¤ Se les vio por
última vez en cárceles o instalaciones militares
La CNDH asegura que
250 personas fueron ejecutadas
durante la guerra sucia
¤ Reportes oficiales
señalan que fueron "muertos en
enfrentamiento"
¤ Confirma la
existencia de casas de seguridad en varios estados
VICTOR BALLINAS
La Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que 250 personas
de las 531 consideradas como desaparecidas fueron ejecutadas,
de acuerdo con las investigaciones de este organismo,
en las que se establece que "la última vez que
se les vio estuvieron presentes en cárceles
municipales o estatales y oficinas federales,
incluidas instalaciones militares como el Campo
Militar Número Uno, la mayoría de ellos en manos de
la Brigada Blanca".
La CNDH sostiene que esas
personas fueron reportadas como desaparecidas por sus
familiares, y testigos presenciales de las
detenciones dieron cuenta de que fueron
"secuestradas" en sus casas o en lugares
públicos. Esos testimonios se cotejaron con las
listas oficiales, en las que se les reporta como
"muertos en enfrentamientos". Esto indica
que fueron ejecutadas, sostiene el organismo.
Se comprueba además la existencia de cárceles
clandestinas y casas de seguridad en diferentes
estados del país.
De acuerdo con los
resultados de la investigación, un alto porcentaje
de esas 250 personas estuvo -por última vez, según
consta en los archivos- en manos de la Brigada
Blanca, dependiente de la Dirección Federal de
Seguridad.
Además, el organismo
da cuenta en dicho informe que "hay indicios de
que en otros 120 casos de desaparecidos ocurrió una
situación similar a la de los que sí se tuvieron
pruebas, pero "sólo hay indicios, no se pudo
tener evidencias, como en los otros 250 casos".
En otras 80
despariciones investigadas "no se tuvo ninguna
información adicional a la que proporcionaron los
familiares o conocidos de las víctimas". Se
trata de "enigmas" para la CNDH, porque no
se pudo obtener información. Algunas de las personas
desaparecidas fueron encontradas con vida.
El Informe sobre
casos histórico de desaparecidos de las décadas de
los 70 y 80 que realizó la CNDH se dará a
conocer entre el 15 y el 25 de este mes al presidente
Vicente Fox Quesada en Los Pinos, y simultáneamente
en la CNDH a la opinión pública, como ofreció el
presidente de dicho organismo, José Luis Soberanes,
en junio pasado.
Los nombres de los
"presuntos responsables" de las
desapariciones forzadas serán entregados al jefe del
Ejecutivo federal en sobre cerrado, para que ordene
al procurador general de la República realizar las
investigaciones correspondientes, en virtud de que
"la CNDH no es Ministerio Público y no puede
señalar culpables, pero sí es de su competencia
señalar y entregar las evidencias encontradas sobre
esos casos", ha señalado en varias ocasiones el
ombudsman nacional.
Sin embargo, como resultado de la
investigación "haremos un señalamiento de
responsabilidades políticas y morales. Lo penal no
nos corresponde, por eso se hará una recomendación
directa al presidente Vicente Fox para que ordene la
investigación y haga un señalamiento político de
lo que ocurrió y consta en las evidencias
encontradas", dijo a este diario Soberanes
Fernández en septiembre, cuando ya habían concluido
los trabajos al respecto.
En esa fecha,
Soberanes manifestó que "en el país son
cientos los casos de desaparecidos y no uno solo. En
el periodo de la guerra sucia -decáda de los
70 y principios de los 80- se tuvo el fenómeno de la
guerrilla, la lucha contra esos grupos, la creación
de la Brigada Blanca, donde personas fueron detenidas
arbitrariamente, torturadas y luego desaparecidas.
"Esto -señaló
en esa entrevista- es muy diferente a lo que ocurrió
en el 68. Son cosas distintas".
Es evidente, señala
el informe, que en el país "ocurrieron
detenciones ilegales que llevaron a desapariciones de
personas y a ejecuciones en varios estados.
Uno de ellos, donde se registra el mayor número de
casos, es Guerrero, pero no es el único, también
existieron en Sinaloa, Chihuahua, Nuevo Léon, Sonora
y Distrito Federal, entre otros".
La investigación de
la CNDH resalta que el "único informe
oficial" sobre desaparecidos que rindió el
gobierno federal, a través del entonces procurador
general de la República (PGR), Oscar Flores
Sánchez, está "plagado de falsedades,
mentiras, errores y omisiones, y es indudable que
tuvo una intencionalidad política".
Por
ejemplo, varias de las víctimas "aparecen en el
informe del procurador Flores Sánchez como 'muertos
en enfrentamientos', pero en realidad fueron
detenidos con vida por elementos del Ejército o
cuerpos policiacos, y llevados a instalaciones
militares o cárceles incluso clandestinas".
