Ministerio
de Educación Superior
Universidad
Yacambú
Vicerrectorado
de estudios a distancia
Finanzas
Públicas
T2
Justificación
de la intervención del Sector público en
Realizado
por:
Gustavo,
Jaime
CI N°
11.962.050
Barquisimeto,
Junio 2008.
Introducción
La justificación o no de
la intervención del sector público en la economía ha sido tema de interés para
el debate desde tiempos inmemoriales. Todo gobierno, una vez constituido, de
una forma u otra ha utilizado su poder para regular, influir, orientar,
canalizar, desviar y hasta seducir a la economía. De hecho, se cuenta que un
asesor de Bill Clinton, ex Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en
la década pasada, mantenía sobre su escritorio un cartel que solo decía la
frase: “¡Es
Parece incuestionable
que
Existe un consenso
nacional sobre la necesidad urgente de promover un crecimiento económico
sostenido y sustentable, generador de empleo y de bienestar social. Sin
embargo, mientras existen coincidencias sustanciales referentes a la reforma
política de Estado en el camino hacia la democracia, en materia de política
económica hay visiones encontradas y quizá una de ellas, tal vez la más
importante, concierne al papel del sector público (Estado) en la economía.
De allí la importancia
de esta investigación, que una vez realizada la lectura recomendada, se propone
analizar la justificación de la intervención del sector público en la economía,
desde un punto de vista objetivo e imparcial.
Análisis
Se
considera pertinente comenzar este análisis con la siguiente frase extraída del Informe
del Banco Mundial (1991), sobre el Desarrollo Mundial, titulado “La tarea
acuciante del desarrollo”, en la cual se expresa que:
La intervención del sector público
no es de por sí una medida indeseable. Por el contrario, muchos tipos de
intervención son esenciales para que las economías cristalicen todas sus
posibilidades. En una lista abreviada de intervenciones indispensables se
incluirían el mantenimiento del orden público, el suministro de bienes
públicos, la inversión en capital humano, la construcción y reparación de las
obras de infraestructura y la protección del medio ambiente. En todas estas
esferas (y cabría sostener que en otras) los mercados son “deficientes”, por lo
que es preciso que el Estado intervenga.
Haciendo un poco de
historia, aunque en la época moderna los gobiernos han mostrado interés en
intervenir sobre el proceso económico; la intervención del Estado en el sistema
económico se ha dado prácticamente desde la aparición de cuanta organización
social, máxime de éste. Ya en la antigua Grecia, los Imperios Romano y
Bizantino tenían un Estado interventor, lo mismo en
La época mercantilista
se caracterizó precisamente por el excesivo intervencionismo estatal,
denunciado posteriormente por los economistas clásicos. La economía clásica y
los fisiócratas pugnaron por el laissez faire que implica la nula intervención
del Estado en los asuntos económicos, salvados los aspectos necesarios para la
subsistencias de la sociedad, como era para asegurar la paz exterior e interior
y la garantía de la propiedad.
A pesar de la propuesta
de los clásicos, el Estado tuvo que intervenir en varios aspectos de la
economía en el siglo XIX. Debido al impacto de la industrialización, los
gobiernos (el inglés en primer lugar) tuvieran que intervenir para paliar las
pésimas condiciones de trabajo de la clase obrera; la factory reform inglesa de
la década de 1830 y 1840 limitó el empleo de los niños y las horas de trabajo
diario y reguló el empleo de las mujeres, al tiempo que nombró inspectores de
fábricas; la ley de salud pública de 1848 estableció normas que permitían la
intervención del estado en este campo.
Con el surgimiento del
estado de Bienestar, la intervención estatal se amplió considerablemente al
campo de los seguros sociales y a la intervención en el mercado de trabajo. Pero
fue a partir de la depresión de 1929 y de
En el periodo de entre
guerras surgieron los controles del comercio exterior y las intervenciones en
los mercados de divisas. En ese mismo periodo se difundió la teoría keynesiana
que proponía la intervención del Estado en la economía, a través de la política
fiscal y la política monetaria, para evitar la crisis de desempleo. Por último,
en el periodo posbélico se difundió la participación activa en pos del
desarrollo económico.
