complementar y suplir las posibles carencias que puedan tener los municipios en cuanto a disposiciones tributarias. Y de igual manera se aplica en los estados.

 “… Para los tributos y sus accesorios determinados por administraciones tributarias extranjeras, cuya recaudación sea solicitada a la República de conformidad con los respectivos tratados internacionales, este Código se aplicará en lo referente a las normas sobre el juicio ejecutivo. …”

Tal determinación nos remite al artículo 289 del Código.

”…Parágrafo Único: Los procedimientos amistosos previstos en los  tratados para evitar la doble tributación son optativos, y podrán ser solicitados por el interesado con independencia de los recursos administrativos y judiciales previstos en este Código. …”

El Estado ha suscrito infinidad de tratados que tienen por finalidad evitar la doble tributación y éstos pueden ser invocados en los procedimientos administrativos que realice el contribuyente ante los órganos tributarios.

Ahora bien, la entrada en vigencia de las leyes tributarias y en tal sentido el artículo 8 del Código Orgánico Tributario señala:

“Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia. Si no lo establecieran, se aplicarán una vez vencidos los sesenta (60) días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial. …”

Esta norma permite al contribuyente conocer de manera homogénea y clara la entrada en vigencia de las leyes tributarias, el artículo es muy claro y plantea que en el caso de que una ley tributaria no indique la fecha de entrada en vigencia, se entiende que a los sesenta (60) días de haber sido publicada en gaceta ésta regirá eficazmente.

”..Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley, aun en los procesos que se hubieren iniciado bajo el imperio de leyes anteriores. …”

Este párrafo nos indica que ausencia de aplicación de la norma más favorable y en tal sentido, se debe aplicar a todos los procesos desde su entrada en vigencia sin importar que se hayan incoado bajo el imperio de leyes anteriores.

Actividad Financiera del Estado; Hacienda Nacional, El Fisco

 

La Hacienda Pública comprende principalmente la administración y disposición de recursos y caudales públicos. Corresponde al Presidente, los Ministros y demás funcionarios competentes por vía constitucional y legal la administración de la Hacienda Pública en Venezuela, están obligados como administradores a rendir cuentas y son responsables de la gestión que les ha sido encomendada, esa responsabilidad puede hacerse efectiva por diversas vías, que conforman el último momento de la actividad financiera, el cual es el control.

Es importante al estudiar la actividad financiera del Estado, realizar un análisis económico de las Finanzas Públicas en el país durante los últimos años.

La evolución económica del país se vio favorecida en el 2000, por el mayor crecimiento experimentado por la economía mundial, particularmente por el dinamismo de la demanda mundial de energía y sus efectos en la recuperación de los precios de los principales crudos marcadores, reflejados en un fuerte repunte del precio promedio de la canasta petrolera de exportación y en un aumento de los volúmenes de producción y exportación de crudos, con el consecuente impacto favorable sobre las cuentas fiscales y externas. Estos factores, conjuntamente con el seguimiento de políticas fiscales, monetarias y cambiarias orientadas al crecimiento y a la estabilidad de precios, impulsaron la recuperación de la actividad económica y permitieron mantener la tasa de inflación dentro de la senda objetiva, definida a comienzos del año.

El seguimiento de unas políticas fiscales, monetarias y cambiarias, que estuvieron dirigidas a lograr crecimiento y estabilidad en los precios, fueron factores importantes en la recuperación de la actividad económica y de este modo se logró mantener la tasa de inflación dentro de lo previsto para ese año.

La actividad financiera del Estado comienza en el momento en que éste se apropia de las riquezas o bienes producidos por las demás economías, y las convierte en ingresos para atender los gastos que le causará cumplir su deber de satisfacción de las necesidades públicas. Termina cuando el ingreso público se ha convertido en servicio público o medio de satisfacer la necesidad.

El Estado tiene que desarrollar una actividad de carácter económico, encaminada a la obtención de medios que le permitan satisfacer las necesidades colectivas mediante la realización de los servicios públicos, Elementos que Integran la actividad financiera del estado:

 

 

La Renta Nacional, es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir dentro de un ejercicio fiscal.

