COLOMBIA


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En las zonas de rehabilitaci�n no se respetan los derechos humanos *****************************************
La declaratoria de la zona de rehabilitaci�n ha conllevado un aumento de las violaciones de los derechos humanos en el departamento de Arauca, dice Enrique Pertuz, presidente regional del Comit� Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos

Por Dick Emanuelsson

Arauquita (Arauca).- "La situaci�n en el departamento es preocupante y tiende a agravarse", dice Enrique Pertuz, presidente del Comit� Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Arauca. Su relato es impactante. Porque en los primeros diez meses del a�o han sido asesinadas selectivamente 420 personas; 43 est�n desaparecidas. El 90 por ciento son civiles y de estos cr�menes el 95 por ciento queda en la impunidad, seg�n Pertuz.

Con la llegada del paramilitarismo, tambi�n crecieron las violaciones de los derechos humanos. A lo anterior se suma el Decreto 2002, dictado al amparo de la Conmoci�n Interior, mediante el cual se establecieron las "zonas de rehabilitaci�n", que en realidad son teatros de guerra.

Despu�s de 30 d�as de haber creado estas zonas las consecuencias las est� sufriendo la poblaci�n civil y as� est� demostrado en los hechos. En Arauquita, por ejemplo, se han realizado numerosos allanamientos y detenciones masivas. Unos d�as antes de mi llegada al municipio, fueron detenidas 156 personas en la localidad del Oasis por parte del Ej�rcito. Despu�s de saquear sus viviendas, fueron encerrados en un galp�n de 10x10 metros. De las 156 personas, 18 fueron seleccionadas y judicializadas como supuestos auxiliadores de la guerrilla o se�alados de ser milicianos. Pasados cinco d�as, la Fiscal�a tuvo que dejarlos en libertad, porque no encontr� pruebas, documentos ni m�ritos que justificaran la detenci�n o demostraran su vinculaci�n con grupos insurgentes como dec�an los militares.

Una situaci�n similar ocurri� 24 horas despu�s en El Triunfo, donde el Ej�rcito detuvo un centenar de personas, con los mismos argumentos que los capturados del Oasis. En los allanamientos y detenciones, el Ej�rcito est� utilizando personas encapuchadas y sujetos comprometidos con cr�menes de lesa humanidad, seg�n denuncia del Comit� de los Derechos Humanos.

"En El Triunfo apareci� se�alando a varios de los detenidos, un individuo que se llama Metales Santana, quien est� acusado por testigos de haber participando anteriormente en una masacre en esta localidad", denuncia Pertuz. "Aqu� fue degollada toda una familia, incluyendo ni�os y adultos, con participaci�n de este se�or. Tenemos conocimiento que �l vive en las instalaciones de la XVIII Brigada y el Ej�rcito lo est� utilizando como informante. As� se lo hicimos saber a la Fiscal�a y aunque �sta nos dijo que est� detenido, hay testigos que aseguran que no es as�, que vive en la Brigada, act�a como informante y se�alador de oficio", dice Pertuz. Pero la situaci�n no termina ah�. A lo anterior se suman los censos que est�n realizando en los cascos urbanos, m�s el bloqueo de alimentos, insumos y combustible en la parte rural, porque acusan a los campesinos de estar ayudando a la guerrilla.

El Presidente del Comit� de los Derechos Humanos est� preocupado por esa situaci�n, ya que el 70 por ciento de la poblaci�n vive en la zona rural. Las palabras del ministro del interior y de justicia, Fernando Londo�o, en el sentido de que el decreto 2002 es para "proteger a la poblaci�n civil y los derechos humanos", no las cree Enrique Pertuz. Para �l los hechos en el departamento del Arauca muestran que no es as�. Estas medidas son utilizadas contra la poblaci�n civil. Las detenciones, allanamientos y los censos, son todos dirigidos contra la �sta. "El Gobierno para justificar los enormes gastos militares, acusa a toda persona que es detenida bajo cualquier pretexto de ser guerrillero", asegura Pertuz.

"A mediados de octubre se reuni� en Washington la Comisi�n Interamericana para los Derechos Humanos, donde las ONG demostraron que el Decreto 2002 y las zonas de rehabilitaci�n, no han servido para controlar los altos �ndices de criminalidad o de violaciones de los derechos fundamentales", observa el dirigente. "Es todo los contrario", acota Enrique Pertuz.

Terror en Saravena

El 12 de noviembre pasado el municipio de Saravena, en las sabanas de Arauca, amaneci� tomado totalmente por las unidades de la XVII Brigada. Procedieron a encerrar a cinco mil personas para averiguarles los antecedentes. Al final de la jornada detuvieron a un centenar, dizque por sospecha de ser milicianos o guerrilleros. "Fue un espect�culo fascista, que lo podr�a envidiar el director de cualquier pel�cula de los atropellos nazis en la Segunda Guerra Mundial", declar� un profesor de la localidad.

Desde cuando qued� incluida en la zona de rehabilitaci�n, en Saravea se han presentado allanamientos y detenciones a granel. Casi ninguna casa se salv� de ser revisada por los uniformados. El Ej�rcito asegura que ha realizado 208 "allanamientos voluntarios", es decir, consentidos por los due�os de la casa. Lo que no se sabe es que ocurrir�a si se negaran a dar el permiso. Es la manera de eludir la arbitrariedad de hacer estas diligencias sin la orden judicial de autoridad competente. A la familia entera la censan y le toman una fotograf�a que queda en los archivos de la XVIII Brigada. "Estas zonas de rehabilitaci�n se han convertido en campos de concentraci�n", dijo un habitante. "Estamos presos en nuestra propia casa", anot� otro.

En una cr�nica del periodista Dick Emanuelsson revela que vio en Saravena un cami�n del Ej�rcito repleto de ni�os, lo cual se lo coment� a la personera del municipio, Liliana Santana, quien le dijo que investigar�a al respecto. Es evidente que esta situaci�n coloca en peligro a los ni�os, pues son colocados casi como escudos humanos. En Arauquita, revela tambi�n el periodista, los ni�os son utilizados como esp�as e informantes del Ej�rcito.

Seg�n la cr�nica de Emanuelsson, la rectora del colegio, la hermana Fania, una monja, reuni� a todos los ni�os y les prohibi� ir a la estaci�n de polic�a a recibir caramelos o dinero a cambio de informaci�n. En esa reuni�n, varios ni�os dieron testimonios de que la polic�a les hab�a ofrecido ropa nueva en el caso de que proporcionaran buena informaci�n. Despu�s, el teniente de la Polic�a llam� a la rectora y la ultraj�, subi� la voz e incluso la trat� de guerrillera.

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