SEGUNDA PARTE

EL MODELO ARGENTINO

DESARROLLO

CAP�TULO 4

EL �MBITO ECON�MICO

Caracterizaci�n general

Los principios y medidas generales que el Modelo Argentino propone en el campo econ�mico deben comprenderse como justificados y fundados en las bases filos�fico-pol�ticas previamente delineadas. Es por eso que, en varias oportunidades, he sostenido que la dimensi�n pol�tica es previa al �mbito econ�mico.

El Justicialismo comprende a lo econ�mico como naturalmente emanado de un proyecto hist�rico-pol�tico de car�cter intr�nsecamente nacional, social y cristiano.

En tal sentido, el objetivo fundamental es servir a la sociedad como un todo, y al hombre no s�lo como sujeto natural sometido a necesidades materiales de subsistencia, sino tambi�n como persona moral, intelectual y espiritual.

En rigor nuestra concepci�n tampoco supone que la b�squeda del beneficio personal invariablemente redunda en el bien de toda la sociedad.

Por el contrario, la actividad econ�mica debe dirigirse a fines sociales y no individualistas, respondiendo a los requerimientos del hombre integrado en una comunidad y no a las apetencias personales.

Esta interpretaci�n amplia y solidaria de la actividad econ�mica, llevar� impl�cita una definici�n clara del concepto de beneficio, ubic�ndolo, no ya como un fin en s� mismo, lo que dar�a como resultado una utilizaci�n de los recursos en funci�n de un individuo ego�sta, sino como la justa remuneraci�n del factor empresarial por la funci�n social que cumple.

Preservamos as� el est�mulo para fomentar el incremento de la gesti�n empresarial privada, con su dinamizadora dosis de creatividad, pero enmarcada en un contexto donde debe prevalecer una distribuci�n socialmente justa.

La esencia de nuestra Tercera Posici�n consiste en anhelar una sociedad eminentemente creativa y justa, en la cual la conducci�n econ�mica pertenezca al pa�s como comunidad arm�nica y donde los logros econ�micos no atenten contra la libertad y la dignidad del hombre.

Pero cada uno de mis conciudadanos debe tener muy en claro que la �nica posibilidad de que lo anteriormente expuesto no quede en meras expresiones de deseo, depende en que todos los argentinos participen de una profunda revoluci�n �tica, que en verdad implica una aut�ntica toma de conciencia cristiana.

Nuestra concepci�n econ�mica no es as�ptica, no puede aplicarse como un conjunto de medidas t�cnicas si no est� integrada en una visi�n del hombre y el mundo de car�cter radicalmente nacional.

Para la conformaci�n econ�mica de nuestra sociedad, resulta indispensable obtener la coincidencia generalizada de todos los sectores, hecha realidad a trav�s de un compromiso firme, estable y por ende cuidadosamente elaborado a trav�s de lo que ser� el Proyecto Nacional.

Necesidad de considerar el �mbito supranacional

Hasta el momento ha prevalecido en casi todos los pa�ses la concepci�n restrictiva de desplegar la actividad econ�mica con
el s�lo fin de lograr el m�ximo bienestar para sus habitantes. De ahora en m�s el panorama se ampl�a, tendiendo a aunar esfuerzos en el nivel regional e internacional a fin de, en mutua colaboraci�n, elevar las condiciones de vida de la sociedad universal del porvenir.

El mundo del futuro se est� orientando hacia nuevas formas donde ya no tendr� sentido analizar los problemas como exclusivamente nacionales. Ser� preciso condicionarlos a la evoluci�n general de la humanidad, en la que el progreso de la ciencia y la tecnolog�a por una parte, y la expansi�n demogr�fica por la otra, influir�n decisivamente sobre los sistemas socioecon�micos. Por lo tanto las soluciones de los diversos problemas en el nivet nacional, no podr�n ser logradas plenamente, si buscan su concreci�n exclusivamente dentro del pa�s, como si �ste fuera un compartimiento estanco.