Ingreso público

Son los ingresos que se procura el estado para satisfacer las necesidades de la sociedad, los ingresos públicos pueden ser de diferente índole, de acuerdo a sus características económicas, financieras y jurídicas.

Clasificación de ingreso público

 

Es importante señalar que la obligatoriedad que tienen los particulares de hacer sus pagos al Estado es especialmente importante en el caso de los impuestos, donde la Ley aparece como el único vínculo entre el Estado y el particular, puesto que el Estado no está en la obligación de entregar nada directamente a cambio al particular sino a la sociedad

Clasificación y concepto de los ingresos Tributarios

Entre las numerosas clasificaciones entre los cuales se tienen las siguientes:

1. De acuerdo a la periodicidad o permanencia en un sistema tributario pueden ser:

 

2. De acuerdo al fin o destino de los impuestos se clasifican como:

 

3. Según la extensión de su aplicación los impuestos pueden ser también:

 

4. De acuerdo a la naturaleza del impuesto: Pueden ser:

 

5. Según la forma de recaudación se clasifican como::

 

6. Según el proceso de traslación pueden ser

 

 7. Según la forma en que gravan a los patrimonios pueden ser:

 

8) Según la naturaleza de la cuota del impuesto pueden ser:

 

9) Según la fuente de recurso gravada puede ser:

 

10) Atendiendo la naturaleza de la materia gravable pueden ser

 

 

Instrumentos Fiscales Utilizados en Venezuela.

El sistema impositivo venezolano muestra una marcada dependencia con respecto al petróleo. Tal afirmación se hace evidente al constatar que los ingresos petroleros en 1989 representaban un 60% de los ingresos fiscales totales. El impuesto sobre la renta aplicada a personas naturales apenas contribuye con un 2.5% de lo recaudado, mientras que otros impuestos como los que pechan a licores, cigarrillos, fósforos, sucesiones etc., apenas aportan un 2% de lo recaudado.

En un intento por disminuir la dependencia fiscal con respecto al petróleo, se han utilizado distintos tipos de impuestos entre los cuales se encuentran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre las Ventas (ISV), el Impuesto sobre las Ventas al Mayor y al Consumo Suntuario (ISVM), el Impuesto a los Activos Empresariales (IAE), y el Impuesto al Débito Bancario (IDB), esto supuso la modernización del sistema tributario venezolano, junto con la creación del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria. Luego de la Apertura Petrolera, los niveles de recaudación de impuestos no petroleros han aumentado considerablemente llegando a representar un 50% del total de ingresos recaudados y llevando los ingresos petroleros a un nivel del 35% del total de los ingresos.

Actualmente en el país se aplican los siguientes impuestos (no petroleros).

IVA (Impuesto al Valor Agregado)

IDB (Impuesto al Débito Bancario) (De aplicación temporal para personas juridicas)

ISLR (Impuesto sobre la renta)

IAE (Impuesto a los Activos Empresariales)

IAEA (Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas)

ISDRC (Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Ramos Conexos)

TF (Timbres Fiscales)

ISCMT (Impuesto Sobre Cigarrillos y Manufactura de Tabaco)

EORNF (Estatuto Orgánico de la Renta Nacional Fósforos).

 

Tributos son las prestaciones pecuniarias que el Estado, o un ente público autorizado al efecto por aquél, en virtud de su soberanía territorial; exige de sujetos económicos sometidos a la misma."

El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la Ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. La Ley, en su caso, completará la determinación concreta del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción.

Es contribuyente la persona natural o jurídica a quien la ley impone la carga tributaria derivada del hecho imponible. Nunca perderá su condición de contribuyente quien legalmente deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas

Exención, en una acepción amplia, hace referencia a que una actividad o un sujeto no van a tener que hacer frente a un tributo. Se identifica así el término con la noción de beneficio fiscal. En un sentido más estricto, la exención delimita negativamente el hecho imponible o los elementos cuantitativos del tributo. A través de la exención, la obligación tributaria no nace.

Principios del Sistema Tributario en Venezuela.

