Cambiar el rumbo en América Latina

Cuando la voz de un enemigo acusa, el silencio de un amigo condena.
Anónimo

Los recientes resultados electorales que llevaron a la Presidencia a Luiz Inacio Lula da Silva, en Brasil, constituye alguna de las señales que expresan el resquebrajamiento del modelo delineado en el Consenso de Washington que se instrumentó, en mayor o en menor grado, en América Latina durante la década de los 90.

El rechazo y el reclamo de cambio por políticas que den prioridad a los aspectos sociales e incluyan mecanismos de redistribución de los recursos generados, no sólo se manifiestan en los resultados electorales, sino también en las expectativas de las recientes elecciones presidenciales en Argentina y próximamente en Paraguay, este año, o en las más distantes de Uruguay en el 2004.

Sin embargo, los cambios en la economía interna de los países en los que han resultado elegidos gobernantes con un discurso crítico del modelo neoliberal no son visibles todavía. Para algunos, la mayor preocupación radica precisamente en que muchos sectores sociales protagonistas de la resistencia a los ajustes del FMI, y que a la vez, aparecían como los potenciales portadores de propuestas alternativas, parecerían haber dejado de lado las propuestas innovadoras planteadas en la campaña, marginando la posibilidad de construir una alternativa al aplicar un modelo que, lejos de ser innovador en sus aspectos centrales, constituye la "repetición de un libreto conocido".

En Brasil, la situación es sumamente compleja. Lula advirtió recientemente que el ajuste durará todo el tiempo que sea necesario. Las medidas tomadas en sus primeros 45 días de gestión provocaron recelo en sus bases tradicionales. Una transformación en el modelo económico no se puede hacer de un día para otro, señaló Lula, sobre todo porque no queremos regresar a la inflación y porque estamos firmemente dispuestos a mantener un equilibrio fiscal. El presidente reconoció que habrá un período de transición en el que tolerará los límites impuestos a la economía por las políticas pasadas.

Pero el proceso inflacionario empieza a dañar la popularidad del presidente brasileño y podría deteriorar las expectativas de un aumento salarial de los trabajadores brasileños, que hace años que pierden poder adquisitivo debido a la inflación.

El Banco Central aumentó la tasa de interés por segunda vez desde el inicio del gobierno, de 25.5 a 26.5 por ciento. Sectores de oposición señalan que subir la tasa de interés para contener la inflación está siendo tomada por el gobierno de Lula, que atacó durante ocho años consecutivos la política de intereses altos de Fernando Henrique Cardoso. Sin embargo, se considera que es la única forma de detener la inflación y evitar que ésta se convierta en hiperinflación. A pesar de las dificultades para adoptar medidas que reviertan el modelo económico, prevalece un mayor énfasis en la reivindicación nacional e integracionista en la política exterior de Brasil. En efecto, el presidente considera que para iniciar los cambios económicos, sociales y políticos hay que cambiar la posición de Brasil en el mundo. En este ámbito, la presentación de propuestas articuladas por el gobierno brasileño constituye señales concretas de la dirección tomada en las negociaciones internacionales. Su prioridad es la vinculación con los países de América del Sur, no sólo en el fortalecimiento de las relaciones económicas sino, sobre todo, política.

Su estrategia de desarrollo apunta a un patrón de especialización diversificado, y el país no está dispuesto a que las negociaciones comerciales tengan como consecuencia un cambio en su perfil productivo que implique un regreso a especializaciones más primarias. Lula está teniendo importantes iniciativas. En enero, impulsó la conformación de un grupo de "Países Amigos" de Venezuela con el fin de contribuir a preservar la estabilidad democrática de ese país durante la huelga de dos meses que se registró exigiendo la renuncia del presidente Hugo Chávez. En el MERCOSUR, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se han estrechado las relaciones de los países miembros, para establecer una agenda común de temas antes casi vedados. Para Lula, este bloque subregional debe transformarse en un área de convergencia industrial, agrícola, social y científico-tecnológica, donde también se promuevan acercamientos culturales e intentar una coordinación macroeconómica entre sus bancos centrales, con el fin de llegar a una moneda común.

Asimismo, el gobierno brasileño tiene un papel protagónico en el marco de las negociaciones para conformar el ALCA, que debería entrar en vigencia a principios del 2005. A iniciativa de Brasil, se han presentado conjuntamente dos propuestas para preservar su autonomía en política industrial y comercio exterior, que han causado malestar en los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.

