Costa Rica
Ministerio
de Planificación Nacional y Política Económica
Justificación:
Ello ha puesto de manifiesto la conveniencia de elaborar un modelo de organización para el área administrativa-financiera de los diferentes ministerios que conforman el Gobierno Central, basado en una nueva concepción de la función pública, que responda a las necesidades de modernización de la administración financiera, procurando la óptima asignación y uso de los recursos públicos. Desde esta perspectiva el Ministerio de Hacienda asume su papel de ente rector, centralizando el componente normativo y desconcentrando la acción operativa del proceso.
Las instituciones del Estado en este particular, ocupan un papel preponderante, en virtud de que se han entrelazado en una gestión complicada desde el punto de vista jurídico, de asignación de recursos, de control de los activos estatales entre otros aspectos, que requiere revertirse para lograr asumir adecuadamente el desarrollo operativo de los procesos administrativos-financieros.
Es por ello que el modelo propuesto se basa en los siguientes objetivos de reforma institucional:
Impulsar nuevos modelos de contratación y participación del sector privado, que permitan desahogar al aparato estatal de labores que carecen de un sentido estratégico y que manteniendo condiciones de calidad y costo, apoyen la consolidación y desarrollo del Estado que se quiere.
Orientar los esfuerzos en la eliminación de actividades que fomentan rutinas burocráticas, que distraen los escasos recursos de la institución en perjuicio de dar respuestas solventes a demandas crecientes, en búsqueda de fomentar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la misión, objetivos y demás atribuciones de la institución.
Fomentar el mejoramiento continuo de los servicios públicos, de manera que conlleven a un impacto en los servicios prestados basado en estándares de calidad.
Promover medidas de contención del gasto público. Se debe establecer criterios de racionalidad administrativa, como una política coadyuvante a los problemas del gasto público y el déficit fiscal. El crecimiento institucional cobró tales magnitudes, que será necesario establecer medidas de contención que reviertan el proceso, dando espacio a un presupuesto dirigido a los objetivos institucionales y liberando recursos orientados a estructuras superfluas o desfasadas.
Impulsar una cultura organizacional, orientada en los resultados, productos y rendimiento de cuentas. Esto implica establecer formas de organización, basadas en procesos con equipos polifuncionales, orientados por la obtención de un producto determinado y regidos por una cultura de autoevaluación.
Compactar las estructuras administrativas para eliminar rigideces en la toma de decisiones. Varias de las instituciones se han caracterizado por la existencia de muchos niveles jerárquicos, en perjuicio de su propia capacidad de respuesta, por consiguiente la reducción de dichos niveles conlleva a un acercamiento con la toma de decisiones.
Impulsar una política salarial sustentada en el mérito y capacidad resolutiva, más que en la antigüedad de los funcionarios o su ubicación en la estructura organizacional. La posición en la estructura organizativa ha constituido un símbolo de status que se contrapone a los intereses institucionales.
Garantizar la custodia de los documentos del Estado, formulando políticas y estableciendo prácticas administrativas racionales y sanas, con el fin de facilitar al ciudadano el acceso a la información, sustentar la toma de decisiones, y conservar la memoria institucional del aparato del Estado.
Asimismo, esta propuesta constituye una contribución para que las instituciones, según su naturaleza, dinámica y complejidad, encuentren el asidero organizacional para el componente administrativo-financiero.