COLOMBIA
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En las zonas de rehabilitaci�n no
se respetan los derechos humanos
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La declaratoria de la zona de rehabilitaci�n ha conllevado un aumento de las
violaciones de los derechos humanos en el departamento de Arauca, dice
Enrique Pertuz, presidente regional del Comit� Permanente para la Defensa de
los Derechos Humanos
Por Dick Emanuelsson
Arauquita (Arauca).- "La situaci�n en el departamento es preocupante y
tiende a agravarse", dice Enrique Pertuz, presidente del Comit� Permanente
por la Defensa de los Derechos Humanos en Arauca. Su relato es impactante.
Porque en los primeros diez meses del a�o han sido asesinadas selectivamente
420 personas; 43 est�n desaparecidas. El 90 por ciento son civiles y de
estos cr�menes el 95 por ciento queda en la impunidad, seg�n Pertuz.
Con la llegada del paramilitarismo, tambi�n crecieron las violaciones de los
derechos humanos. A lo anterior se suma el Decreto 2002, dictado al amparo
de la Conmoci�n Interior, mediante el cual se establecieron las "zonas de
rehabilitaci�n", que en realidad son teatros de guerra.
Despu�s de 30 d�as de haber creado estas zonas las consecuencias las est�
sufriendo la poblaci�n civil y as� est� demostrado en los hechos. En
Arauquita, por ejemplo, se han realizado numerosos allanamientos y
detenciones masivas. Unos d�as antes de mi llegada al municipio, fueron
detenidas 156 personas en la localidad del Oasis por parte del Ej�rcito.
Despu�s de saquear sus viviendas, fueron encerrados en un galp�n de 10x10
metros. De las 156 personas, 18 fueron seleccionadas y judicializadas como
supuestos auxiliadores de la guerrilla o se�alados de ser milicianos.
Pasados cinco d�as, la Fiscal�a tuvo que dejarlos en libertad, porque no
encontr� pruebas, documentos ni m�ritos que justificaran la detenci�n o
demostraran su vinculaci�n con grupos insurgentes como dec�an los militares.
Una situaci�n similar ocurri� 24 horas despu�s en El Triunfo, donde el
Ej�rcito detuvo un centenar de personas, con los mismos argumentos que los
capturados del Oasis. En los allanamientos y detenciones, el Ej�rcito est�
utilizando personas encapuchadas y sujetos comprometidos con cr�menes de
lesa humanidad, seg�n denuncia del Comit� de los Derechos Humanos.
"En El Triunfo apareci� se�alando a varios de los detenidos, un individuo
que se llama Metales Santana, quien est� acusado por testigos de haber
participando anteriormente en una masacre en esta localidad", denuncia
Pertuz. "Aqu� fue degollada toda una familia, incluyendo ni�os y adultos,
con participaci�n de este se�or. Tenemos conocimiento que �l vive en las
instalaciones de la XVIII Brigada y el Ej�rcito lo est� utilizando como
informante. As� se lo hicimos saber a la Fiscal�a y aunque �sta nos dijo que
est� detenido, hay testigos que aseguran que no es as�, que vive en la
Brigada, act�a como informante y se�alador de oficio", dice Pertuz. Pero la
situaci�n no termina ah�. A lo anterior se suman los censos que est�n
realizando en los cascos urbanos, m�s el bloqueo de alimentos, insumos y
combustible en la parte rural, porque acusan a los campesinos de estar
ayudando a la guerrilla.
El Presidente del Comit� de los Derechos Humanos est� preocupado por esa
situaci�n, ya que el 70 por ciento de la poblaci�n vive en la zona rural.
Las palabras del ministro del interior y de justicia, Fernando Londo�o, en
el sentido de que el decreto 2002 es para "proteger a la poblaci�n civil y
los derechos humanos", no las cree Enrique Pertuz. Para �l los hechos en el
departamento del Arauca muestran que no es as�. Estas medidas son utilizadas
contra la poblaci�n civil. Las detenciones, allanamientos y los censos, son
todos dirigidos contra la �sta. "El Gobierno para justificar los enormes
gastos militares, acusa a toda persona que es detenida bajo cualquier
pretexto de ser guerrillero", asegura Pertuz.
"A mediados de octubre se reuni� en Washington la Comisi�n Interamericana
para los Derechos Humanos, donde las ONG demostraron que el Decreto 2002 y
las zonas de rehabilitaci�n, no han servido para controlar los altos �ndices
de criminalidad o de violaciones de los derechos fundamentales", observa el
dirigente. "Es todo los contrario", acota Enrique Pertuz.
Terror en Saravena
El 12 de noviembre pasado el municipio de Saravena, en las sabanas de
Arauca, amaneci� tomado totalmente por las unidades de la XVII Brigada.
Procedieron a encerrar a cinco mil personas para averiguarles los
antecedentes. Al final de la jornada detuvieron a un centenar, dizque por
sospecha de ser milicianos o guerrilleros. "Fue un espect�culo fascista, que
lo podr�a envidiar el director de cualquier pel�cula de los atropellos nazis
en la Segunda Guerra Mundial", declar� un profesor de la localidad.
Desde cuando qued� incluida en la zona de rehabilitaci�n, en Saravea se han
presentado allanamientos y detenciones a granel. Casi ninguna casa se salv�
de ser revisada por los uniformados. El Ej�rcito asegura que ha realizado
208 "allanamientos voluntarios", es decir, consentidos por los due�os de la
casa. Lo que no se sabe es que ocurrir�a si se negaran a dar el permiso. Es
la manera de eludir la arbitrariedad de hacer estas diligencias sin la orden
judicial de autoridad competente. A la familia entera la censan y le toman
una fotograf�a que queda en los archivos de la XVIII Brigada. "Estas zonas
de rehabilitaci�n se han convertido en campos de concentraci�n", dijo un
habitante. "Estamos presos en nuestra propia casa", anot� otro.
En una cr�nica del periodista Dick Emanuelsson revela que vio en Saravena un
cami�n del Ej�rcito repleto de ni�os, lo cual se lo coment� a la personera
del municipio, Liliana Santana, quien le dijo que investigar�a al respecto.
Es evidente que esta situaci�n coloca en peligro a los ni�os, pues son
colocados casi como escudos humanos. En Arauquita, revela tambi�n el
periodista, los ni�os son utilizados como esp�as e informantes del Ej�rcito.
Seg�n la cr�nica de Emanuelsson, la rectora del colegio, la hermana Fania,
una monja, reuni� a todos los ni�os y les prohibi� ir a la estaci�n de
polic�a a recibir caramelos o dinero a cambio de informaci�n. En esa
reuni�n, varios ni�os dieron testimonios de que la polic�a les hab�a
ofrecido ropa nueva en el caso de que proporcionaran buena informaci�n.
Despu�s, el teniente de la Polic�a llam� a la rectora y la ultraj�, subi� la
voz e incluso la trat� de guerrillera.


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