La provisión por el
Estado de servicios y bienes públicos tiene una larga historia, sin embargo, es
solamente después de
El Estado, como
representante oficial de la sociedad capitalista, tiene que hacerse cargo del
mando de la producción, pero básicamente de la administración de la industria y
de todas las ramas de la producción para que esta ya no perteneciera a unos u
otros individuos en competencia, sino por el contrario, estas ramas de la
producción pasarían a manos de toda la sociedad, con arreglo a un plan general
y con la participación de todos los miembros de la sociedad. Engels, advertía
una tendencia hacia la rectoría del Estado sobre la economía nacional, como algo
inevitable, una transición obligada hacia una forma de capitalismo de Estado.
La presencia económica y
social de un aparato burocrático, fuerte, centralizado y social es un elemento
constitutivo básico en la modernización capitalista, cuyas políticas estatales
han afectado los mecanismos, modalidades y tasas de acumulación de capital, y
los mecanismos de distribución de los frutos del progreso técnico contenido en
la industria.
Causas de la intervención estatal.
A lo largo del proceso
de consolidación del capitalismo, ocurrió una transición compleja y con cambios
profundos: la universalización del intercambio mercantil de mercancías, tierra,
trabajo y capital; la formación y organización de estos mercados necesitaban de
un fuerte apuntalamiento normativo para funcionar en forma adecuada. Es así
como surge la organización estatal como el centro de gravedad de la
remodelación de las nuevas relaciones entre las clases y los grupos sociales.
Organización y
comportamiento del mercado: el mercado es una suma de racionalidades
individuales no preocupadas por enfrentar los problemas de conjunto y de largo
plazo del sistema. Desde la perspectiva del sistema es importante la
rentabilidad, pero sobre todo crear las condiciones que la estabilicen a través
de la construcción de infraestructura básica y de la producción de bienes
públicos; de ahí la necesidad del Estado. El mercado no deja de tener su
carácter atomizado en la toma de decisiones, menos aún en cuando las
estructuras oligopólicas son dominantes y sus decisiones no garantizan una
estrategia adecuada a las necesidades de la industrialización. En estas
condiciones, se requiere de una instancia dotada de capacidad para organizar
como un "actor colectivo" el sistema de relaciones económicas.
Distribución de los frutos
del progreso técnico: en este aspecto la necesidad del Estado es significativa
si consideramos la tendencia inherente a la concentración social y territorial
de la riqueza. Los mecanismos por si solos acentúan la desigualdad y por ello
requieren de intervenciones normativas que contrarresten esas tendencias que
pueden hacer peligrar la continuidad del desarrollo.
Objetivos de la de la intervención estatal
La intervención del
Estado puede ser orientativa, en el sentido que incentiva a la economía privada,
para que ésta realice determinadas acciones. La acción del sector público sobre
la economía puede tomar la forma de regulación de los distintos procesos
económicos, mediante la actividad legislativa conforme el marco institucional
dentro del que se desarrolla la producción, el comercio y las finanzas o
mediante la manipulación y control de las variables económicas significativas
que guían la iniciativa privada, a través de la política fiscal, monetaria o
comercial. Así mismo, la intervención estatal puede realizarse a través de la
intervención directa del sector público en la actividad económica.
A lo largo la historia
moderna el papel del Estado ha sido de diversas maneras:
Se desarrollaba el papel
del Estado como gerente social de la igualdad de oportunidades, creando la
estructura económica de una sociedad de bienestar que proporciona educación,
sanidad y protección, mediante la generación de los subsidios y pensiones a
todos los ciudadanos.
