Universidad de Yacambù.
Maestría en finanzas y negocios.
Asignatura: Estrategias de inversión.
Influencia de las políticas de
financiamiento en América latina.
El Sistema Financiero
ha sido la expresión más cabal de los cambios en la organización económica de
los últimos años, en donde esta parte quizá sea la menos regulada de la vida
económica. Por ello no es de extrañar que las crisis más importantes de esta
época sean financieras. Economías y empresas que parecían totalmente sólidas
pueden derrumbarse prácticamente de la noche a la mañana y otras que parecían
ajenas a ellas pueden contaminarse rápidamente, en lo que ha dado en llamarse
el efecto "contagio". Todo esto dentro de un contexto globalizado en
el que el tránsito de economías nacionales a economía internacional global ha
resultado traumático y errado debido a la ausencia de reglas claras e
instituciones incapaces de imponerlas y hacerlas cumplir.
Para ver el impacto del sistema financiero internacional sobre América Latina
obligatoriamente hay que hablar de deuda externa. Se hace necesario distinguir
entre la deuda acumulada y la nueva deuda; la deuda acumulada si alcanza montos
excesivos dificulta el funcionamiento de la economía, pues su servicio distrae
recursos que pudieran usarse para fines más productivos. Además un
endeudamiento acumulado alto dificulta y hace más caro o impide el acceso a los
nuevos créditos que necesita la economía. El peor de los mundos posibles es
cuando la deuda acumulada es de tal magnitud que la nueva que se contrae solo
puede servir para pagar la vieja.
La evolución del financiamiento externo de América Latina y el Caribe muestra
distintas etapas. Desde 1950 hasta 1973, el movimiento neto de capitales
extranjeros fue escaso; desde 1974 creció aceleradamente hasta 1981, sobre la
base de los créditos de la banca internacional; y desde 1982 hasta 1990 se
interrumpió el flujo voluntario de capitales. Así, la década de 1980 fue
"perdida", con una fuerte transferencia de ingresos hacia los países
desarrollados. Por último, a partir de 1990 existió un importante aumento de
los flujos anuales de capitales, que pasaron de casi 22.000 millones de dólares
en
Dentro de esta
corriente de capitales, un rasgo importante es que a partir de 1994 predominan
las inversiones directas, que en 1998 llegaron a los 57.900 millones de dólares
(recuérdese que en 1990 eran de 8.200 millones). Si bien disminuyeron levemente
con respecto al año anterior, constituyen el 70% de los flujos de capitales
netos que ingresaron a América Latina y el Caribe (en 1990 sólo llegaban al 37%
y en 1993 al 20%). En 1998 aumentó la deuda pública con garantía pública, y
cayó la deuda privada no garantizada.
Al tiempo que los
países de la región se fueron desarrollando aumentaron sus necesidades de
financiamiento. Después de
A medida que
escasearon los fondos externos, se hizo necesario apelar a otras fuentes
financieras. En estas circunstancias, comenzó a cobrar cada vez mayor importancia
el acceso a los mercados privados de capital de los países en desarrollo,
incluyendo a los de América Latina.
El punto de inflexión entre el predominio del financiamiento público al
predominio del financiamiento privado probablemente pueda situarse en la crisis
petrolera de 1974. Inmensas cantidades de recursos pasaron a manos de países
exportadores de petróleo que no tenían suficiente capacidad de absorción para
invertirlos en sus economías domésticas y terminaron depositados en bancos
internacionales que se encontraron con depósitos multimillonarios que estaban
en la obligación de colocar para evitar pérdidas y cumplir con su función de
intermediación. Para los países en desarrollo con posibilidades de acceso a los
mercados financieros internacionales se les abría un mundo en el cual podían
obtener recursos sin los condicionamientos políticos tradicionales de las
agencias financieras públicas, mientras que para los bancos privados se abría
un nuevo universo de clientes de grandes posibilidades y pocos riesgos. Porque,
como rezaba el lugar común de la época: "los países no quiebran". El
llamado "riesgo soberano", aunque hoy parezca increíble, era un
territorio prácticamente sin explorar. Con la oferta y la demanda florecientes
no tardó en producirse un crecimiento acelerado del crédito a los países en
desarrollo.
Los finales de los setenta fueron una suerte de paraíso para el endeudamiento;
existía, además, el incentivo adicional de que las tasas de interés eran
negativas en términos reales, por lo que para los países prestatarios el
endeudamiento parecía un buen negocio. En el caso de los países petroleros, los
pronósticos generalizados de que los precios del petróleo seguirían aumentado
indefinidamente se alegaban como razón para endeudarse y emprender proyectos
ambiciosos de desarrollo. El Banco Mundial, entre otros, había previsto un
precio de cien dólares por barril de petróleo para 1985. Obviamente, esta
perspectiva representaba una tentación difícil de resistir tanto para
prestatarios como prestamistas.
