Licenciada
Ana Matilde G�mez Ruiloba,
Procuradora General de la Naci�n
E. S. D.
Se�ora Procuradora:
Usted, Honorable Procuradora, se dirigi� recientemente a la Naci�n, para informar sobre la situaci�n de ciertos casos de notoria importancia cuya investigaci�n y decisi�n cursan en diversos despachos. Al referirse usted al caso CEMIS, reflej� su frustraci�n por la decisi�n de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual anul� el proceso y orden� el archivo del expediente. (caso Carlos Agust�n Af� Decerega. Pleno, 8 de marzo del 2004).
Aunque compartimos su frustraci�n, no coincidimos con su opini�n en el sentido de que el Ministerio tiene las manos atadas, pues, seg�n usted, no se puede reabrir la investigaci�n por la expresada decisi�n del alto tribunal de justicia.
Con el debido acatamiento exponemos las razones por nuestra opini�n disidente:
1.- En nuestra legislaci�n, los casos terminan o se deciden mediante sobreseimiento definitivo o provisional (Art�culos 2206 y 2210 del C�digo Judicial) o en virtud de sentencia absolutoria o condenatoria (Art. 2410, Ord. 1�. del C�digo Judicial). Este ha sido el criterio de la Corte Suprema de Justicia seg�n se puede comprobar con los siguientes p�rrafos pertenecientes al fallo emitido por ella el 22 de diciembre de 1988 (caso KRISAJ).
�Los art�culos 32 de la Constituci�n Nacional y el 1945 (1969) del C�digo Judicial establecen la prohibici�n de doble juzgamiento. A la luz de nuestra legislaci�n, la prohibici�n del doble juzgamiento es consecuencia jur�dica o, dicho de otra forma, constituye uno de los efectos que produce la cosa juzgada.
El proceso se inicia con el prop�sito de resolver una situaci�n jur�dica planteada. Por ello, para que exista seguridad jur�dica se ha convenido en que la sentencia o cualquier otra resoluci�n que tenga la virtud de ponerle fin al proceso adquiera firmeza, esto es, que sea inmutable. A esta inmutabilidad, que s�lo cede ante eventuales acontecimientos susceptibles de invocarse a trav�s de un recurso de revisi�n, se la denomina cosa juzgada.
Esta Corporaci�n de justicia en resoluci�n de 22 de diciembre de 1998, al resolver incidente de nulidad presentado por BALDOMIR KRISAJ Y EDITH CALVERA DE KRISAJ, sindicados por delitos e falsedad, dej� consignado cu�les eran los requisitos que deb�an concurrir para que opere la figura DEL DOBLE JUZGAMIENTO, A SABER:
�El primero consiste en la existencia de un proceso anterior.
El segundo requisito consiste en que haya identidad de sujetos procesales. El tercer requisito se refiere a que se trata de los mismos hechos y el cuarto requisito requiere que el proceso anterior haya concluido mediante sentencia absolutoria condenatoria o mediante un sobreseimiento definitivo, en firme y ejecutoriados a favor de los mismos sujetos procesales.�. (�nfasis suplido)
Cuando la Corte expres� que el primer requisito consist�a en la existencia de un proceso anterior, estaba haciendo referencia a la existencia de un proceso que hubiese culminado con sentencia ejecutoriada o sobreseimiento definitivo previo al proceso que se iniciara con posterioridad por los mismos hechos y contra la misma persona. Ello es as�, porque al ser la prohibici�n de doble juzgamiento una consecuencia jur�dica de la cosa juzgada, no queda la menor duda de que debi� haber existido previamente un proceso que haya culminado.�
2.- El art�culo 2210 estatuye que �El sobreseimiento definitivo pone t�rmino al proceso respectivo�..y produce excepci�n de cosa juzgada.�
3.- El art�culo 2212 expresa que �El sobreseimiento definitivo no podr� decretarse sino cuando est� agotada la investigaci�n�..�
4.- Es relevante tomar muy en cuenta lo que emana del art�culo 2215, inciso 2�., del C�digo Judicial, a saber:
�En el caso de que el sobreseimiento fuere provisional, el Juez mandar� a archivar, junto con el expediente que contiene la investigaci�n los efectos��..si se creyere conveniente conservarlos, para evitar que se frustre la investigaci�n posteriormente.�
De lo supratranscrito se desprende en forma concluyente, inequ�vocamente, que el archivo de un expediente no impide que se reabra una investigaci�n si no ha habido un sobreseimiento definitivo o una absoluci�n o condena.