El Estado interviene en
la economía para corregir situaciones de crisis originadas por la expansión de
la gran industria en el siglo XIX.
Así como ha jugado
diversos papeles, también ha tenido diversos objetivos, algunos de estos han
sido:
La intervención del
Estado tiene como finalidad aumentar el gasto público e incrementar los
impuestos en una cantidad igual, es decir; sin crear un déficit público, sin
aumentar la deuda pública y al mismo tiempo, generando un efecto positivo sobre
el producto y el empleo. En una situación de elevado desempleo, la política económica
es capaz de reactivar la producción y el empleo manteniendo finanzas públicas
"sanas".
Fortalecimiento del
Estado mediante las nacionalizaciones y expropiaciones de empresas; lo cual dio
comienzo a la formación del sector público en los sectores claves de la
economía.
El Estado debe poner
orden en la economía, reorientar las políticas y adoptar medidas para reactivar
las economías, salvaguardando el interés y la seguridad nacional.
El Estado crea formas
institucionales que no se reducen a garantizar la maximización de la
rentabilidad o a evitar la violencia en el enfrentamiento de los intereses
contrarios en el seno de la sociedad, sino que reconoce la mayor complejidad
social y la necesidad de establecer causes institucionales para disminuir el
potencial desorganizador del desarrollo.
El Estado debe ser
agente de cambio social y transformación económica. Para ello requiere de un
aparato burocrático que funcione fluidamente.
A través de la empresa
pública, el Estado se vuelve en sí mismo un agente de la acumulación de
capital, protagonista directo en la producción, distribución y financiamiento.
El objetivo primordial
de la intervención estatal se basa en el apoyo a las inversiones privadas y a
la creación de infraestructura asumiendo los riesgos y promoviendo nuevas áreas
de inversión.
Propiciar la
participación de los diversos grupos sociales en el desarrollo, mediante la
elaboración de la política económica en la cual se relacionen aspectos
políticos y económicos, ya que dicha política se enfrenta permanentemente a la
necesidad de regular un sistema que atienda a la inestabilidad económica,
social y política. La política económica es el resultado de conflictos entre
grupos y clases que tienden a consolidar, crear o disolver equilibrios
político-sociales en el campo económico. Los objetivos de la política económica
deben expresar los intereses substantivos de los grupos dominantes, pero
también deben considerar los intereses de los grupos dominados para garantizar
consenso y justificación.
Institucionalizar los
procesos de política económica aprobando: objetivos, aplicando instrumentos,
organizando instituciones, evaluando las acciones aplicadas, y estableciendo
compromisos entre diferentes grupos sociales para procurar el equilibrio.
Justificación de la intervención del sector
público en la economía
Coincidiendo con el
aparente deterioro del escenario económico de referencia, al que no son ajenas
ni la actual fase recesiva de la economía mundial ni las más recientes
perturbaciones monetarias y financieras, ha vuelto a suscitarse el debate —en
cualquier caso, recurrente— sobre la idoneidad y oportunidad de las formas
presentes de intervención pública en la economía. El ámbito y la intensidad de
la actuación del sector público en los procesos económicos son concebidos, si
no de modo radicalmente opuesto, sí con una amplia gama de matices por los
diversos analistas.
Detrás de los
posicionamientos sobre el nivel adecuado de gasto público, sobre la estructura
conveniente de los ingresos públicos, sobre el papel de la empresa pública o
sobre el grado de regulación de una economía, se adivina el influjo de las
proposiciones relativas al papel económico del sector público derivadas de
distintos paradigmas de análisis económico.
En la práctica
generalidad de los supuestos, los procesos de obtención de las proposiciones
relativas al papel del sector público en una economía de mercado, se
caracterizan por la presencia de dos notas metodológicas: 1. La marcada
tendencia a explicar la intervención económica del sector público como si fuera
consecuencia de algún desajuste económico previo (en sus acepciones posibles de
«fallos de mercado», «crisis endémicas» o «desequilibrio»). 2. El intento de
justificar, desde un marco teórico de referencia, la necesidad e inevitabilidad
de la actividad económica efectivamente desarrollada por el sector público.