Pero el aumento de las tasas de interés norteamericanas (realizado por razones
ajenas al problema de la deuda latinoamericana) condujo, entre otras razones, a
que un nivel de endeudamiento que de por sí era exagerado se hiciera
insoportable. Esto a su vez llevó a que el gobierno de México anunciara en
Agosto de 1982 que no estaba en condiciones de honrar sus obligaciones, con lo
que se inició formalmente la crisis de la deuda. Otro aumento de las tasas de
interés en los Estados Unidos durante 1984 y la recesión que vivió por esos
años la economía norteamericana, llevaron a otros países de la región al borde
de la bancarrota.
Tenemos que el aumento explosivo del endeudamiento y la consecuente crisis de
la deuda de los años ochenta fueron una consecuencia casi directa de la
desregulación y la globalización.
La crisis de la deuda estuvo acompañada de un largo proceso de negociaciones y
renegociaciones que muestra como ni la llamada comunidad internacional ni los
países deudores estaban preparados para ella; como también muestra, las
inmensas diferencias de poder de negociación entre prestamistas y prestatarios.
Los bancos acreedores en una primera etapa aceptaron refinanciamientos hasta un
máximo de un año, prácticamente forzados porque no tenían otra alternativa.
Esto agravaba la situación de los países deudores y los obligaba a adoptar
medidas de ajuste radicales. No fue sino hasta 1985 cuando empezaron los
llamados refinanciamientos multianuales MYRA (Multi Year Rescheduling
Agreements). En todos los casos, con poquísimas excepciones, el
refinanciamiento sólo era posible si se contaba con un acuerdo de préstamo del
Fondo Monetario Internacional, lo que obligaba a los países a seguir un curso
predeterminado de políticas y aseguraba cierta disponibilidad de fondos para el
servicio de la deuda.
Como la crisis de la
deuda fue presentándose paulatinamente, ningún país deseaba ser confundido con
otros que estuvieran en situación más comprometida. Además, los propios bancos
le prometieron a cada uno de ellos que obtendrían un trato favorable y especial
si negociaban por sí solos y no se integraban a lo que despectivamente llamaban
un "cartel de deudores". Los primeros intentos de los países
endeudados por organizarse fueron bastante tímidos. En 1983 un grupo de países
organizaron reuniones para analizar una posible respuesta conjunta al problema
de la deuda. Entre ellos el único deudor relativamente grande era Venezuela y,
a partir de principios de 1984, Argentina. A mediados de ese mismo año un nuevo
aumento de las tasas de interés internacionales produjo una respuesta más
activa por parte los mandatarios latinoamericanos y bajo el liderazgo de los
principales países deudores se creó el llamado "Consenso de
Cartagena", el cual tenía como objeto articular una posición común de la
región en torno al problema de la deuda, pero no pudo ir más allá de una
retórica muy tímida.
El gobierno de Estados Unidos comprendió que el estancamiento en las
negociaciones entre los acreedores y los países deudores le podría reportar
dividendos políticos, fue así como en 1985, el entonces Secretario del Tesoro,
James Baker, lanzó lo que se llamó el "Plan Baker" para el
refinanciamiento de la deuda, en el cual solicitaba una participación más
activa y un mayor financiamiento por parte de la banca privada. Se
beneficiarían del Plan aquellos países que adoptaran "políticas y
programas económicos serios", supervisados por el FMI. Esto es, que se
adaptaran a las políticas liberales que Estados Unidos trataba de imponer
globalmente. Además, los países deudores serían considerados "caso por
caso", con el objeto de poder mantener la "disciplina" en el
cumplimiento de los programas.
El Plan Baker no dio
mayores resultados porque la banca privada no participó ni con los recursos ni
con el entusiasmo que se le requería. Por ello, hacia finales de 1988, el nuevo
Secretario del Tesoro, Nicholas Brady, propuso el llamado "Plan
Brady", en el cual se facilitaba la adquisición por parte de los deudores
de Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que servirían de garantía para los
bancos acreedores. Al transformar la deuda en bonos, el Plan Brady diluía la
deuda en multitud de acreedores, con lo que alejaba la posibilidad de que los
países deudores ejercieran su poder de negociación frente a unos pocos acreedores
o pudieran adoptar posiciones comunes. Por otra parte, con el Plan Brady se
aceptan por primera vez, con condicionantes, reducciones de los montos
adeudados. Esto, junto con la posposición en el tiempo de los pagos más
importantes le confirió viabilidad. Obviamente se mantuvieron los
condicionamientos respecto a las políticas a seguir por los deudores, la
supervisión del FMI y el tratamiento "caso por caso".
