| MILENIO y Poresto
Mayo 30 de 2007. Fuerzas Armadas Por Javier Ibarrola � El riesgo de los riesgos Es innegable que los militares conviven y tendr�n que convivir por muchos a�os m�s, con los pol�ticos en el poder, pues �stos, por m�ltiples razones, constantemente ocurren al Ej�rcito por los motivos ampliamente con conocidos por la sociedad. Como era de esperarse, al triunfo de la Revoluci�n de 1910, quienes tomaron el liderazgo de los puestos pol�ticos y por ende de la conducci�n del pa�s fueron los generales victoriosos. Este liderazgo continu� hasta principios de los a�os cuarenta, cuando el general Manuel �vila Camacho pas� a ser el �ltimo militar en ocupar la presidencia de la rep�blica. A pesar de que en los a�os subsiguientes algunos militares continuaron ocupando cargos en el gabinete, gobiernos estatales y las c�maras legislativas, su presencia en la vida pol�tica fue disminuyendo notablemente hasta nuestros d�as, cuando la presencia militar es casi imperceptible en estos rubros. Ni el m�s riguroso an�lisis podr�a llevar a pensar que esta situaci�n podr�a cambiar, sobre todo por el poco inter�s que se observa en las nuevas generaciones de militares para impulsar una actualizaci�n de las fuerzas armadas. De ah�, por ejemplo, que ante el inminente proceso para la Reforma del estado, el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galv�n pidi� p�blicamente que ante la existencia de grandes vac�os en la actual ley de Seguridad Nacional, esta se incluya en la Reforma del Estado para evitar vac�os e indefiniciones legales que restringen al Ej�rcito en sus funciones para hacer frente al narcotr�fico y al terrorismo. Precisamente estos vac�os e indefiniciones han dado paso al contumaz debate sobre la participaci�n del Ej�rcito en la lucha contra el narcotr�fico y sus da�os colaterales. Como en todo debate, en �ste se han manifestado dos bandos muy bien definidos: por un lado el apoyo de los gobernadores estatales, el partido en el poder, la iglesia cat�lica y una parte muy significativa de la sociedad. Por la otra, los partidos pol�ticos, especialmente PRI y PRD y desde luego las organizaciones no gubernamentales y de Derechos Humanos. Sin embargo, ninguno de los dos bandos parece obedecer a una postura que responda estrictamente a la intervenci�n o no de las fuerzas armadas en este tipo de labores. En ambas posturas se advierte el oculto recelo de que el poder militar se extienda, primero, hacia las autoridades policiales civiles y despu�s para asumir nuevas responsabilidades dentro del sistema pol�tico nacional. Elogios e improperios por igual llevan la intenci�n de encadenar a los militares a ciertas labores polic�acas, pero nada m�s. Cuando el general Galv�n Galv�n dijo el 9 de febrero pasado, en su primer discurso oficial, que �las fuerzas armadas robustecen al Congreso de la Uni�n, a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y al Poder Judicial en su conjunto, hacen s�lida a la sociedad y a sus esmeros y fortalecen al Poder Ejecutivo�, los pol�ticos entraron en p�nico. Legisladores de varios partidos demandaron �moderaci�n y sensatez� al general secretario, al considerar �exagerada� la declaraci�n anterior. Ante el viejo fantasma del golpismo militar, los pol�ticos civiles mexicanos, defendiendo intereses de toda �ndole, menos los que responden al inter�s nacional, ven a los militares como una amenaza permanente a su visi�n de ser ellos los �nicos que pueden gobernar al pa�s. A pesar de que en el pasado reciente se dijo que el Ej�rcito estaba preparado para asumir mayores responsabilidades, hace bastante tiempo dej� de aspirar al poder. Es innegable que los militares conviven y tendr�n que convivir por muchos a�os m�s, con los pol�ticos en el poder, pues �stos, por m�ltiples razones, constantemente ocurren al Ej�rcito por los motivos ampliamente con conocidos por la sociedad. En este contexto, las nuevas generaciones de militares deben exigir una moderna reestructuraci�n de las fuerzas armadas, definir sus funciones y se�alar con claridad sus atribuciones. Sin embargo, la sociedad reclama soluciones prontas. La delincuencia organizada y el narcotr�fico han rebasado ya el �mbito de la seguridad p�blica, para afectar la seguridad interior y por ende a las instituciones nacionales, como lo ha dicho tambi�n el general Galv�n. Toda acci�n infiere riesgos. La participaci�n del Ej�rcito para abatir esta problem�tica los tiene. Pero la seguridad tiene un precio y hay que pagarlo, antes de que sea demasiado tarde y el costo se vuelva impagable. |