Toda labor econ�mica se hace efectiva persiguiendo metas determinadas y considerando las restricciones propias de las circunstancias. En tal sentido el futuro exigir� perseguir metas mundiales en funci�n de posibilidades tambi�n mundiales. Por consiguiente, en la medida que la Argentina oriente su accionar econ�mico en tal direcci�n ser� mayor su trascendencia en el orden internacional.

El desarrollo no debe quedar en manos de unos pocos, o de grupos poderosos, como tampoco debe responder a la concepci�n de una sola comunidad pol�tica o de las naciones m�s fuertes. Por el contrario, todos los sectores dentro de cada pa�s y el conjunto de las naciones en el orden internacional deben participar en dicha tarea.

Esto no constituye una utop�a, pero tampoco es tarea f�cil de lograr, particularmente en un mundo convulsionado pol�tica e
ideol�gicamente, donde el inter�s privado prevalece sobre el inter�s social.

Es necesario avanzar gradualmente, por etapas, evitando las formas violentas de cambio que s�lo significan tremendos costos sociales para cualquier comunidad organizada. Los acuerdos en el nivel nacional y las integraciones regionales son el primer paso trascendente para alcanzar la meta propuesta y para ello el pa�s debe estructurarse como un verdadero sistema. En �l debe disponerse de un medio que oriente las realizaciones como entiendo debe ser el Proyecto Nacional.

Necesidad del acuerdo interno

Dif�cil resultar� integrarse dentro del marco regional y m�s a�n del internacional si previamente no establecemos las bases
de acuerdo dentro del pa�s.

Se deben definir las pol�ticas en las distintas actividades y comprometer a todos los sectores sociales. Cada uno en su funci�n
deber� realizar una tarea solidaria para aprovechar al m�ximo la capacidad creativa del pa�s.

Los compromisos que se contraigan ser�n concretos, efectivos y estables, independientemente de qui�n ejerza el liderazgo o el
gobierno, porque �ste es circunstancial, mientras que aquellos deben ser permanentes, aun cuando actualizables.

Los planes de desarrollo constituyen la expresi�n econ�mica de este acuerdo general e indican el camino y las metas a lograr,
basadas en apreciaciones sensatas y acordes con la realidad presente y la estimaci�n del futuro. La planificaci�n desmedida conduce inexorablemente a la p�rdida de la libertad y de la creatividad, o bien a la subestimaci�n y abandono de los fines perseguidos, mientras que la falta o insuficiencia de la acci�n planificada conduce al derroche de recursos, debilita y �finalmente� deja a la Naci�n a merced de los poderosos.

Las necesidades y la oferta de bienes y servicios

Resulta parad�jico observar c�mo en un mundo que siente cada d�a con mayor fuerza la presi�n de la escasez de los recursos
primarios, algunas concepciones tratan por todos los medios de fomentar el consumo en forma irracional y dispensiosa. Esto no
s�lo toma cada d�a m�s oscuras las posibilidades de las generaciones futuras, sino que refuerza los lazos de dependencia especulativa de grupos e intereses privados re�idos con el inter�s de la comunidad.

La exigencia de una sociedad plenamente realizada no s�lo implica pensar en el presente sino tambi�n en el futuro. Para ello
debemos regular y analizar las necesidades dando preeminencia a las m�s aut�nticas, compatibiliz�ndolas con nuestra liberaci�n dentro de un marco de Democracia Social.

A tal fin sena conveniente que existiesen los medios que identifiquen objetivamente esas necesidades con el prop�sito de canalizarlas y sugerir su satisfacci�n, aun cuando el Pueblo no haya llegado a expresarlas en forma de demanda concreta.

Lo afirmado precedentemente implica reconocer que la demanda no puede ni debe ser identificada exclusivamente a trav�s
del mercado, sino que requiere algo de mayor contenido social.