Una vez que se
identifican las imperfecciones del mercado se reconoce el papel que puede jugar
el Estado para buscar el alcance de la eficiencia y también de la equidad. Se
reconoce entonces que el Estado puede intervenir por dos razones principales,
según el tipo de fallos de que se trata: en primer lugar, la intervención se
justifica por razones de eficiencia, de manera que mediante varios mecanismos
el Estado puede complementar o incluso suplir a los mercados para obtener los
resultados que se tendrían bajo competencia perfecta. Entre los casos más
importantes se encuentran: la provisión de bienes públicos, los cuales no son
demandados ni ofrecidos a través del mercado; la corrección de externalidades o
internalización de efectos externos, por medio de mecanismos como los
impuestos, los subsidios, las multas o normas específicas como la prohibición
de fumar en ciertos lugares o la emisión de gases; la regulación sobre
monopolios, mediante leyes de competencia, el control de poder del mercado o la
fijación de precios; la producción de actividades bajo monopolio natural, y la
generación de información para facilitar el desarrollo de los mercados.
En segundo lugar, el
Estado puede intervenir por razones de equidad o justicia social, así que se
interviene en la economía buscando que los resultados que se alcancen a través
del mercado sean más justos y tengan en cuenta a las personas más
desfavorecidas, además de considerar ciertas fallas que presenta la
racionalidad individual al ser sustituida o complementada por una racionalidad
colectiva. Los principales ejemplos sobre este tipo de intervención se tienen
en las políticas distributivas, mediante impuestos y subsidios, por las cuales
el Estado busca luchar contra la pobreza y la desigualdad, así que se proveen
bienes y servicios asociados al bienestar, como la salud y la educación;
además, el Estado provee bienes preferentes o meritorios, de modo que
interviene sobre la racionalidad individual mediante la obligación o inducción
al consumo de ciertos bienes que generan bienestar (como la educación o el
cinturón de seguridad) y la prohibición de otros que pueden ser perjudiciales
(como las drogas o la pornografía).
Para comprender el papel
que el Estado desempeña en la economía, se debe diferenciar entre una
aproximación positiva acerca de la definición del Estado o el sector público,
esto es, lo que hace el Estado ("¿Qué o quién es el Estado?", como lo
plantea Stiglitz), y una aproximación normativa que se refiere a lo que debe
hacer el Estado desde el punto de vista de la teoría económica. A partir de las
funciones del Estado, es importante precisar la manera como se combinan el
sector público y el privado y reconocer la participación de ambos en la
provisión y la producción de bienes y servicios.
LAS FALLAS DE MERCADO COMO JUSTIFICACIÓN DE
La economía es eficiente
en el sentido de Pareto únicamente en determinadas condiciones. Hay seis
circunstancias o condiciones en las que el mercado no es eficiente en el
sentido de Pareto. Se denominan fallos de mercado y sirven para justificar la
intervención del Estado:
1) Fallo De
Para que funcione la
mano invisible, ha de haber competencia. En algunas industrias (automóviles)
existen relativamente pocas empresas que dominan una gran parte del mercado, lo
que indica la ausencia de una fuerte competencia. Sin embargo, la mera
presencia de unas pocas empresas no implica necesariamente que éstas no actúen
competitivamente. Si hay un gran número de empresas que pudieran entrar en el
mercado, es posible que las ya existentes no puedan actuar de forma monopólica,
ya que tan pronto como intenten obtener beneficios monopolísticos cabe la
posibilidad de que entren otras empresas en el mercado y presionen a la baja
sobre el precio de venta.
Cuando los costes de
producción son elevados, es posible que el mercado en cuestión sea pequeño
desde el punto de vista geográfico. Si sólo existe una empresa en una determinada
área, la competencia puede ser nula (o escasa).
