Eduardo Tamayo G.

Artículo extraído de El Grano de Arena nº 40 (plataforma internacional ATTAC)

Los métodos de trabajo más flexibles, la subcontratación y el trabajo a tiempo parcial dificultan la organización de los trabajadores para defender sus propios intereses, asegura un nuevo informe de la Oficina Internacional del Trabajo denominado "Su voz en el trabajo".

El mundo del trabajo está influenciado de manera creciente por la mundialización de la economía y en especial por la apertura
de los mercados mundiales, la competencia y la aceleración de los cambios tecnológicos y la revolución en la información. Pero los efectos no son los mismos en todas partes, y la inclusión y exclusión simultáneas de personas, regiones y sectores económicos plantea ingentes problemas, asegura el Informe Global que forma parte del seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en junio de 1998 por 175 miembros de la organización.

La internacionalización de la economía plantea nuevos problemas y desafíos a los sindicatos, empresarios e instituciones estatales que han operado por mucho tiempo en los marcos nacionales. Las transnacionales y las empresas nacionales vinculadas a ellas cobran cada vez más importancia en el suministro de bienes y servicios, correspondiéndoles actualmente el 25% de la producción mundial. Las transnacionales, se han convertido, directa o indirectamente, en grandes empleadores, marcando la pauta en la introducción de nuevos métodos de gestión y nuevas tecnologías de producción. "En muchos sectores, son el motor de la cadena mundial de producción, que enlaza a las compañías del mundo en desarrollo con los consumidores de los países industrializados", asegura el documento de la OIT.

De la mano con la mundialización, crece la economía informal en la que los/as trabajadores/ carecen de organización y de representación colectiva. En América Latina, el porcentaje de la población económicamente activa incluida en este sector es del 36,2%, en comparación con el 11,9% de Europa.
Entre 1990 y 1994, el 80% de los nuevos empleos de América Latina se generaron en el sector informal, también denominado no estructurado, en el que los trabajadores, con frecuencia, viven en condiciones de extrema inseguridad y carecen de una protección social mínima, ya que rara vez se aplica en su caso la legislación del trabajo.
Las mujeres constituyen el sector social en el que más se deniega los derechos laborales: ellas son la mayoría de trabajadores subcontratados, temporeros u ocasionales, de dedicación parcial y del sector no estructurado. "Hay más mujeres que hombres en puestos de trabajo no sindicados y no protegidos, que carecen de la seguridad del empleo y esto perpetúa la pobreza de las familias", sostiene la OIT.

En las Américas, la reestructuración de la economía, ejercida bajo los parámetros de las políticas neoliberales, va reñida con los derechos de los trabajadores alcanzados tras las largas y duras jornadas de lucha. "La intimidación, las amenazas y, a veces, los asesinatos siguen siendo el sino posible de muchos trabajadores que intentan organizarse en ciertos países del mundo", reconoce la OIT.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha examinado, en los últimos 10 años, alegatos de asesinatos de sindicalistas en Colombia, Guatemala y República Dominicana. Además, ha conocido alegaciones de otras violaciones a la libertad sindical como: agresiones físicas personales en Colombia y Ecuador; arrestos y detenciones en Panamá, El Salvador y Paraguay; allanamientos y confiscaciones de bienes sindicales en Nicaragua.
En Colombia, el "ejercicio de la libertad sindical se ha visto afectado por la violencia ejercida contra los trabajadores", ha señalado Mary Robinson, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en un informe sobre la situación de Colombia, presentado en abril a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El saldo trágico de 1999 es 19 sindicalistas muertos, dos desaparecidos y un gran número amenazados de muerte. En este año, por ejemplo, Tarsicio Mora, de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y miembros de los sindicatos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de Sintra municipio, recibieron amenazas o se atentó contra sus vidas, según el documento de Mary Robinson.
Las manifestaciones de descontento social por parte de trabajadores de la salud, la educación, las organizaciones campesinas y los transportadores fueron recibidas de manera hostil por las autoridades colombianas, quienes han coartado el ejercicio de la protesta. Durante el paro del 31 de agosto de 1999, más de 300 personas fueron privadas de su libertad, incluyendo menores de edad, la policía actuó con exceso defuerza y maltrató a muchos detenidos. La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos recibió denuncias de 6 personas desaparecidas y 6 muertos en el barrio La Divisa de Medellín, en circunstancias no esclarecidas.

El Ecuador es uno de los países en el que "la participación en una huelga considerada ilegal puede traer sanciones penales muy severas, y se prohibe explícitamente toda actuación política de los sindicatos". En un contexto de crisis económica, política y social, la violación de la libertad de reunión y de expresión han estado al orden del día.

Los asesinatos de Saúl Cañar, del dirigente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, y de Jaime Hurtado, diputado de izquierda y asesor de organizaciones sindicales, aún permanecen en la impunidad. Durante las huelgas nacionales, convocadas por las centrales sindicales para oponerse a políticas de ajuste, los trabajadores han sido severamente reprimidos y las autoridades han amenazado con enjuiciar penalmente a los dirigentes sindicales. En el transcurso de la huelga nacional de enero de este año, la policía allanó los domicilios y arrestó ilegalmente a José Chávez, dirigente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones
Sindicales Libres, y a dirigentes del Frente Popular.