Para lograrlo ser� necesario previamente establecer una escala de valores a partir de la cual el patr�n de demanda se ajuste a la concepci�n social y universalista.

La oferta interna de bienes y servicios deber�, entonces, responder a esta demanda y para ello todas las fuerzas productivas
coordinar�n su acci�n a fin de lograr una sociedad realizada en los t�rminos expresados.

La preservaci�n de nuestros recursos, particularmente los agotables, el permanente control sobre ellos y sobre el proceso productivo son requisitos indispensables que de no alcanzarse har�n naufragar cualquier intento de desarrollo y real independencia.

La producci�n y el aprovechamiento de los recursos

Es habitual, cuando se hace referencia a la producci�n, centrar fundamentalmente la discusi�n en dos grandes �reas: nivel de
autosuficiencia econ�mica y papel del Estado en el proceso productivo.

Tal vez en el pasado, donde se proced�a entendiendo al pa�s como compartimento estanco y donde las concepciones ideol�gicas se alineaban en posiciones extremas, dicha discusi�n ten�a algo de sentido. En la �poca actual y para mentes con visi�n de futuro, enfoques de tal naturaleza carecen de lodo valor.

Es indudable que si hacemos referencia a un mundo que tiende cada d�a m�s a acelerar su integraci�n y a coparticipar en la soluci�n del problema de la escasez de recursos, tratando de incrementar el comercio internacional y de integrarse en el proceso productivo, resulta pueril y contradictorio dispersar esfuerzos.

Esto no implica aceptar o mantener las estructuras productivas tal como est�n, consolidando la dependencia. Nuestra Argentina
cuenta con una naturaleza pr�diga en recursos, una mano de obra cualitativamente comparable a la que poseen pa�ses con un elevado desarrollo y un grupo empresario creativo y pujante.

Dicho en otros t�rminos, se dan las condiciones para armonizar una estructura econ�mica agropecuaria con otra industrial,
sin que el progreso de un sector se logre a costas del otro.

Lo fundamental es que cada producto que salga al mercado y en particular al internacional, cuente con el mayor valor agregado que los factores de la producci�n permitan, y por otra parte, que se consolide una integraci�n del proceso productivo en el nivel regional interno, continental y finalmente universal.

El pleno empleo de los recursos tendr� entonces un verdadero y s�lido sentido, no tomar� la forma de una expresi�n de deseos
de plataforma pol�tica con fines electorales.

De nada servir� disponer de generosos recursos naturales, si �stos permanecen inexplotados; es imprescindible orientar los
mayores recursos para utilizar particularmente aqu�llos que se poseen en forma abundante en relaci�n con las propias necesidades, pero sin perder de vista un uso racional para los agotables.

Es aqu� donde el establecimiento de metas cuantitativas, previa investigaci�n inteligente y realista de nuestras reservas, adquiere especial relevancia. En todo proceso productivo hay insumos cr�ticos que condicionan severamente la actividad industrial y la productividad del sector agropecuario. Es respecto de ellos que adquiere verdadero sentido el concepto de autosuficiencia y ruptura de la dependencia.

Esta es la otra �rea hacia d�nde deben canalizarse los esfuerzos del sector p�blico y privado, ya sea actuando en forma
independiente o conjunta.

El �mbito de la actividad econ�mica

La trascendencia del Estado en la actividad econ�mica depende de su grado de ingerencia en este campo, as� como de la
modalidad y calidad de su participaci�n.

En la funci�n empresarial el Estado tendr� un papel protagonice o complementario de la acci�n privada, seg�n las circunstancias presentes o futuras as� lo aconsejen. Debe destacarse como un deber ineludible la idoneidad con que el Estado asuma dicho rol, materializado a trav�s de su gesti�n empresarial.

La empresa del Estado no es un veh�culo para alimentar una desocupaci�n disfrazada o para transformarse en fuente de trabajo o de ingresos de quienes circunstancialmente ejercen el manejo de la cosa p�blica. Es el camino para satisfacer b�sicas necesidades de la comunidad.

