Planes de desarrollo estratégicos

Asociado al proceso general de reforma del Estado se observa hoy en día un mayor interés de los ciudadanos por aspectos del desarrollo, la participación de gobiernos locales con organizaciones de sociales para ejecución de obras, asociaciones para generar consorcios o entes de carácter municipal, regional, así como presupuestos participativos, etc. Todos estos fenómenos están mostrando una novedosa articulación público- social, una mayor asociación y actividad horizontal de los municipios entre sí y la incorporación de nuevos papeles económicos y sociales a sus gestiones.

Se trata de nuevos escenarios donde, al mismo tiempo que se manifiestan señales de innovación por aumento de las actividades municipales y de las expectativas de la población sobre si misma, también se producen fenómenos de declinación y estancamiento de comunas enteras, de diferenciación creciente entre regiones y ciudades, de huelgas de empleados públicos y explosiones sociales. Por otro lado se produce también una suerte de revitalización de la esfera local, y por otro, el municipio aparece como punto de condensación de la fragmentación social, de la crisis de mediaciones y de la falta de recursos. Según Daniel García Delgado (1) se puede pensar en dos factores impulsores de los nuevos escenarios: la Reforma estructural del Estado y la Globalización.

El proceso de reforma estructural llevado a cabo desde comienzos de los años ochenta sobre el gobierno federal tiene impactos en lo local. En primer lugar, LA ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA se convierte en un fuerte impulsor de la mejora de la eficacia y eficiencia de la gestión, al posibilitar el cierre de cuentas y un mayor control sobre el equilibrio fiscal municipal, apuntar a la obtención de determinados objetivos, presupuestos equilibrados, todo lo cual se volvía de difícil realización en procesos de alta inflación.

En segundo lugar, las políticas de DESCENTRALIZACIÓN significan la cesión de competencias a estados municipios en el área de la política social. A la gestión de los servicios urbanos tradicionales se le unen los de salud, educación y asistencia a grupos de riesgo, y estos requerimientos de mayor respuesta implican la necesidad de contar con mayor capacidad de gestión. La reforma institucional del proceso de consolidación democrática, por último, requiere de favorecer estas tendencias de reforzamiento de lo local.

EL IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN. En este marco los estados nacionales pierden capacidad de regulación y soberanía, y pasan a competir entre sí por hacerse atractivos a la inversión externa, por flexibilizar y reducir impuestos. También lo hacen los estados provinciales y municipales.

La Globalización genera cambios en los patrones de localización de las empresas privilegiando consideraciones territoriales y relaciones más competitivas entre las ciudades, originando nuevos espacios industriales; genera una nueva estructura de oportunidades pero también promueve una mayor desigualdad del ingreso y de la riqueza. Provoca la inquietud de la competitividad en las distintas ciudades por la pérdida de puestos de trabajo, el aumento de la desigualdad social despertando preocupación por la capacitación y la educación como insumos claves de la nueva forma de producir.

En síntesis, la descentralización y la Globalización están generando más tareas a resolver por los gobiernos locales y nuevos desafíos a enfrentar en lo político, lo económico y lo social, obligando a los municipios a efectuar un replanteo de su organización, misiones y funciones. Y este proceso está desplazando el anterior modelo municipal tradicional de carácter autárquico y clientelar, hacia otro de carácter gubernativo, que comienza a producirse a través de tres áreas de innovación: la político-institucional, la económica y la social. El transito del modelo de gestión burocrática de actuación auto referenciada al "gerencial" parte de la búsqueda de mayor eficacia-eficiencia en las organizaciones, principalmente vinculada a la racionalidad del gasto y apuntando a reducir el tiempo entre la decisión política y la ejecución administrativa.

Este proceso en teoría tiende a fomentar el buen manejo de fondos públicos, la planeación y presupuestación en tiempo y forma, impulsando la realización de presupuestos por programa, así como la modernización y equipamiento del municipio.