La segunda dificultad
para saber si un mercado es competitivo la constituye el problema de definir el
mercado. Ej.: papel de estraza como sustitutivo cercano del celofán.
Algunos monopolios son
creados por el Estado. Ej.: sistema de patentes.
Existen barreras a la
entrada de nuevas empresas debidas a los rendimientos crecientes de escala. Son
casos en los que los costes de producción (por unidad de producción) disminuyen
conforme aumentan el volumen de producción. Ej.: instalación de un gran
generador eléctrico en una región que uno por cada barrio. En las industrias en
las que hay rendimientos crecientes en escala, las nuevas empresas que tengan
una baja producción se enfrentarán a unos costes mucho más altos que las
empresas ya consolidadas que tengan una elevada producción.
Cuando una empresa ha
logrado una posición de monopolio debido a la existencia de rendimientos
crecientes de escala, se trata de un monopolio natural. Son las circunstancias
las que determinan si un mercado es o no un monopolio natural.
Un ejemplo de un
Monopolio gestionados directamente por el Estado: el correo.
Fijación monopolística de los
precios y pérdida de bienestar ocasionada por el monopolio.
En determinadas
circunstancias puede ser más eficiente que exista una sola empresa. Los
monopolios (sean naturales o no), sino se regulan, restringen la producción
para elevar el precio. El monopolista cuando aumenta sus ventas, sabe que debe
bajar el precio.
2- BIENES PÚBLICOS
Existen bienes que, no
son suministrados por el mercado, y si lo son; la cantidad en que son
suministrados es insuficiente. Ej.: defensa nacional (a gran escala), boyas
luminosas como ayuda a la navegación (menor escala). Se denominan bienes
públicos puros. Con dos propiedades básicas:
1) no cuesta nada que otra persona
más disfrute de sus ventajas. Formalmente, el hecho de que un individuo
adicional disfrute del bien tiene un coste marginal nulo. Ej.: es lo mismo
defender a un país de un millón de personas que de un millón y una persona.
2) en general es difícil o imposible
impedir que se disfrute del bien público. Ej.: al evitar el ataque de un
país, no es posible excluir a alguna
persona de los beneficios.
El hecho de que los
mercados privados no suministren bienes públicos o suministren pocos, justifica
muchas de las actividades del Estado.
3- EXTERNALIDADES
Existen muchos casos en
los que los actos de una persona o de una empresa afectan a otras personas o
empresas:
1) Externalidades negativas: en los
que una empresa impone un coste a otras pero no las compensa. Ej.: planta
química que vierte sustancias a un río cercano impone un coste a los usuarios
del agua situados río abajo, quienes es posible que tengan que pagar una
cuantiosa suma de dinero para purificarla y poder consumirla.
2) Externalidades positivas: en los
que una empresa genera un beneficio a otras, pero no recibe ninguna retribución
a cambio. Ej.: plantar un jardín delante de una casa y que los vecinos se
beneficien de él al poder contemplarlo.
4- MERCADOS INCOMPLETOS
Los bienes y los
servicios públicos puros no son los únicos que los mercados suministran
inadecuadamente. Siempre que los mercados privados no suministran un bien o un
servicio, aún cuando el costo de suministrarlo sea inferior a lo que los
consumidores están dispuestos a pagar, existe una falla de mercado. Se habla en
este caso de mercados incompletos, que dan lugar a la intervención del Estado.
Un mercado completo suministra todos los bienes y servicios cuyo costo de
suministro fuera inferior al precio que los individuos están dispuestos a
pagar. Ejemplo: de mercados incompletos: 1) mercados de seguros: seguros contra
las inundaciones, incendios, etc.; 2) mercados de capitales: préstamos
hipotecarios a pequeñas y medianas empresas.