La experiencia indica que nadie critica a una empresa por el solo hecho de ser del Estado, sino por el resultado de su gesti�n.
Nadie reaccionar� contra el control y supervisi�n que el Estadorealiza sobre el quehacer econ�mico, si �ste es llevado a cabo no s�lo con honestidad sino tambi�n con idoneidad, y si tanto el Estado como el sector privado se hallan plenamente identificados con un Proyecto Nacional, un fin superior en el que no caben mezquindades ni turbios manejos especulativos.

De lo expresado surge como de imperiosa necesidad el intensificar el proceso de formaci�n y perfeccionamiento del funcionario p�blico.

La funci�n p�blica debe ser ejercida con idoneidad t�cnica y capacidad de decisi�n. Pero estas cualidades, necesariamente, tienen que sustentarse en la adhesi�n plena por parte del funcionario a la idea de que �l es parte integrante de una comunidad que busca perfilar un Proyecto Nacional, ante cuyos fines superiores quedan relegados los objetivos meramente individuales o sectoriales.

El rol del capital extranjero

Argentina ha sido siempre un pa�s abierto a la participaci�n externa; tambi�n lo ser� en el futuro, pero es imprescindible disciplinar dicha participaci�n determinando �reas de su injerencia y el rol que debe cumplir en nuestra vida social, pol�tica y econ�mica.

Ning�n pa�s es realmente libre si no ejerce plenamente el poder de decisi�n sobre la explotaci�n, uso y comercializaci�n de sus recursos y sobre el empleo de sus factores productivos. Por ello es necesario determinar las reglas del juego que habr�n de regir la participaci�n del capital extranjero y, una vez establecidas, asegurar su estabilidad y fundamentalmente hacerlas cumplir.

El progreso econ�mico depender� exclusivamente de nuestro propio esfuerzo; de all� que el capital extranjero deba tomarse
como un complemento y no como factor determinante e irremplazable del desarrollo.

La formaci�n y distribuci�n del ingreso

La elevaci�n permanente y sostenida del nivel de ingresos y su distribuci�n con criterio de justicia social es, y as� debiera
reconocerse un�nimemente, la finalidad de todo proceso de desarrollo.

Poco nos dir�n los impactantes �ndices de crecimiento global, si no vienen acompa�ados de una m�s equitativa distribuci�n personal y funcional de los ingresos; que termine definitivamente con su concentraci�n en reducidos n�cleos o �lites que han sido causantes de costosos conflictos sociales.

Debemos crear el pa�s del futuro para las generaciones venideras, pero partiendo de la base que las presentes deben participar
plenamente en su configuraci�n.

Ser�a socialmente injusto que con el objeto de acelerar el desarrollo se afectasen ostensiblemente las posibilidades de realizaci�n de quienes precisamente lo generan. Por otra parte, es estrictamente inaceptable que este desarrollo se materialice a expensas de los m�s necesitados.

El costo debe ser repartido proporcionalmente, de acuerdo con las posibilidades de cada uno.

Cuando se habla de distribuci�n funcional, suele predicarse que para favorecer el proceso de crecimiento econ�mico es conveniente remunerar en una mayor proporci�n al factor capital y empresarial en detrimento del trabajo. A�n cuando esto t�cnicamente pudiera tener visos de realidad, es socialmente injusto y por lo tanto debe desecharse de nuestra doctrina nacional.

Por el contrario, es condici�n necesaria estimular sostenidamente a este �ltimo factor que precisamente est� integrado por los
estratos m�s bajos de la escala social y para ello debe intensificarse el uso del los diversos mecanismos que incrementen el ingreso real, tarea en la cual el Estado tiene una responsabilidad impostergable.