Ejemplos de ello son
los casos de "Abundio y Santiago Onofre Campos,
a quienes en el informe del procurador Flores
Sánchez, de enero de 1979, se señala que murieron
en enfrentamiento el 1 de septiembre de 1972";
sin embargo, la primera investigación de la CNDH de
1990-92 resaltó que "su madre, María Campos
Iturio viudad de Onofre, manifestó ante el
Ministerio Público que sus hijos en efecto
estuvieron desaparecidos hasta 1976. Aseguró que sus
vástagos fueron detenidos en su domicilo en 1974,
que Abundio Onofre Campos volvió por sus propios
medios a Atoyac de Alvarez, y le relató el tiempo
que estuvo detenido. Actualmente vive en Atoyac y
lleva una vida normal".
Por lo que respecta a
su hijo Santiago, éste fue detenido por la fuerza
pública en 1974, y estuvo dos años y seis meses
desaparecido, hasta que fue dejado en libertad, y
ahora vive en Atoyac. Agregó que desconoce el
paradero de su hijo Juan, a quien "vi detenido
en una escuela de Atoyac en 1974, tres meses después
de su detención. Esa fue la única vez que volví a
saber de él".
De acuerdo con
informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), fue en los sexenios de los presidentes Luis
Echeverría Alvarez y José López Portillo en los
que se concentra el mayor número de desaparecidos:
347 casos denunciados con Echeverría y 156 con
López Portillo.
Tan sólo de Guerrero
se investigaron más de 300 desapariciones, de las
que 154 ocurrieron en 1974; es decir, más de 50 por
ciento de los casos ocurrieron en un solo año en ese
estado.
Los resultados de la
investigación, además de hacerse públicos, serán
entregados al Ejecutivo federal y al Congreso de la
Unión. Además serán enviados a la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) -específicamente al Grupo
de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Comisión
de Derechos Humanos de ese organismo internacional-,
a la Corte y a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, así como a otros organismos de los
que México forma parte.
También se apunta en
el informe que a pesar de que hubo denuncias en la
PGR y en las procuradurías de los estados, y que
organismos internacionales han solicitado informes de
casos de desaparecidos, no se tuvo respuesta por
parte del gobierno.
Se
explica que la investigación de desaparecidos
comenzó a principios del año pasado, para lo cual
el segundo visitador general de la CNDH, Raúl
Plascencia Villanueva, se trasaladó al estado de
Guerrero para recabar informes de los familiares.
Además se realizaron varias reuniones con
organizaciones de desaparecidos para que
proporcionaran informes.
Incluso se abrió en
Acapulco una oficina en la que los investigadores de
la CNDH recibían informes de desaparecidos, además
que se trasladaron a Atoyac y otras decenas de
comunidades donde se tiene conocimiento de
detenciones ilegales.
En los primeros meses
de este año trabajaron más de una treintena de
investigadores de la CNDH sobre los desaparecidos de
Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Distrito
Federal y otros estados.
Para ello se tuvo
acceso a informes de Cisen, PGR, Sedena, Archivo
General de la Nación, Bliblioteca de México,
Dirección Federal de Seguridad, Direccción de
Investigación para la Prevención de la
Delincuencia, testimonios de las familias, reportes
médicos, entre otros.
Denuncias de AI
desde 1978
Amnistía
Internacional (AI) desde 1978 señaló al gobierno
mexicano su preocupación por los casos de
desaparecidos, y refirió que a pesar de que se
había denunciado a la Brigada Blanca como
responsable de tortura, detenciones ilegales y
desapariciones, no se investigaba y no se afectaban
las actividades de esa unidad.
De nueva cuenta en 1979 este organismo
internacional insistió ante el gobierno federal en
que se diera información de los 300 casos de
desaparecidos, y cuestionó el informe del entonces
procurador general de la República, Oscar Flores
Sánchez.
En ese año Amnistía
Internacional pidió que se nombrara un tribunal
investigador independiente para estudiar todas las
pruebas disponibles sobre las personas desaparecidas,
al tiempo que cuestionó la afirmación de que la
tortura "era un hecho limitado y sucedía pocas
veces en México".
Para 1980 este
organismo envió de nuevo al gobierno mexicano
informes sobre desaparecidos. Le señaló que las
autoridades "han fracasado" en investigar
quejas contra la Brigada Blanca, a la que en
denuncias y testimonios hechos llegar a Amnistía
Internacional se le responsabiliza de desapariciones
y torturas.
