Tendencia: arqueología subacuática
En el agua está el tesoro mejor conservado
Hace unos 20 años que en la Argentina se inició la búsqueda de patrimonios culturales submarinos

Si en noviembre próximo la Unesco aprueba la Convención Internacional sobre Patrimonio Subacuático, los buscadores de tesoros habrán perdido un round decisivo en la disputa que sostienen con quienes abogan por la protección de todo bien o sitio arqueológico sumergido.
Y, de esa manera, naciones como la nuestra, con grandes atrasos en la materia, podrán ver mejor salvaguardado su patrimonio cultural sumergido, del que se tienen muchos testimonios, pero pocos datos concretos.
Sólo los datos sobre antiguas naves hundidas en nuestras costas y en la cuenca del Río de la Plata superan ampliamente el millar. Y el papel del agua en materia de conservación permite alentar el optimismo en cuanto al estado de esos naufragios.

El papel determinante que el agua ha jugado en la vida del hombre desde tiempos inmemoriales hace presumir que todo mar, lago, laguna o río es un potencial reservorio de los restos de generaciones pasadas.
La arqueología subacuática nació en los años sesenta. Se trata de una disciplina costosa, difícil de afrontar para las naciones subdesarrolladas. A su par ha avanzado también una derivación non sancta: la caza de tesoros.
Muchos países del Tercer Mundo, ante la imposibilidad de desarrollar esta disciplina, otorgan permisos para que empresarios privados exploren sus costas, a cambio del 50 por ciento de las ganacias obtenidas.

Sin ir más lejos, nuestro vecino Uruguay tiene sus costas virtualmente loteadas, y un buscador argentino ya ha detectado dos naves hundidas.
En nuestro país, la arqueología subacuática comenzó a desarrollarse hace unos veinte años, gracias a las gestiones del Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), organización no gubernamental con amplia proyección internacional -es asesora de la Unesco en todo lo vinculado con el Patrimonio.
Desde entonces, la actividad ha prodigado múltiples frutos, pero no los suficientes, en gran parte debido a la falta de un criterio gubernamental uniforme que se traduzca en apoyo constante.

Uno de los buceadores que bajó a la corbeta británica Swift

Pero a los científicos no sólo los inquieta la falta de aportes, sino el vacío legal dominante.
La ley nacional de protección del patrimonio data de 1913 y, obviamente, no menciona al subacuático. Una ley posterior, la 12.665, aportó algunos lineamientos, pero no es revisada desde la década del sesenta. Sólo tres provincias tienen leyes explícitas: Tierra del Fuego, Santa Cruz y Mendoza.
Sin embargo, esta maraña legal ha servido para desalentar a buscadores de tesoros, que podrían encontrar "apetecibles" algunas naves sumergidas en el Río de la Plata.

Pero el río también ha aportado lo suyo, ya que en nuestras costas la carga de sedimento y barro es mayor; por ende, las operaciones de rescate se volverían más costosas.
Sin embargo, las embarcaciones que abundan en nuestro territorio no se caracterizarían justamente por estar cargadas de metales preciosos, sino más bien ricas en piezas antiguas. Pero éstas, precisamente, no desvelan a los buscadores privados.
Dolores Elkin es doctora en arqueología y directora del departamento de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Inapl), dependiente de la Secretaría de Cultura y Medios de LA NACION.

Elkin integró la delegación argentina en la Unesco que con los enviados de otros 87 países dieron forma final al proyecto de Convención Internacional sobre Patrimonio Subacuático.
La depredación del patrimonio subacuático en el mundo es preocupación de muchos países, y la actuación de organismos como la Unesco da cuenta de ello.
Si la convención es aprobada, una vez que los países adhieran, el patrimonio subacuático no podrá ser objeto de transacciones comerciales, y la falta de recursos no será un escollo para las tareas de rescate y relevamiento. El texto también establece que todo país que posea alguna vinculación cultural con un determinado sitio arqueológico podrá colaborar en su rescate.

"No olvidemos que la mayoría de los buques hundidos en el mundo portaban banderas españolas, inglesas o portuguesas. En los años ochenta, un buscador de tesoros halló un antiguo buque español en la costa estadounidense. Sin embargo, España reclamó judicialmente y un juez norteamericano le otorgó el caso, con lo que el buscador no pudo tocar la nave. Esto sentó un gran precedente en cuanto al rol que juegan las antiguas grandes potencias", explica Elkin.
Más allá de las controversias internacionales que el tema podría suscitar cuando los bienes fueran rescatados (derechos, propiedad, etcétera), la posibilidad de una futura cooperación entre naciones es un hecho que entusiasma a los arqueólogos del Inapl.
Desde 1997, el Inapl está a cargo de las tareas de relevamiento y rescate de la corbeta de guerra HMS Swift, de la armada británica, que naufragó en 1770, en la costa de Puerto Deseado, en Santa Cruz. La nave fue descubierta por los vecinos de la zona en 1982. Con la llegada de Elkin y su equipo, se han rescatado cientos de piezas que se exhiben en el museo local.