Partiendo del presupuesto de que toda sociedad se constituye con el objetivo de lograr un fin común, y como consecuencia lógica de esta premisa, se establecen las normas que habrán de regir su funcionamiento conjuntamente con los organismos que sean necesarios para la realización de este fin colectivo. El desarrollo de esta idea de sociedad, como cualquier otra actividad, genera costos y gastos, los cuales, como resulta obvio, deben ser cubiertos con los recursos propios de esa colectividad, bien porque en su seno se realizan tareas que le produzcan tales ingresos, o bien, y sobre todo, porque ésta percibe los aportes de sus miembros.

La Constitución de nuestra República contiene estatutos que rigen el funcionamiento del país y, en su artículo 136 establece que toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos. Para hacer efectiva esa contribución o colaboración se recurre a la figura de los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) incorporando expresamente en el artículo precitado esa conexión, como no se había hecho en nuestras constituciones precedentes, pero, concatenando aquella norma con el dispositivo contenido en el artículo 316 de la Carta Fundamental, que a la letra señala:

"El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos."

En aplicación de esta disposición constitucional, el sistema tributario - y no un determinado impuesto - establecerá la obligación de contribuir en atención a la capacidad económica del sujeto pasivo; con tal fin, los tributos no pueden ser calculados sobre una base proporcional sino atendiendo al principio de progresividad, mecanismo que debe respetarse para que el Estado pueda cumplir con la obligación de proteger la economía nacional y de lograr un adecuado nivel de vida para el pueblo.

 

El  Derecho Tributario Nacional, concebido como un todo, siempre se había destacado con especial deferencia el hecho de que, desde su creación como tal la República adoptó el principio de legalidad o de reserva legal en materia tributaria, con rango constitucional. Así lo encontramos recogido desde la Constitución de 1811, dictada por el Congreso que decretó la independencia de Venezuela y expresamente consagrado en nuestra Carta Magna de 1830, a través de la cual se dio vida al Estado Venezolano, en la disposición respectiva que le atribuyó al Congreso la facultad de crear "...impuestos, derechos y contribuciones para atender a los gastos nacionales, velar sobre su inversión y tomar cuenta de ella al Poder Ejecutivo y demás empleados de la República." Este principio, con algunas diferencias, se repite y recoge en la Constitución de 1819. La disposición así concebida, se mantuvo con ligeras variantes en todas nuestras Constituciones promulgadas desde entonces hasta hoy. No obstante, un importante avance se introduce en nuestra nueva Carta Fundamental, promulgada el 31 de diciembre de 1999, en la cual se añade a la norma cuya redacción se había mantenido sin mayores modificaciones, la prohibición del efecto confiscatorio de cualquier tributo que cree la Ley, con lo cual, no sólo se reserva a ésta la facultad de crear cualquier impuesto, sino que además se impone al legislador una limitación del más alto rango normativo, en el sentido de atender a la justicia y equidad de las exacciones a ser creadas, so pena de violación del derecho de propiedad, que desde siempre ha contado en nuestro país con esta protección constitucional. Dicha limitación, conocida como el principio de no confiscatoriedad, el cual esta consagrado en el siguiente Art. de nuestra CNRB que se transcribe de esta manera:

"Artículo 317: No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución alguna que no estén establecidos en la Ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las Leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio."

Se ha hecho especial énfasis en este principio y la fórmula seleccionada para consagrarlo en nuestra nueva Constitución, toda vez que al representar los tributos invasiones de parte del Poder Público en las riquezas particulares y una innegable limitación de la libertad y propiedad privada, se ha aceptado pacíficamente en el ámbito internacional, que tales invasiones o limitaciones se hagan exclusivamente a través de la Ley.

Se ha considerado necesaria la breve disquisición precedente, por cuanto en nuestro país es mucho lo que se ha discutido sobre esos casos de excepción previstos en nuestro régimen constitucional, en los que se contemplaba la posibilidad para el Ejecutivo Nacional, a través de la figura del Presidente de la República, de intervenir en una serie de materias reservadas a la ley. (De hecho, la última reforma de nuestro Código Orgánico Tributario, se hizo mediante un Decreto-Ley).

