Edici�n digital
II �poca n� 32- Edita FE-JONS -
|
|
|
Edici�n digital II �poca n� 32- Edita FE-JONS - |
|
|
FE En los inicios de la democracia espa�ola el funcionamiento de la Justicia ya era objeto de reproches. La ciudadan�a censuraba su lentitud; los propios miembros de la Judicatura se quejaban de la falta de recursos humanos y materiales. En suma, el panorama no resultaba muy alentador para un Estado que pretend�a equipararse a los par�metros de lo que, por entonces, era la Comunidad Econ�mica Europea. En la �ltima d�cada la opini�n p�blica, aut�ntico term�metro que mide el grado de insatisfacci�n experimentado por una sociedad en los asuntos que le ata�e, imputa a la actividad judicial un defecto de mayor gravedad que los citados: su politizaci�n. Y es que cuando uno estaba a punto de creerse esa enga�ifa de que el Estado de Derecho garantiza la divisi�n de poderes y la tutela judicial, constituyendo la forma pol�tica m�s perfecta conocida por la Humanidad, resulta que se descubren las imperfecciones del sistema. La situaci�n ha sido y es tan delicada, que los dos partidos pol�ticos mayoritarios en el escenario nacional han llegado a un acuerdo para despolitizar la Justicia, consolidar la separaci�n de poderes y agilizar y modernizar el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, entendido, �ste, como un servicio al ciudadano. Sin embargo, no debemos olvidar que el bochornoso espect�culo que ofrece hoy la Judicatura tiene su origen en la Ley Org�nica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985, promulgada durante la primera legislatura con mayor�a absoluta socialista en el Parlamento. Por tanto, el socialismo viene a enmendar ahora el borr�n que protagoniz� hace unos a�os. La referida Ley supuso el golpe de Estado m�s clamoroso perpetrado contra el constitucionalismo espa�ol, contando con la aquiescencia y benepl�cito de los ciudadanos que ignoraron la tropel�a que con esa norma se comet�a. Con anterioridad a esta disposici�n, la elecci�n de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, se realizaba de la siguiente manera: doce por el propio Poder Judicial, y ocho por las dos C�maras, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. Se garantizaba, as�, cierta hegemon�a de los Jueces a la hora de la designaci�n de su �rgano de gobierno. A partir de la Ley Org�nica, obra del �rodillo� socialista, el sistema de elecci�n se modifica, de forma que los veinte vocales se eligen por las Cortes, diez el Congreso y diez el Senado. Dado que en ambas C�maras, el PSOE disfrutaba de mayor�a absoluta, el resultado fue la quiebra de la independencia de la Magistratura como principio b�sico que ha de regir su actuaci�n. El partido gobernante controlaba el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Indudablemente, el bar�n de Montesquieu, el padre de la teor�a de la divisi�n de poderes, hab�a muerto. La ausencia de autonom�a en la Jurisdicci�n acarre� la corrupci�n y la politizaci�n de la Justicia. La sociedad espa�ola lleva padeciendo la corrupci�n judicial durante m�s de quince a�os. Los ciudadanos hemos sido testigos de c�mo el higi�nico reducto de la Justicia comenzaba a contaminarse por los vientos nocivos e insalubres que soplan del exterior. El mundo judicial se ha convertido en un teatro de t�teres y marionetas que se mueven al son que marca la bulliciosa y viciada orquesta de la pol�tica, subvirtiendo su recto e imparcial criterio jurisdiccional. Las resoluciones de los Tribunales reca�das en los procesos de financiaci�n ilegal de los partidos pol�ticos, de malversaci�n de fondos p�blicos, y de creaci�n de banda armada y terrorismo de Estado, en los que se han visto implicados dirigentes pol�ticos, constituyen un s�ntoma de la grave enfermedad que sufre la Justicia espa�ola. M�s recientemente, la sentencia del Tribunal Supremo condenando por prevaricaci�n al juez G�mez de Lia�o, las contradicciones entre el juez Garz�n y los fiscales de la Audiencia Nacional en el asunto de la extradici�n de Pinochet, incluso la sentencia del Tribunal Constitucional poniendo en libertad a los miembros de Herri Batasuna y la decisi�n de excarcelar al siniestro Pepe Rey, evidencian que algunos Jueces y Magistrados interpretan la ley siguiendo un gui�n pol�tico y no estrictamente jur�dico. La ciega justicia es incapaz de ver como los mezquinos y oscuros intereses pol�ticos y personales manipulan los limpios platillos de su balanza inclin�ndolos hacia el lado que m�s conviene. As� ha funcionado el modelo judicial en Espa�a. Ahora, el Partido Popular y el Partido Socialista han alcanzado un pacto en virtud del cual se pretende extirpar el mal que anida en las salas de Justicia. La medida m�s relevante es que el Parlamento seleccionar� a ocho de los veinte miembros del CGPJ de entre juristas de reconocido prestigio. Los doce restantes ser�n tambi�n elegidos por las Cortes de entre los treinta y seis nombres propuestos por la Judicatura a trav�s de las asociaciones judiciales y los jueces no afiliados. Adem�s, tambi�n se prev�n otros mecanismos para paliar los dem�s defectos de la potestad jurisdiccional. As�, respecto a la lentitud de la actividad judicial, el pacto anuncia la promulgaci�n de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que agilice procedimientos, permita un enjuiciamiento inmediato de los delitos menos graves y simplifique determinados tr�mites, evitando dilaciones indebidas al objeto de procurar la resoluci�n de la controversia en el menor tiempo posible. En el aspecto econ�mico, el acuerdo sobre la reforma judicial propone un Plan Financiero de 250.000 millones de pesetas a fin de llevar aumentar la dotaci�n de recursos humanos y materiales. Asimismo, se adoptan medidas sobre responsabilidad de los miembros del Poder Judicial. Esperemos que con ellas se solvente otra imperfecci�n m�s, como es la de la vulneraci�n del secreto sumarial por filtraciones a los medios de comunicaci�n. En fin, que estamos ante una encrucijada hist�rica para acabar con el p�simo funcionamiento del servicio p�blico m�s importante que ha de ofrecerse a los ciudadanos. Ojal� que a partir de ahora la Justicia sea ciega e incorrupta.
|