La soluci�n del d�ficit habitacional; la ampliaci�n y difusi�n de los servicios que hacen a las necesidades primarias, a la educaci�n y al esparcimiento; los subsidios a la familia numerosa y a las clases pasivas son meros ejemplos de lo que el Estado debe concretaren forma amplia y eficiente, o sea cuantitativa y cualitativamente en relaci�n con la necesidad.

La inflaci�n, cualquiera sea su origen, tanto como el control de la oferta y por ende de los precios, por parte de estructuras con
poder monopolice, en todos los casos terminan con una distorsi�n del ingreso y generan una distribuci�n regresiva del mismo.

Es aqu� tambi�n donde el Estado debe estar presente y para ello no bastar� atacar los efectos, sino las causas que los originan.

En este quehacer deber� actuar con el m�ximo poder que le confieren sus facultades.

No es suficiente que exista adem�s de una adecuada tasa global de crecimiento, una buena distribuci�n personal y funcional, si
regionalmente existen notorios desniveles.

La sociedad argentina est� integrada por el hombre de la ciudad y del campo; de las grandes urbes y de los peque�os conglomerados, a�n de aquellos ubicados en la zona fronteriza. Todos deben participar en el esfuerzo, pero todos deben, tambi�n, gozar de los beneficios.

La distribuci�n regional de los ingresos debe ser tambi�n motivo de especial preocupaci�n no s�lo del Estado, sino de toda la
comunidad. Los gobiernos provinciales, en pleno uso de las facultades que otorga un sistema federal, deben poner todo de s� y crear conciencia popular de solidaridad para ayudar a las �reas sumergidas.

Mientras exista una sola familia cuyo ingreso est� s�lo en un mero nivel de subsistencia o, peor a�n, por debajo de �ste, no
habremos logrado en modo alguno un nivel econ�mico con justicia social.

Con respecto al capital extranjero, sena ut�pico pretender que no reciba una participaci�n por su aporte en el quehacer nacional.

No es esto lo que realmente importa, sino las fuentes que dan lugar a tales ingresos. Es por ello que la comunidad en general y
el Estado en particular deben definirlas con claridad.

Existen empresas y organizaciones internacionales que a�n hoy persisten en manejarse con pautas de explotaci�n y especulaci�n, sin darse cuenta que los pa�ses del presente, por peque�os que sean, han aprendido la lecci�n y van ejerciendo cada d�a con mayor vigor la defensa de sus propios intereses.

Nuestra patria ha avanzado en tal sentido, pero es necesario lograr a�n mayores progresos. No podemos olvidar que somos los �nicos responsables de los �xitos o fracasos que el pa�s experimenta.

Cabe aqu� recordar, nuevamente, lo expresado en materia de capacitaci�n de nuestros hombres p�blicos, funcionarios y a�n
empresarios. S�lo una firme formaci�n moral y una elevada idoneidad t�cnica, permitir�n seleccionar adecuadamente las fuentes que dejan un beneficio real para el pa�s.

El Agro

El mundo actual observa, con creciente preocupaci�n, el paulatino agotamiento de los recursos naturales, al punto de temer el
desencadenamiento de una crisis en materia de productos esenciales para la subsistencia de la humanidad.

Nuestro pa�s, en tal sentido, resulta un privilegiado de la naturaleza y una esperanza para la sociedad en la etapa universalista,
en raz�n de sus potencialidades en materia de recursos naturales.
De all� que la definici�n de una pol�tica estable y definida para el agro constituya una responsabilidad ineludible de las generaciones del presente para con las del futuro.

Esta pol�tica debe se�alar con precisi�n los objetivos a alcanzar en materia de colonizaci�n, infraestructura, r�gimen de
tenencia de la tierra, explotaci�n, investigaci�n, capacitaci�n e incentivos, para lograr a la vez una fuente continua de riqueza
para el pa�s y un aporte vital para el mundo del futuro con criterio de solidaridad universal.