MERCADOS COMPLEMENTARIOS
Problemas relacionados
con la ausencia de mercados complementarios. Ej.: productor de café y productor
de azúcar. Sería ideal que las dos empresas pudieran unirse para seguir
produciendo, ya que actuando por separado ninguna de los dos podría servir al
interés público, pero sí actuando conjuntamente. Para tal finalidad, existen
muchos casos en los que es necesaria una coordinación a gran escala, para lo
cual quizá sea precisa una cierta planificación estatal.
EXCEPCIÓN: puede haber poderosas
razones por las que los productores privados no suministran un determinado bien
o servicio. Ej.: puede que los costes de transacción sean muy elevados.
5- FALLAS EN
Algunas actividades del
Estado se justifican porque los consumidores tienen una información incompleta
y por la convicción de que el mercado suministra por sí solo demasiada poca
información. Ej.: los gobiernos suelen exigir que los prestamistas
informen a los prestatarios del verdadero
tipo de interés de sus préstamos.
Sus enemigos sostiene
que son innecesarias (ya que el mercado competitivo ofrece incentivos a las
empresas para que revelen la información pertinente), irrelevantes (ya que los
consumidores prestan poca atención a la información que la ley obliga a las empresas
a revelar) y costosas tanto para el Estado, que debe velar por su cumplimiento,
como para las empresas, que deben cumplirlas.
Sus defensores alegan
que, aunque es difícil aplicarlas eficazmente, son útiles.
La intervención del
Estado para remediar esta falla de mercado: la información es, en muchos
aspectos, un bien público; ya que suministrar información a una persona más no
supone reducir la cantidad que tienen otras. La eficiencia requiere que se
difunda gratuitamente, o que sólo se cobre el costo real de trasmitirla. El
mercado privado a menudo suministra una información insuficiente, lo mismo que
suministra una cantidad inadecuada de otros bienes públicos. Ej.: servicio de
meteorología.
6- EL DESEMPLEO (PARO),
Tal vez el síntoma más
admitido de las fallas de mercado sea el elevado índice de desempleo que ha
acosado a las economías capitalistas en
los últimos doscientos años, aún cuando hayan sido mucho más moderas a partir
de
El
hecho de que haya una falla de mercado, como que los mercados no sean capaces
de generar pleno empleo, no significa que tenga que intervenir el Estado. Hay
que poder demostrar, además, que existen medidas mediante las cuales el Estado
puede mejorar e funcionamiento de la economía.
Las
fallas de mercado analizadas, no son mutuamente excluyentes entre si.
Las seis causas de
fallas de mercado impiden que la economía sea eficiente si no interviene el
Estado. Incluso aunque lo fuera, hay otros dos argumentos que justifican la
intervención del Estado:
1) la distribución de la renta. El
hecho de que la economía sea eficiente en el sentido de Pareto, no nos dice
nada sobre la distribución de la renta, ya que los mercados competitivos pueden
generar una distribución de la renta muy desigual y dejar a algunas personas
unos recursos insuficientes para vivir. Una de las actividades más importantes
del Estado es redistribuir la renta.
2) el temor de que el individuo
pueda no actuar en aras de su propio interés.
Evaluar el bienestar de cada individuo de acuerdo con sus propias
percepciones (como ocurre con el principio de la eficiencia en el sentido de
Pareto) es un criterio inadecuado para juzgar el bienestar, ya que los
consumidores pueden tomar decisiones “malas”, aún cuando posean una información
completa. Ej.: cigarrillo, cinturones de seguridad.
Hay quienes creen que el
Estado debe intervenir en estos casos en los que parece que los consumidores no
hacen lo que más les conviene (paternalismo), y que el tipo de intervención
necesaria no debe limitarse a suministrar únicamente información. Los bienes
que el Estado obliga a consumir (cinturones de seguridad), se denominan bienes
preferentes.
