La Organización Mundial de Comercio. Un diálogo de sordos

De acuerdo a los informes de los medios de comunicación y a las declaraciones de los embajadores de diversos países, si las reuniones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y su Consejo General fueran abiertas al público, quienes hubieran presenciado la Sesión Especial del Consejo del 27 de abril del 2001, habrían pensado que se trataba de una discusión entre pobladores de dos planetas diferentes, y no entre quienes comparten el mismo mundo y llevan tres años discutiendo el mismo asunto. La Sesión Especial del Consejo General giró en torno a la discusión de los <"problemas de aplicación de las normas y al informe del presidente de dicho Consejo, sobre las consultas que ha hecho desde que su predecesor le cedió el cargo”. Se abrió la sesión declarando que "el panorama general (...) es bastante confuso" y se cerró con el comentario de que "las percepciones acerca de sí hubo avances varían y, en ciertos casos, varían considerablemente".

El presidente del Consejo, asegura que ya ha comenzado un borrador de declaración para la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC que se realizará en el próximo mes de noviembre en Doha, capital del emirato árabe de Qatar, sugirió que se elaborara un programa de trabajo para el tema de aplicación de normas, factor de serias discordias. También aseguró que se propone realizar más consultas sobre temas controversiales que hasta ahora no han sido tocados, como el Acuerdo de Comercio y Aranceles (GATT) de 1994, el tema de los textiles, las medidas de inversión relacionadas con el comercio, las medidas antidumping, las normas de origen, los subsidios y las garantías. Asimismo insistió en varios puntos: que el trabajo sería regido por el mandato del Consejo del 3 de mayo de 2000, que las acciones se realizan en un "proceso de tipo acción-resultado" y que el objetivo es cumplir con el mandato de completar el proceso para la fecha de la Cuarta Conferencia Ministerial.

En resumen, Canadá, Japón, la Unión Europea y unos pocos países más desde luego del grupo de los desarrollados, como Australia y Nueva Zelanda, sostuvieron que se han logrado avances en las cuestiones de aplicación, mientras que una serie de países en desarrollo Brasil, India, Pakistán, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y Zimbabwe, en representación de África reiteraron que los logros son ESCASOS O NULOS y que necesitan ver algún resultado antes de Doha. La Unión Europea, que se refirió a "avances considerables" en estas cuestiones, afirmó que los asuntos de "naturaleza técnica, legal o administrativa" podrían resolverse rápidamente, mientras que otros de "naturaleza claramente política" tendrán consecuencias económicas o implicarán enmiendas y ajustes a los acuerdos existentes y, por lo tanto, negociaciones.

Incluso las propuestas de modificar los acuerdos o sus interpretaciones podrían implicar la introducción de cambios a las leyes nacionales de ciertos miembros y la ratificación de propuestas, arguyó la Unión Europea, en un intento por explicar por qué no es posible hacer nada más, a menos que se convoque a una nueva ronda de negociaciones sobre comercio multilateral en la que se introduzca la discusión de temas nuevos.

Los "problemas de aplicación de normas" y, específicamente, las reclamaciones de los países en desarrollo por no haber recibido ninguno de los beneficios prometidos por la OMC, están presentes en el organismo de una forma u otra desde 1998 y, de manera más general, fueron tratados incluso en la Primera Conferencia Ministerial, realizada en Singapur en 1996. La inicial reacción del grupo dominante de la Organización fue IGNORAR Y RIDICULIZAR los problemas de aplicación, planteados inicialmente por observadores del mundo en desarrollo como inequidades y asimetrías. Luego se reunieron a discutirlos, como para calmar los ánimos, y se habló de brindar ayuda técnica a los países en desarrollo para la aplicación de sus compromisos con la OMC.

La Organización y las estructuras de poder han intentado sacarse de encima a los países en desarrollo con interminables charlas y sugiriendo hasta el cansancio que la solución a todos los problemas consiste en una mayor liberalización, así como en asumir nuevas obligaciones y compromisos. Los países industrializados, que no lograron cerrar el asunto en Singapur cuando los ministros trataron el tema en sus declaraciones plenarias, ni en Ginebra con la desdeñosa declaración de la representante comercial de Estados Unidos, en la Segunda Conferencia Ministerial, quien dijo: "nosotros cumplimos con nuestras obligaciones y ustedes cumplan con las suyas", tampoco lograron sacar la cuestión de la agenda de la Tercera Conferencia Ministerial que se realizó en Seattle en 1999. Y desde entonces, los países mas ricos, en particular Canadá, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, intentan sacarse de encima al mundo en desarrollo con vagas promesas y tratando de engatusarlo para llevar a cabo nuevas negociaciones y que asuma nuevas obligaciones.

Los problemas de aplicación, que inicialmente fueron planteados por unos pocos países en desarrollo y formulados como propuestas en los inicios de Seattle por el Grupo de Países de Espíritus Afines, inquietan ahora a la mayoría de los países, cada día aumenta la desilusión del mundo en desarrollo hacia la Organización y por otro lado la exigencia de mejoras y ajustes, a pesar de los esfuerzos de los principales países industrializados por utilizarla como un instrumento de "regulación mundial".

Aunque México y Brasil iniciaron unilateralmente su liberalización en la década de 90’s, a menudo a un costo social muy alto, no todos los principales miembros de la Organización hicieron lo mismo, y el mercado de los países industrializados permanece cerrado, sobre todo en sectores de interés de Brasil y México, como la agricultura. Hace muy poco tiempo, México y experimentó dificultades con la aplicación de ciertos acuerdos, como el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y el de Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, particularmente con el mango y el azúcar, lo cual le ha causado graves pérdidas en ciertos sectores de la economía. La situación fue bien resumida por el embajador de Brasil ante la OMC, Celso Amorim, cuando dijo que "la legitimidad de la OMC" está en juego ahora y que el ejercicio de aplicación debe tomarse muy en serio. El discurso de Amorim fue muy duro, sobre todo teniendo en cuenta que procedió de un país que, al principio, se mantuvo mucho más reservado. Sin embargo no se han logrado verdaderos avances.

En este contexto, no sorprende estar ante el peligro de que se desate una gran reacción contra el libre comercio y el sistema de la OMC. En Brasil hay una profunda frustración respecto de lo que el presidente Fernando Henrique Cardoso ha llamado GLOBALIZACIÓN ASIMÉTRICA. Por un lado, México, Brasil y muchos países en desarrollo han abierto sus mercados, pero los países desarrollados siguen examinando inflexiblemente sus políticas comerciales a la luz de las normas de la OMC. Por otro lado, los mercados del mundo desarrollado permanecen cerrados en sectores en los cuales los países pobres tienen ventajas comparativas, pero no hay todavía las suficientes cláusulas legales, que son necesarias para cuestionar dichas prácticas en la OMC.

La legitimidad de la Organización Mundial de Comercio está en juego. Mucho más que los gobiernos de los países en desarrollo, son las sociedades las que deben convencerse de que la OMC es necesaria y positiva para los países, tal como aún creemos que lo es. En otras palabras, hacer de la OMC algo más atractivo para los países en desarrollo es un imperativo impostergable, si deseamos evitar rupturas económicas que precipiten la comunidad internacional a una espiral de conflictos sociales y políticos.