Ambos conceptos, fuente sostenida de riqueza y solidaridad universal, implican necesariamente hacer un uso racional de nuestras tierras aptas como as� tambi�n realizar un esfuerzo sostenido para agregar a �stas las hoy ociosas o deprimidas.

La colonizaci�n de nuestras tierras adquiere, en raz�n de lo expuesto, una importancia tal vez superior a la que se le asignara
en �pocas pasadas, pero simult�neamente, es amenazada por mayores condicionamientos y dificultades.

El paulatino desplazamiento de la poblaci�n rural hacia los centros urbanos; las necesidades propias de la vida moderna; la
complejidad de los medios t�cnicos y niveles de inversi�n requeridos para la explotaci�n agr�cola, son aspectos que condicionan el logro de este objetivo.

No podr� pensarse en colonizar, si previamente no creamos los medios que aseguren a los inmigrantes que necesitaremos condiciones de vida propicias para su desplazamiento. Ello, indudablemente, implica un esfuerzo econ�mico de magnitud trascendente y una planificaci�n detallada con determinaci�n de prioridades. En tal sentido, ser� preferible un plan con metas no excesivamente ambiciosas, escalonadas en el tiempo y por zonas, pero basado en posibilidades reales de concreci�n, a otro ambicioso que permanezca en el plano te�rico o sea usado como mera herramienta de propaganda ideol�gica o partidista.

Simult�neamente con la creaci�n de la infraestructura destinada a hacer digna la vida de la poblaci�n rural, ser� necesario
considerar la requerida para posibilitar la explotaci�n de las tierras en condiciones de productividad creciente y de agilizaci�n de las etapas de distribuci�n, almacenaje y comercializaci�n de los productos.

Entendemos que la tenencia de la tierra implica la responsabilidad de no atentar contra la finalidad social que debe satisfacer
la explotaci�n agraria. Dicha finalidad s�lo se cubrir� cuando la tierra sea explotada en su totalidad y en relaci�n con su aptitud real y potencial, tomando el lucro como un est�mulo y no como un fin en s� mismo.

La tierra no es b�sicamente un bien de renta sino un bien de trabajo. El trabajo todo lo dignifica.

La explotaci�n de las tierras implica considerar un dimensionamiento �ptimo y una, conservaci�n adecuada del suelo; ambos
aspectos deben ser evaluados dentro de un contexto eminentemente t�cnico, y con miras a lograr consenso y no enfrentamiento de grupos o sectores.

La experiencia indica que muchas discusiones, particularmente en lo que concierne a la subdivisi�n de las tierras, se han orientado, o han sido fuertemente condicionadas, por razones meramente ideol�gicas m�s que de beneficio para la sociedad en su conjunto.

La actividad productiva dentro del sector primario no ha escapado a la influencia de la continua revoluci�n tecnol�gica que es
un signo de nuestros tiempos. M�s a�n, puede observarse que en los �ltimos a�os se hacen denodados esfuerzos para lograr nuevos procedimientos que compensen la no reproductividad de la tierra con el crecimiento sostenido de la poblaci�n mundial.

La Rep�blica Argentina, como poseedora de un vasto territorio con aptitud especial para su explotaci�n, no puede, bajo ning�n concepto, quedar rezagada tanto en el uso de tales nuevos procedimientos como en el proceso de investigaci�n.

La creaci�n y est�mulo para lograr una conciencia en esta materia debe ser responsabilidad no s�lo del Estado, sino tambi�n
de los sectores privados que participan en esta actividad.

Los actuales centros de experimentaci�n y de formaci�n de mano de obra capacitada, necesitan contar con el decidido apoyo
p�blico y privado. Pero �stos, a su vez, deben basar sus planes de acci�n sobre objetivos y metas concretas y acordes con las posibilidades del pa�s.