DOS MANERAS DE ENFOCAR EL PAPEL DEL ESTADO
El análisis de las
actividades del sector público tiene dos aspectos:
1) el enfoque normativo que se ocupa
de lo que el estado debería hacer, y
2) el enfoque positivo, que se ocupa
de describir y explicar tanto lo que se hace realmente como sus consecuencias.
ENFOQUE NORMATIVO DEL ESTADO
Los teoremas
fundamentales de la economía del bienestar son útiles porque definen claramente
el papel del Estado. Si no hubiera fallas en el mercado ni bienes preferentes,
lo único que debería hacer el Estado es ocuparse de la distribución de la
renta. Ya que el sistema de empresa privada garantiza que los recursos se
utilizarán eficientemente.
Pero cuando hay fallas
en el mercado y el Estado necesariamente debe intervenir, hay que tener en
cuenta dos observaciones:
1) hay que demostrar que existe, al
menos en principio, una forma de intervenir en el mercado que mejora el
bienestar de todo el mundo, sin empeorar el de ninguna persona.
2) demostrar que en el intento de
remediar una falla de mercado, no es probable que el propio proceso político y
la estructura burocrática de una sociedad democrática interfieran en la mejora
propuesta en el sentido de Pareto.
El hecho de que puedan
existir medidas gubernamentales que generen mejoras en el sentido de Pareto no
implica necesariamente que la intervención del Estado sea deseable. También es
preciso considerar las consecuencias de dicha intervención, en la forma que es
probable que adopte ésta, dada la naturaleza del proceso político.
El análisis del papel
del sector público basado sobre los fallos del mercado es en gran parte un
enfoque normativo. Proporciona unos fundamentos para identificar las
situaciones en las que debería intervenir el estado, matizados por la consideración
de los posibles fallos de tal intervención.
ENFOQUE POSITIVO DEL ESTADO
Algunos economistas
creen que la economía no debe centrar su atención en el análisis normativo sino
en el positivo, describiendo las consecuencias de los programas públicos y la
naturaleza de los procesos políticos. Qué importancia tiene las afirmaciones
sobre lo que debe hacer el gobierno. Lo mismo que es posible describir el
equilibrio del mercado sin referirse a la forma en que “deben” asignarse los
recursos, también es posible describir un equilibrio político sin referirse a
lo que debe hacer el gobierno. Los resultados dependen de las reglas del
proceso político, de los incentivos que tengan las diferentes personas que
participen en él, etc. Si se comprende plenamente la naturaleza de la
administración pública, también se entenderá plenamente lo que haga el
gobierno. Sobra cualquier intento de analizar lo que deba hacer. Postura
extrema: ya que los análisis que realizan los economistas sobre el papel que
debe desempeñar el Estado constituyen una parte importante del proceso político
en las democracias modernas.
ENFOQUES Y TEORÍAS QUE VERSAN SOBRE
En la teoría económica,
el surgimiento y consolidación del Estado de Bienestar se explica a través del
sistema keynesiano. Keynes inicia su análisis a partir de la constatación de
que el desequilibrio del sistema, en época de crisis, no puede ser superado por
los mecanismos autorreguladores del mercado. Por tanto la situación de un pleno
uso de los factores productivos es virtualmente imposible. En las economías de
mercado disminuyen los estímulos de inversión y la propensión al consumo, con
lo que se determina una reducción de la demanda global y, por ende, se origina
la falta de oportunidades con respecto a la utilización plena de los factores
productivos.
La intervención
económica estatal, para los autores marxistas, es una consecuencia directa de
las limitaciones y debilidades del modo de producción capitalista. El Estado
sería utilizado por la clase dominante para provocar contratendencias en un
sistema económico abocado a la autodestrucción. Si las leyes objetivas que el
materialismo histórico encuentra en el seno del capitalismo —nucleadas en torno
a la caída tendencial de la tasa de beneficio— determinan la necesaria finitud
de éste, el sector público vendría a ser el instrumento utilizado por la
burguesía para eludir o retardar este destino histórico.