La primera propuesta consiste en la "cláusula de la industria naciente" que intenta preservar un espacio, aún después de firmado el ALCA, para otorgar protecciones arancelarias a segmentos incipientes. Con esta medida se intenta, al nivel del MERCOSUR, atraer empresas extranjeras mediante la protección al inicio de la producción local. La segunda propuesta prevé la posibilidad de establecer salvaguardias para limitar las importaciones excesivas. En otro ámbito de la política exterior, el gobierno brasileño se ha alineado con las posiciones de Francia, Rusia y Alemania contra la solución militar impulsada por Estados Unidos para desarmar a Irak. Es probable entonces que Brasil refuerce y lidere este tipo de posturas en el ámbito internacional, convocando a otros países que, de forma aislada, no tendrían la fuerza para plantear reivindicaciones o fijar posiciones autónomas en su política exterior. En ese sentido, no sería impensable que en algún momento Brasil y Argentina pudieran hacer de la deuda externa un instrumento de integración política, al que podrían plegarse otros países de la región que se ven afectados por su excesiva carga.

John Williamson, sostiene en su reciente publicación ¿Brasil es el próximo? que el elevado nivel de endeudamiento de ese país hace que su crisis sea similar a la de Argentina. Según este economista, el gran problema brasileño es reducir la deuda interna, en gran parte indexada al dólar, que representa 75 por ciento del endeudamiento del sector público. Esta tarea podría llevar al debilitamiento de los bancos brasileños, dueños de 30 por ciento de esos bonos oficiales. Esto obligaría, según Williamson, a socorrer nuevamente a las instituciones financieras, tal como ocurrió en 1995, a menos que el gobierno decida que el costo lo paguen los ahorradores.

A pesar de las diferencias entre ambas economías, es inevitable recordar, a propósito del crédito de 30.000 millones de dólares aprobado por el FMI a Brasil en octubre pasado, los resultados del famoso blindaje financiero otorgado a Argentina. Se esperaba que esa garantía disminuyera el riesgo país y el costo para concertar nuevos créditos, lo que contribuiría a la recuperación económica. El crédito disfrazó el hecho de que la deuda, tal como estaba estructurada, era impagable.

Sin embargo por la dinámica misma de la deuda era demasiado tarde. En Argentina, el problema de la deuda externa no fue resuelto. Quedaron intactos los mecanismos de su lógica devastadora y cíclica sustentada en el hecho de que el excedente económico disponible en la región no es reinvertido sino transferido a los países industrializados. Entre 1990 y 2001, la deuda externa de la región pasó de 450.000 millones de dólares a 740.000 millones. Hoy muchos analistas no descartan que Brasil pudiera ser el próximo grande en caer.

El denominado Plan Brady les permitió disminuir la cuantiosa deuda externa contraída con los bancos privados, y fue complementado por una política económica (el Consenso de Washington) funcional a la regularización del pago de su servicio y, por tanto, a la reinserción de los países en el sistema financiero internacional. Disciplina fiscal, recursos por la venta de empresas públicas y un tipo de cambio sobrevaluado de la moneda local, que permitía recaudar más fácilmente dólares para atender dicho servicio, devolvieron el sueño a deudores y acreedores.

Al haberse contraído desde hace más de cuatro años los flujos de capitales hacia la región, los países están asumiendo nuevas deudas no para ser canalizadas a la economía, sino básicamente para atender vencimientos de otras contraídas anteriormente. Ello da lugar a una retracción económica y a una creciente presión del servicio de dicha deuda en los presupuestos nacionales. Con distintos grados, esto es lo que está ocurriendo actualmente en América Latina.

Las condiciones del financiamiento externo se han deteriorado considerablemente por los mayores niveles de riesgo país, determinados a su vez por el panorama recesivo. La recesión que afecta a la región desde hace cuatro años así como los altos volúmenes de vencimientos de la deuda, constituyen una fuerte presión que está dando lugar a la adopción de medidas fiscales que contemplan reducciones del gasto o incrementos tributarios. Desde la primera mitad de la década del 80, en plena crisis de la deuda externa, no se registraba una situación tan adversa.

Al tener la inestabilidad de América Latina un alcance regional, las salidas deberían buscarse en este ámbito, mediante el establecimiento de algunas acciones concertadas en el tratamiento del servicio de la deuda externa, por ejemplo. El gobierno de Estados Unidos y el FMI han evitado temporalmente una suspensión de pagos en Brasil y han puesto parches en Uruguay y Paraguay. No obstante, el problema sigue latente y nuevamente se presenta un espacio para la concertación latinoamericana.