No resulta novedoso se�alar la natural resistencia de muchos trabajadores rurales a la implantaci�n de nuevos m�todos, procedimientos y herramientas tendientes a proteger el suelo, incrementar la productividad y cultivar nuevas especies. Sin embargo, pareciera que los esfuerzos para lograr un cambio radical y definitivo resultan todav�a insuficientes.

Por tal motivo, el Estado en particular y las organizaciones rurales en general, deber�n coordinar sus esfuerzos a fin de profundizar los cambios y hacer evidentes los beneficios que los mismos traer�n aparejados. Un hombre de campo con una mentalidad moderna y de futuro es el factor insustituible del progreso del sector, m�s all� de toda medida administrativa o de est�mulo a la actividad.

Todo lo se�alado hasta este punto implica un esfuerzo econ�mico - financiero que va m�s all� de las posibilidades del sector y, por tal raz�n, el Estado debe ineludiblemente acudir como apoyo real y est�mulo, como as� tambi�n, hacer un uso intenso de su poder como fiscalizador, control y regulador.

En cuanto al apoyo, �ste debe materializarse a lo largo de lodo el espectro de actividades que directa o indirectamente hace al
quehacer agrario; desde la capacitaci�n t�cnica, hasta la creaci�n de condiciones para la explotaci�n; pasando por el apoyo financiero para las distintas etapas de la producci�n y comercializaci�n.

S�lo podremos exigir el cumplimiento de un compromiso social si previamente facilitamos los medios b�sicos para llevarlo a
cabo.

El asesoramiento t�cnico, el apoyo crediticio, la pol�tica fiscal y el desarrollo de cooperativas agrarias, son instrumentos que
deben usarse en forma intensa, particularmente para aquellos que se encuentran en inferioridad de condiciones para producir.

El apoyo para lograr el aprovechamiento de las zonas ociosas debe ser motivo de especial preferencia, pero una vez satisfechas adecuadamente las necesidades de las zonas aptas.

En su funci�n fiscalizadora, de control y regulaci�n, el Estado debe previamente definir con absoluta claridad su participaci�n,
y una vez logrado el consenso general se deber� proceder sin soluci�n de continuidad.

Nuevamente aqu� la pol�tica fiscal cumple un decidido papel para obligar a la explotaci�n racional de los recursos, evitando
capacidades ociosas. Producir cada d�a m�s, manteniendo la fertilidad de las tierras, debe ser criterio rector.

La intervenci�n directa en el proceso de comercializaci�n interna y externa, as� como tambi�n en la fijaci�n de precios que
aseguren un beneficio normal y una eliminaci�n de la incertidlumbre del futuro, son tambi�n responsabilidades que el Estado
no debe bajo ning�n concepto delegar y menos a�n olvidar.

La Industria

El sector industrial ha ido creciendo en la Argentina hasta convertirse en parte important�sima de la actividad econ�mica,
de ah� la necesidad de delinear, a grandes trazos, cu�les ser�n las pautas que han de regir el comportamiento de ese sector dentro de la comunidad que anhelamos.

Nos parece evidente que nadie puede, razonablemente, dudar que la planificaci�n es imprescindible, de ah� que, una vez identificadas las necesidades aut�nticas de la sociedad, habr� que cuantificarlas. Deber�, entonces, determinarse cu�nto y qu� producir� el Estado; cu�nto y qu� el sector privado.

En lo que concierne a la actividad industrial estatal, la planificaci�n ser� estricta y la coordinaci�n de los esfuerzos m�xima.
Para el quehacer privado se establecer�n marcos �con la flexibilidad que las circunstancias sugieran� dentro de los cuales el
empresariado desenvolver� su capacidad creativa.

Si tanto el Estado como el sector privado comprenden que su meta es la misma �el bienestar de toda la comunidad� la determinaci�n de los l�mites de acci�n no puede ser conflictiva.

Sin embargo, el Estado deber� evitar que estos marcos que encuadran la actividad privada sean excesivamente cambiantes o
confusos, pues esto sumir�a al empresariado en la incertidumbre, desalentar�a las inversiones y fomentar�a la especulaci�n.

