PRONUNCIAMIENTO SOCIAL DE GUADALAJARA

Frente a la Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe

 

“LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ESTÁN PRIMERO”

 

Guadalajara, Xalisco, México, 28 de mayo 2004

 

Convocadas con motivo de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, organizaciones sociales y civiles de ambos continentes dirigimos desde Guadalajara, Xalisco, el presente pronunciamiento a nuestros pueblos, a la opinión pública internacional, a los medios de comunicación y a los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos aquí.

 

La cumbre gubernamental se da en un contexto de graves retrocesos y amenazas para la autodeterminación de las naciones, los derechos humanos integrales y la paz, tanto en Europa como en América, y en el mundo entero.

 

Después de dos décadas de padecer las políticas neoliberales, América Latina sigue siendo la región del mundo con el mayor nivel de desigualdad. La extrema concentración de la riqueza y de la tierra se ve agravada por el costo de la deuda externa, los recursos dedicados al militarismo, la corrupción y la impunidad. Por si esto fuera poco, América Latina y el Caribe se ven sembrados hoy de tratados de “libre comercio” con Estados Unidos que no consiguen sino imponer un proceso de integración subordinada a la hegemonía norteamericana que pretende ser culminada en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

 

Simultáneamente, los acuerdos bilaterales empujan tanto en Europa como en América Latina los mismos modelos que exacerban el desempleo y la precariedad laboral, transformando en mercancías la salud, la educación,  los servicios públicos, la cultura y la seguridad social, entre otros, además de provocar la desaparición de la agricultura familiar a través de la Política Agrícola Común (PAC).  La Constitución que la UE se prepara a aprobar rescata este enfoque. Eso sucede sin que los pueblos de la UE hayan sido consultados. Ese es el modelo de “cohesión social” que la UE pretende promover en América Latina y el Caribe.  

 

Desde que se diera la última cumbre de la Unión Europea-América Latina y el Caribe en Mayo del 2002 en Madrid, los problemas económicos y sociales que supuestamente se buscaba enfrentar con el incremento de las relaciones entre ambas regiones siguen sin visos de solución; por el contrario, se han agravado las difíciles condiciones de vida y de trabajo de millones de personas.

 

La imagen de que América Latina y el Caribe pueden encontrar relaciones más benéficas con la Unión Europea que con Estados Unidos a partir de la liberalización de los mercados, se contradice con la realidad. Esto es así porque detrás de sus “buenas intenciones”, lo que busca la Unión Europea es la ampliación de mercados para sus grandes corporaciones en servicios y compras gubernamentales, y garantías para sus grandes inversionistas. Acuerdos como los que viene firmando o negociando con países o regiones de AL, que en lo económico y comercial no se diferencian de los que se tienen con Estados Unidos, consolidarían para las décadas futuras las prerrogativas que las trasnacionales europeas ya gozan, o nuevas, en detrimento de los intereses de los países en desarrollo. Las actuales propuestas neoliberales de la UE hacia América Latina no representan una alternativa al ALCA. Más bien se apegan estrechamente a las medidas económicas recetadas por el FMI, el BM, el BID y la OMC. La Unión Europea utiliza las políticas de cooperación como instrumento para la penetración de sus empresas. Por otro lado, los acuerdos de cooperación en materia de seguridad contribuyen a la militarización del continente.

 

Nos resulta alarmante, pero no nos toma por sorpresa, que otro requisito exigido por la UE a los países latinoamericanos sea resolver de manera satisfactoria lo referido a las negociaciones caducas de la Agenda de Doha de la OMC. Se trata de la vieja estrategia de lograr más de lo mismo mediante una negociación interregional, pasando por encima de los desacuerdos e impasse planteados en el marco multilateral.   Hemos alertado tanto en el caso del ALCA como de la OMC, y lo hacemos ahora en relación a los acuerdos con la UE, que la inclusión de temas tales como inversiones, compras gubernamentales, políticas de competencia y privatización de recursos naturales y servicios, limitan la soberanía y condicionan el desarrollo económico y social de los países de América Latina y el Caribe. Por lo cual deben ser definitivamente abandonados en las negociaciones. Además, el acceso a los mercados agrícolas europeos se nota beneficioso principalmente para los grandes productores, y no necesariamente para los pequeños campesinos que producen para el mercado interno y que carecen de protección.

