Dar sin recibir
El abajo firmante se crió en un barrio obrero jodido y macarrón donde mazo de chavales, víctimas del terrorismo del sistema, de un clima duro y borrascoso, soñaban con ser policías, Estarski y Jach, guardias civiles, hombres de Jarrelson, ertzainas. Además de un curro fijo, simbolizaba El Poder, el dominio de la calle, el carné para dar hostias sin recibir.
Los pikolos del cuartelillo inflaban a los manguis, abofeteaban a los críos que les pisaban el parterre; y se reían. Los grises (y tras el cambio de collar los maderos) cascaban de lo lindo en las movidas proletarias y vecinales; y se iban tan chulamente. Los chicos del barrio veíamos aquello como algo natural, ley de vida, así son las cosas y así se las hemos contado. Luego llegó la "democracia" y las cosas… no cambiaron. Hoy, como ayer, llevar placa y pipa oficial es licencia para pegar, torturar, matar si se tercia, sin apenas riesgo. La benevolencia de la justicia española con los funcionarios armados de gatillo fácil, puño veloz, porra alegre o electrodo en ristre es de escándalo.
El 28 de octubre el Tribunal Supremo emitió una sentencia sobre uno de tantos casos de tortura policial que da una de cal y otra de arena. Por un lado, dicta que el guardia civil Jesús Nicolás P.P. también cometió delito de torturas al no impedir que su compañero Francisco O.P. torturara el 3 de abril de 1991 en Madrid a un sospechoso de saber algo sobre un crimen. Por otro, rebaja de un año de cárcel a medio y de ocho de inhabilitación a seis la condena de la Audiencia de Madrid a dichos beneméritos, que deben aparte indemnizar a su víctima por el estropicio en la cara, la espalda y los brazos con la estratosférica cantidad de 360 euros. Ni para la mercromina.
Barata les salió la tunda. Al menos han sido condenados. Otros ni eso. De los 758 funcionarios (maderos, pikoletos, munipas, policías autonómicos y carceleros) acusados de torturas (datos de la Asociación Contra la Tortura) 325 fueron absueltos, 223 condenados y 219 sólo investigados. Bastantes condenas, sí, aunque la mayoría suavecitas y muchas luego desactivadas vía indulto así a la chita callando. No obstante, la cifra prueba que el propio Estado admite que tortura, con especial profusión y virulencia a ciudadanos vascos. En 1992 se denunciaron 131 casos; 83 en 1993; 112 en 1994; 98 en 1995; 123 en 1996; 121 en 1997; 97 en 1998; 48 en 1999; 77 en 2000; 99 en 2001. Y este año… aún quedan dos meses.
Pese a las pruebas del algodón, el Gobierno español monta en cólera cada vez que Amnistía Internacional, o sea año tras año, certifica que esta locura no es un delirio de los radikales vascos y demás peñas antisistema, pero no se atreve ni puede silenciar a organización tan famosa y mundial. Quizá cuando Garzón ascienda a la corte suprema internacional esa que se atisba. En casa ya es otra harina, y la Agencia de Protección de Datos cerró la web en Nodo50 (http://www.nodo50.org/actortura) de la Asociación Contra la Tortura, que publicaba, entre muchos y detallados datos, los nombres y apellidos de los presuntos y demostrados torturadores.
En las listas ACT no he localizado a ninguno de aquellos chavales de mi barrio que me consta querían conducir coche patrulla. Sí he visto a varios de machacas de pub y a uno vigilando en El Corte Inglés de Bilbo que ningún enano haga lo que él mismo y otros hacíamos al llegar la Navidad para tener algo más que el juguete único que nuestros viejos podían permitirse.
Jon Bilbao