Los últimos días hemos podido asistir a una difícilmente comprensible polémica en torno a la credibilidad de los testimonios y denuncias de torturas hechos públicos por ciudadanos detenidos bajo legislación antiterrorista. Se han sucedido las declaraciones y responsables políticos y gubernamentales vascos han vertido opiniones, sin duda alguna dentro de un complicado contexto político, pero de ninguna forma justificables. No vamos a valorar ese contexto sino que intentaremos filtrar esas declaraciones por el cedazo garantista de los derechos humanos y contrastarlas con otras declaraciones y recomendaciones de prestigiosas organizaciones e instituciones internacionales.

En concreto, estos días hemos podido oír por parte de portavoces gubernamentales que las denuncias de tortura «carecen de cualquier fundamento» y que «no tienen mayor credibilidad que las realizadas en ocasiones anteriores». Otro responsable político, después de calificar de «exceso» la aplicación de torturas y malos tratos, consideraba que «lo primero es contrastar los datos. Si alguien denuncia torturas alguna evidencia habrá». Pues bien, el propio sistema de tratamiento a la persona detenida bajo la acusación genérica de «presunto terrorista» en la legislación española, basado fundamentalmente en el mecanismo de la incomunicación, tiene su justificación única y exclusiva en la opacidad y ocultación del procedimiento para conducir los interrogatorios. Es decir, otorgan la suficiente impunidad al marco de actuación de las policías durante un periodo de hasta cinco días para que éstas actúen con total libertad sobre la persona detenida, sobre la persona que está bajo su custodia. No hay evidencias porque el sistema de incomunicación está diseñado para que no las haya. Tan solo cuando algo ha salido «mal» en el sistema (cuando un forense dependiente del Ministerio de Justicia no ha podido mantener en silencio lo que vio, cuando la persona torturada presenta demasiadas marcas más allá del periodo de incomunicación...) ha trascendido la evidencia (Iratxe Sorzabal, Unai Romano...). Entonces el mecanismo de impunidad ha fallado. De no ser así, busquen una sola explicación que justifique la aplicación de esta medida que no sea la de posibilitar y dotar de impunidad al tratamiento ilegítimo de la persona detenida. Digan en virtud de qué argumentación se explica que esta persona no pueda comunicar con su familia, su abogado, su médico de confianza... en un plazo de hasta cinco días si no es para dar cobertura a un interrogatorio con malos tratos y torturas. Concretamente el relator especial para la cuestión de la tortura de la ONU, CPT, CAT y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, OMCT... no se lo explican. Nosotros tampoco.

En las declaraciones de estos días se añadía que además «posiblemente estén buscando justificar algún tipo de posible delito contra la propia Ertzaintza». O sea, los denunciantes no tienen ninguna credibilidad y además, practican el nuevo delito de «señalamiento» acuñado por el juez Baltasar Garzón. En sintonía con esto, responsables del Gobierno han desatado una beligerante campaña internacional para desprestigiar a las víctimas de la tortura y a las organizaciones que las denuncian porque todos son «terroristas». Cuando algunas organizaciones internacionales han levantado la voz para denunciar que «en España se tortura» la contraofensiva ha sido criminalizar la fuente de información. Consideramos que el panorama es suficientemente grave como para despacharse con acusaciones tan graves y gratuitas, dando la vuelta a la tortilla. No es la primera vez que los denunciantes se enfrentan a un proceso por injurias contra la policía actuante por poner de manifiesto su responsabilidad en las torturas a ciudadanos vascos. El que defiende la erradicación de esta lacra tiene que defenderse además de la acusación gratuita y de la criminalización discrecional de su actuación. Informar y denunciar la vulneración de un derecho humano está estigmatizado porque «señala» objetivos. Atacar al denunciante es el método más directo de procurar impunidad y cerrar filas en torno a los torturadores.

La semana que viene el Gobierno español se enfrenta al Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas. Este mecanismo examina la aplicación del Estado español de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y plantea las recomendaciones oportunas. En la anterior sesión, hace cinco años, mostraban su preocupación textualmente porque «la extendida detención en régimen de incomunicación, durante la cual el detenido no puede contar con la asistencia de un abogado de su confianza, parece facilitar la práctica de la tortura» instando al Gobierno a «considerar la supresión de las situaciones en que se permite la extensión de la detención incomunicada». Es evidente que ni el Gobierno de Madrid ni los de Gasteiz e Iruñea han rechazado la aplicación de la incomunicación con base en estas recomendaciones. Porque su aplicación supone dar cobertura a la tortura y esto genera réditos.

Además, el Estado español concurre a esta evaluación de su actitud ante el fenómeno de la tortura ante las Naciones Unidas con el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) referente a su última visita en situación de «confidencialidad». Es decir, secuestrado a la opinión pública. El método que utiliza el CPT es visitar el Estado en cuestión y analizar la situación, extrayendo una serie de conclusiones y recomendaciones que traslada al Gobierno implicado. Este tiene la potestad de hacerlo público cuando lo considere adecuado. Sin embargo, el Estado español mantiene por casi un año y medio en secreto el contenido del último informe del CPT, en situación de embargo con respecto a la opinión pública. Precisamente el CPT, además de criticar el periodo de incomunicación, reconoce en varios de sus informes que las declaraciones de ciudadanos vascos víctimas de tortura presentan un alto grado de credibilidad porque «relatan vivencias personales, que no parecen suponer manifestaciones estereotipadas». Es decir, no reproducen pautas de denuncia ni parecen seguir en sus testimonios directrices previas. ¿Tal vez la ocultación del contenido de estos informes otorga mayor credibilidad al Gobierno? ¿Le sitúa en mejores condiciones para reprochar infundadamente a otros que obedecen a oscuros intereses? ¿Es lícito encubrir las torturas y dotar de impunidad a los torturadores?

La incomunicación es un mecanismo que funciona dando cobertura a la tortura. Es incuestionable. La aplicación de las recomendaciones internacionales, recogidas en la propuesta de nueve puntos básicos para la erradicación de la tortura planteada por el TAT dotaría de credibilidad a las declaraciones de los responsables gubernamentales y políticos. Mientras tanto, carecen de ella. -