 

Por esto, en lugar de acuerdos que sigan priorizando al “libre comercio” por sobre el dialogo político y la cooperación, los pueblos de Europa y de América Latina y el Caribe deseamos una relación justa y equitativa, sustentada en el pleno respeto de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales

 

Las organizaciones sociales y civiles de Europa, América Latina y el Caribe presentes en Guadalajara  nos pronunciamos y  demandamos:

 

- un pronunciamiento claro y enérgico de los gobiernos participantes de esta Cumbre contra las acciones bélicas y políticas unilaterales en Oriente Medio por parte de las potencias centrales, en un proceso que atenta contra la totalidad de las convenciones y derechos internacionales alcanzados hasta el presente por la colectividad internacional y que han permitido una guerra ilegal e inmoral. Exigimos la firme condena a la tortura criminal perpetrada por Estados Unidos y sus aliados a los prisioneros de guerra en Irak, el fin del secuestro y tortura de los presos en Guantánamo, el empeño para la resolución de todos los conflictos bélicos y la promoción efectiva de la paz en el mundo. Exigimos el retiro de las tropas extranjeras de Iraq.

- impedir el proceso creciente de ocupación militar en América Latina y el Caribe donde constatamos cómo la frustración a cualquier vía de desarrollo y la sistemática violación de los derechos humanos se suma a la injerencia política y militar externa contra las aspiraciones de los castigados pueblos de Haití, Colombia y Bolivia, en especial.

- Que se realice  un esfuerzo efectivo por parte de los gobiernos de América Latina, el Caribe y la Unión Europea para que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales de los pueblos y de sus organizaciones, tengan primacía sobre la liberalización comercial.

- se ponga fin al  Plan Colombia y al Plan Puebla Panamá.

-Exigimos a la UE y a los gobiernos de América Latina y el Caribe la promoción de un modelo de cooperación solidario en un marco de respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, de género y de pleno cumplimiento de los derechos humanos.

- Los países desarrollados deben cumplir el compromiso adquirido de destinar al menos el 0.7 % del PIB a la cooperación para el desarrollo y buscar nuevas formas de redistribución de los ingresos en el ámbito nacional e internacional orientadas efectivamente a la lucha contra la pobreza, en apoyo al desarrollo sustentable y la justicia social, tales como fondos de compensación social, impuestos sobre transferencias de capitales especulativos. La UE debe impulsar medidas para detener las transferencias de capitales y recursos de los países en desarrollo hacia los países industrializados.

- en particular, siendo la Unión Europea la primera acreedora externa de América Latina debe cancelar la deuda “odiosa” y renegociar la deuda externa pública bajo criterios de verdadero desarrollo sustentable de los países subdesarrollados..

- Toda acción de cooperación al desarrollo  financiado por la UE debe definirse bajo la obligada consulta y participación plena de las poblaciones afectadas tal y como dice el Convenio 169 de la OIT y los DESC, librándolas de la creciente condicionalidad externa que subordina la cooperación al desarrollo a una agenda comercial basada en programas de ajuste estructural que históricamente han mostrado su fracaso. La consulta a los pueblos de Europa (Constitución Europea) como a los de América Latina y el Caribe debe ser un requisito indispensable de la cooperación entre las naciones.

-Exigimos el reconocimiento legal y económico de la agricultura familiar campesina e indígena basado en el derecho, como sector productivo que no solamente garantiza la soberanía alimentaria sino también la preservación ambiental, la cohesión social, política y cultural de naciones y regiones.  Utilizar libremente las semillas nativas y no permitir la coexistencia con organismos genéticamente modificados.   Exigimos la exclusión del proceso de liberalización comercial de los productos estratégicos para la alimentación de los países en desarrollo y para garantizar su soberanía alimentaria. Exigimos la eliminación de prácticas desleales de comercio a través de subsidios que respaldan precios de importación por debajo de los costos de producción.