5.- En el caso CEMIS, no ha habido decisi�n, pues, ni hay sobreseimiento ni absoluci�n ni condena. La decisi�n de la Corte fue anular el proceso por vicios de forma. Y es obvio que si hubo una investigaci�n sumarial con obvios defectos, la nulidad se impon�a. Pero no ha habido una decisi�n en el fondo, es decir, la causa no ha concluido, que es el cuarto requisito que, seg�n la Corte es necesario para que se genere la cosa juzgada.
6.- Los favorecidos por el vicio procesal que acept� la Corte no poseen escudo que los proteja ante la reapertura de la causa alegando la protecci�n de los art�culos 32 de la Constituci�n y 1945 del C�digo Judicial, pues, ellos no se enfrentar�an a una segunda causa penal, ya que se repite, no ha habido decisi�n en el fondo por parte de la Corte. No habr�a un desconocimiento del derecho humano ni de la protecci�n constitucional de no ser juzgados dos veces por la misma causa (non bis in idem).
Entre las razones que expuso la Corte en el caso Af� Decerega, para anular las sumarias y ordenar el archivo del expediente, est� la de que el Procurador inici� la investigaci�n, seg�n la Corte, mientras el expresado legislador gozaba de inmunidad parlamentaria (tesis que no compartimos). Pero el art�culo 149 de la Constituci�n en que se bas� la Corte para su malhadado fallo, norma que establec�a la inmunidad parlamentaria, fue derogado. Ahora rige el art�culo 155, el cual manda:
�Art�culo 155: Los miembros de la Asamblea Nacional podr�n ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisi�n de alg�n acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorizaci�n de la Asamblea Nacional. La detenci�n preventiva o cualquier medida cautelar ser� determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia�.�
Ante esta nueva situaci�n y por raz�n del clamor popular para que el caso CEMIS sea reabierto, con el debido acatamiento, impetramos de la Honorable Procuradora que solicite a la Corte Suprema de Justicia que INVESTIGUE Y PROCESE al Legislador CARLOS AGUSTIN AFU DECEREGA y a todos los implicados en el lamentable caso CEMIS.
El procedimiento a seguir lo marca el art�culo 206, numeral 3, de la Constituci�n Pol�tica de Panam�, dispone:
�Art�culo 206: La Corte Suprema de Justicia tendr�, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:
�.3) Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigaci�n, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionar� a un agente de instrucci�n.
Las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones se�aladas en este art�culo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial.�
La ciudadan�a reclama que el agente de instrucci�n que se�ala la norma constitucional supratranscrito sea usted, Honorable Procuradora, como m�xima representante del Ministerio P�blico, a quien la Constituci�n, en su art�culo 220, numeral 4, le confiere la atribuci�n de:
�Art�culo 220. Son atribuciones del Ministerio P�blico:
4. Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales.�
El d�a 23 de los corrientes, el Panam� Am�rica public� en primera plana, la fotograf�a del ahora Diputado AFU. All� se le ven los d�lares que confes� recibi� por su voto favorable al contrato sobre el proyecto CEMIS. La foto muestra la satisfacci�n con que exhibe las 30 monedas en presencia de sus familiares. La confesi�n y satisfacci�n reiteradas constituyen un delito para �l y un bochorno para la Rep�blica y por ello no debe quedar impune.
El pie de foto lo dice todo: �El 16 de enero de 2002, el entonces legislador del PRD, Carlos Af�, denunci�, plata en mano, que recibi� soborno de seis mil d�lares por la aprobaci�n del contrato CEMIS�.
La impunidad socava la democracia y destruye el basamento de la Rep�blica, pues, conduce a la desobediencia civil. Por ello la instamos a que mueva los resortes de la justicia para que el delito cometido apareje el condigno castigo a su autor.
En cuanto a los dem�s implicados en el caso CEMIS, no existe el valladar de los art�culos 155 y 206, numeral 3 de la Constituci�n y debe acatarse lo ordenado en el art�culo 1996 del C�digo Judicial, o sea, que usted, como funcionaria p�blica, est� constre�ida a proceder de oficio a reabrir la investigaci�n. Por ello su despacho puede reanudar la investigaci�n con nuevas pruebas y las que p�blicamente aparecieron como hongos en los medios de comunicaci�n en la fecha de autos. A la Corte Suprema corresponder� decidir si las sumarias de los otros incriminados se acumulan al expediente que ella abra o se conduzcan en otra instancia.
Como ciudadanos comprometidos con el respeto a las instituciones republicanas, nos ponemos a sus �rdenes para cooperar al m�ximo en la investigaci�n que le adscriba la Corte Suprema de Justicia.
Atentamente
COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS DE PANAMA
FUNDACION PANAME�A DE ETICA Y CIVISMO