La eficacia está vinculada a la calidad de los servicios, a un ciudadano definido como cliente, consumidor o usuario, lo que supone una lógica de gestión basada en la demanda más que en la oferta y en la necesidad de suministrar información y capacidad de control a los ciudadanos.

Por ello, dice Brunner, frente a la crisis actual, lo que se requiere es un "Nuevo Contrato Social" entre las instituciones, la sociedad y el gobierno. Este nuevo contrato se debe fundar en dos ejes: la rendición de cuentas y la evaluación institucional, por un lado, y la diversificación del presupuesto público mediante criterios racionales, por el otro.

Si bien en gran parte de los municipios todavía está presente el modelo tradicional de gestión muy dependiente del gobierno central con concentración de las decisiones y acumulación política vía obra pública, el mismo empieza a mostrar indicios de agotamiento. Porque las mayores competencias con menores recursos obligan a los municipios a tener que hacer más eficiente la gestión y esto revela las limitaciones de ese modelo político tradicional para generar recursos y promover otra disposición de la sociedad civil a participar. Se observa el surgimiento de otra forma de acumulación basada en una articulación con organizaciones de la sociedad civil, y una búsqueda del consenso, cooperativa, basada en la eficacia, el control, la transparencia, pero también en la generación de compromisos a partir de perspectivas compartidas sobre la sociedad local deseada. De esta manera, se retoma una visión de la política basada menos en una concepción estratégica del poder y más en una concepción comunicativa y comunitaria del mismo.

Lo novedoso es que se intensifica la búsqueda de las potencialidades propias antes que esperar las decisiones centrales; que esa búsqueda incorpora a productores, empresarios y organizaciones sociales del lugar para encontrar alternativas de organización económica que amplíen y diversifiquen los negocios locales; que se busca racionalizar el uso de los recursos financieros e intensificar la utilización productiva de los recursos disponibles.

Esto da lugar a encarar el desarrollo local de distintas formas: conformación de "distritos industriales", "entes" jurisdiccionales para promover el desarrollo regional, organizar productores y facilitar su acceso al crédito, con una fuerte influencia universitaria en la coordinación y planificación del desarrollo. Todas estas experiencias hablan de la importancia de la configuración de nuevas áreas de solidaridad basadas en lo territorial, económico y cultural, y de la nueva actitud de cada ciudad municipio o región, de cara a una competencia económica de carácter global.

La Planeación Estratégica en el desarrollo local presupone incorporar a la gestión pública al sector privado y social, así como una mayor flexibilidad sobre las fortalezas y debilidades de la estructura productiva, y la clara determinación de oportunidades y amenazas como los espacios por donde transitar o los aspectos que debemos evitar. Esto requiere que los municipios amplíen su esfera de actuación agregando a sus funciones tradicionales (obra pública, servicios básicos, regulación de la vida comunitaria) el diseño de estrategias de desarrollo local tendientes a la generación de ventajas y asistencia a la competitividad empresarial local, así como la atracción de inversores. Esto no significa salir de un papel pasivo en lo económico para pasar a otro interventor, productor y empleador, similar al del Estado de bienestar, sino incorporar una perspectiva de Estado "catalizador", "Estratégico y Emprendedor" que incorpore una actitud activa del municipio, comprometido con los distintos sectores para definir el perfil productivo regional, y no tan solo como mero redistribuidor de recursos públicos.

Este planeamiento parte de una concepción no solo técnica y apropiada para expertos, sino amplia e interdisciplinaria, que busca una evaluación compartida entre el gobierno, particularmente el municipal, y los representantes sociales sobre los escenarios futuros, la identificación de oportunidades basadas en sus fortalezas y la disminución de sus debilidades y amenazas. Esto requiere la intervención conjunta sobre aspectos urbanísticos, económicos y culturales; una menor verticalidad; un debilitamiento del estilo partidista de hacer política; sacar a ésta del corto plazo y transformar políticas de un gobierno en políticas de Estado.