El capital for�neo ocupar� tambi�n un lugar dentro del esquema industrial, aquel lugar que el pa�s juzgue conveniente para
sus propios intereses. Hay que tener siempre presente que aquella naci�n que pierde el control de su econom�a, pierde su soberan�a. Habr� que evitar, entonces, que esa participaci�n extranjera �en forma visible o embozada� llegue al punto de hacernos perder el poder de decidir.

Ya he afirmado, y volver� m�s adelante sobre esto, que la tecnolog�a es uno de los m�s fuertes factores de dependencia en
la actualidad. Resulta importante enfatizar que este hecho se agudiza en el caso del sector industrial.

Si nuestra industria es ya fuerte, en el Modelo la deseamos a�n mucho m�s importante. Necesita, entonces, una tecnolog�a
que cimente su desarrollo, pero esta necesidad no debe instrumentar la acci�n de un poderoso factor de dependencia.

La alternativa surge clara: tenemos que desarrollar en el pa�s la tecnolog�a que nutra permanentemente a nuestra industria.

Estado y sector privado deben volcar todos sus esfuerzos en ese sentido, cada uno en la medida de sus posibilidades. El gasto
en investigaci�n y desarrollo debe ser tan grande como jam�s lo haya sido hasta ahora, pero tan bien programado como para soslayar cualquier posibilidad de despilfarro. Deben aprenderse bien estos conceptos, pues son absolutamente esenciales: sin tecnolog�a nacional no habr� una industria realmente argentina, y sin tal industria podr� existir crecimiento pero nunca desarrollo.

La tarca que se propone no es f�cil. Hay que remendar la herencia de un esquema ferozmente competitivo, en el que s�lo
primaban fines solitarios o simplemente grupales que dieron lugar a una batalla entre intereses, de la cual generalmente salieron mal parados los m�s d�biles. El sector industrial privado es ahora convocado a colaborar, con su quehacer espec�fico, bajo una perspectiva totalmente distinta. El Estado debe orientarlo en su acci�n, se�al�ndole claramente cu�l ha de ser el rol en los programas de desarrollo y haci�ndolo participar activamente en la elaboraci�n de la pol�tica econ�mica. No deben quedar dudas de que cuando hablo de sector privado industrial, me refiero tanto a empresarios como a trabajadores, nucleados unos y otros en sus organizaciones naturales.

Si, como ya afinrr�; el mercado no constituir� la referencia fundamental en la determinaci�n de las necesidades aut�nticas
de la comunidad, el sistema de precios no ser� �en algunos sectores� el impulsor de las decisiones de inversi�n. El Estado tendr� entonces que suplir este posible d�ficit, ya sea mediante su acci�n directa como inversor o bien indirectamente a trav�s de su pol�tica econ�mica.

Al Estado le cabe tambi�n la responsabilidad de relevar asiduamente el comportamiento del sector industrial en su conjunto,
en una acci�n fiscalizadora, tanto de control como de apoyo.

Por otra parte, es imprescindible que el sector privado contin�e fortaleciendo su mentalidad exportadora, a lo que contribuir�n
seguramente el desarrollo de una tecnolog�a �ntegramente nacional, acorde con los m�s altos niveles alcanzados mundialmente y la eficacia en el manejo de la pol�tica internacional del gobierno.

Volver� sobre alguna de estas cuestiones cuando me refiera al papel que en nuestra futura comunidad debe desempe�ar el
empresariado.

En s�ntesis, es menester dejar sentado que los sectores p�blico y privado han de concertar firmemente su acci�n en los planes de desarrollo industrial que conjuntamente determinar�n. Cada uno de ellos actuar� a trav�s de sus organizaciones y ambos deben reconocer ampliamente que uno de los factores de producci�n, el trabajo, necesita participar en forma aut�ntica de los beneficios que tan esencialmente concurre a gestar.