Estamos
siendo testigos de los cambios en el papel tradicional del gobierno en
lo
económico, político y social, del incremento de la marginalidad social
que
impacta la
capacidad de satisfacer las necesidades básicas de las personas, de
la crisis del
modelo tradicional de gobernabilidad, y de los desajustes
económicos en
el esquema de producción, comercialización y empleo.
A la par que
se incrementa la exclusión social, afortunadamente también se
está
incrementando la conciencia sobre la necesidad de participación
ciudadana
en todos los aspectos de la vida comunitaria, en razón de
la
confusión y
de la problemática generada por los cambios que se experimentan
por la
irracional aplicación del modelo económico sustentado en el
mercado.
Todo indica que
el desarrollo de un país, en todas sus facetas, debe
impulsarse
desde espacios geográficos bien determinados, tomando en cuenta
las
características específicas de la población y de su entorno, y promoviendo
la
participación de los actores sociales que en él se
ubican.