La Brigada Blanca,
reiteró Amnistía Internacional en 1981 al gobierno
mexicano, es citada con fecuencia por los familiares
de víctimas de desaparecidos como responsable. Este
organismo señaló que se identificaba además a esa
fuerza represiva como la IX Brigada del Ejército,
con base en el Campo Militar Número Uno.
Año tras año Amnistía Internacional
insistió ante el gobierno mexicano en que se le
informara sobre las más de 400 denuncias de
desaparecidos que existían en el país, de acuerdo
con los testimonios que esa organización tiene.
En su
última visita a México, el entonces secretario
general de AI, Pierre Sané, entregó en marzo pasado
al presidente Vicente Fox un memorándum con las
preocupaciones de ese organismo sobre las violaciones
a derechos humanos en el país, y le refirió que
"durante 35 años Amnistía Internacional
insistió a los gobiernos en turno sobre informes de
desaparecidos y nunca hubo respuesta. Y le solicitó
hacer justicia al respecto".
VICTOR
BALLINAS
"Con esas calentaditas,
cualquiera se raja"
El Quemado,
Comunidad de Atoyac, Gro. El 5 de septiembre de
1972 elementos del Ejército Mexicano llegaron a esta
comunidad y llamaron a los hombres a concentrarse en
la cancha de basquetbol. Una vez formados,
"agarraron a 60 y se los llevaron. Los acusaron
a todos de pertenecer al grupo de Lucio
Cabañas".
Aurelio Morales,
campesino de esta localidad, dice en entrevista
durante un recorrido que realizó La Jornada:
"nos formaron a todos los hombres. Vinieron
aquí, después de un enfrentamiento de Lucio
Cabañas contra el Ejército en La Laja. Nos acusaron
a todos de ser del Partido de los Pobres, y agarraron
parejo. Lo mismo se llevaron ancianos que a jovenes y
adolescentes".
El Ejército
permaneció aquí meses, casi un año. "No
dejaba pasar alimentos, la gente sufría, las mujeres
los tenían que pasar envueltos en sus faldas o
vestidos. Oiga, ¿cuánto puede pasar uno envuelto en
las faldas? Pero así sobrevivimos", cuentan
familias que todavía hoy viven en esa comunidad, y
recuerdan lo padecido.
Morales sostiene:
"me golpearon, me torturaron; con esas calentaditas
cualquiera se raja y dice lo que ellos quieren que
diga uno. Yo sí me rajé y dije que sí era gente de
Lucio Cabañas. Es que me pegaron en el estómago, en
los testículos y en el corazón. Sentí que me
agitaba, como que algo me quemaba la piel.
"Ahí en la
cárcel vi cómo sacaron muerto a Ignacio Sánchez.
Murió por las torturas".
Al respecto, Filemón
Cruz, yerno de Ignacio Sánchez, cuenta a este
diario: "se lo llevaron el 5 de septiembre
cuando vino el Ejército. A todos nos formaron en la
cancha de basquetbol. Para que fuéramos nos dijeron
que querían pasar lista de quienes vivíamos aquí,
para que pudiéramos entrar y salir del ejido sin
problemas. Por eso fuimos.
"Y ahí que nos
agarran a todos. Nos acusaron de ser del grupo de
Lucio Cabañas. A mí me llevaron preso a Atoyac. Nos
trasladaron en helicópteros. Vinieron varios. Y eran
muchos soldados que aquí se quedaron mucho tiempo. A
mi suegro se lo llevaron para Acapulco. Nos
torturaron con toques eléctricos, golpes en el
estómago y testículos. Cuando yo llegué al puerto,
porque después me pasaron para allá, él ya no
estaba... me enteré que había muerto".
Y de su ropero saca
una caja de cartón, donde conserva un ejemplar del
periódico La Verdad de Guerrero, de fecha 19
de septiembre de 1972. En la portada dice:
"Mueren uno a uno los cabañistas. Ignacio
Sánchez, el primero".
Junto al encabezado
hay una foto de media plana. En el pie de foto se
lee: "El cádaver del guerrillero Ignacio
Sánchez, que pereció ayer en la cárcel municipal a
consecuencia de los golpes y demás torturas que le
aplicaron los miembros del Ejército al ser capturado
en el pueblo El Quemado".
La
esposa de Ignacio Sánchez, presente en la
entrevista, guarda silencio. Sólo interviene para
señalar: "no lo pude ver. Yo quería ir a
verlo, pero tuve miedo. Qué tal si me detienen a mí
también, dije. No tenía dinero para traerlo y
enterrarlo. Sabrá Dios qué le hicieron..."
VICTOR
BALLINAS
La
Jornada, SABADO ¤ 4 ¤ NOVIEMBRE ¤ 2001