Los gobiernos de los
países industrializados aprovecharon la fortísima posición negociadora que
tenían en esta situación para imponer el modelo económico que propugnaban, más
tarde articulado en el llamado "Consenso de Washington", incluyendo
la apertura de las economías en desarrollo, las privatizaciones, y el
predominio de políticas de mercado y de instituciones favorables a las
inversiones extranjeras. Con la colaboración activa de las instituciones
financieras multilaterales.
Por presión de la
banca acreedora, de sus gobiernos y, por supuesto, de los deudores privados, lo
común fue que los gobiernos nacionales asumieran, de una u otra forma, total o
parcialmente, el pago de la deuda privada. En unos casos la presión fue directa
y se debió inventar figuras como las "unidades empresariales
estratégicas" para evitar la quiebra de las empresas endeudadas, asumiendo
el Estado sus obligaciones. En otros, la conversión de la deuda externa a
moneda nacional trasladaba las obligaciones en divisas al Gobierno Nacional o
al Banco Central. En una variante alternativa, la nacionalización de la banca trasladó
al Estado las deudas de los bancos nacionales y sus empresas relacionadas. Otro
enfoque obligó a las empresas a demostrar la legitimidad de sus deudas y sus
balances en divisas y subsidió parte del pago de la misma mediante el
otorgamiento de divisas en términos preferenciales. Estas prácticas llegaron a
conocerse como "la socialización de las pérdidas".
A partir de aproximadamente 1990, ya en operación el Plan Brady, y una vez
solucionado en buena medida el problema inmediato del servicio de la deuda,
mediante el refinanciamiento, los duros programas de ajuste y el aumento de las
exportaciones, se inicia en América Latina un nuevo auge crediticio que dura
hasta casi finales de la década de los noventa, con algunos contratiempos
provocados por crisis relativamente pasajeras. Este auge coincide con el
crecimiento sostenido y alto de la economía norteamericana, y en general de la
economía mundial, y con las bajas tasas de interés predominantes en los
mercados internacionales.
Entre 1991 y 1997 las emisiones internacionales de bonos por parte los países
de América Latina y el Caribe crecen sostenidamente (con la excepción de 1994)
de 7.250 millones de dólares en
Todo esto coincide con lo expresado por Carlos Marichal en su libro titulado
"Historia de
Estos resultados estuvieron influidos en el período 1990-1997 por el fuerte
flujo de capitales externos, y en 1998 por las sucesivas crisis del Sudeste de
Asia, Rusia y Brasil; este último caso fue el que más influyó en la economía
regional, puesto que se trata de la mayor economía latinoamericana. El acceso
al mercado financiero internacional sigue siendo difícil y caro; además, los
países deben enfrentar vencimientos de sus deudas, que sólo pueden cubrir con
nuevas emisiones, por lo que se ven forzados a endeudarse a tasas elevadas.
El Banco Mundial señala como causas de la menor afluencia de capitales al lento
crecimiento del producto global y del comercio internacional, al retroceso en
la calificación de deudores soberanos y corporativos que restringen el acceso
al crédito, a la percepción de mayores riesgos frente a la moratoria de la
deuda de Rusia y la crisis de Brasil y más recientemente Argentina, al mayor
costo del nuevo financiamiento y a las mayores preocupaciones de los países
receptores sobre la reversión del flujo de capitales. Sin embargo -agrega- es
necesario diferenciar entre las diferentes clases de flujos: los provenientes
del mercado de capitales se retrajeron, pero la inversión extranjera directa
pasó a ser la forma de financiamiento dominante.
Asimismo, es necesario considerar la influencia que la política económica de
los países desarrollados tuvo sobre las crisis de los países en desarrollo. La
balanza de pagos en cuenta corriente de los países desarrollados tuvo un
superávit de 64.000 millones de dólares en 1997 y un déficit de 9.000 millones
en 1998, como consecuencia del colapso de las importaciones de Asia. En este
resultado influyó sobre todo el aumento del déficit de Estados Unidos, que de
155.000 millones en 1997 pasó a 235.000 millones en 1998. El flujo neto de
capitales de largo plazo hacia el conjunto de los países en desarrollo que
había sido de 338.000millones de dólares en 1997, fue de 275.000 millones en
1998; entre estos dos años, en América Latina, la disminución fue de 116.000
millones de dólares a 83.200 millones.