Pero la dinámica de esos trabajos es bastante más lenta de lo que muchos pueden suponer. "La hostilidad climática de la zona y la baja temperatura de sus aguas sólo posibilita la tarea de buzos durante el verano. Por otra parte, la visibilidad bajo el agua puede variar de un metro a cinco centímetros, y las mareas fácilmente pueden borrar horas de excavaciones", explica Elkin.
La inestabilidad de fondos y, por ende, de personal también hace lo suyo. El Departamento de Arqueología Subacuática se mantiene gracias a los escuetos subsidios de la Secretaría de Cultura, del gobierno de Santa Cruz, y a la beca de la Fundación Antorchas (ganada por la misma Elkin) que garantiza aportes hasta el año próximo.
Está prevista una exhibición del material de la Swift en el Centro Cultural Borges para principios del año próximo. Todo dependerá de que el Inapl obtenga los recursos necesarios para solventar los gastos.

En esta circunstancia, resulta dificultoso hacer previsiones acerca de el tiempo de trabajo que resta en la corbeta inglesa. Paralelamente, el grupo avanza en la confección de una base de datos sobre naufragios en nuestro territorio, en los que esperan poder trabajar algún día.

VALIOSO BOTELLON HALLADO EN LA SWIFT

Pioneros argentinos
La Fundación Albenga también defiende la preservación del patrimonio cultural subacuático. Se trata de una ONG creada en 1991, y algunos de sus integrantes fueron pioneros en nuestro país.
Javier García Cano es uno de ellos. Especializado en arqueología subacuática en Suiza es, sin embargo, arquitecto, pero con una vastísima experiencia. Es miembro de la delegación del Icomos en la Argentina y también integra el Comité Internacional de Patrimonio Cultural Subacuático.
La fundación Albenga tiene decenas de trabajos realizados, muchos de ellos con la colaboración de otros profesionales. Ha realizado múltiples prospecciones arqueológicas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Río Negro.

García Cano reconoce que la falta de recursos es un gran obstáculo para la disciplina, pero ve salidas posibles. "Las operaciones no intrusivas son muy fructíferas y mucho menos costosas. Es evidente que toda excavación ofrece posibilidades de información, pero también es claro que luego de exhumar el material, el sitio deja de existir como tal y pasa a ser una colección."
El especialista sostiene que las operaciones no intrusivas permiten graficar, filmar, fotografiar y evitan el alto costo de conservación de los materiales cuando entran en contacto con la atmósfera. "Las operaciones in situ son muy reveladoras y ofrecen múltiples posibilidades de estudio. Es cierto que la comunidad en general no puede ver el material, pero puede acceder a fotografías y videos", asegura.

Fabio Grementieri es arquitecto especialista en temas de patrimonio. A su entender, el patrimonio cultural subacuático debe ponerse en contexto con el resto del patrimonio. "Todos los tipos de patrimonio han sido objeto de transacciones comerciales. Si carecemos de recursos para relevar lo que tenemos, conocer su estado y saber si corre algún peligro, deberíamos evaluar la posibilidad de asociarnos con entidades privadas. Asumir el fundamentalismo es un error. Están las universidades privadas, existen centros de primer nivel ¿De qué sirve ser dueño de un todo que no se puede controlar ni proteger? En ese caso, es preferible resignar una parte, pero ver salvaguardado el todo, y que la comunidad pueda acceder a ello."

Revés proteccionista
Hace unos días, el mundo de los proteccionistas sufrió un revés del que aún no se recuperan. Rubén Collado, un buzo argentino, ubicó la cubierta principal y la cubierta de pasajeros de Nuestra Señora de la Luz, un barco español hundido en las costas de Montevideo en 1752.
El botín de la nave -al que espera acceder en poco tiempo- está valuado en 150 millones de dólares, y el cincuenta por ciento le corresponde al Estado uruguayo.
El tratamiento que diversos medios de comunicación le dieron al tema enardeció a arqueólogos y proteccionistas. "Lo trataron como a un héroe nacional, cuando se conoce perfectamente que los fondos que esta gente obtiene para financiar sus empresas proviene de la mafia y del narcotráfico en la mayoría de los casos", expresó García Cano.

Horacio Pardo es otro buscador de tesoros argentino radicado en Uruguay. Se fogueó en las filas de Collado, pero algunos conflictos personales los separaron. Desde 1995, opera su propia empresa llamada Proyecto Animas. Financiado entre otros por el archifamoso buscador de tesoros norteamericano Mel Fisher, Pardo tiene asignada una única zona en la que supone la existencia de tres naufragios.
"Sé que esta actividad es condenada por muchos arqueólogos. Pero también hay otros que la apoyan. De hecho, para que el gobierno uruguayo apruebe un proyecto y otorgue un permiso debe presentarse un plan arqueológico y en el grupo debe trabajar un arqueólogo", asegura casi a modo de defensa, aunque se lo nota convencido por lo que hace.
Los tres naufragios de su proyecto están valudados en 70 millones. "Del total que obtenga, la mitad será para el gobierno, obtuve todos mis permisos como manda la ley. ¿Qué conflicto moral podría tener?" Probablemente, si la Asamblea General de la Unesco aprueba la convención -en la elaboración de su texto participó Uruguay-, el peso de su ley no pueda aplicarse en forma retroactiva.
Sin embargo, los arqueólogos y demás protectores prefieren mirar al futuro y contentarse por las puertas que se les cerrarían a los buscadores. Mientras tanto, siguen luchando para que los gobiernos y las comunidades tomen conciencia sobre la enorme herencia cultural que espera bajo las aguas.
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Por Lorena Oliva, La Nacion, 19 de Agosto de 2001