Por otra parte, y conjuntamente con la relevancia y significación del principio de legalidad, la recién promulgada Constitución, establece, como lo hacía la derogada de 1961 según vimos al inicio de esta sección, que el sistema tributario en su conjunto procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, y en este marco dispone que se deberá atender al principio de progresividad, a la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, sustentándose para ello en un sistema eficiente de recaudación de los tributos. (Artículo 316, CNRB). La norma antes referida se complementa con la previsión contenida en el aparte final del artículo 317 ejusdem que enuncia los principios en los que debe soportarse la administración tributaria, señalando que ésta gozará de autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo con la normativa que sea aprobada a tal efecto por la Asamblea Nacional, y su máxima autoridad deberá designarla el Presidente de la República de conformidad con las normas previstas en la Ley.

Finalmente, cabe destacar que El Poder Nacional tiene asignada, de conformidad con en el artículo 156, la potestad tributaria, en los rubros siguientes:

- La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes, y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco, y los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constitución y la Ley.

- La legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias, definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial.

- La creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, cuya recaudación y control correspondan a los Municipios, de conformidad con la Constitución.

Además, el Poder Nacional tiene competencia para regular la organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios de los Estados; y para establecer el régimen del Situado Constitucional de los Estados y la participación municipal en el mismo (Art.164, Ord. 4); y para regular la coparticipación de los Estados en tributos nacionales (Art. 164.Ord. 6).

Nuestra Constitución de 1999, tiene asignada en forma directa los Estados las potestades tributarias que se señalan a continuación:

- La organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios, según las disposiciones de las leyes nacionales y estadales.

- La creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas.

Además, le corresponden las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones y las que le sean atribuidas; lo recaudado por concepto de venta de especies fiscales y demás ingresos definidos en el artículo 137 "ejusdem", y las competencias residuales, previstas en el ordinal 11 de conformidad con el principio propio de las federaciones en este particular.

Los Municipios tienen asignadas, de conformidad con el artículo 179 de la Constitución, las siguientes potestades tributarias:

- Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones establecidas en la Constitución; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; y la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística.

- El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participación en la contribución por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estadales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos.

Fuentes del Derecho Tributario

Fuentes formales:

 

Fuentes supletorias

Fuentes De Investigación

• Jurisprudencial: Tribunal Supremo De Justicia Y Tribunales Superiores Tributarios.
• Doctrina Administrativa, Consultas, Etc.
• Resoluciones Y Acuerdos Internacionales.
• Resoluciones Y Acuerdos Nacionales.
• Textos Y Trabajos Varios Sobre La Materia.



Conclusión

Venezuela es un país cuya principal fuente de ingresos siempre a derivado del petróleo, de los hidrocarburos y de la explotación de los recursos no renovables, pero que con el pasar del tiempo estos ingresos provenientes de los recursos petroleros se hicieron insuficientes y cambiantes para la Nación, por lo que le abre paso a una nueva búsqueda de financiamiento necesario para el logro de sus objetivos, que no son más que la de incrementar los ingresos estatales.

Por esta razón nace de manera indispensable para el Estado la exigencia del pago de los tributos, otorgándole un carácter obligatorio al mismo, debido a que tiene como finalidad lograr el bienestar colectivo, tanto generando una mejor protección económica como elevando el nivel de vida del país .

Por otro lado el no pagar los tributos trae como consecuencia varias sanciones tales como la imposición de multas, el cierre de establecimientos, decomisos de mercancías, privación de libertad, etc; regidas por la ley bien sea por la Constitución Nacional o el Código Tributario Venezolano

Referencias Bibliograficas

• Código Orgánico Tributario (2001).

• Ley Orgánica de la Hacienda Pública Municipal

• Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal

• Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional

• Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica y del Sistema Nacional del Control Fiscal

• Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela

• Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público

Referencias Electronicas

• http://www.monografias.com/trabajos11/tribven/tribven.shtml
• Seniat
• http://www.monografias.com/trabajos11/finpub/finpub.shtml
• http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/sistribvenct.htm
• http://www.monografias.com/trabajos14/eltributo/eltributo.shtml
• http://www.monografias.com/trabajos5/polifisc/polifisc2.shtml#instru
• http://www.serbi.luz.edu.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-14062003012000003&lng=es&nrm=i