Como reflejan Holloway y
Picciotto, el «desarrollo del Estado sólo puede ser entendido en el contexto
del análisis de la crisis capitalista, y particularmente de la movilización de
las contratendencias a la tendencia a caer de la tasa de beneficio». Es esta
tendencia el grave desajuste económico que da paso a la intervención pública.
Los keynesianos adoptan
una actitud metodológica semejante. Keynes defenderá, en su «Teoría General»,
una permanente y amplia intervención del sector público en la economía, pero
sólo después de constatar analíticamente que «los principales inconvenientes de
la sociedad económica en que vivimos son su incapacidad para procurar la
ocupación plena y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los
ingresos».
La probabilidad cierta
de un equilibrio macroeconómico a niveles inferiores al de pleno empleo de los
recursos productivos, con su correspondiente tasa de desempleo, constituye el
principal desajuste económico que requiere la intervención pública. Dado que
esta situación de pleno empleo sería inalcanzable de forma automática, se
deberán establecer exógenamente métodos de gestión de la demanda efectiva.
En este sentido, el
propio Keynes confiesa que defiende una amplia intervención pública en la
economía como forma idónea de eludir los riesgos e insatisfacciones inherentes
a un sistema de mercado. Como hemos comprobado con este somero repaso a los
planteamientos analíticos de las principales escuelas de pensamiento económico
respecto al fenómeno de la intervención pública, la norma habitual es la
interpretación de las iniciativas públicas como respuestas automáticas a las
demandas de unos procesos económicos amenazados por su propia lógica interna.
En otras palabras, el sector público es presentado, en general, como un
epifenómeno económico, cuyas iniciativas le son reconocidas, tácitamente, en
virtud de una cláusula residual.
Identificábamos el
intento de justificar el carácter necesario de las actuaciones económicas
públicas constatadas como la segunda nota metodológica común a los procesos de
obtención de las proposiciones relativas al papel del sector público en una
economía de mercado. De esta manera, se suelen presentar como consecuencias
«naturales» de la concepción de la intervención pública derivada de un marco
teórico de referencia cuantas funciones o iniciativas económicas desempeñe el
sector público en un escenario determinado.
Conclusiones
Una vez cumplidos los
objetivos de la investigación, se presentan a continuación las siguientes
conclusiones:
La constante presencia
estatal en la economía no se reduce sólo al aspecto legal, a las condiciones
generales que permiten el libre intercambio, sino que también contempla
acciones de acumulación, distributivas e inclusive productivas, ya sea por una
presencia directa del Estado como productor o través de un arsenal de
instrumentos, procedimientos, normas y políticas que regulan y ordenan la
actividad individual.
Al Estado se ha
intentado caracterizarlo mediante rasgos tales como la monopolización del
poder, de la coacción física y como una instancia de administración
centralizada y racionalizada, que actúa dentro de un ámbito territorial
definido. Sin embargo en éstos intentos de exclusión o disminución de la
importancia de la economía estatal no se puede ocultar el papel evidente que el
Estado juega en la economía.
El Estado organiza las
condiciones bajo las cuales los ciudadanos, en su calidad de personas privadas
efectúan intercambios dando sustento al proceso productivo destinado a la
satisfacción de las necesidades sociales. El Estado desarrolla y garantiza el
derecho privado, el mecanismo del dinero, la infraestructura, etc.; proporciona
las premisas existenciales de un proceso económico guiado únicamente por el
lucro individual, pero que
Entre las razones que
justifican la intervención del sector público en la economía se encuentran: la
gran complejidad técnica y necesidad de recursos humanos altamente cualificados
limita el acceso de las pymes a los recursos necesarios para generar
innovación; b) existen alternativas más rentables para los financiadores
privados dado que la innovación es una actividad de riesgo; c) el conocimiento
generado no es protegible de modo absoluto (lo competidores pueden aprovecharse
de las creaciones propias) lo que desincentiva la innovación.
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