- el respeto a los derechos de las y los trabajadores ratificando y cumpliendo los convenios de la OIT, sobre libertad sindical, derecho de negociación colectiva, estabilidad en el empleo, prohibición de trabajo forzoso, prohibición de trabajo infantil y de no discriminación,  en particular los contenidos en la Declaración de principios y Derechos Fundamentales de 1998, y que especialmente se controle su fiel cumplimiento por las corporaciones trasnacionales. Exigimos se detenga la tendencia a extender la jornada laboral y la precariedad en el empleo.

- Rechazamos el modelo patriarcal que profundiza la inequidad hacia las mujeres, agudizando la violencia a niveles dolorosos como el feminicidio en América Latina y Europa. Exigimos compromiso real a la Unión Europea y América Latina para alcanzar la equidad de género.

- revertir los procesos de exclusión ancestral de los pueblos originarios y afro- descendientes promoviendo el respeto a su autonomía, cultura y organización tradicional en el marco del Convenio 169 de la OIT y con el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

- Rechazamos las patentes, y los derechos de propiedad intelectual sobre los conocimientos ancestrales, los medicamentos y la diversidad biológica ya que son los pueblos y las comunidades quienes conservan y promueven la biodiversidad, dentro del marco del derecho a su territorio.

- el compromiso de respetar, irrestrictamente,  los recursos naturales y la biodiversidad de América Latina y el Caribe e impedir cualquier tipo de mecanismo que permita el saqueo de agua, la explotación de la tierra, la contaminación de los mantos acuíferos, la extracción de minerales y la expropiación de áreas verdes, con los graves riesgos ambientales inherentes

- promover un nuevo sistema de seguridad social público, universal, integral y solidario, y en particular que se detengan los ataques a las jubilaciones y pensiones.

- revertir la nueva onda de privatizaciones, orientadas a mercantilizar derechos y servicios básicos, tales como educación, energía, agua y salud, afectando a los más pobres. Los bienes y servicios públicos (agua, tierra, biodiversidad, educación, salud, cultura, etc.) no son negociables.

- que se tomen las medidas necesarias para acabar la discriminación, el racismo y la xenofobia hacia los inmigrantes y otras minorías, y a favor del reconocimiento de sus derechos humanos y civiles; que los países receptores de inmigrantes reconozcan a plenitud sus derechos individuales y colectivos, se respete su dignidad y aportación cultural.

  - Denunciamos la actitud de la Unión Europea de no admitir la condena a la ley Helms-Burton. Por el contrario, la cumbre debe demandar a los Estados Unidos el levantamiento del bloqueo que mantiene contra Cuba, que daña gravemente su autodeterminación, su economía y las condiciones de vida de sus habitantes;  reanimar los acuerdos de cooperación entre los países de AL y la UE con Cuba, y en particular rechazar los nuevos planes  de agresión contra Cuba anunciados por Bush, que representan el mayor y más grave riesgo para la estabilidad y la paz en el continente americano.

 

Los participantes de este encuentro social reconocemos el derecho del ser humano a la libre expresión de sus ideas y el derecho de expresarlas públicamente. En el marco de las manifestaciones pacificas que estamos realizando, reprobamos actos de acoso, intimidación y provocación a que nos vemos sometidos por parte de  instituciones públicas o privadas de seguridad en el marco de esta III Cumbre Unión Europea - América Latina y el Caribe.

 

Finalmente, desde la sociedad civil de América Latina, el Caribe y Europa estamos  alertas y movilizados, a la par que empeñados y empeñadas en la construcción de espacios reales de concertación social, desde donde queremos democratizar los procesos bi-regionales. Frente a la demagogia, las omisiones y amenazas vertidas en cumbres gubernamentales como la que ha tenido lugar aquí decimos: es en la lucha de nuestros pueblos en que confiamos para la construcción de sociedades justas, y de otro mundo mejor y posible.

 

¡LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ESTÁN PRIMERO!

 

Guadalajara, México, 28 de mayo 2004